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Existe en Colombia un aval constitucional para llevar a cabo la muerte digna. Sin embargo, a pesar de que fue desarrollado por varias resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud), su práctica puede ser compleja debido a la intervención de diversos actores frente a los cuales puede incluso darse una colisión de derechos. En este artículo se plantean preguntas como: ¿qué hacer cuando se solicita la práctica de un procedimiento eutanásico y entran en conflicto derechos fundamentales de los actores involucrados?, ¿es clara, completa, precisa y efectiva la regulación frente al tema?, ¿los actores que intervienen en estos conflictos como prestadores de servicios, pacientes, médicos, ven sus derechos en conflicto en el procedimiento eutanásico en Colombia? Para dar respuestas a estos interrogantes, se abordó un estudio de los conceptos de derecho a la muerte digna, objeción de conciencia, eutanasia activa y pasiva, suicidio asistido y homicidio por piedad, así como la prueba de razonabilidad y principio de proporcionalidad, en aras de dar respuesta a estos interrogantes.

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional analiza la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre el procedimiento de autorización o ratificación judicial a la que se sometían las medidas generales restrictivas o limitativas de derechos fundamentales adoptadas por las autoridades autonómicas con base en la legislación sanitaria. Resultan relevantes los argumentos del alto intérprete constitucional relativos al principio de separación de poderes, la reserva de jurisdicción e independencia del Poder Judicial y la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo, de especial interés en el marco de la gestión de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

El presente trabajo da cuenta de los elementos estructurales trazados por la doctrina sobre la naturaleza, contenido y fundamento de un derecho fundamental con el objeto de establecer si es correcto hablar de la reparación como derecho fundamental en el interior del orden jurídico colombiano, a través del cual las víctimas puedan gozar de la legitimidad necesaria para reclamar del Estado o de terceros acciones positivas que permitan la realización efectiva de una esfera mínima de dignidad, supervivencia o autodeterminación. Para lograr este objetivo se comparará la exigencia de la doctrina con las disposiciones normativas expresadas en jurisprudencia de las altas Cortes, legislación y actuaciones administrativas a través de las cuales se ha definido la noción de víctima en el contexto del conflicto armado interno y se han definido las vías administrativas, judiciales y simbólicas de reparación a las que tienen derecho; y que resulta necesario conocer y publicitar con el ánimo de revestir de una mayor esfera de legitimidad los procesos jurídicos y políticos a través de los cuales la sociedad colombiana transita de la guerra a la paz. This work gives an account of the structural elements traced by the doctrine on the nature, content and foundation of a fundamental right in order to establish if it is correct to speak of reparation as a fundamental right within the Colombian legal order, trough the which the victims can enjoy the necessary legitimacy to claim from the State or from third parties positive actions that allow the effective realization of a minimum sphere of dignity, survival or self-determination. To achieve this objective, the requirement of the doctrine will be compared with the normative provisions expressed in the jurisprudence of the high courts, legislation and administrative actions through which the notion of victim has been defined in the context of the internal armed conflict and have defined the administrative. Judicial and symbolic means of reparation to which they are entitled; and that it is necessary to know and publicize with the aim of investing with a greater sphere of legitimacy the legal and political processes through which Colombian society moves from war to peace.

En este trabajo se postula la construcción por vía jurisprudencial de un nuevo derecho fundamental, el derecho a la individualidad, cuyo objetivo sería proporcionar al ciudadano herramientas útiles para reaccionar frente a los intentos de menoscabar o confundir la conciencia personal, bien tratando de diluir al ser humano individual en colectivos diversos, o bien eliminando, minusvalorando o desconociendo sus características particulares con la finalidad de condicionar su pensamiento o su conducta en su actuación social, ya sea como sujeto político o como consumidor. Se analizan determinadas amenazas surgidas con el proceso de globalización y las posibilidades de este derecho para responder eficazmente frente a ellas. Por último, se apuntan técnicas concretas de defensa judicial del derecho postulado.

El camino hacia la igualdad de género es tortuoso. La claridad de los textos y la rotundidad de los argumentos, todavía y en más ocasiones de las esperadas, se desmontan a la velocidad de un simple chasquido cuando los y las juristas que conocen los casos reales no alcanzan a pulsar el verdadero significado de las normas jurídicas aplicables y oponen, de facto, resistencias al despliegue de los derechos e intereses legítimos de las mujeres debido a una cultura judicial errática que se resiste a la evolución jurídica social y económica conforme al Derecho objetivo. La cuestión por repensar entonces es, ¿a qué se debe este desfase entre la teoría y la realidad que, además, jurídicamente no se da en otros ámbitos?

En el marco de la pandemia de la Covid-19 se aprobaron diversas disposiciones que, en la práctica, suspendieron (o limitaron) derechos fundamentales de los ciudadanos. La situación de emergencia sanitaria provocó la declaración del segundo estado de alarma desde la aprobación de la Constitución Española. Sin embargo, a pesar de que parece que los debates se encuentran superados, la supresión del uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público ha puesto de manifiesto que todavía existen cuestiones a las que ofrecer una respuesta jurídica. Por ello, en el presente estudio analizaremos la habilitación legal (estatal, autonómica y local) para tratar de esclarecer la adecuación de la mencionada decisión.

