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Conforme al principio de subsidiariedad, la Unión Europea solo intervendrá en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, cuando los objetivos de una acción no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local. Mediante el sistema de «alerta temprana», los Parlamentos nacionales reciben las iniciativas legislativas europeas y pueden emitir un dictamen respecto al cumplimiento del principio de subsidiariedad. Reciben también los documentos que se van generando en la tramitación de dichas iniciativas a lo largo del procedimiento legislativo europeo y además otra gran cantidad de documentación en el marco del «diálogo político». La recepción y tramitación de toda esta documentación, en España se han canalizado en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Desde ahí se trasladan las iniciativas legislativas europeas a los Parlamentos de las comunidades autónomas, quienes a su vez pueden remitir un dictamen sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad. También el Gobierno remite informes al respecto, y las Cortes Generales pueden solicitarle la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE por infracción del principio de subsidiariedad de la legislación europea. La abundancia y diversidad de documentos en circulación, así como la variedad de autores y de plazos a los que está sujeta la actividad, producen una documentación compleja de manejar. El artículo detalla el modo en que toda la documentación implicada en la actividad de control de subsidiariedad en las Cortes Generales se ha estructurado...

Este trabajo analiza la participación de los Parlamentos regionales en el proceso de integración europeo. La investigación parte del estudio teórico de las reivindicaciones de subsidiariedad por parte de los Länder alemanes, al objeto de limitar el creciente proceso de expansión competencial de la esfera comunitaria y así poder superar el déficit democrático de que adolecían algunos territorios. El artículo abre el debate sobre la participación de los entes autonómicos en la toma de decisiones europeas, especialmente en aquellas que les afectan directamente. Para ello se hace un análisis constitucional comparado sobre las Asambleas Legislativas autonómicas, determinando los mecanismos de control de subsidiariedad. En la primera parte se investiga la presencia de las instituciones regionales en la toma de decisiones europeas, seguidamente se profundiza en la naturaleza jurídica del principio de subsidiariedad y su introducción en los estatutos de autonomía. En la parte final del texto se reflexiona sobre la participación de los Parlamentos regionales en la formación de las comisiones autonómicas de asuntos europeos, analizando la obligación del Congreso de los Diputados y del Senado de remitir cualquier iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.

La normativa sobre financiamiento de la educación superior impuesta en Chile durante la década de 1980 se puede definir como de autofinanciamiento. Este régimen se inscribe dentro de categorías constitucionales como el principio de subsidiariedad, la autonomía de los grupos intermedios, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. A su vez, los principios que subyacen a dicho régimen de financiamiento guardan plena coherencia con los fundamentos ofrecidos por la dictadura para esta normativa: la despolitización de las universidades y someter la prestación de servicios de educación superior a mecanismos de mercado.

Este artículo pretende ser la expresión de un trabajo de investigación como fruto de una tesis. Una tesis que tuvo por objeto las relaciones que existen entre el Estado Social, y, por tanto, la función social de la Administración Pública y el régimen económico de la Constitución peruana de 1993, específicamente con el principio de subsidiariedad. La finalidad de ese estudio fue dar cuenta de si el principio de subsidiariedad, lejos de complementar y hacer más efectiva la función social de la Administración, la obstaculiza. Para ello se construye un marco teórico sobre la función social, que se sirve de una variada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sobre todo relacionada al régimen económico. Asimismo, con el fin de contrastar la hipótesis de la que parte el artículo, se consulta y muestran las conclusiones de los resultados obtenidos por programas sociales que asisten adultos o adultas mayores. el artículo culmina con una serie de conclusiones y propuestas al Estado, con el fin de garantizar una mayor eficacia del bienestar social.

Las empresas públicas deben ser definidas expresamente en el Derecho administrativo peruano, más allá de toda discusión multidisciplinaria sobre su existencia efectiva y valor en la actual realidad del país. Esto último es una necesidad urgente para delimitarlas en su contenido jurídico y asegurar que esta técnica tenga equilibrados alcances, partiendo siempre desde su justificación constitucional y obligatoria práctica al servicio del interés público. En adición esta tarea resulta necesaria debido a la poca precisión dogmática que mantiene nuestro Legislador en el escueto y algo desordenado régimen de actividad empresarial del Estado, el cual termina siendo sólo uno más en un conjunto de normas sectoriales que regulan a varios de estos sujetos económicos de titularidad pública.

