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Recensión del libro de Luis Medina Alcoz: Historia del derecho administrativo español, con prólogo de Manuel Rebollo Puig, Marcial Pons, 2022, 535 pp.

Recensión del libro de Álvaro Soriano Hinojosa, Las Administraciones públicas ante el arbitraje, Atelier, 2023, 592 pp.

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Recensión del libro dirigido por M.ª Dolores Utrilla Fernández-Bermejo, El Derecho Administrativo de CastillaLa Mancha. Diagnóstico y posibilidades de evolución en un contexto multinivel, Iustel, 2022, 442 pp.

Recensión del libro de Gianluca Gardini: Le regole dell’informazione: verso la Gigabit Society, con la colaboración de Marina Caporale, Giappichelli Editore, 2021, (5.ª ed.), 437 pp.

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Recensión al libro de Lucía Alarcón Sotomayor, Los derechos fundamentales de las personas jurídico-privadas frente a la Administración, Thomson-Aranzadi, 2023, 200 pp., prólogo de José María Baño León. Esta obra analiza si las personas jurídicas de naturaleza privada pueden ser titulares, y en qué medida, de los derechos fundamentales consagrados en la CE frente a las Administraciones públicas. Para ello, estudia la jurisprudencia que ha elaborado nuestro TC y, a partir de ahí, determina las consecuencias de esa atribución. Dos son las aportaciones más originales y arriesgadas. Por un lado, la exigencia de distinguir entre las diferentes clases de personas jurídicas lo que lleva a la autora a negar la titularidad de estos derechos a las sociedades anónimas abiertas, especialmente, a las cotizadas, que son entidades deshumanizadas. La otra gran aportación es el estudio y conclusión de que la triple vertiente de la concepción objetiva de los derechos fundamentales, como valores objetivos, deberes de protección y garantías institucionales, tiene una clara propensión a expandirlos como normas objetivas, también y especialmente, en favor de las personas jurídico-privadas.

Recensión del libro de González Bustos, María Ángeles: Mujer y desarrollo sostenible en el medio rural, Atelier, 1.ª edición, 2020, 166 págs.

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Este trabajo tiene por objeto analizar las novedades introducidas en el régimen legal de los consorcios administrativos por las leyes 27/2013 y 15/2014, que han modificado la regulación previa que se establecía en las leyes 7/1985 y 30/1992. Se analizan las soluciones y problemas que plantean estas dos leyes, para determinar si, tras la encrucijada en que la reforma ha situado a esta clásica institución, el consorcio administrativo ha encontrado su final, o, por el contrario, simplemente ha sido redimensionado.

Todo Estado necesita de una Administración que actúe como brazo ejecutor de sus fines y, a su vez, ésta última queda impregnada en su acción por la naturaleza del régimen político que confiere corporeidad e identidad al Estado. No es de extrañar, por tanto, que durante el franquismo la Administración Pública española se convirtiera en un poderoso instrumento que operó al servicio de los principios ideológicos de la dictadura. Aunque la ineficacia de este modelo, que desatendía los intereses generales, trató de ser corregida a partir de la década de 1950, los intentos por reformar la Administración chocaron con la esencia autoritaria del régimen, que obstaculizó su modernización efectiva. Partiendo de un enfoque multidisciplinar que combina la exégesis de los textos legales con la revisión de las aportaciones doctrinales, este artículo analiza la trayectoria la Administración española en el período 1936-1975, atendiendo a su configuración jurídica y a la evolución de sus estructuras.

La reciente reforma del mercado laboral abordada por el actual gobierno han supuesto, también en la Administración Pública, modificaciones de gran calado en el sistema de relaciones laborales, con especial incidencia en el personal con relación de carácter laboral. Con este trabajo pretendemos hacer un seguimiento de las sentencias que, en distintas instancias, han recaído desde la entrada en vigor de la misma, con especial atención a los expedientes de despido colectivo y a las denominadas “cláusulas de descuelgue” de los convenios colectivos.

El objeto de este trabajo es analizar el proceso de reordenación del sector público de Andalucía. En este contexto, intentaremos dejar sentados unos lineamientos básicos sobre las funciones que deben asumir estos trabajadores del sector público. Y es que, en efecto, contamos con unos criterios legales, aunque no sean todo lo clarificadores que desearíamos, pero que han de ser tenidos en cuenta también aquí, en el presente caso que nos ocupa.

Han pasado más de cinco años desde que el Estatuto Básico del Empleado Público fue aprobado por las Cortes Generales. Este artículo pretende ofrecer una visión global acerca de la incidencia que dicha norma posee en el régimen jurídico del empleo público local. Para ello, teniendo en cuenta la doctrina y la jurisprudencia recaída desde su aprobación, se analiza la problemática que plantea el encaje de dicha Ley dentro del sistema de fuentes aplicable a las dos clases de empleados públicos más numerosas –el personal funcionario y el personal laboral–; así como los marcos jurídicos para su desarrollo –con especial atención a los ámbitos reservados a las entidades locales–, y las disposiciones que en ese sentido el Estado y las Comunidades Autónomas han ido aprobando.

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares dispone hoy de una Administración de notable relieve, resultado del proceso de desarrollo del modelo de Estado de las autonomías. En este artículo se pretende ofrecer una visión panorámica de cómo ha ido evolucionando la Administración autonómica durante los últimos treinta años hasta hoy en día, reflexionando sobre los principales cambios producidos por los Estatutos de Autonomía de 1983 y 2007. Así, a partir de las previsiones estatutarias en materia de organización de las instituciones de autogobierno, de estructuración de una Administración propia y de régimen jurídico de la Administración, este trabajo aborda el marco jurídico que ha sustentado –y sustenta– el despliegue de la Administración autonómica. Pero también analiza el entramado organizativo autonómico, incluyendo la organización ordinaria pero también la instrumental, así como las últimas medidas adoptadas en materia de simplificación y transparencia administrativa, en clara sintonía con la normativa comunitaria y la integración europea.