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En la presente investigación realizaremos un análisis dogmático, normativo y jurisprudencial sobre el instrumento jurídico de revocatoria de los actos administrativos en la legislación panameña, el cual tiene su génesis con la implementación de la Ley 38 de 2000, que aprueba el estatuto orgánico de la procuraduría de la administración, regula el procedimiento administrativo general y dicta disposiciones especiales, la cual entro en vigencia el 1 de marzo de 2001 brindándole a la administración pública, la potestad legal mediante está figura jurídica, de revocar de oficio sus propios actos de conformidad a los supuestos establecidos en el artículo 62 de la ley objeto de estudio. Es importante señalar que en el hecho de que la administración pública no ponga en práctica esta figura jurídica, la misma puede ser requerida o solicitada por un tercero interesado dentro del proceso administrativo. La revocatoria del acto administrativo tiene como principal objetivo convalidar y rectificar las actuaciones de la administración pública siempre y cuando se enmarquen en los supuestos jurídicos establecidos en la propia ley; por consiguiente, la herramienta legal en mención tiene un carácter restrictivo, ya que debe estar motivada, fundamentada y ser respetuosa de los principios de buena fe y seguridad jurídica propios de un Estado de derecho.

Frente a los problemas de inflación que caracterizaron a la mayoría de países del mundo en la pospandemia, el presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis de la naturaleza jurídica que ostentan los actos mediante los cuales la autoridad monetaria pretende controlar este fenómeno, vale decir, los actos de intervención monetaria, y, de esta manera, determinar mediante qué mecanismos es posible desarrollar su control jurisdiccional. Lo anterior se abordará a través de un enfoque cualitativo, analítico y descriptivo que, fundamentado en la revisión de fuentes jurídicas y sustentos doctrinarios, identificará la naturaleza y atribuciones del Banco de la República de Colombia y su Junta Directiva como autoridad autónoma e independiente y que ejerce sus funciones por medio de, por un lado, la aplicación de un concepto material de función administrativa, lo que hace que sus actos sean reconocidos como verdaderos actos administrativos de carácter general caracterizados, además, por su amplio margen de discrecionalidad; y, por el otro, mediante actos de naturaleza privada. Los primeros serán susceptibles de control jurisdiccional a través de los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y nulidad simple, en tanto que los segundos serán enjuiciables acudiendo a las correspondientes acciones ordinarias que se deriven del negocio jurídico celebrado.

La función administrativa designa un universo de actividades necesarias para cumplir los fines del Estado. Uno de los instrumentos predominantes para estos efectos es el acto administrativo. En el marco de una elaboración doctrinal estándar, el acto administrativo es definido como una declaración unilateral de voluntad que produce efectos jurídicos. Tales rasgos generan tensiones con una lectura contemporánea de las normas y del lenguaje normativo. En este artículo se analiza, de manera crítica, el conjunto de propiedades atribuidas al acto administrativo en aras de reformular aquellos rasgos que parecen semánticamente críticos. A partir de los presupuestos metodológicos del análisis conceptual se plantea que, en un concepto de acto administrativo, los atributos psicológicos no capturan adecuadamente la función directiva del lenguaje normativo y los genéricos no suministran criterios suficientes para su reconocimiento. En su lugar, se sugiere una reconceptualización del acto administrativo a partir de las propiedades comunes que pueden derivarse de las normas de competencia que reglamentan su adopción.

