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El presente trabajo aborda el régimen jurídico del uso de lenguas cooficiales en los expedientes de contratación pública. En particular, las condiciones de uso de estas lenguas en las plataformas electrónicas relacionadas con la contratación pública.

El proceso de digitalización de las Administraciones ha experimentado un triple impulso por la covid, la irrupción de las tecnologías del lenguaje y la generalización de plataformas electrónicas centralizadas de gestión. Son cuestiones que trascienden el uso de las lenguas oficiales distintas al castellano, pero que a la vez tienen implicaciones en los usos lingüísticos. Este número explora este horizonte de posibilidades, retos y problemas ligados al cambio que se está produciendo e intenta comprender su impacto en los derechos lingüísticos y los usos administrativos.