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Este artículo evalúa las condiciones que regulan el ejercicio del uso de la fuerza policial en materia jurídico-penal y su aplicación práctica. En particular, se demuestra que no se encuentra claramente recogida en la normativa, por lo cual hay confusión en cómo se percibe, esto es, hay una falta de distinción entre el uso de la fuerza como recurso legítimo, regulado y no discrecional, y la violencia arbitraria, caracterizada por su naturaleza abusiva e injustificada. La carencia de una formulación conceptual y legal precisa y autosuficiente, reflejada en su ambigüedad e imprecisión, afecta tanto la legitimidad como la eficacia de la actuación policial, además de comprometer la percepción pública que tiene la ciudadanía sobre las fuerzas de seguridad.

Presento una investigación dirigida a comprender los discursos y prácticas en torno a la violencia policial de defensores/as de derechos humanos en Chile. Mediante metodología etnográfica (2020-2022), trabajé con defensores/as de una institución estatal, una organización de sociedad civil que apoya a víctimas y otra que monitorea protestas, realizando 16 entrevistas, revisión de documentos y observación en actividades cotidianas. El análisis etnográfico integrado estuvo orientado a comprender cómo los discursos y prácticas mantienen y promueven determinadas relaciones sociales. La investigación permitió identificar prácticas dirigidas hacia el Estado, la sociedad y hacia las propias organizaciones. El sentido de estas prácticas resistentes confluye en tres ámbitos entrelazados que caracterizan esta violencia institucional: su invisibilización, naturalización e impunidad. Concluyo que la denuncia y la educación para impulsar cambios culturales trazan caminos para enfrentar las causas de los abusos policiales, asociadas al rol productivo de la policía en un orden racializado y de clase.

La agenda de construcción de paz internacional está experimentando una serie de transformaciones que han llevado a la literatura a cuestionarse si seguimos dentro de lo que se venía llamando Paz Liberal – un conjunto de políticas, formas de entender y abordar los conflictos cuyo mayor objetivo era la consecución de la paz mediante la reforma de los estados en conflicto, promoviendo la democracia liberal, el desarrollo y los derechos humanos. Si bien este modelo ha estado prácticamente siempre en transformación y se ha tenido que ajustar a cada contexto, desde aproximadamente 2010 se ha consolidado una pérdida de fe en la consecución de la paz y en la reforma política de los estados, y una tendencia a buscar victorias militares y a incrementar la dotación de recursos para la guerra a los Estados en conflicto. Estos dos aspectos llevan aparejados otras consecuencias como la pérdida del contexto multilateral que había hecho posible la seguridad colectiva en el seno de Naciones Unidas, un giro hacia la protección del Estado y una condena de la población civil, a la que ahora se ve como una amenaza. En base a la sociología del militarismo, este artículo analiza las transformaciones de la Paz Liberal desde el punto de vista de los cambios acaecidos en las prácticas de legitimación y consecución de la guerra, argumentando que estamos transitando de un paradigma de Paz Liberal a uno de Paz Militar. Esto no necesariamente implica que vivamos en un mundo más militarizado o menos pacífico, sino que en contra del objetivo de monopolizar y regular la guerra que se encontraba en el seno de la Paz Liberal, el uso de la fuerza se ha desmonopolizado, haciendo de la guerra, y no la promoción de la democracia o el control de la fuerza, el instrumento por defecto en la promoción del orden internacional. Metodológicamente, el artículo se basa en un análisis temático de los principales documentos sobre la agenda de construcción de paz de la ONU desde 1992 hasta 2023 e incluye algunos ejemplos sacados de varias observaciones y entrevistas realizadas con oficiales de la ONU en República Democrática del Congo (RDC) y la República Centroafricana (RCA).

