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Esta contribución trata del desplazamiento forzado en Colombia. En particular, este artículo se enfoca sobre el papel específico de la Corte Constitucional colombiana como defensora de los derechos humanos de las personas desplazadas, como juez y al mismo tiempo como actor de políticas públicas. La Corte Constitucional colombiana ha declarado el "estado de cosas inconstitucional" vis-à-vis de la situación de las personas desplazadas: esto implica que se trata de una situación dramática cuya solución necesita la intervención de muchas instituciones públicas. En el marco de este paper estaré demostrando cómo la Corte Constitucional colombiana se vuelve, de facto, como un actor que orienta las políticas públicas, para garantizar los derechos efectivos de las personas desplazadas. En particular, desde el 2004 el juez constitucional ha implementado un sistema de seguimiento al cumplimiento de las órdenes dictadas por la Sentencia T-025 del 2004, para que sea asegurado un goce efectivo de derechos además de un enfoque diferencial para las víctimas que son sujetos de especial protección constitucional, como mujeres, comunidades afrocolombianas, indígenas, niños y discapacitados. Consideramos que el caso colombiano es relevante porque el juez constitucional tiene un papel de suprema importancia, que podría contribuir a un nuevo modelo para otras experiencias que cuenten con instituciones del Estado íntegras, en el marco de un conflicto armado. This contribution' aim is to focus on the subject of internally displaced persons (IDP), in Colombia. In particular, this paper seeks to underline the special role played by the Constitutional Court in defending the fundamental rights of IDP, both as a judge and a public political actor. The Colombian constitutional judge declared the "estado de cosas inconstitucional" vis-à-vis the IDP situation: this refers to the fact that internal displacement is a dramatic situation that needs the intervention of many public institutions to be solved. In this paper I'll state that Colombian Constitutional Court became, de facto, a sort of public policies maker, in order to guarantee the rights to be effective. In particular, since 2004 it is becoming a real policy maker, editing a log of follow-up decisions to the T-025 sentence, including specific orders to the local and national authorities, to protect the IDP' rights. In particular, the Constitutional Court stated a "special constitutional protection" for victims of displacement including children, women, afro Colombian community, indigenous communities, and disabled people. we consider Colombia a relevant case of study, with both a well-developed legal system of protection of IDP and a sui generis constitutional judge hyperactivisme that may be considered as a model for others countries dealing with an internal conflict, but relying on a firm institutional framework.