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El debate sobre el punto n.º 1 del Acuerdo de La Habana ha estado rodeado de todo tipo de afirmaciones: especulaciones, exageraciones, tergiversaciones, observaciones ciertas y verdades incómodas. Por esto es importante separar unas de otras, para ponerlas en perspectiva y apreciar cuál va a ser la incidencia de la Reforma Rural Integral sobre el derecho agrario en Colombia en los años por venir. Este es el objetivo del presente escrito.

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El concepto de “propiedad”, tradicionalmente estudiado con la lógica del Derecho privado, ha sufrido cambios internos (la función social como núcleo esencial) y externos (las limitaciones administrativas) que hacen necesario estudiarlo con herramientas lógicas y metodológicas del Derecho público. Se debe considerar que un derecho absoluto e ilimitado no requiere mayor atención por parte de la disciplina del Derecho público. La armonización y articulación de los derechos del propietario con las competencias asignadas a las autoridades administrativas, exige una particular atención para proteger los derechos ciudadanos. En desarrollo de lo mencionado, se ha realizado un corto estudio sobre los bienes del litoral marítimo, en particular de las competencias asignadas a las autoridades administrativas sobre estas áreas, así como el límite de estas competencias. También se presentará el análisis de algunos casos reales y potenciales en los cuales se hace necesaria la aplicación de garantías procesales y sustanciales para el respeto de los derechos de los propietarios.