Este artículo presenta la comprensión de las lógicas de control migratorio imperantes en la parte oriental de la frontera entre los Estados español y francés. Se trata de un territorio inexistente hasta ahora en el debate del restablecimiento de las fronteras interiores de la Unión Europea. Haciendo uso de una aproximación interdisciplinar teórica y metodológica (análisis normativo-jurisprudencial, recopilación de datos cuantitativos, entrevistas cualificadas y observación de los dispositivos de frontera), ha sido posible configurar la arquitectura contemporánea de esta zona fronteriza. Entre las principales consecuencias del proceso de refronterización está el repliegue operativo que modifica de facto la línea jurisdiccional histórica; la diversificación de las rutas de tránsito hacia otros países europeos; así como las tasas de detención y retorno más altas de toda la frontera. Todo ello deriva en un preocupante impacto en el ejercicio de derechos fundamentales de personas migrantes en tránsito, así como de la población local.

La innovación digital en el campo de los controles fronterizos, la migración y el asilo ha devenido progresivamente un tema crucial en los estudios migratorios, debido al aumento exponencial de instrumentos tecnológicos aplicados en estos ámbitos. El texto se centra en una nueva faceta de este fenómeno representado por el creciente interés, advertido dentro y fuera de la UE, en la aplicación de sistemas de inteligencia artificial (IA), como nuevas herramientas experimentadas y utilizadas para apoyar los procedimientos decisionales en los asuntos migratorios. En particular, el texto centra la atención sobre el proyecto iBorderCtrl, a través del cual se ha experimentado un tipo particular de IA, denominada inteligencia artificial emocional, que supone el ingreso de problemáticas inéditas en el terreno de la protección de los derechos fundamentales de los sujetos interesados y en particular de los extranjeros. A estos efectos, tras repasar la rápida difusión de la IA en el ámbito migratorio y perfilar el concepto de IA emocional, como subsistema merecedor de un análisis especifico, se examinará el proyecto iBorderCtrl como caso de estudio, haciendo hincapié en la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, del 15 de diciembre de 2021 (T-158/19), y contextualizándolo a la luz de la Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea en materia de IA, valorando las repercusiones que supone la IA emocional en el ámbito de los derechos fundamentales.

El fenómeno del cambio climático causado por la acción del hombre y su modelo de desarrollo es uno de los mayores retos de la comunidad internacional en el siglo XXI. Una de las consecuencias es el incremento de los flujos migratorios como consecuencia de la degradación de los ecosistemas y pérdida de territorio. Los migrantes climáticos carecen en el derecho internacional vigente de un reconocimiento de derechos de protección. No obstante, en nuestra opinión, es clara la afectación a sus derechos fundamentales, empezando por el fundamental derecho a la vida. A falta de desarrollos normativos, la vía jurisprudencial –como el caso Teitiota- puede ir sirviendo como un instrumento para un reconocimiento de sus derechos fundamentales y una reconsideración del principio de no devolución.

El artículo identifica cuatro elementos de la maternidad subrogada desde una perspectiva constitucional, con énfasis en el caso colombiano. Se analiza la autonomía de la voluntaria como base del contrato de maternidad subrogada; la incorporación del principio internacional del interés superior del niño y la niña en la figura de la maternidad subrogada; la garantía de los derechos fundamentales de las participantes en el contrato de maternidad subrogada, en particular los derechos sexuales y reproductivos; y las implicaciones de la figura en el concepto constitucional de familia. Al final, se discuten los hechos y se pueden disputar los elementos constitucionales.

El trabajo se centra en el estudio de la fundamentación jurídica de las normas que, en Estados Unidos y en los países miembros del Consejo de Europa, establecen la obligatoriedad de las vacunas contra la Covid-19 en determinadas circunstancias o para determinados colectivos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular la sentencia Jacobson (1905), y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, singularmente la reciente sentencia Vavricka contra la República Checa (2020), es objeto de particular estudio. En ambas regiones del mundo existe una amplia coincidencia en varios aspectos: la competencia para acordar la obligatoriedad de las vacunas corresponde a los estados; esa obligatoriedad resulta respetuosa con los derechos de los ciudadanos cuando se adopta bajo determinadas circunstancias: riesgo grave de pandemia, existencia de vacunas eficaces y seguras, y ausencia de medidas alternativas menos invasivas. Las normas que establecen la obligatoriedad de la vacuna contra la Covid-19 se enmarca en el conjunto de las políticas públicas sobre vacunas que se han impulsado tanto a nivel estatal como de los organismos intergubernamentales. No se puede entender completamente el alcance de esas normas que obligan a los ciudadanos a recibir la vacuna si no ampliamos previamente el foco de atención y ofrecemos una panorámica de todas las cuestiones controvertidas que ha traído consigo el proceso de desarrollo, autorización, producción, priorización, distribución e información sobre esta vacuna. En cada una de estas cuestiones los estados han ido adoptando distintas posiciones, y frecuentemente lo han hecho con el propósito de reforzar su posición de poder en el contexto internacional. Como en tantas otras ocasiones, los principales actores estatales han sido Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. La aproximación somera a dichas controversias nos ilustra acerca del papel crucial que las vacunas contra la Covid-19 han tenido y siguen teniendo en las relaciones internacionales: han servido por igual para tejer redes de colaboración, reforzar rivalidades y mantener desigualdades flagrantes.