La potestad anulatoria de la Administración Pública es uno de los temas que más atención capta en la doctrina administrativista argentina. No obstante, este asunto ha sido abordado fundamentalmente desde un enfoque jurídico-dogmático sin que a la par se hayan elaborado estudios empíricos sobre la cuestión. Este último tipo de enfoque, sin embargo, reviste interés puesto que permitiría indagar, entre otros puntos, acerca de qué tan frecuente se anulan actos administrativos, sobré qué asuntos versan mayormente los actos anulados, quiénes son los más afectados por la anulación y qué procedimientos se aplican en la práctica. En este trabajo, se realiza una aproximación empírica a la actividad anulatoria, comprendiendo en este examen a las anulaciones de oficio, las acciones judiciales de lesividad y las instadas por recursos administrativos. A este fin, siguiendo una metodología que se detalla, se presentan y analizan los resultados de 18 pedidos de acceso a información pública formulados a los ministerios de la Administración Pública Nacional existentes al finalizar el período 2022. El trabajo también distingue las anulaciones según el tema que versaron y revisa el procedimiento aplicado de acuerdo a lo indicado en los actos anulatorios. En un último punto, se discuten las implicancias de los resultados.

El propósito de esta investigación es identificar todos los defectos del acto administrativo asociados al elemento de validez forma. Para cumplir este objetivo, se ejecutó una revisión de literatura sistemática, exhaustiva y replicable, cuyo propósito fue seleccionar todos los documentos académicos fidedignos que aborden la forma como elemento de validez. Durante la lectura de los documentos seleccionados, se recogieron y cotejaron todas las posiciones doctrinales relevantes que aludían a alguno de los siguientes tópicos: naturaleza de la forma como elemento de validez del acto administrativo, conceptualización de forma como elemento de validez del acto administrativo, clasificación de las manifestaciones externas del acto administrativo y defectos bajo el dominio del elemento de validez forma. Todas las posturas identificadas se integraron en un esquema internamente coherente que es capaz de discriminar los defectos formales de otros tipos de defectos. Como resultado de la revisión integrativa de los documentos seleccionados, se elaboró un catálogo comprehensivo de defectos asociados al elemento de validez forma que permite determinar objetivamente si un defecto es formal o de otra naturaleza.

El presente artículo tiene por finalidad demostrar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que el control de legalidad contenido en la acción de nulidad del derecho andino se asemeja a un proceso contencioso administrativo cuando el acto comunitario impugnado es un acto administrativo. Con ese propósito, explica la diferencia entre un proceso contencioso administrativo de tipo objetivo (control de legalidad) de uno de tipo subjetivo (que, además del control de legalidad, busca la protección efectiva del derecho o interés vulnerado), para luego mencionar la evolución jurisprudencial de dicha corte internacional en el sentido de que primero aceptó que determinadas resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina son actos administrativos, luego que el referido control de legalidad es equivalente a un proceso contencioso administrativo de tipo objetivo y, finalmente, que dicho control tiene rasgos iniciales de un proceso contencioso administrativo de tipo subjetivo.

El derecho disciplinario forma parte de la estructura pública inherente a toda organización estatal, independientemente de cual sea su naturaleza, con el fin de vigilar y controlar la conducta de los servidores públicos conforme a los principios rectores contenidos en su respectiva normatividad legal vigente, para permitir el cumplimiento de los fines e intereses del Estado. En ese sentido, dada la naturaleza autónoma e independiente de este derecho, vale la pena destacar los pilares que lo fundamentan, como son el ius puniendi del Estado, el principio de ilicitud sustancial y la relación de sujeción especial que existe entre ciertos agentes con el Estado. Así mismo, al considerar que los fallos disciplinarios proferidos por órganos de control, como la Procuraduría General de la Nación, se adoptan en el marco del quebrantamiento o la perturbación de un deber funcional en el ejercicio de la actividad estatal por parte de servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas, es menester analizar el control pleno e integral de legalidad que efectúa la jurisdicción de lo contencioso administrativo a los mismos, dada la esencia que configura a estas decisiones como actos administrativos, para determinar si es necesario brindarles un tratamiento especial en el ordenamiento jurídico colombiano.