La emergencia del Dáesh promovió que algunos Estados relanzaran la doctrina que facultaría a aplicar la legítima defensa contra un actor no estatal cuando el Estado en el que se encuentra el grupo no quiere o no tiene la capacidad de combatirlo. Mediante el uso de una metodología jurídica clásica que estudia las fuentes del Derecho internacional, la jurisprudencia y las aportaciones doctrinales más relevantes con un enfoque socio-jurídico crítico analizamos la licitud de esta doctrina y sus implicaciones en la comprensión del Derecho internacional. Así, determinaremos que se trata de una doctrina ambigua y arbitraria que no cuenta con el respaldo estatal suficiente para conformarse como derecho y que contraviene el principio de integridad territorial y la soberanía estatal, así como las normas de responsabilidad internacional del Estado. La tesis refleja la pretensión de impulsar un Derecho internacional hegemónico. The emergence of Daesh prompted some States to relaunch the doctrine that would allow the application of self-defence against a non-State actor when the State in which the group is located is unwilling or unable to combat it. Using a classical legal methodology that studies the sources of international law, jurisprudence and the most relevant doctrinal contributions with a critical socio-legal approach, we analyse the lawfulness of this doctrine and its implications in the understanding of international law. We will determine that it is an ambiguous and arbitrary doctrine that does not have sufficient state support to become law and that contravenes the principle of territorial integrity and state sovereignty, as well as the rules of international responsibility of the state. The thesis reflects the pretension of promoting a hegemonic international law.

La emergencia de grupos terroristas que logran hacerse con el control efectivo de territorio ha provocado que los Estados recurran al uso de la fuerza para acabar con sus cobijos y bases territoriales. Para ello, en muchos casos, se han amparado en el derecho a la legítima defensa. En este contexto, el presente trabajo pretende analizar la aplicabilidad de esta institución contra el terrorismo internacional, estudiando uno de sus prerrequisitos: el ataque armado. Así, se corrobora que los actos terroristas de gravedad pueden ser calificados de ataques armados, entendiendo que se trata de una reconceptualización y aplicación de esta categoría jurídica, se analiza el umbral de gravedad requerido y se estudia la aplicabilidad de la doctrina de acumulación de actos.

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La investigación presenta un análisis jurídico de algunos hechos y acontecimientos ocurridos durante la invasión rusa a Ucrania de 2022 a través del prisma del Derecho internacional. El artículo analiza distintas facetas del conflicto actual que desencadenan temas tan importantes del derecho internacional como la amenaza y el uso de la fuerza, los ciberataques, el reconocimiento, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, etc. Se presta especial atención a los razonamientos jurídicos articulados por la Federación Rusa para justificar su agresión contra Ucrania, en particular, al alegato de legítima defensa y las acusaciones de genocidio, desmintiéndolas. Asimismo, se explora la relevancia del derecho internacional humanitario para el conflicto actual y las perspectivas de responsabilizar por los crímenes cometidos en el territorio de Ucrania a través del prisma del derecho penal nacional e internacional. Finalmente, se hace especial hincapié en los desafíos que la agresión rusa contra Ucrania plantea al derecho internacional y a la comunidad internacional en su conjunto.

La presente investigación analiza casos de uso de la fuerza en México por agentes de la Guardia Nacional (GN) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.). El objetivo de este trabajo es examinar las controversias de las mencionadas corporaciones en labores de seguridad pública, en razón de que al ser integradas por agentes de formación castrense, se consideran posibles actos de uso excesivo de la fuerza y violaciones de derechos humanos (DD. HH.) por parte de dichos agentes; en especial, si no existen para ellos protocolos claros sobre el uso de la fuerza. El artículo se divide en siete partes. En la primera se hace una revisión de la literatura en torno al uso de la fuerza. En la segunda se presenta el instrumento metodológico para registrar los enfrentamientos entre elementos de la Guardia Nacional y las FF. AA. en México, con base en un análisis de fuentes abiertas de medios de prensa. En la tercera sección se indican las categorías de análisis para identificar el uso debido y excesivo de la fuerza. En la cuarta parte se analizan las controversias de la Ley de la Guardia Nacional (LGN) respecto al uso de la fuerza. En la quinta sección se presentan las controversias en torno al actuar de la GN en sus operaciones. En la sexta parte se reconstruyen tres casos para analizar y entender cómo se dio el uso de la fuerza. Por último, presentamos una breve conclusión en torno a los retos del uso de la fuerza en México de la GN y las FF. AA. para garantizar el respeto a los DD. HH.