En este trabajo se estudia el derecho a la vivienda como un elemento del Estado del Bienestar y el rol que cumplen las Comunidades Autónomas en el disfrute y garantía de este. Para ello, se analiza, en primer lugar, la vivienda como derecho humano a partir de lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución Española, y su vinculación con otras áreas o derechos. En segundo lugar, se estudian las competencias de las Administraciones Públicas en materia de vivienda y se efectúa una revisión de la legislación autonómica en este tema, desde dos grandes áreas: la legislación en materia urbanística, del suelo y de la edificación y la legislación autonómica específica en materia de vivienda, para encontrar puntos en común en las distintas legislaciones sobre cuatro elementos fundamentales: la vivienda como derecho; la conceptualización de la vivienda; los colectivos vulnerables y/o sujetos especiales de protección, y las ayudas públicas y otras medidas de fomento que se han dispuesto para garantizar el disfrute del derecho analizado. En tercer lugar, nos enfocamos en la legislación específica de la Comunidad Autónoma de Cataluña, revisando las distintas formas de intervención pública en materia de vivienda. En cuarto lugar, se revisan las medidas implementadas como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Finaliza este estudio con nuestras reflexiones sobre el tema desde la perspectiva de los derechos de las personas a una vivienda digna.

Este trabajo trata sobre la progresiva reducción de respeto al cumplimiento de los requisitos constitucionales en orden a la regulación de los derechos fundamentales de los últimos años. Esta tendencia se percibe, desde antiguo, en la regulación de la materia de derechos fundamentales por leyes de rango inferior a ley orgánica. Este problema también se aprecia en la normativa de urgencia, como se ve, por ejemplo, en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, donde el Gobierno se ha arrogado, no solo durante el período más duro de la pandemia, funciones muy amplias de regulación de derechos fundamentales. Todo lo cual apunta a que se ha producido un debilitamiento paralelo del principio de sujeción inmediata de los poderes públicos a los derechos fundamentales –respectivamente, arts. 9.1 y 53.1 de la CE–, y hasta una cierta relativización o banalización y reducción de importancia de los derechos fundamentales en el Estado, con efectos imprevisibles e inquietantes

La ponderación es una estructura metodológica compleja utilizada por las cortes constitucionales para resolver conflictos entre principios y justificar la relación de prevalencia condicionada existente entre dos bienes constitucionalmente protegidos. Su utilización implica la aceptación de que existe una diferencia entre principios y reglas dentro del sistema normativo, que los principios son susceptibles de cumplimiento gradual y que los derechos fundamentales y bienes colectivos constitucionalmente protegidos son equiparables a los principios a efectos de aplicación de la estructura de la ponderación. El Tribunal Constitucional español utiliza la ponderación en la resolución de conflictos entre bienes constitucionalmente protegidos dentro del principio estructural de la proporcionalidad, sin que la técnica ponderativa haya alcanzado un desarrollo independiente. El presente trabajo expone la aplicación que el Tribunal Constitucional español hace de la ponderación y la función que esta desempeña en la jurisprudencia constitucional. Asimismo, se apuntan las principales problemáticas de su aplicación.

Objective: The consecration of the environment as a protected legal right worthy of protection, both by national and international legal systems, has brought as a consequence the need to specify terminologically the concept of environment. In this sense, as a consequence of its novelty, the implementation of the concept has been the object of multiple opposing positions on its definition, which, on occasions, has meant a real burden that has led to a lack of protection of this right. Fortunately, the anthropocentric vision has been disappearing in function of the ecocentric position that emphasizes the protection of the environment at the same time that it is independent of its link with other rights such as human life or patrimony, as proclaimed in our fundamental text (the Spanish Constitution of 1978). Finally, it is proposed, after an in-depth study of the constitutional precept, the typification of ecocide as a new crime in the international framework that guarantees the conservation and preservation of the environment with the aim of promoting sustainable development that guarantees both progress and the conservation of our planet. Methodology: On the one hand, we have used a historical-logical method that allows us to focus on the object of study in an evolutionary process that makes it possible to understand its historical behavior and explains its current physiognomy. At the same time, we use the method of analysis-synthesis that makes it possible to break down the object under study into its elements and then recompose it from the integration of these elements. Results: The results obtained in this research have been decisive in delimiting the concept of environment from the legal point of view, which is obviously the first step to take in order to configure a normative body that defends it. At the same time, it has been proposed that ecocide should be considered an international crime, which would help to preserve the ecosystem and promote sustainable development.

Este artículo tiene por objeto analizar la colisión que existe entre el derecho a la protesta por parte de las personas privadas de la libertad y la limitación en su ejercicio a través de las acciones emprendidas desde las autoridades penitenciarias, que están en la posición de garante por parte del Estado hacia las personas privadas de la libertad, de forma que se propone caracterizar, desde el modelo constitucional de derechos fundamentales, las dos dimensiones, una subjetiva y otra objetiva a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español desde la perspectiva de su protección en la titularidad, esto es, derechos con titular, sin titular y a pesar del titular; los derechos a pesar del titular son la categoría propuesta para ahondar, en tanto esta se articula con la dimensión objetiva y subjetiva de derechos que se aplican en el caso concreto de las personas privadas de la libertad que se someten a huelgas de hambre, pero son obligadas por el Estado a alimentarse a fin de evitar la inanición. Se concluye que la limitación en la titularidad de los derechos fundamentales hacia las personas privadas de la libertad incide directamente en el condicionamiento de su goce efectivo; cabe destacar que esta tesis jurisprudencial ha sido asumida por parte de tribunales constitucionales; asimismo es el caso colombiano en la posición de garante como mecanismo que faculta al Estado para interrumpir la huelga de hambre de los privados de la libertad cuando su vida se encuentre en inminente riesgo.

