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La Constitución de Túnez de 2014, que es el resultado del proceso constituyente abierto en 2011 después de la caída del presidente Ben Alì, contiene una regulación detallada de los órganos de gobierno entre los cuales están distribuidas las funciones de dirección política (Asamblea de Representantes del Pueblo, presidente de la República, jefe del Gobierno): la Constitución regula la formación, el funcionamiento, las competencias de dichos órganos y las relaciones entre ellos. Las características más destacadas de la forma de gobierno tunecina son un parlamento unicameral y un poder ejecutivo dual, entre cuyas "cabezas" —el presidente de la República y el jefe del Gobierno— está previsto un sistema de checks and balances. A pesar de una disciplina de las relaciones entre dichos órganos que utiliza varias técnicas del parlamentarismo racionalizado (como la regulación detallada de la formación del gobierno, de la relación de confianza y de las formas de participación del presidente de la República en el proceso de decisión política) no está por el momento claro si el sistema de gobierno tunecino puede ser calificado como un régimen parlamentario o como un sistema semipresidencial, y, en este segundo caso, de qué tipo de semipresidencialismo se trata. De la práctica que emerge después de la entrada en vigor de la Constitución se desprende que el papel del jefe del Estado no estará limitado a una función meramente representativa, sino que, al mismo tiempo, el papel del presidente estará situado en un contexto pluralista, que se supone pueda diferenciar claramente la forma de gobierno tunecina del presidencialismo autoritario todavía dominante en el mundo árabe.