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In ITER, the metallic first mirrors (FMs) will undergo erosion due to their proximity to the fusion plasma and deposition of materials originated from the first walls (mainly beryllium). In-situ plasma cleaning is a promising technique to conserve the FMs optical properties by means of ion sputtering. In this work, the evolution of the optical properties of single-crystal (Sc) and nanocrystalline (Nc) molybdenum (Mo) and rhodium (Rh) mirrors were investigated up to 100 cycles of consecutive contamination and cleaning. Aluminum oxide (Al₂O₃) was used as contaminant to replace the toxic beryllium. The plasma cleaning was carried out using a capacitively coupled argon (Ar) plasma excited by a 60 MHz radio-frequency generator resulting in the formation of a self-bias applied on the mirrors of -280 V. The plasma potential being around 30 V, the Ar ion energy was about 310 eV. The optical properties of the mirrors were assessed using ex-situ reflectivity measurements. Moreover, the surface topography was characterized by means of scanning electron microscopy (SEM), focused ion beam (FIB) and roughness measurements using atomic force microscopy (AFM). ScMo and ScRh mirrors formerly exposed to 80 successful cleaning cycles using aluminum/tungsten (Al/W) deposits and air storage exhibit drastic changes in their optical properties after being subject to cleaning cycles using Al₂O₃ as contaminant. Additionally, freshly polished ScRh were exposed to identical cleaning cycles. All Sc mirrors exhibited pits induced by the polishing procedure using diamond paste in addition of mounds/wavy patterns. The carbon incorporated during the polishing process was demonstrated to be responsible for the pitting of the surface. The Nc mirrors preserved their initial reflectivities after up to 100 cycles. The surface topography was systematically characterized and an average erosion rate for NcRh mirrors of about 59 nm per cycle has been estimated from FIB cross-sections. The optical propertie

Quedan lejanas en el tiempo las primeras acciones acometidas para la modernización de la Administración de Justicia desde que en el año 2009 se iniciara una ambiciosa reforma en la Administración de Justicia que afectaba a todos los ámbitos de la misma: estructural, funcional, personal y tecnológica. Con esta finalidad, se promulgaron las normas reguladoras de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), principalmente la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial y se acometieron las reformas legales para adaptar las funciones y competencias del personal al servicio de la Administración de Justicia a ese nuevo diseño de Oficina Judicial. Junto a esas reformas legales, se promulgó la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (LUTICAJ); y, finalmente, se acometieron necesarias reformas en normas procesales con el fin de adaptarlas a la Justicia electrónica, más moderna, eficiente, eficaz y capaz de dar respuestas a los requerimientos que la sociedad demanda de este servicio público en el siglo xxi. Nos proponemos analizar las acciones de las distintas administraciones con competencias en la materia y del CGPJ, los indudables logros alcanzados, pero también los problemas pendientes de resolver y los retos a los que se enfrenta la justicia en un futuro más o menos inmediato, en el que debe seguir implementando avances tecnológicos sin que los derechos de quienes de un modo u otro trabajan en ella y de los ciudadanos se vean afectados.

Quedan lejanas en el tiempo las primeras acciones acometidas para la modernización de la Administración de Justicia desde que en el año 2009 se iniciara una ambiciosa reforma en la Administración de Justicia que afectaba a todos los ámbitos de la misma: estructural, funcional, personal y tecnológica. Con esta finalidad, se promulgaron las normas reguladoras de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), principalmente la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial y se acometieron las reformas legales para adaptar las funciones y competencias del personal al servicio de la Administración de Justicia a ese nuevo diseño de Oficina Judicial. Junto a esas reformas legales, se promulgó la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (LUTICAJ); y, finalmente, se acometieron necesarias reformas en normas procesales con el fin de adaptarlas a la Justicia electrónica, más moderna, eficiente, eficaz y capaz de dar respuestas a los requerimientos que la sociedad demanda de este servicio público en el siglo xxi. Nos proponemos analizar las acciones de las distintas administraciones con competencias en la materia y del CGPJ, los indudables logros alcanzados, pero también los problemas pendientes de resolver y los retos a los que se enfrenta la justicia en un futuro más o menos inmediato, en el que debe seguir implementando avances tecnológicos sin que los derechos de quienes de un modo u otro trabajan en ella y de los ciudadanos se vean afectados.