El libro titulado El acto administrativo, publicado por la Editorial Ibáñez, es un manual que busca servir como herramienta de consulta para todos los que deben conocer la noción, los atributos, los elementos, la clasificación y los controles (internos y externos) del acto administrativo. Según el autor, el acto administrativo es aquel acto jurídico unilateral de quienes ejercen funciones administrativas encaminadas a producir efectos jurídicos. Al respecto, reconoce que dar una noción exacta del acto administrativo no es tarea fácil, de ahí los enriquecedores debates que se presentan en la doctrina del derecho público, los cuales se detallan en diez grandes capítulos de este libro.

Este artículo analiza la repercusión del principio constitucional de participación en la formación y estructura de las decisiones administrativas, a partir de un estudio de la unilateralidad como un atributo tradicionalmente predicado de los actos administrativos. En virtud de la importancia que exhibe el principio de participación en el ordenamiento jurídico colombiano y bajo la fórmula de Estado social y democrático de derecho, se seleccionaron dos escenarios de la actividad administrativa, concretamente el otorgamiento de licencias ambientales y la negociación colectiva de los empleados públicos, con el fin de determinar, a partir de la aplicación de un método inductivo dentro del análisis de estos ámbitos de referencia, la manera como la participación permite cuestionar los caracteres de la teoría tradicional del acto administrativo, además de reconocer matices que flexibilizan sus atributos típicos.

En este artículo científico se desarrolla el tema de la notificación a través de medios electrónicos, su validez, idoneidad e incidencia en el principio y garantía del debido proceso. En desarrollo de este tema, se aborda la teoría general y las nociones jurídicas en torno al debido proceso y el desarrollo teórico y jurídico de la notificación electrónica. Además, se hace un análisis del proceso y motivaciones que llevaron al surgimiento de la política de Gobierno en Línea y la comunicación, notificación y publicación de las actuaciones administrativas por medios electrónicos. En este sentido, se elaboró una investigación descriptiva y documental que profundiza en las ventajas, desventajas, condiciones de uso, implicaciones de la notificación electrónica y las consecuencias por un defecto en su correcta ejecución. De igual forma, se hace un examen de los efectos que producen los actos administrativos que son puestos a conocimiento de sus destinatarios a través de los medios informáticos. Estos objetivos fueron desarrollados bajo un enfoque cualitativo y bajo el empleo de un riguroso análisis teórico, jurídico y jurisprudencial, que garantiza una evaluación objetiva acerca de la idoneidad y validez de la notificación electrónica de los actos administrativos de carácter particular.

Con la Constitución de Ecuador en 2008, se ha planteado un amplio régimen de protección para los derechos por medio de garantías jurisdiccionales. En este contexto, el principio de no devolución de categoría ius cogens puede ser protegido por el Habeas Corpus, en caso de privación de libertad o a través de la Acción de Protección (en adelante AP), cuando no haya de por medio privación de libertad y provenga de una denegación de entrada al país mediante acto administrativo. Se realiza un examen de estas garantías jurisdiccionales, profundizando en su rol de proteger a los migrantes. Primero, se aborda la no devolución en los sistemas de protección de Derechos Humanos de los cuales forma parte Ecuador y su reconocimiento en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Segundo, se mencionan las reglas generales aplicables a las garantías jurisdiccionales. Tercero, se aborda el Habeas Corpus, una acción garantista que no es una institución estática[1] y no se limita a tutelar un solo derecho constitucional, sino varios, entre ellos el principio examinado[2]. Cuarto, se analizará la procedencia de la AP con respecto a los actos de autoridades públicas en los que se expulse a migrantes. La AP, protege todos los derechos que no son tutelados por otra garantía[3]. Así, su alcance es bastante amplio y podría tutelar el principio examinado en cuanto existan derechos vulnerados. Quinto, las órdenes de devolución mediante actos administrativos y los mecanismos para tutelar el principio cuando la persona se encuentra dentro del territorio y aquellos que permiten su protección, previo a su ingreso y, las conclusiones.