Este artículo pretende dar cuenta del estatus de derecho fundamental que posee la salud mental, sus principales posiciones jurídicas y las garantías jurisdiccionales reforzadas con que cuenta. Para ello, se toma como referencia las constituciones de muchos de los países de América Latina. Se realizó una investigación bibliográfica que consistió en la recopilación de información, creación de fichas, sistematización de la información y elaboración de conclusiones. Luego de efectuarla, ha sido posible afirmar que la salud mental sí es un derecho fundamental. A él se le pueden adscribir posiciones jurídicas de defensa y prestacionales, y cuenta con garantías como el amparo y el habeas corpus correctivo. Básicamente se ha concluido que su carácter fundamental se sustenta en su reconocimiento en los textos constitucionales y en su ligamen con la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. Además, admite modos de ejercicio que imponen obligaciones que, de no cumplirse, pueden exigirse en sede constitucional.

Objective: The increase in teleworking due to the COVID-19 pandemic has led to a paradigm shift in the world of work, highlighting the need to carry out an analysis of the rights of the teleworker, since said employment relationship is not regulated in an appropriate manner complete. The current Law 10/2021 offers a balanced regulation of rights and obligations of teleworking, although article 13 of the SW maintains many legal gaps regarding remote work. Methodology: The real protection of the teleworker in Spain will be analyzed, from the point of view of judicial, constitutional and scientific doctrine, the conjugation of the fundamental rights of the teleworker with the power of surveillance and control of the employer, to understand the study of the different points of view regarding the existing regulation and jurisprudence. Results: New technologies have facilitated the organization of tasks within the framework of labor relations, as well as a much more efficient development and execution of productive activity. However, they have also helped to expand the vigilance that the employer has with respect to its workers, with the disciplinary consequences that this may entail, as the different jurisdictional bodies have been delimiting through the weighting of the legal assets at stake. Contribution: The inviolability of the home, the right to privacy of the teleworker and their communications, or the confrontation of rights between the worker and the employer constitute the main new challenges, in which any measure must comply with the provisions of the regulations, in the regulations of collective agreements and under the criteria of suitability, necessity and proportionality.

El alcance del principio de la interdicción de los poderes públicos es una de las cuestiones esenciales para la comprensión del Estado de derecho. En el caso del ejercicio de la potestad jurisdiccional, la imparcialidad de los tribunales deviene esencial, y la reflexión acerca de su práctica actual resulta de interés para la valoración de la calidad democrática de un sistema político.

Este artículo tiene por objetivo analizar los fundamentos legales de la potestad sancionadora de la Administrativa pública en Cuba, desde la perspectiva constitucional y desde las diferentes disposiciones jurídicas sectoriales que regulan contravenciones e infracciones administrativas. La metodología empleada para su desarrollo se basó en la utilización de los métodos específicos de las investigaciones jurídicas, esto es, jurídico-doctrinal y análisis jurídico. En este sentido, en su contenido se aborda lo concerniente a la definición conceptual de esta potestad administrativa; se alude al tratamiento que a partir de los diferentes textos constitucionales que han regido en nuestro país y de las disímiles normas contravencionales que actualmente se encuentran vigentes, se ha dado a esta institución jurídico administrativa; y conjuntamente con ello, se establecen algunas consideraciones en aras de lograr su adecuada regulación desde la perspectiva constitucional. La principal conclusión a la cual se arriba es que en Cuba la potestad sancionadora de la administración pública no se fundamenta en un único texto normativo, sino que su fundamento ha de encontrase en disposiciones jurídicas de diferente rango (Constitución, leyes, decretos leyes y decretos).

El presente trabajo aborda los antecedentes de la casación penal, sus componentes teleológicos y la reforma constitucional de 1991 en Colombia. Esto con el fin de proponer, desde un enfoque constitucional, un control efectivo de las sentencias de segunda instancia que permita superar la clásica función nomofiláctica extrapolada del otrora Estado liberal surgido de la Revolución francesa sin propiciar una tercera instancia. Para desarrollar el problema de investigación, se adelantó un riguroso estudio documental, al que se le aplicó un método descriptivo y analítico a partir de los antecedentes de la casación y su naturaleza jurídico-política, los fundamentos teleológicos del recurso y su relación con el ideal de justicia que propugna el actual Estado constitucional de derecho. El estudio muestra que la función nomofiláctica de la casación cede ante la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las partes, la reparación de los agravios infligidos y la búsqueda de un orden democrático justo. Por consiguiente, en la nueva filosofía del Estado colombiano, la casación está llamada a controlar los equívocos e inequidades de los jueces más allá de las arraigadas concepciones dogmáticas del recurso extraordinario.