La Comisión Mixta para las Comunidades Europeas del Congreso de los Diputados y del Senado, creada en 1985 según un modelo poco frecuente en el Derecho Comparado y con competencias meramente informativas y muy genéricas, ha ido ganando en alcance y relevancia a través de sucesivas reformas de su regulación legal. En efecto, y en la última de aquéllas, el legislador ha encomendado a ese órgano conjunto de ambas Cámaras las competencias de seguimiento de las propuestas legislativas europeas y de aprobación de informes y dictámenes de vulneración del principio de subsidiariedad o en el marco del diálogo político con las instituciones legislativas europeas. Otros aspectos destacables en la vida de la comisión Mixta son el establecimiento de un procedimiento de participación de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas o la consolidación de algunos usos parlamentarios, como las reuniones periódicas de la Mesa y los Portavoces para realizar el segu8imiento detallado de las iniciativas legislativas europeas. En definitiva, las nuevas funciones adquiridas por la Comisión Mixta han permitido a sus integrantes hacer un seguimiento permanente de las iniciativas legislativas de la Unión y poder influir en el momento inicial del procedimiento legislativo comunitario.

In the context of the financial crisis of the last years,a centralizing tendency has grown, leaving asidethe attribution of powers to Regional Governments. The margin of the economic intervention of those entities has been reduced to the management and implementation of the solutions previously developed and imposed by the Central Government. In this article, the outstanding author presents us a legal analysis, on the basis of the Italian case, as to whether it is reasonable to chase social-economic development, excluding the system of local self-governments, or relegating them to a purely passive role.

The ultima ratio principle is one of the most well known traditional principles of criminal law. The principle has emphasized the repressive nature of the criminal justice system and positioned it as the last resort of the legislator. The principle has been developed mainly in legal scholarship with a national undertone, while criminal law has traditionally been seen as a pronouncedly national branch of law. However, criminal law has recently been strongly internationalized and Europeanized. This development necessarily needs to affect the principles that legitimate the use of the criminal justice system. There is a need for developing principles that could legitimate criminal law (cooperation) that surpasses the national level. The article, thus, examines whether there is a role for the ultima ratio principle in European criminal law. The main focus is on EU criminal law. The article suggests that there are several signs of recognizing the ultima ratio principle in EU criminal law. The principle is recognizable in the principle of subsidiarity, within which ultima ratio may have a federal dimension. Most of all, the principle of proportionality shares several similarities with the ultima ratio principle. If these dimensions were fully examined and utilized, there is a possibility that legitimizing principles for EU criminal law could be formulated at considerable depth. El principio de ultima ratio es uno de los principios tradicionales más conocidos del derecho penal. El principio ha puesto en relieve el carácter represivo del sistema de justicia penal y se ha convertido en el último recurso del legislador. El principio se ha desarrollado principalmente en la comunidad académica legal con un trasfondo nacional, mientras que el derecho penal se ha concebido tradicionalmente como una rama marcadamente nacional del derecho. En los últimos años, sin embargo, el derecho penal se ha internacionalizado y europeizado en gran medida. Esta evolución necesariamente tiene que afectar a los principios que legitiman el uso del sistema jurídico penal. Existe la necesidad de desarrollar principios que podrían legitimar el derecho penal (cooperación) más allá del ámbito nacional. El artículo, por lo tanto, examina si el principio de ultima ratio puede jugar algún papel en el derecho penal europeo. El artículo se centra en el derecho penal de la Unión Europea. El artículo sugiere que hay varios indicios para reconocer el principio de ultima ratio en el derecho penal de la Unión Europea. El principio es reconocible en el principio de subsidiariedad, en el que el ultima ratio puede tener una dimensión federal. Sobre todo, el principio de proporcionalidad comparte diversas similitudes con el principio de ultima ratio. Si se examinaran y utilizaran estas dimensiones en su totalidad, existiría la posibilidad de formular con cierta profundidad principios de legitimación del derecho criminal a nivel de la Unión Europea. DOWNLOAD THIS PAPER FROM SSRN: http://ssrn.com/abstract=2200871