In spite of the efforts of the international community to solve the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) nuclear crisis, this issue remains unsolved. The relevance of this matter lies in the need to find a permanent solution to the crisis that leads to a total denuclearization of the Korean Peninsula. Therefore, the aim of this article is to demonstrate the need of a peaceful solution to the DPRK nuclear issue in which the security concerns of North Korea are addressed by signing a peace treaty with Pyongyang that ensures that the United States will not attack the regime, will remove its troops from South Korea and will finish its military drills with this ally. This article will discuss what elements will be necessary to achieve a peaceful solution to this nuclear conundrum.

The COVID-19 pandemic has been mobilizing the full capacities of societies worldwide to respond to unprecedented threats to national and human security. In many cases, emergency measures have involved military support to civil institutions, including law enforcement operations. This paper aims to better understand the legality and legitimacy of these military operations, using hermeneutic, comparative, and survey methodology. It is based on the assumptions that international human rights standards crucially determine moral requirements for domestic use of military force and that just war theory can be equally helpful in the decision-making on domestic military operations in such circumstances. This study assesses the justification of current military enforcement and recommends criteria for future emergencies. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Cada vez con mayor frecuencia, los conflictos modernos presentan un nivel de complejidad diferente a los conflictos tradicionales. Esta complejidad se evidencia principalmente a través de dos características: las desproporcionadas consecuencias humanitarias y la constante internacionalización de los conflictos internos a través del involucramiento de Estados y grupos armados externos. En este sentido, el conflicto en Siria no ha sido la excepción, puesto que lo que originalmente nació como un conflicto armado no internacional entre el Estado y grupos armados, ha evolucionado a través del involucramiento de una multiplicidad de actores externos tanto en apoyo del régimen sirio como de los grupos rebeldes. La evolución reciente del conflicto en Siria sigue este patrón al confirmarse tanto el uso de armas químicas contra la población civil como el involucramiento de Estados Unidos a través de una operación militar contra infraestructura militar siria. Cabe analizar entonces las implicaciones de dichos sucesos para el Derecho Internacional Humanitario, particularmente, sus consecuencias para la determinación de la naturaleza de los conflictos que se desarrollan en Siria y sobre la base de esto, las normas que serían aplicables a los mismos.

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The author analyzes the prevailing regulation on the use of force, from the perspective of Article 51 of the UN Charter related to the general prohibition of Article 2.4 UN Charter, with special emphasis on the existing doctrinal conflict due to the interpretive duality of the above-mentioned Article 51 C, offering an approach to the problem. In that regard, the theories that justify unilateral anticipatory modalities in the fightagainst organized terrorism are confronted, in order to eventually findsupport in the customary law of the inherent right to self-defense.

L a fuerza pública forma parte de la estructura constitucional del Estado. Este artículo pretende abordar el modelo constitucional de esta organización pública a partir de su caracterización general y particular; para el efecto, se revisaron, describieron y analizaron las normas constitu- cionales y legales que la rigen, así como la jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional en la materia. Como resultados, se evidenciaron las semejanzas y diferencias entre las fuerzas militares y la Policía Nacional, los umbrales fácticos y jurídicos que traslapan, las tareas misionales relacionadas con el uso de la fuerza y las medidas jurídicas, administrativas y jurisprudenciales, tendientes a preservar el modelo constitucional de esta organización pública. L a investigación permite concluir que el constituyente modeló la fuerza pública y en especial su misión, como instrumento para cumplir los fines del Estado y, principalmente, para mantener el orden consitucional y proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los residentes en Colombia.