About a decade ago an ambitious reform in the administration of justice began that affected all its areas: structural, functional, personal and technological. To this end, the promulgation of the regulatory norms of the New Judicial Office (NJO) was undertaken; the necessary legal reforms were approved to adapt the different functions and competences of the personnel to the service of the administration of justice; Law 18/2011, of July 5, regulating the use of information and communication technologies in the administration of justice was promulgated; and, finally, important reforms in procedural norms have been promoted in order to adapt them to a new paradigm: electronic Justice or e-Justice, which aims to be more modern, efficient, effective and capable of responding to the requirements that society demands for this public service in the 21st century. However, the result has not been, in many respects, what was expected of such a relevant reform. In this work we will analyse the actions of CGPJ (General Council of the Judiciary), the undoubted achievements, but also the problems that are pending to be resolved and that ultimately prevent the culmination of this modernisation process, Hace aproximadamente una década se inició una ambiciosa reforma en la Administración de Justicia que afectaba a todos los ámbitos de la misma: estructural, funcional, personal y tecnológico. A tal fin, se acometió la promulgación de las normas reguladoras de la Nueva Oficina Judicial (NOJ); se aproba-ron las necesarias reformas legales para adaptar las distintas funciones y competencias del personal al servicio de la Administración de Justicia; se promulgó la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (LUTICAJ); y, finalmente, se han impulsado importantes reformas en normas procesales con el fin de adaptarlas a un nuevo paradigma: la Justicia electrónica o e-Justicia, que se pretende más moderna, eficiente, eficaz y capaz de dar respuestas a los requerimientos que la sociedad demanda de este servicio público en el siglo xxi. Sin embargo, el resultado no ha sido, en muchos aspectos, el que se esperaba de tan relevante reforma. En este trabajo nos proponemos analizar las acciones del CGPJ, los indudables logros alcan-zados, pero también los problemas pendientes de resolver y que impiden, en definitiva, la culminación de este proceso de modernización.

Introduction and objectives: This study primary endpoint was to present the in-hospital all-cause mortality of the Spanish TAVI registry from its inception until 2018. Secondary endpoints included other in-hospital clinical events, 30-day all-cause mortality, and an assessment of the time trend of this registry. Methods: All consecutive patients included in the Spanish TAVI registry were analyzed. In this time-based analysis, the population was been divided into patients treated before 2014 (cohort A: 2009-2013) and patients treated between 2014 and 2018 (cohort B). Results: From August 2007 to June 2018, 7180 patients were included. The mean age was 81.2 ± 6.5 years and 53% were women. The logistic EuroSCORE was 12% (8-20). Transfemoral access was used in 89%. In-hospital and 30-day all-cause mortality was 4.7% and 5.7%, respectively. On the time-based analyses during the hospital stay, the rate of myocardial infarction, stroke, need for pacemakers, tamponade, coronary obstruction, and vascular complications was similar between both groups. However, cohort B showed less need for conversion to surgery and malapposition of the valve. Also, the implant success rate increased from 93% to 96% (P < .001). In-hospital and 30-day all-cause mortality was significantly lower in cohort B, ([OR, 0.65; IC95%, 0.48-0.86; P = .003] and [OR, 0.71; IC95%, 0.54-0.92; P = .002], respectively). Conclusions: The time trend analysis of the Spanish TAVI registry showed a change in the patients’ clinical profile and an improvement in the in-hospital clinical outcomes and 30-day all-cause mortality in patients treated more recently., Introducción y objetivos: El objetivo primario de este estudio fue presentar la mortalidad total intrahospitalaria del registro español de implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) desde su inicio hasta el año 2018, y como objetivos secundarios otros eventos clínicos intrahospitalarios, la mortalidad total a los 30 días y la evaluación de cuál ha sido la evolución temporal de este registro. Métodos: Fueron analizados todos los pacientes consecutivos incluidos en el registro español de TAVI. En este análisis temporal se dividió la población en pacientes tratados antes de 2014 (cohorte A: 2009-2013) y pacientes tratados entre los años 2014 y 2018 (cohorte B). Resultados: Desde agosto de 2007 hasta junio de 2018 se incluyeron 7.180 pacientes. La edad media fue de 81,2 ± 6,5 años y el 53% eran mujeres. El EuroSCORE logístico fue del 12% (8-20). Se utilizó un acceso transfemoral en el 89%. La mortalidad total intrahospitalaria fue del 4,7% y a los 30 días fue del 5,7%. En el análisis temporal durante la fase hospitalaria, las tasas de infarto, accidente cerebrovascular, necesidad de marcapasos, taponamiento, obstrucción coronaria y complicaciones vasculares fueron similares en ambos grupos. Sin embargo, en la cohorte B se observó una reducción de la necesidad de conversión a cirugía y de mala posición de la válvula, y además la tasa de éxito del implante fue mayor (93 frente a 96%; p < 0,001). La mortalidad por cualquier causa ajustada tanto intrahospitalaria como a los 30 días, fue significativamente menor en la cohorte B (odds ratio [OR] = 0,65; intervalo de confianza del 95% [IC95%], 0,48-0,86; p = 0,003; y OR = 0,71; IC95%, 0,54-0,92; p = 0,002, respectivamente). Conclusiones: En el análisis temporal del registro español de TAVI se observan un cambio en el perfil clínico de los pacientes y una mejora en la evolución clínica tanto intrahospitalaria como a los 30 días en los pacientes tratados en los últimos años.