El silencio de la administración es un instituto del Derecho Administrativo en el que a la falta de respuesta del ente público se le asigna un significado, por lo general desestimatorio. Los sistemas administrativos uruguayo y argentino poseen importantes similitudes y algunas diferencias en su regulación. En este artículo se comparan críticamente ambos sistemas y se exponen sus diferencias y puntos en común.

El artículo 4 de la Ley 1882 de 2018 estableció que el Gobierno Nacional debe adoptar pliegos de condiciones tipo obligatorios para ciertos procedimientos de selección contractual. Adicionalmente, lo facultó para crear y extender la obligatoriedad de dichos documentos a otras modalidades de selección. A partir de esta disposición y de los reglamentos expedidos por el Gobierno, se faculta a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente para implementar pliegos vinculantes para las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En razón de estas competencias, surge la duda de si ha desaparecido la potestad discrecional para la confección del pliego de condiciones; inquietud que aborda el presente artículo.

La prescripción es una figura jurídica de especial relevancia para el Derecho Administrativo Sancionador debido a que permite limitar el ius puniendi del Estado frente al administrado, quien precisa de seguridad jurídica para desarrollar sus actividades. Aunque la norma general aplicable es la Ley del Procedimiento Administrativo General, también es preciso evaluar la incidencia de las normas específicas respecto de la prescripción. El autor inicia este análisis definiendo la naturaleza jurídica y tipología de la prescripción para, posteriormente, emitir un juicio crítico respecto de su tratamiento según las normas generales y específicas. Finalmente, expone la aplicabilidad de sus circunstancias especiales: interrupción y suspensión.

El presente trabajo tiene por objeto analizar la aplicación de la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado, en el ámbito del Derecho tributario. En tales términos, este texto no pretende consolidar un análisis exhaustivo sobre la responsabilidad patrimonial. Dada la finalidad particular que se pretende destacar, se tratará, a lo sumo, de un análisis general sobre los aspectos principales de la teoría de la responsabilidad estatal, aplicada al ámbito del Derecho tributario. El análisis propuesto tiene por objeto mejorar la comprensión de la responsabilidad estatal derivada de actos administrativos lícitos de contenido tributario, explicitando las dinámicas observadas en la práctica de (i) los contribuyentes, (ii) las autoridades tributarias y (iii) los tribunales locales, a propósito de la devolución de saldos a favor mediante títulos de devolución de impuestos.

The silence of the Administration is an institute in which, by virtue of a legal fiction, is attributed to the lack of response of the public entity a meaningful of disregarding the petition of the citizen. The Spanish and Argentine administrative systems start from two opposing principles: the first assigns to silence — as a rule — a positive character, with exceptions, broad indeed; the second depart of the opposite principle, that the silence produces effects denying, unless express rule. This paper compares both systems and exposes their differences and similarities, highlighting the advantages and disadvantages that each one has.

El objeto de este trabajo es identificar al acto administrativo y sus elementos esenciales y cómo éstos pueden identificar un fundamento constitucional, de tal forma, que cuando se aplican los diversos mecanismos de control constitucional en el derecho mexicano, encontramos la forma en la cual se ejerce el control constitucional de los actos administrativos, más allá del llamado control de la legalidad administrativa y, cómo es que dichos controles constitucionales se desenvuelven ante la autoridad administrativa, la autoridad jurisdiccional o el juez judicial.

La definición clásica de acto administrativo implica una expresión de voluntad de la Administración que surte o busca surtir efectos jurídicos, y en esta medida los criterios de unilateralidad y discrecionalidad han primado en la naturaleza de los mismos; sin embargo, en la presente investigación, se hacen nuevos planteamientos sobre dicha naturaleza, a partir de la inexistencia de discrecionalidad administrativa, con el fin de establecer un criterio adecuado en la definición y naturaleza jurídica del acto administrativo. El artículo contiene reflexiones y argumentaciones desde la doctrina, la jurisprudencia y la legislación colombina, pero con un criterio de derecho comparado, que permite un adecuado análisis del tema.