Exceptionally not grounded on the rhetorical penetration of the great theoretical schemes of international relations and foreign policy areas of academic knowledge but grounded, instead, on the juxtaposition of the new Obama Administration's main electoral promises on foreign policy related matters with a series of empirical data on the current state of the world, the aim of these remarks is that of providing the reader with a down-to-Earth introductory background to the future of US' foreign policy. ------------------------------------------------------------------------------- Excepcionalmente no basado en la penetración retórica de los grandes esquemas teóricos de las áreas de conocimiento académico de las relaciones internacionales y la política exterior, sino en la mera yuxtaposición de las principales promesas electorales de la nueva Administración Obama con una serie de datos empíricos sobre el estado del mundo, la intención que anima estos apuntes es la de proporcionar al lector un trasfondo introductorio realista al futuro de la política exterior estadounidense.

Este ensayo maneja las capacidades de las organizaciones internacionales con un carácter regional en el mantenimiento de la paz. Busca probar la hipótesis de que la práctica internacional permite la acción coercitiva de tales entidades como una nueva excepción a la prohibición general del uso de la fuerza, más allá de los casos tradicionales, que son acciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o bajo su autorización; y autodefensa individual y colectiva. El tema de este estudio son las operaciones armadas de organizaciones internacionales sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Este artículo revisa los permisos de uso de la fuerza previstos en la Carta de las Naciones Unidas. Este texto pretende estudiar la permisibilidad del uso de la fuerza por parte de entidades regionales como tales, no su actuación en otras modalidades del ius ad bellum que también están abiertas a estados singulares. Se concluye que la práctica internacional no permite la acción coercitiva de las organizaciones regionales sin la autorización del Consejo de Seguridad. Dichas intervenciones no pueden simplemente denominarse ilegales, debido a su importante papel en el mantenimiento de la paz y la seguridad regionales.

Iniciando el segundo semestre del año, el mundo sigue con atención los problemas que se han originado en Europa derivado de las olas de migraciones masivas que llegan a ese continente provenientes del Cercano Oriente y del norte de África, que han llevado a tomar diferentes medidas para enfrentar esta llamada “amenaza multidimensional”, la que junto con una cadena de atentados terroristas en las principales capitales y otras ciudades europeas, hace crecer la incertidumbre en la población y, a los Gobiernos, diseñar estrategias de seguridad que permitan controlar, prevenir y finalmente mitigar los efectos de estas acciones, dirigidas fundamentalmente a la población, tendientes a infundir caos y terror, también quizás demostrar la incapacidad de los Estados para prevenir estas acciones y crear un ambiente de inseguridad. Por otra parte, los efectos del cambio climático se hacen sentir sobre diferentes regiones del globo, consecuencias de las cuales en nuestro caso no hemos estado ajenos y que han motivado crecientes preocupaciones a nivel global. Las situaciones que existen en el ámbito regional, en un mundo marcado por las ya mencionadas amenazas multidimensionales, nos llevan a visualizar que cada vez es más difícil establecer una línea separatoria entre las materias propias de la seguridad y aquellas de la defensa, tema que centra el debate sobre cómo enfrentar estas nuevas situaciones y si es necesario cambiar los roles que tienen las fuerzas armadas en las actuales circunstancias, aspecto no menor y no exento de polémicas, así como la función que tiene el Estado al momento de preservar el bien común y la protección de la población y recursos que posee.

El debate contemporáneo de las relaciones internacionales propone que los Estados nacionales pierden en el siglo XXI su capacidad de mantener la vigencia del monopolio de la violencia legítima y de la guerra. Sin embargo, el uso de la fuerza en incursiones punitivas y disuasivas sigue siendo un elemento que manifiesta la continuidad del poder estatal en el sistema internacional. Desde la perspectiva de la Sociología Histórica de las Relaciones Internacionales, el artículo analiza los cambios en el moderno sistema internacional para detectar los elementos que persisten y que dan cuenta de la capacidad de los Estados nacionales por mantener bajo su control los medios para ejercer el uso de la fuerza de manera efectiva.