La actual situación de crisis nos obliga a preguntarnos sobre los límites del Estado de bienestar de las sociedades occidentales. De cara a iluminar esta reflexión este artículo presenta la reflexión sobre el papel del Estado en la sociedad tal como se ha desarrollado en el magisterio social. Para ayudar a concretar estas intuiciones a continuación se ponen en diálogo con dos pensadores de la escuela liberal: Friedrich Hayek y Amartya Sen. Este diálogo nos ayudará a entender la incompatibilidad de la postura del magisterio social con posiciones liberales radicales por suponer éstas una visión del hombre y de la sociedad opuesta a la de la tradición social católica. Por otra parte, la visión de Sen sí resulta muy compatible y nos puede ayudar a desarrollar principios de discernimiento para juzgar la presencia del Estado en la sociedad.

La implantación territorial de determinadas instalaciones que, potencialmente, pueden generar mucha riqueza a los municipios donde se ubiquen, provoca frecuentemente controversias entre los diferentes niveles de Administraciones territoriales a la hora de determinar a cuál corresponde su autorización, y en función de qué criterios y título jurídico. Este trabajo analiza algunos ejemplos y propone la consideración de determinados elementos como medio de resolución de las discusiones competenciales.

La implantación territorial de determinadas instalaciones que, potencialmente, pueden generar mucha riqueza a los municipios donde se ubiquen, provoca frecuentemente controversias entre los diferentes niveles de Administraciones territoriales a la hora de determinar a cuál corresponde su autorización, y en función de qué criterios y título jurídico. Este trabajo analiza algunos ejemplos y propone la consideración de determinados elementos como medio de resolución de las discusiones competenciales.

La presidencia de la Comisión Europea por Jacques Delors entre 1985 y 1995 marcó un impulso profundo y duradero en el proceso de construcción del proyecto comunitario europeo. El principio de subsidiariedad jugó un papel clave para la Comisión Delors. Esta nota presenta el concepto de principio de subsidiariedad introducido por Jacques Delors. Como hipótesis de partida, se propone la siguiente: el reconocimiento y la aceptación del principio de subsidiariedad por los países de la Comunidad Económica Europea a partir de los años noventa permitió relanzar el proyecto europeo, que estaba bloqueado desde hacía más de una década. La nota describe el proceso seguido para la inclusión del principio de subsidiariedad en el Acta Única Europea y se analiza su extensión a otras políticas comunitarias a partir de las de medio ambiente; por último se describe el proceso de inclusión del principio de subsidiariedad en el Tratado de la Unión Europea desde un punto de vista político y jurídico.

En 1985 se pidió en el Sínodo la profundización en el estatus teológico y, con este propósito, se convocó de nuevo un coloquio internacional. El artículo muestra el modo de proceder en dicho coloquio y las diferentes secciones que lo compusieron. Se estudiaron los antecedentes históricos de las diferentes conferencias episcopales, cómo se relacionan estas con el resto de la Iglesia. Además, se propusieron diversas cuestiones que los presentes consideraron caminos a clarificar y mejorar. Finalmente, se analizó el principio de subsidiariedad y se propuso una futura reunión para seguir avanzando y profundizando en la colegialidad dentro de las conferencias episcopales.

América Latina se ha convertido en una región donde las fronteras económicas ya no representan barreras serias al intercambio internacional en muchos sectores de las economías. Asimismo, están por establecerse mayores reducciones en las barreras al comercio ya a la inversión. Este estudio argumenta que la agenda para el futuro se enfocará cada vez más en las barreras no fronterizas al comercio y, particularmene, en la reducción de las diferencias en los sistemas reglamentarios nacionales. Este cambio se refleja en las agendas de la OMC y en los acuerdos del comercio regional. Sin embargo, desafortunadamente a menudo es insuficiente el apoyo teórico a la conciliación política en el nivel regional y multilateral

El presente trabajo, en su casi totalidad, reproduce una edición mimeografiada para los estudiantes del curso Teoría General del Delito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquía. En esta nueva versión, sin embargo se amplían algunas cuestiones, sobretodo en lo relacíonado al delito complejo, cuya problematíca puede superar el contenido 'y"obJetivos' dél:programa 'de la mencionada asígnátura.