Este texto presenta una postura interpretativa de los efectos suspensivos (lo que modifica la concepción clásica de la ejecutividad inmediata del acto administrativo) del recurso de revisión previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Se analiza el concepto de la ejecutividad del acto administrativo a la luz de su regulación, de la doctrina y de la interpretación jurisprudencial en la materia, así como las consecuencias, en favor del administrado como lo son el traslado de la carga argumentativa a la autoridad administrativa y la posibilidad de obtener medidas cautelares en sede judicial para impedir la ejecución del acto administrativo.

El presente artículo analiza los significados que la Corte Constitucional le ha atribuido a la expresión «acto administrativo», contenida —tanto en su forma singular, como plural— en varios enunciados normativos de la Constitución Política de 1991, con la finalidad de concluir si dicha Corporación, en ejercicio de su rol de guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, ha construido una definición uniforme de acto administrativo o si, por el contrario, ha utilizado nociones diversas, incluso contradictorias. Así mismo, el artículo se pregunta, ofreciendo una posible respuesta, si de la Constitución puede derivarse la existencia de una definición correcta del acto administrativo, es decir, que más se avenga al contenido de aquella, o si esta es una actividad radicada en el Congreso de la República, en el Gobierno Nacional, en la Corte Constitucional o en el Consejo de Estado, los cuales gozan de libertad configuradora para la estructuración de dicho concepto.

La intervención administrativa de los entes descentralizados es una forma de control excepcional sobre las entidades separadas de la administración central. Es una institución regulada constitucional y legalmente como un modo de restablecer el normal funcionamiento de estos entes. En el presente artículo se expone el marco normativo de la intervención y se lo contrasta con la práctica y desarrollo de esta institución en la provincia de Corrientes en los últimos 25 años.

El artículo 61 de la Ley N° 19.880 de 2003, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado, regula la potestad que le permite a los órganos de la Administración del Estado volver a revisar los actos administrativos válidos, ya sea por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. No obstante, este artículo no profundiza en el concepto, los requisitos y límites para ejercicio de la potestad revocatoria, ni tampoco en la relación que existe entre esta potestad y las demás potestades para extinguir los actos administrativos. En este trabajo se analiza la regulación de la potestad revocatoria contemplada en el artículo 61º de la Ley Nº 19.880 de 2003; su objeto, requisitos, fundamentos y las limitaciones aplicables a su ejercicio desde una perspectiva dogmática y jurisprudencial. Se intentará comprobar si la revocación de los actos administrativos constituye la regla general en nuestro ordenamiento jurídico, o si dicha potestad debe ser interpretada en términos estrictos.

This article analyzes the scope of judicial power in relation to public policies stemming from programmatic constitutional principles. It seeks to establish the view that the public administrator’s former situation of “discretional” immunity now tends to yield to a new opinion in regard to administrative legality and public policies, with the latter seeking to put into practice the diffuse rights stipulated in the Brazilian Constitution of 1988. The conclusion reached in this study is that the fact that a judge cannot investigate the merit of an administrative act, a prohibition that stems from a non-interventionist liberal policy, is gradually being overtaken by jurisprudence, opening matters up to the underlying principle that judicial power can analyze reasons of suitability and opportunity. Thus, the orientation constructed in the article is that magistrates can and must order public administrators to justify the impossibility of implementing public policies, especially when they involve indispensable individual or group rights.

En este artículo se hace aplicación de la metodología que propone el princi-pio de proporcionalidad en los eventos de ejercicio de facultades discrecio-nales por parte de la Administración pública en los cuales se afecta el dere-cho a la estabilidad laboral de los empleados públicos de libre nombramiento y remoción. El análisis es concluyente respecto a la necesidad de relativizar el paradigma del interés general, así como también la presunción de lega-lidad de los actos de administrativos, pues su reconocimiento casi absoluto por la jurisprudencia se ha constituido en el principal obstáculo para que los jueces apliquen en la función pública las garantías mínimas del trabajo que consagra la Carta Política vigente.