El presente artículo plantea la necesidad e importancia de conceptualizar el principio de necesidad militar en el contexto del conflicto armado colombiano, toda vez, que al no estar regulado de manera precisa en los tratados internacionales sobre Derecho Internacional Humanitario ha permitido se cuestione la labor de la Fuerza Pública ante la comunidad internacional, conllevando a una serie de condenas internacionales, específicamente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha responsabilizado al Estado por violación a los Derechos Humanos, olvidando el contexto de conflicto que se padece desde hace más de 50 años y como los conceptos de paz y seguridad en Colombia han convertido a la Fuerza Pública en la garante constitucional del orden público y todos los derechos de los ciudadanos. Comprender y delimitar el principio de necesidad militar desde la perspectiva de las políticas gubernamentales sobre el manejo y uso de la fuerza, permitirá establecer la delgada línea que separa lo legitimo de lo que no lo es cuando se posee el monopolio de las armas y la único forma de garantizar la seguridad y la defensa de la nación es a través del uso de las mismas. Para dichos efectos se realizará una ubicación conceptual acerca de las nociones de paz y seguridad y su incidencia en el manejo y uso de la fuerza armada representada en su fuerza pública. Posteriormente, se desarrollaran los criterios que a nivel doctrinal existen frente a lo que se denomina necesidad en el ámbito de la responsabilidad entre estados y su perspectiva desde el Derecho Internacional Humanitario y su delimitación frente al concepto de uso de la fuerza en situaciones de paz y de conflicto.

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Se busca evaluar el método de observación física de los residuos macroscópicos para la de-terminación de la posible distancia de disparo para el fusil Galíl AR calibre 5,56 mm y su respectiva munición, con el fin de precisar y mejorar la interpretación de los conceptos forenses frente a las investigaciones de policías y militares en el marco del conflicto armado colombiano. El diseño aplicado es de tipo observacional descriptivo. Usando un fusil de asalto Galil ar 5,56 mm y munición Indumil de igual calibre, se realizan series de disparos de prueba contra piezas de tela como superficie de impacto, con rangos desde el contacto hasta los 2,5 m y se verifica la presencia de residuos de disparo sobre el soporte con el método de observación física por parte de un médico forense con amplia experiencia y de un experto en balística. Se encuentra que los rangos de distancia descritos por la literatura médica no se correlacionan con los obtenidos en la práctica. Adicionalmente, el método de observación física es dependiente de la experiencia y nivel de conocimiento del perito, siendo falible, lo cual puede acarrear errores en la interpretación de los hallazgos de necropsia acerca de la posible distancia de disparo. La inadecuada obtención e interpretación de los hallazgos forenses por parte de los peritos y operadores judiciales puede llevar a la toma de decisiones de manera inadecuada y a veces injusta. Cuando se determina la existencia de residuos de disparo, se debe realizar un análisis contextualizado en el marco de la conducción de hostilidades y no apresurarse a concluir sobre violaciones de dhh o infracciones al DIH.

States are failing to monopolize the use of force. Its use is being shared by private security companies that exploit the lack of regulations, both international and internal, which exists in this regard. The involvement of these private security companies in armed conflicts has received special attention. However, this concern has not spread to other situations in which these private security companies are also participating: the fight against maritime piracy; especially in the waters off the coast of Somalia. This contribution is to study this new phenomenon in relation to the last of the cases mentioned: the fight against maritime piracy. To this end, this study will attempt to answer the main legal questions that arise in connection with the use of armed force and its use by private security companies, as well as on the international responsibility for their actions and their possible attribution to State.