En este documento se muestran las relaciones de precedencia condicionadas identificadas en la jurisprudencia constitucional cuando se presentan colisiones entre los derechos fundamentales libertad de expresión, honra y buen nombre por posibles afectaciones derivadas del ejercicio periodístico. Al analizar estos casos concretos, resulta evidente que para el juzgador, plantear una solución lo menos lesiva posible representa un reto, porque se sitúa en un escenario en donde colisionan derechos jerárquicamente equiparables. Por tal razón, quien juzga debe acudir a la ponderación para determinar cuál principio precederá al otro. Así mismo, se tiene que a pesar del surgimiento reiterado de colisiones entre los derechos que son objeto de estudio, no se puede brindar una solución igualitaria para todas, puesto que los efectos de la ponderación son aplicables a casos concretos. No obstante, a partir de un seguimiento lineal de la jurisprudencia constitucional se ha podido concluir que el mayor o menor grado de veracidad e imparcialidad de la información es un factor determinante para que la balanza se incline hacia un lado u otro.

En aquest treball s'analitzen les respostes jurisprudencials a alguns dels problemes jurídics derivats de l'exercici de la llibertat d'expressió a través d'Internet i les xarxes socials. Partint que les regles que regulen l'exercici de la llibertat d'expressió al ciberespai han de ser similars a les que s'apliquen al món no digital, s'estudien qüestions com la importància del context, l'ús d'enllaços electrònics, els bloquejos en l'accés a Internet o el bloqueig de l'accés d'usuaris a comptes electrònics institucionals, tenint ben present el que s'ha dit per part de tribunals nacionals, com el Tribunal Suprem dels Estats Units i els tribunals constitucionals alemany i espanyol, i internacionals, com el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

El presente artículo glosa la primera sentencia del Tribunal Constitucional español que resuelve un recurso de amparo de un Diputado no adscrito por los derechos y facultades que se le habían atribuido, en cuanto tal, en un Parlamento autonómico, y pone en relación su situación jurídica con las soluciones que los Reglamentos de las Cámaras y la legislación tratan de dar a la desafección ideológica y al fenómeno del transfuguismo, como anomalía de la relación de representación política.

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un reto para el Estado de derecho. La aplicación del Derecho de excepción regulado en la Constitución ha introducido restricciones a los derechos fundamentales a fin de proteger la salud de los ciudadanos. En este estudio se examinan el alcance y los límites del estado de alarma en España, como una de las tres modalidades de Derecho de excepción previstas en la Constitución y la Ley Orgánica 4/1981, que permite afrontar el reto de la pandemia sin que sea necesaria la suspensión de derechos fundamentales. Desde esta perspectiva se analiza el impacto de las medidas de excepción adoptadas por el Gobierno sobre el ejercicio de algunos derechos fundamentales y la respuesta judicial a los recursos presentados por los ciudadanos, en especial respecto a la libertad de circulación y el derecho de manifestación, además de la libertad de expresión especialmente a través de las redes sociales, y la garantía del derecho de habeas data. En todos estos casos se examina la aplicación del test de proporcionalidad para evaluar el ejercicio y los límites del poder público en la aplicación de las medidas destinadas a garantizar la sanidad pública y su incidencia sobre estos derechos fundamentales.

Informe sobre les actuacions relatives a la COVID-19 a Polònia.

Informe sobre les actuacions relatives a la COVID-19 a Mèxic.

El trabajo infantil es una de las principales lacras actuales de la humanidad. El artículo, de tenor descriptivo, presenta los inicios históricos de las denuncias acerca de este problema, el desarrollo de los instrumentos de regulación internacional, las iniciativas de la Comunidad internacional para combatir el trabajo infantil, y las aportaciones del Magisterio pontificio acerca del tema.

La lluita contra la pandèmia, que fins ara ha tingut èxit a Alemanya, ha donat lloc a una restricció sense precedents dels drets fonamentals. No obstant això, aquestes restriccions sempre han seguit els requisits i els límits establerts a la Constitució, respectant el principi de proporcionalitat i l'essència dels drets fonamentals. La suspensió dels drets fonamentals és desconeguda per la Constitució, la llei fonamental. La gestió de l'emergència sanitària es va basar essencialment en la llei federal ordinària de protecció contra les infeccions. Els reglaments dels Estats membres de la Federació, que establien les mesures essencials, es basaven en això. La revisió judicial de totes les restriccions va ser possible sense impediments. Fins ara, la jurisprudència només ha fet correccions en alguns pocs casos. Els requisits de l'Estat de dret s'han mantingut incòlumes. L'estructura federalista a Alemanya ha fet necessari coordinar les mesures preses pels governs dels Estats membres. Això ha dut a una pluralitat de mesures que, no obstant, es justifica sobre la base del principi de proporcionalitat.

Por medio del método de análisis jurisprudencial constitucional se puede afirmar que a partir de la Sentencia C-108 de 1994, existe el precedente constitucional que reconoce de manera reiterada la competencia de la Corte Constitucional colombiana para realizar, por medio de la acción de inconstitucionalidad, el control abstracto de constitucionalidad de las omisiones legislativas relativas, competencia que de manera progresiva, ha ampliado su margen de fiscalización y ha permitido que el control de constitucionalidad no se restrinja exclusivamente a escenarios constitucionales de vulneración del principio de igualdad, sino que también se realice a cualquier desarrollo legislativo incompleto que resulte incompatible con la Constitución. Por esta razón, una vez analizado este precedente constitucional, se propone y entiende la inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa como la falta de desarrollo legislativo oportuno de la Constitución, que se verifica en el incumplimiento parcial de un deber constitucional concreto y vinculante de legislar, el cual se deriva de la interpretación sistemática y evolutiva de una disposición legal discriminatoria, deficiente o incompleta que produce la vulneración del principio de igualdad, la transgresión del derecho al debido proceso u otra garantía constitucional fundamental; restringiendo o dificultando la exigibilidad, la aplicación directa y la eficacia material de la Constitución.