El artículo busca presentar una noción sustantiva del ‘procedimiento administrativo’, esto es, una comprensión que prescinda del significado meramente procedimental o formal que se ha consolidado en Chile a partir de la definición adoptada por la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo (“lbpa”) y que se haga cargo de las finalidades institucionales que se han asignado al procedimiento administrativo por la doctrina comparada. El trabajo desarrolla una explicación acerca de los orígenes de la comprensión formal y expone la doctrina que se ha consolidado en Europa para explicar la institución desde un punto de vista sustancial. Se sostiene que dicha noción sustantiva puede ser construida también en Chile a partir de una lectura sistemática de algunas de las disposiciones de la ley sobre procedimientos administrativos.

El artículo muestra, desde una faceta específica, una evidencia concreta de la constitucionalización del derecho administrativo colombiano. Para ello expone de manera sistemática la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre la procedencia de la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales frente a su vulneración por la expedición de actos administrativos. El análisis efectuado llevó a identificar dos categorías de decisiones (i) la improcedencia de la tutela como regla general y (ii) la procedencia excepcional en tres tipos de casos: la causación de un perjuicio irremediable y su otorgamiento como mecanismo transitorio de protección del derecho, la causación de un perjuicio irremediable y su otorgamiento como mecanismo definitivo de protección del derecho y el otorgamiento de la tutela por ineficacia del medio ordinario de control.

Este artículo pretende mostrar cuál ha sido el proceso de elaboración del proyecto de ley de régimen jurídico de las administraciones públicas,quiénes participaron de él, cómo quedó estructurado y cuáles serán los retos que traerá su aprobación.

La ética debe impulsar, sostener, inspirar y complementar al Derecho, aunque lo exigible al poder público, bajo el Estado social y democrático de Derecho, es su plena sumisión a este. El deber de abstención de los servidores públicos cuando se encuentran en las situaciones que la ley determine por comportar riesgo de parcialidad o de servicio a algún interés particular y no a los fines públicos es solo una medida precautoria, que busca la mejor garantía de la efectiva sumisión de toda actuación del poder público al Derecho, así como también favorecer la confianza del ciudadano en las autoridades y en los empleados públicos. Esto ha sido construido en el siglo XX, a partir de la figura de la recusación, de gran arraigo histórico en el ámbito judicial, la cual ha pasado a ser incluida en la configuración institucional. La comparación de su regulación en el ámbito administrativo en los derechos peruano y español favorece un análisis de las particularidades de su régimen jurídico.

Las decisiones administrativas deben sujetarse al interés público no solo al momento de su aprobación sino durante su vigencia, por lo que se hace necesaria una institución como la revocación. Sin embargo, la existencia de la potestad revocatoria de actos administrativos conduce a la afectación de la seguridad jurídica, debido al efecto expropiatorio que tiene sobre derechos y situaciones jurídicas, con lo que se torna necesaria la búsqueda de fórmulas conciliadoras. En tal contexto, el presente artículo, además de brindar importantes alcances conceptuales, busca identificar los requisitos para la revocación del acto administrativo, ahondar en su estructura operativa, distinguir las clases de revocación existentes y señalar sus diferencias con otras figuras, como la nulidad, la caducidad, entre otras.

El trabajo propuesto busca determinar las formas en las cuales se presenta atipicidad derivada de la particularidad y la constitucionalización del derecho del medio ambiente, ante la teoría general del acto administrativo, visto desde el estudio y la caracterización de las decisiones administrativas emitidas por la Oficina Bogotá D.C.-La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los procedimientos de concesión de aguas superficiales, así como exponer el contenido conceptual de este permiso.

