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Acusar a alguien de la comisión de un delito constituye una de las decisiones más trascendentales y graves del proceso penal: the process is the punishment. La sociedad española es cada vez más consciente de que es preciso que este tipo de decisiones esté sometido a criterios uniformes, claros y transparentes y que sirvan para evitar que los ciudadanos puedan llegar a ser objeto de investigaciones indiscriminadas o de acusaciones infundadas o injustificadas. Además, esta decisión se erige en un auténtico desafío intelectual para el Ministerio Fiscal, que es quien legalmente tiene la obligación de promover el ejercicio de la acción penal. Así pues, en un momento en que se nos ha vuelto a dar la oportunidad de abordar la reforma del proceso penal, el autor opina que resulta imprescindible suscitar de nuevo el debate sobre esta importante cuestión y lo hace considerándolo en esta ocasión precisamente a la luz del proceso penal inglés, que es el que suele tomarse como modelo para referirse a un proceso típicamente acusatorio. Con este propósito, se incluye la versión traducida del Code for Crown Prosecutors que ha realizado la Profesora Titular de Traducción e Interpretación de la UAM, Esther Vázquez y del Árbol.

La justicia, al igual que otros, es un sistema organizado de resolución de conflictos, aunque desde luego no es el único; también es posible acudir a remedios alternativos como el arbitraje, la conciliación o recurrir a auxilio de los modernos sistemas de negociación asistida (mediación, etc.). Estos medios no son más que vías sustitutivas para prevenirlos y en su caso darles una solución distinta a la establecida legalmente evitando que a través de otro tipo de soluciones, determinados conflictos lleguen a los tribunales, con lo que sirven para reducir la litigiosidad. No obstante, el Estado debe seguir manteniendo su compromiso con los particulares y continuar poniendo a su servicio todo un sistema judicial para la defensa de sus intereses y, por consiguiente, quien se considere perjudicado por la actuación de los demás pueda hacer valer sus derechos ante los tribunales, que son los únicos a quienes se les encomienda con exclusividad el ejercicio de la potestad jurisdiccional.