La incidència de la intel·ligència artificial i l'ús dels algoritmes en molts àmbits públics impliquen una relació frontal amb els sistemes democràtics. Així, ja sigui des d'un punt de vista individual, ja sigui des de l'actuació de les administracions públiques, els algoritmes incideixen de manera directa en la vida de les persones. Davant d'aquesta situació, analitzada des d'un prisma polític i jurídic, cal indicar els problemes que poden derivar d'aquesta millora en l'eficiència de les actuacions en l'àmbit públic, principalment per la incidència que poden tenir respecte els drets fonamentals, relacionant especialment aquest progrés tecnològic amb la pèrdua de llibertat i la dificultat de complir amb el principi de transparència de les administracions públiques.

L'exercici d'un dret fonamental no pot ser objecte de sanció (des de l'STC 11/1981) ni laboral, ni administrativa, ni penal. La dimensió objectiva dels drets fonamentals imposa als poders públics l'obligació de tenir present el seu contingut constitucional. L'STS 459/2019 no desenvolupa cap esforç hermenèutic en aquest sentit. És més, el seu punt de partida se situa en l'oposat i fa encaixar de forma directa conductes en tipus delictius, sense qüestionar-se si podien estar emparades per un dret fonamental. Tal desenteniment és clar respecte tres condemnats les conductes dels quals encaixen en el contingut de dos drets fonamentals: en el dret a l'exercici de càrrec públic lliure d'ingerències (Carme Forcadell); i en el dret de reunió (Jordi Cuixart i Jordi Sànchez). A més, la sentència incorre en una interpretació extensiva in malam partem del delicte de sedició que condueix a una imprevisibilitat de la condemna, proscrita a l'article 25.1 de la CE.

El presente trabajo busca iluminar algunos aspectos del debate sobre la caracterización de los principios jurídicos y sobre sus diferencias con las reglas. Específicamente, se propondrá distinguir los distintos tipos de principios y lo que los diferencia de las reglas principalmente con base en las funciones que cumplen en el derecho. Para ello, se diferenciará entre la función de guía y la de fundamentación que cumplen los principios. A partir de dicha distinción, se advertirá que el intento de caracterizar a los principios por el modo particular con que guían la conducta tampoco parece el más adecuado. En cambio, se buscará mostrar que los distintos tipos de preceptos denominados “principios” ejercen una particular función de fundamentación del razonamiento jurídico.

El presente artículo aborda el problema de la colisión de derechos fundamentales con relación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable en procedimientos tributarios, postulando, como mecanismo de solución, la posibilidad de que el juez prescinda de la ley inconstitucional y sea leal a la Constitución y al derecho internacional en la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, el trabajo comenzará con el análisis de mecanismos efectivos de tutela, como derecho fundamental en sí mismo, y su relación con el derecho tributario material en procedimientos tributarios. Luego, se estudiarán casos de colisión normativa con relación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, para finalizar con propuestas de mecanismos de solución, considerando la praxis en sentencias relevantes de tribunales chilenos. La metodología que se seguirá en esta investigación es aquella propia de las ciencias jurídicas, que se traduce en el estudio de la norma jurídica tributaria y sus fundamentos ideológicos, considerando, asimismo, las tres dimensiones de la dogmática jurídica propuesta por Alexy.

Los modelos más relevantes según la doctrina especializada en argumentación constitucional para resolver conflictos y asignar significado a los Derechos Fundamentales son la teoría del contenido esencial y el modelo de la ponderación. Para el primer modelo, la concreción de normas de Derechos Fundamentales proviene de una determinación previa, asignada por el legislador, en tanto que el segundo modelo defiende una postura a través de la cual la concreción de un derecho fundamental proviene de los límites externos cuando éstos se encuentran en conflicto con otros, en aras de su plena realización. Nuestro objetivo consiste en demostrar que a pesar de que existe una aparente dicotomía entre ambos, éstos se complementan, cuando el juez asigna significado y concreta la deontología contenida en las Cartas Constitucionales. The most relevant models to resolve conflicts and assign a meaning to Fundamental Rights are, according to specialized doctrine on constitutional argumentation, the theory of essential content and the balancing test. For the first model, the concretion of Fundamental Rights norms comes from a previous determination, assigned by the legislator, while the second model defends a position in which the concretion of a fundamental right comes from external limits when these are in conflict with other rights, for the sake of its full completion. This paper intends to prove that, in spite of an apparent antithesis between both, nonetheless these models complement each other when judges assign meaning through the deontology contained in Constitutions. Available from: https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1042

El presente escrito pretende analizar las implicaciones jurídicas de los programas de cumplimiento o compliance en la garantía de los derechos constitucionales fundamentales en Colombia. Analizando en un primer momento aspectos generales e ideas aproximadoras al entendimiento de la Constitución Económica, la libertad de empresa y el Estado Social de Derecho, seguido de los programas de cumplimiento en sentido estricto y finalmente su relación con los derechos fundamentales en el marco de su garantía. El trabajo concluye que la idea de la utilidad económica constituye un fundamento para la violación de los derechos fundamentales haciendo necesario la inclusión de criterios éticos y morales sobre los comportamientos empresarias con base en postulados constitucionales.