Con base en las normas internacionales vigentes, los Estados deberían abstenerse de intervenir en toda materia que tenga cabida en los asuntos internos y externos de los demás países. El principio de no intervención, justificado por la necesidad de proteger la soberanía y la personalidad internacional de los Estados, se arraiga en el siglo xix para contrarrestar las tendencias expansionistas de las potencias europeas. No obstante, este se presentaba en el derecho internacional clásico como una aspiración y un argumento político y no como una realidad jurídica, considerando que la intervención por parte de un Estado se admitía no solo como un medio para defenderse de las violaciones de sus propios derechos, sino también para reivindicar intereses nacionalistas. La afirmación de la prohibición de injerencia hoy en día se manifiesta en términos diferentes, considerada la tendencia del derecho internacional contemporáneo a perseguir una justicia más amplia entre pueblos, con base en el principio de igual soberanía o igualdad soberana de los Estados sancionado en el artículo 2.1 de la Carta de Naciones Unidas. Es preferible, sin embargo, poner de relieve que la prohibición de injerencia no ha sido codificada nunca en normas claras, de tal forma que aparecen inciertas las nociones sea de competencia doméstica o de intervención. En aras de buscar una definición se hace necesario acudir a varios instrumentos internacionales en los cuales haya sido formulada la prohibición de injerencia. La delimitación del alcance de tal noción se muestra muy útil para determinar la admisibilidad de la intervención con fines humanitarios; igualmente, es menester tener de presente que se deben verificar tales premisas a la luz del principio que prohíbe el uso de la fuerza. En fin, se debe precisar que el término “intervención” tiene un alcance distinto según se refiere a las relaciones entre Estados o a las relaciones entre un Estado miembro y órganos de la ONU así que, respecto al límite de la misma intervención, en el primer caso nos referimos a “asuntos internos y externos” del Estado, mientras que en el segundo a la “competencia doméstica”.

La literatura destaca frecuentemente que el uso de la fuerza es un rasgo distintivo del trabajo policial, mientras riesgo eincertidumbre son condiciones bajo las cuales este trabajo se desarrolla cotidianamente. La investigación ha asociado eluso de la fuerza, en los países industrializados, a la presencia de minorías amenazantes, a la pérdida del control verbal en elencuentro y a la juventud e inexperiencia de los funcionarios. El desafío por parte de los sospechosos también se ha asociado alincremento de la coacción policial. La literatura en América latina enfatiza la desigualdad, el autoritarismo y el dominio de clasecomo elementos que contribuyen al uso de la fuerza policial. En este trabajo se desarrolla la hipótesis, propuesta inicialmenteen 1993, de la incertidumbre como variable que predice el incremento en el uso de la coacción policial, y se examinan datosprovenientes de un estudio cualitativo adelantado con policías venezolanos en 2003. Mediante el análisis de los comentariosse sugiere que la incertidumbre podría englobar algunas variables como la amenaza, la resistencia y el desafío, dentro de unaperspectiva macro y microestructural para explicar el incremento de la fuerza física policial, que aunque constituye un fenómenode alcance general, parece representar un problema de particular importancia en América latina.

The paper seeks to determine whether the use of Private Military and Security Companies strengthens military institutions and the provision of security or, on the contrary, questions the monopoly of the legitimate use of force and generates new challenges to the current role of the military. It analyzes three main realms within the military sphere where the presence of PMSCS may have a direct impact: the exercise of the monopoly of the use of violence, the professionalization of the military, and the process of enrollment of new recruits. The paper highlights that the presence of PMSCS does not affect the continuity of the state's monopoly of the legitimate use of force. It also argues that although PMSCS perform certain activities that enhance the provision of security in a state, the military should always be prepared to overtake those activities delegated to PMSCS and should avoid becoming excessively dependent on private companies to execute them. Likewise, the paper sustains that the privatization of security distorts the conception of professionalism put up front by CMR theorists. Finally, the paper states that the presence of PMSCS obliges today's military to strengthen its recruitment strategies and consolidate a sound enrollment process. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

On June 2010 the First Review Conference on the ICC Statute adopted by consensus the definition and conditions for the exercise of jurisdiction over the crime of aggression. Despite such historic agreement, the content and characteristics of the crime of aggression remain subject to great discussion among legal scholars. This article aims to explore the antecedents and preparatory works that culminated in the adoption of this new definition, to describe and analyze the key elements of the approved proposal, as well as to identify its possible shortcomings in order to sketch new arguments for its interpretation, application and/or reform. [ABSTRACT FROM AUTHOR]