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El deterioro de las condiciones laborales intensifica de nuevo el tradicional debate sobre cómo evitar que la protección social disuada la vuelta al empleo. La precariedad laboral es un freno para alcanzar derechos de cotización, e incluso para superar situaciones de pobreza. En este escenario son las rentas mínimas autonómicas, con origen en la beneficencia, las que protegen muchas de estas situaciones, debido a que presentan requisitos de acceso más flexibles. Sin embargo, estas prestaciones ni estaban preparadas para hacer frente a este volumen de personas ni tampoco a la complejidad de nuevos perfiles como las personas pobres que trabajan. Por ello, estos dispositivos son objeto de debate y atención social. ¿Cómo hacer para que su vocación protectora no disuada la inserción laboral? A lo largo del texto se presentan los cambios normativos que algunas Comunidades Autónomas han implementado para responder a esta cuestión.