La Seguridad Social es una política pública que debe ejecutar el Estado Venezolano por intermedio del Sistema de Seguridad Social y por medio de los principios relacionados con la actividad administrativa y el procedimiento administrativo. En las leyes que regulan a los sistemas prestacionales del Sistema de Seguridad Social, se pueden obser var la presencia de reglas que permiten la articulación de las prestaciones administrativas y de los procedimientos administrativos de la Seguridad Social. En la presente investigación documental de tipo descriptivo y analítico, se concluye que el régimen jurídico de derecho público permite conocer el desarrollo de las distintas prestaciones administrativas y de los distintos procedimientos administrativos que deben ser utilizados para el aseguramiento de la Seguridad Social como garantía constitucional.

En el siguiente artículo de reflexión jurídica, se hace referencia al procedimiento administrativo de la revocatoria directa que necesariamente termina con la expedición de un acto administrativo, el cual se encuentra regulado en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Sin embargo, la administración goza de prerrogativas como la autotutela donde se permite que ella misma, al adoptar sus decisiones, las pueda hacer cumplir sin la presencia de un juez, hasta el punto que pueda revocar sus propios actos administrativos. No obstante, a pesar de gozar de tal poder, sus decisiones no son absolutas y, por ende, los particulares o quien se sienta afectado por dicha decisión podrá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa que establecerá la legalidad, o no, del acto administrativo con la posibilidad de desvirtuar las presunciones de que este goza y hacerlo desaparecer del mundo jurídico.

Este artículo analiza el recurso o acción contenciosa administrativa especial de amparo de acceso a la información pública, establecida por la L. Nº 19.653, de 1999, desde una perspectiva teórica y dogmática. Luego de analizar los aspectos teóricos de lo contencioso administrativo y el sistema chileno de acciones o recursos especiales contencioso administrativos, los autores se detienen en el estudio de la responsabilización de la Administración y los agentes públicos, todos los cuales proveen el marco para el estudio de la mencionada acción judicial en el contexto del ordenamiento jurídico chileno. Finalmente, basados en estos elementos, los autores presentan un estudio de la acción judicial señalada, cuya finalidad y características la distinguen en el campo de lo contencioso administrativo nacional.This article analyzes the special legal action to seek injunctive relief as to the right of access to government information enacted by the 1999 Act N° 19,653, both from a theoretical and dogmatic viewpoint. After analyzing the theoretical aspects of administrative litigation and the Chilean system of special legal actions pertaining thereof, the authors focus on the issue of government and public agents accountability. These topics provide a framework to understand the aforementioned legal action in the Chilean legal system. Based on this theoretical backdrop, the authors comment on the procedural law issues involved in that legal action whose object and characteristics set it apart in the Chilean system of administrative litigation.

RESUMEN Este artículo analiza, críticamente, algunos vicios de inconstitucionalidad que existen en la regulación legal del principio de la publicidad de los actos administrativos y de los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial, luego de la promulgación de la ley N° 19.653, mejor conocida como la "Ley de Probidad", en 1999. Luego de pasar revista al alcance del derecho de acceso a los actos e información administrativa, configurado a partir del principio antedicho, este artículo analiza algunas normas jurídicas posteriores, reglamentarias y legales, que tratan sobre el principio de publicidad administrativa, para establecer una visión general sobre el citado derecho. En este contexto, este artículo también trata acerca de los antecedentes jurídicos (constitucionales, legales, reglamentarios, dogmáticos y jurisprudenciales) que permiten identificar dichos vicios y finalmente formula algunas reflexiones sobre el tema de la publicidad y el secreto administrativoABSTRACT This article critically analyzes some unconstitutional defects that exist in the statutory norms on the principle of publicity of administrative orders and its direct and essential supporting or complementary documents, after the enactment of the 19.653 Act, better known as the "Probity Act", in 1999. After reviewing the scope of the right of access to administrative acts and information, based on the aforesaid principle, this article draws from some subsequent juridical norms both statutory and regulatory which deal with the principle of government publicity, to come up with a general view on the aforementioned right. In this context, this article also deals with the juridical background information (constitutional, statutory, regulatory, theoretical, judicial and administrative) to identify those defects and finally reflects on the issue of administrative publicity and secret

Este escrito explora el control de los actos de los poderes legislativo y ejecutivo en Colombia, durante la primera mitad del siglo XIX. Se explica cómo el órgano encargado de ejercer dicho encausamiento era el poder legislativo, en forma de Senado de Censura o de Congreso. Configurando así un poder supremo sobre las otras ramas del Estado.

