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El Derecho civil debe mantener su orientación humanística en cuanto a la protección jurídica de la persona, desde el momento de la concepción hasta su fin natural. En el presente trabajo expondremos una visión global del tratamiento legislativo y jurisprudencial de la persona como centro y eje sobre el que gira el ordenamiento jurídico peruano. Persona y dignidad son dos realidades inseparables, y toda persona merece ser tratada conforme a justicia. Al ser la persona humana el origen, sujeto y fin mismo del Derecho, todo el ordenamiento jurídico debe reconocer y proteger socialmente la dignidad de la persona, fons omnis iuris, como fuente de todo el Derecho

El 16 de junio de 2010 el Tribunal Supremo resolvió la demanda de responsabilidad planteada por una mujer -junto con su marido- que, tras someterse a una prueba de amniocentesis, recibió una información equivocada sobre el estado de salud del niño que portaba a consecuencia de un intercambio de resultados de análisis con los de otra mujer. Doña Soledad recibió la información de que su hijo estaba sano, cuando en realidad se encontraba afectado por el síndrome de Down. Este caso reciente, junto con algunos destacados antecedentes jurisprudenciales, enmarcados todos ellos dentro de la problemática general de las acciones de wrongful birth, suscita interesantes cuestiones sobre la identidad del bien jurídico protegido, el elemento del daño moral y del daño patrimonial, el problema de la legitimación activa y la admisibilidad de acciones de wrongful abortion y de avoidable abortion. Una de las perspectivas más notables, que también constituye el hilo conductor del entero análisis, se refiere al acercamiento de muchos de estos casos a supuestos de wrongful life actions, por su tratamiento de la identificación del daño, del tipo de indemnización concedida, de los destinatarios de la indemnización o por otras particularidades. También es objeto de debate la influencia de la nueva ley del aborto sobre las futuras acciones de wrongful birth.

La autora se detiene en esta segunda entrega de su trabajo (ver 1 Parte en ADS ns 129/2006) en la regulación francesa de las directivas anticipadas para compararlas después con la regulación española nacional y autonómica sobre la materia. Desgrana los matices entre el valor 'indicativo' o 'vinculante' de esta figura legal para el equipo médico, puesto en relación con la 'autonomía de la voluntad' del paciente y el 'consentimiento'. La revocación, renovación o modificación, nulidad y limitaciones de las directivas anticipadas, el contenido y su acceso por personal sanitario son otros aspectos que aborda en consonancia con el grado de vinculación-obligatoriedad -y, por tanto, de responsabiiidad- para el personal sanitario. Según la autora, la legislación española es más formalista y exigente que la francesa, aunque su rigor varía según las autonomías, y tiene mayor grado de vinculación o cumplimiento para el médico que la francesa. También es más amplia la española al contemplar la donación del cuerpo y órganos después del óbito.

En el presente artículo la autora, al hilo de la reciente regulación que ha tenido lugar en Francia de las denominadas "directivas anticipadas" -correspondientes a nuestras instrucciones previas o voluntades anticipadas-, empieza por hacer un recorrido por los hitos más importantes que en ese país se han producido en materia de autonomía de los pacientes y el papel del consentimiento en los actos médicos que han llevado a la adopción de esta figura, siguiendo la estela de otros países. Una vez visto ese recorrido, la autora se centra en las directivas anticipadas tal y como están reguladas por la ley nº 2005-370, de 22 de abril de 2005, sobre los derechos de los enfermos y el final de la vida y el Decreto nº 2006-119, de 6 de febrero de 2006, sobre las directivas anticipadas, poniendo de relieve las diferencias más destacadas con nuestras instrucciones previas

Esta obra analiza los cambios que se han producido en el ámbito de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, a través de un caso bien concreto: la responsabilidad civil de los maestros o profesores por los actos de sus alumnos. Este supuesto, regulado originariamente en el párrafo sexto del art. 1903 del Código civil , fue modificado por medio de la Ley 1/1991 de 7 de enero, pasando a ocupar el actual párrafo quinto de ese mismo articulo. En esa modificación influyó la presencia en la doctrina y jurisprudencia patria y extranjera de una serie de conceptos jurídicos nuevos, como son las ideas de riesgo, lesión, peligrosidad y solidaridad, que derivan de los cambios sociales, económicos y culturales que se han ido produciendo en los últimos años. Además esta modificación alcanzó directamente no sólo al Código civil, sino también al Código penal y que tuvo su reflejo, así mismo, en el ámbito administrativo. En esta obra se combinan esas dos líneas de trabajo: por un lado, se observa y analiza el panorama legislativo y judicial existente antes y después de la reforma de 1991, así como las causas que desembocaron en esa modificación. Y, por otro lado y de forma simultanea, se estudia que hay detrás de todo ello, que es lo que se mueve “por debajo” de esta concreta modificación que la sitúa dentro del movimiento global que se está produciendo y que afecta a toda la concepción de responsabilidad tal y como fue concebida y estructurada en los orígenes