About a decade ago an ambitious reform in the administration of justice began that affected all its areas: structural, functional, personal and technological. To this end, the promulgation of the regulatory norms of the New Judicial Office (NJO) was undertaken; the necessary legal reforms were approved to adapt the different functions and competences of the personnel to the service of the administration of justice; Law 18/2011, of July 5, regulating the use of information and communication technologies in the administration of justice was promulgated; and, finally, important reforms in procedural norms have been promoted in order to adapt them to a new paradigm: electronic Justice or e-Justice, which aims to be more modern, efficient, effective and capable of responding to the requirements that society demands for this public service in the 21st century. However, the result has not been, in many respects, what was expected of such a relevant reform. In this work we will analyse the actions of CGPJ (General Council of the Judiciary), the undoubted achievements, but also the problems that are pending to be resolved and that ultimately prevent the culmination of this modernisation process, Hace aproximadamente una década se inició una ambiciosa reforma en la Administración de Justicia que afectaba a todos los ámbitos de la misma: estructural, funcional, personal y tecnológico. A tal fin, se acometió la promulgación de las normas reguladoras de la Nueva Oficina Judicial (NOJ); se aproba-ron las necesarias reformas legales para adaptar las distintas funciones y competencias del personal al servicio de la Administración de Justicia; se promulgó la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (LUTICAJ); y, finalmente, se han impulsado importantes reformas en normas procesales con el fin de adaptarlas a un nuevo paradigma: la Justicia electrónica o e-Justicia, que se pretende más moderna, eficiente, eficaz y capaz de dar respuestas a los requerimientos que la sociedad demanda de este servicio público en el siglo xxi. Sin embargo, el resultado no ha sido, en muchos aspectos, el que se esperaba de tan relevante reforma. En este trabajo nos proponemos analizar las acciones del CGPJ, los indudables logros alcan-zados, pero también los problemas pendientes de resolver y que impiden, en definitiva, la culminación de este proceso de modernización.

About a decade ago an ambitious reform in the administration of justice began that affected all its areas: structural, functional, personal and technological. To this end, the promulgation of the regulatory norms of the New Judicial Office (NJO) was undertaken; the necessary legal reforms were approved to adapt the different functions and competences of the personnel to the service of the administration of justice; Law 18/2011, of July 5, regulating the use of information and communication technologies in the administration of justice was promulgated; and, finally, important reforms in procedural norms have been promoted in order to adapt them to a new paradigm: electronic Justice or e-Justice, which aims to be more modern, efficient, effective and capable of responding to the requirements that society demands for this public service in the 21st century. However, the result has not been, in many respects, what was expected of such a relevant reform. In this work we will analyse the actions of CGPJ (General Council of the Judiciary), the undoubted achievements, but also the problems that are pending to be resolved and that ultimately prevent the culmination of this modernisation process, Hace aproximadamente una década se inició una ambiciosa reforma en la Administración de Justicia que afectaba a todos los ámbitos de la misma: estructural, funcional, personal y tecnológico. A tal fin, se acometió la promulgación de las normas reguladoras de la Nueva Oficina Judicial (NOJ); se aproba-ron las necesarias reformas legales para adaptar las distintas funciones y competencias del personal al servicio de la Administración de Justicia; se promulgó la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (LUTICAJ); y, finalmente, se han impulsado importantes reformas en normas procesales con el fin de adaptarlas a un nuevo paradigma: la Justicia electrónica o e-Justicia, que se pretende más moderna, eficiente, eficaz y capaz de dar respuestas a los requerimientos que la sociedad demanda de este servicio público en el siglo xxi. Sin embargo, el resultado no ha sido, en muchos aspectos, el que se esperaba de tan relevante reforma. En este trabajo nos proponemos analizar las acciones del CGPJ, los indudables logros alcan-zados, pero también los problemas pendientes de resolver y que impiden, en definitiva, la culminación de este proceso de modernización.

Preterm birth is the principal factor contributing to adverse outcomes in multiple pregnancies. Randomized controlled trials of progestogens to prevent preterm birth in twin pregnancies have shown no clear benefits. However, individual studies have not had sufficient power to evaluate potential benefits in women at particular high risk of early delivery (for example, women with a previous preterm birth or short cervix) or to determine adverse effects for rare outcomes such as intrauterine death.

Preterm birth is the principal factor contributing to adverse outcomes in multiple pregnancies. Randomized controlled trials of progestogens to prevent preterm birth in twin pregnancies have shown no clear benefits. However, individual studies have not had sufficient power to evaluate potential benefits in women at particular high risk of early delivery (for example, women with a previous preterm birth or short cervix) or to determine adverse effects for rare outcomes such as intrauterine death.