Este escrito explora el control de los actos de los poderes legislativo y ejecutivo en Colombia, durante la primera mitad del siglo XIX. Se explica cómo el órgano encargado de ejercer dicho encausamiento era el poder legislativo, en forma de Senado de Censura o de Congreso. Configurando así un poder supremo sobre las otras ramas del Estado.

El trabajo propuesto busca determinar las formas en las cuales se presenta atipicidad derivada de la particularidad y la constitucionalización del derecho del medio ambiente, ante la teoría general del acto administrativo, visto desde el estudio y la caracterización de las decisiones administrativas emitidas por la Oficina Bogotá D.C.-La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los procedimientos de concesión de aguas superficiales, así como exponer el contenido conceptual de este permiso.

Si bien en primera instancia la exigencia de que todo acto administrativo debe estar suficientemente motivado –y el alcance concreto de esa motivación- aparece consagrada con suma claridad en las normas que reglamentan el procedimiento administrativo (artículos 123 y 124 del Decreto 500/991 en el caso de la Administración Central, y demás organismos que han adoptado esta norma o similares), las certezas sobre el alcance de esta obligación de la Administración se van diluyendo cuando estas normas –y Principios Generales de Derecho, según veremos- resultan aplicadas por la jurisprudencia a la vasta casuística que plantea el ejercicio de la función administrativa. Veremos que la nulidad insubsanable del acto administrativo, que se sostiene en principio como consecuencia de la omisión de motivación, no resulta un criterio inflexible ante determinados actos que por sus características o antecedentes pueden considerarse suficientemente motivados mediante modalidades muy diversas a la prevista en la norma.

El presente objeto de estudio monográfico de tesina se formula como finalización del curso de master en Derecho Administrativo Económico de la Universidad de Montevideo.

SUMARIO: Introducción. 1. Orígenes de la teoría de los interna corporis acta. 2. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español sobre la teoría de los actos internos de las cámaras y su control. Primera parte: Noción, naturaleza jurídica y tipología de los actos parlamentarios sin valor de ley. A. Definición e identificación del acto parlamentario sin valor de ley. B. Definición y naturaleza jurídica de los actos de administración parlamentaria. C. Tipologías y clasificaciones. D. Actos parlamentarios de dudosa tipificación. D. l. Los estatutos de personal de las cámaras legislativas. D.2. Los estatutos de personal de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. D.3. Las disposiciones parlamentarias sin fuerza de ley. Segunda parte: El control constitucional de los actos parlamentarios sin valor de Ley. A. Diferentes procesos de control constitucional. B. Control constitucional por la vía del amparo. B. 1. El control de los actos internos y el requisito de la firmeza de los actos. B.2 El control de los actos de administración parlamentaria. B.2.1.El papel del Tribunal Constitucional en la calificación de los actos de administración parlamentaria. B.2.2.La caducidad del recurso de amparo y los actos de administración parlamentaria. B.2.3. El carácter supletorio del recurso de amparo. Tercera parte: El control constitucional de los actos parlamentarios y los derechos fundamentales. Relaciones con la Teoría de los Derechos Fundamentales. El efecto irradiador de los derechos. Conclusiones. Bibliografía

No contiene resumen

Continuación: Causales de impugnación jurisdiccional del acto administrativo

Silencio admirativo o teoría de la abstención administrativa. Continuación.