En octubre de 2018, Rumanía celebró un referéndum sobre la prohibición constitucional de los matrimonios del mismo sexo, que había sido previamente respaldada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. La convocatoria de la consulta hizo aflorar las ya habituales críticas hacia la institución referendaria, haciéndose hincapié en la inconveniencia de su empleo para dirimir cuestiones relativas a los derechos e intereses de grupos sociales vulnerables. El presente trabajo analiza, a la luz de la experiencia rumana, estas críticas, exponiéndolas a las contradicciones e interrogantes que generan cuando son planteadas sin mayor precisión. Se intenta, así pues, comparar las virtudes del foro parlamentario y el referéndum como instrumentos de decisión, y se insiste en la necesidad de especificar el tipo concreto de consulta popular empleada en cada caso. Finalmente, se argumenta la conveniencia de preservar los referendos como cauce decisivo en el procedimiento de reforma constitucional, subrayando las complicaciones que sin embargo puede ofrecer de cara a su ulterior revisión jurisdiccional.

El estudio lleva a cabo una aproximación a la ética de la inteligencia artificial. En primer término, se hace una recopilación de la proclamación de la misma y de su necesidad en los diferentes documentos de referencia internacional, aunque el análisis se centra especialmente en los múltiples focos de atención en la Unión Europea. Es precisamente en la UE donde se apuesta por una ética confiable de la IA en el diseño y made in Europe, para posicionarse frente a Estados Unidos y especialmente China, que no conceden importancia a la cuestión. Primero, se describe el contenido de la ética de la IA y sus principios esenciales a partir de la dignidad y los derechos; segundo, se exponen los cinco principios básicos destilados de las declaraciones internacionales (beneficencia y no maleficencia, justicia, libertad y autonomía o acción humana frente a la autonomía artificial y explicabilidad y transparencia). Tercero, se recogen otros principios básicos y que derivan de exigencias de empatía con los humanos. Desde una perspectiva algo escéptica se argumentan las potenciales utilidades de la ética de la IA para el derecho: se considera que resulta un instrumento especialmente preventivo y que bien puede desarrollarse una gobernanza ética de la IA, siguiendo el ejemplo de las políticas y marcos de la ética pública y la integridad institucional. Se afirman las fases a seguir al respecto. Se detalla la oportunidad y el contenido básico de códigos de conducta y comités y otros sistemas de control. Se concluye con una llamada al diseño de algoritmos como guardianes del cumplimiento normativo y de la ética de la IA.

En este artículo se analizan las repercusiones de la inteligencia artificial en el derecho y los derechos fundamentales. Frente a visiones negativas, reactivas o catastrofistas se propone un enfoque basado en el cumplimiento normativo desde el diseño inspirado en la metodología de la protección de datos desde el diseño y por defecto.

El Estado mantiene su seguridad a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, institución que vela por la protección de la ciudadanía. Para ello, cualquier normativa de orden público y seguridad ciudadana ha de recoger infracciones relativas a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y así lo hizo, en 2015, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Pero el aumento de este tipo de infracciones relacionadas con las fuerzas de seguridad nos puede hacer pensar si alguna de ellas podría sobrepasar los límites de los principios básicos sancionadores y si podría haber una injerencia desproporcionada de los poderes públicos en nuestros derechos fundamentales y libertades públicas. Un régimen de infracciones y sanciones que podría no ser acorde con la jurisprudencia y doctrina del TC y del TEDH y que podría dar lugar a situaciones desproporcionadas de arbitrariedad.

Muchas veces se ha dicho que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental y, ciertamente, lo es. En este trabajo nos interrogamos sobre aquello que otorga jurídicamente la nota de la fundamentalidad a tal derecho desde una doble perspectiva: doctrinal y normativa. El derecho a la vivienda, efectivamente, puede asociarse a dimensiones tales como la igualdad real, el normal ejercicio de la ciudadanía, la autonomía y la dignidad de la persona. Estas aristas se encuentran en textos normativos y en la jurisprudencia en todos los niveles.

Una de las construcciones jurídicas que ha tenido mayor evolución, divergencias conceptuales y de contenido, ha sido y es la del Servicio Público, principalmente por su particular inclusión en las teorías sobre el Estado pero también por su alcance como herramienta de garantía de los derechos humanos, dada la evolución operada por el Derecho Administrativo y la generación de espacios de convergencia normativa que exigen respuestas distintas de las ensayadas en el siglo pasado. En este artículo se abordará someramente la transformación de la noción de Servicio Público desde la óptica de los derechos fundamentales, su inclusión en tipologías elaboradas por la doctrina y las implicancias de una esquematización que, al influjo de los desarrollos convencionales que forman parte del bloque de juridicidad existente y la interpretación doctrinaria, decante en una propuesta relacionada íntimamente con la aplicación –en este campo- del principio de actuación conjunta como técnica de garantía de las prerrogativas comprometidas en la figura analizada, encontrándose aquí un terreno fértil para el desarrollo de tal precepto.

El objetivo del presente trabajo es abordar las consecuencias en la discrecionalidad del Estado de la exigibilidad de los derechos fundamentales, sobre todo en relación a aquellos que requieren un conjunto de prestaciones positivas. El artículo se centra en dos de estas consecuencias. La primera, referente a la posibilidad de exigir estos derechos judicialmente, en la cual se concluye que sin perjuicios de las dificultades que conlleva, es necesario que, en determinados supuestos de violación de mínimos existenciales de derechos o mínimos vitales, se permita su demandabilidad por tratarse de conceptos jurídicos indeterminados. La segunda, defiende la necesidad de una reforma de la Administración que sea lo suficientemente eficiente para cumplir y satisfacer los derechos a los que se ha comprometido.

En el presente trabajo se exponen la evolución histórica y los rasgos básicos de la vigente regulación española del derecho de acceso a la información pública, así como el alcance real que dicho derecho presenta en su aplicación práctica, poniendo como ejemplo la doctrina establecida en sus dos primeros años de funcionamiento por la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), la autoridad independiente que vela por el cumplimiento del derecho de acceso en Cataluña. Podrá constatarse cómo se ha producido, en España, en los últimos años, un auténtico cambio de paradigma en esta materia, pasándose de un derecho puramente nominal y de escasa aplicación práctica a un derecho de acceso vigoroso, efectivo y dotado de un enorme potencial de futuro, tan o más amplio que el reconocido por otros ordenamientos que antes se contemplaban con envidia. Se comprobará también cómo la actual fuerza expansiva del derecho general de acceso está repercutiendo en instituciones surgidas mucho antes en el tiempo, y de una naturaleza supuestamente distinta, como el tradicional derecho de acceso de los interesados al expediente. Y cómo su actual configuración legal comporta, paradójicamente, que posea un alcance mayor del que le correspondería si se le reconociera la naturaleza de derecho fundamental, en los términos establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El poder de policía es un tema bastante polémico dentro del Derecho Administrativo. Se refiere no sólo a cómo la Administración Pública debe portarse ante los administrados, sino también refleja una posición ideológica que el Estado adopta en el ejercicio de sus potestades. Además, su proximidad con otros problemáticos temas como la discrecionalidad administrativa vuelve aún más difícil su exposición doctrinal. Por medio de una lectura a partir de los cánones del neoconstitucionalismo, se debate la aplicación del poder de policía ante los derechos fundamentales y los principios constitucionales, resultando en breves aportes sobre la utilización de la técnica de ponderación de principios, que pueden colidir en un caso concreto, de modo que la Administración Pública no los viole cuando ejerza su poder de policía. Al final, se subraya el perfil ideológico del debate, así como la importancia de un nuevo encaje del poder de policía en la Ciencia del Derecho.

El documento contiene un análisis crítico sobre la realidad contemporánea de México, en la tutela de derechos humanos. Se sostiene que existe una crisis de derechos humanos en el país, al margen del régimen jurídico vigente, que resulta ejemplar. Para demostrar la hipótesis, se exponen las bondades del ordenamiento mexicano, explicando los principales aspectos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y analizando los distintos mecanismos de tutela que operan (o que deberían operar) en el país. La crítica central se realiza contrastando el régimen jurídico con la realidad que le subyace. La exposición que se realiza sobre la situación actual de los derechos humanos, es resultado de la investigación realizada con fuentes nacionales y extranjeras, sobre los últimos sucesos de violaciones de derechos humanos. Finalmente, se afirma que el reto en la tutela de los derechos humanos va más allá de lo jurídico, para ubicarse en el plano de lo político y lo sociológico, pues se sostiene que la crisis no se resolverá modificando el régimen jurídico vigente, sino aplicándolo.

A pesar de que tradicionalmente ha existido y se ha desarrollado un modelo de control difuso de constitucionalidad, la evolución de la justicia constitucional en los últimos cincuenta años en Brasil se ha destacado por una progresiva expansión de instrumentos que atribuyen directamente a la Suprema Corte la función de admitir y decidir sobre la contradicción entre las leyes y la Constitución. Lo que empezó como una forma de controlar el sistema federativo durante el régimen militar en los años 1960, ha ganado una fuerte dimensión institucional en el modelo constitucional brasileño, en general bajo el discurso de que la concentración de la justicia constitucional en el Supremo Tribunal Federal sirve para tornar más efectivos los derechos fundamentales de los ciudadanos. A partir de los datos recogidos en la investigación “A quem interessa o controle concentrado de constitucionalidade?” y del repaso sobre la historia del modelo de justicia constitucional del país, incluso durante el proceso constituyente entre 1986 y 1988, este artículo intenta hacer una demostración de varios problemas que se han desarrollado en la práctica del control de constitucionalidad hacia la perspectiva de la efectividad de los derechos fundamentales en Brasil.

Aquest treball té per objecte l'estudi del control de convencionalitat i l'aplicació judicial dels drets fonamentals de la Unió Europea. Partint de l'obertura dels drets humans al dret internacional, característica de l'estat constitucional internacionalment integrat, s'analitza el recurs pels jutges nacionals dels instruments de protecció de drets fonamentals. En particular, s'estudia com els jutges poden aplicar els drets fonamentals de la Unió Europea, així com les qüestions que hi estan relacionades, com ara l'estàndard de protecció dels drets en cas de disconformitat entre el contingut fonamental protegit a l’ordenament de la Unió i a la Constitució.

En este trabajo se analizan las causas que producen una interacción entre varias vulnerabilidades y el (no)acceso al derecho a la salud reconocido en el artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con una mayor repercusión en los efectos adversos del cambio climático, como consecuencia de la crisi económica sufrida por Europa en los últimos años.