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La cláusula del Estado social ha sido interpretada desde las coordenadas del pensamiento único, estático y unilateral, precisándose nuevos enfoques más humanos en consonancia con la centralidad y capitalidad del principio de la suprema dignidad del ser humano. En este sentido, se estudia el concepto de los derechos fundamentales de la persona en sus versiones individuales y sociales planteando la conveniencia del uso del concepto de la libertad solidaria.

La cláusula del Estado social ha sido interpretada desde las coordenadas del pensamiento único, estático y unilateral, precisándose nuevos enfoques más humanos en consonancia con la centralidad y capitalidad del principio de la suprema dignidad del ser humano. En este sentido, se estudia el concepto de los derechos fundamentales de la persona en sus versiones individuales y sociales planteando la conveniencia del uso del concepto de la libertad solidaria.

El artículo tiene como objeto la cuestión de la organización territorial del Estado español a la luz de la Constitución Española de 1978. El estudio examina, de una parte, la contestación que desde determinados nacionalismos se hace al ordenamiento constitucional vigente y, de otra, las lecturas distintas del texto constitucional que conducen a la negación de concepciones que el constituyente consideró fundantes del mismo orden constitucional. La cuestión principal analizada es el perfil de Estado autonómico diseñado en la Constitución Española.

La consideración central del ciudadano en las modernas construcciones del Derecho Administrativo y la Administración pública proporciona el argumento medular para comprender en su cabal sentido el nuevo derecho fundamental a la buena administración señalado en el proyecto de la Constitución europea (artículo II-101), de acuerdo con el artículo 41 de la Carta Europea de los derechos fundamentales. El fundamento reside en intentar construir una concepción más justa y humana del poder, que cómo consecuencia del derecho de los ciudadanos a gobiernos y administraciones adecuados, se erijan en instrumentos idóneos al servicio objetivo del interés general, tal y como establece categóricamente el artículo 103 de la Constitución española.

El artículo tiene el objetivo de examinar las características que la Constitución Española de 1978 confiere al tema de la ética pública, analizando los dispositivos constitucionales relacionados a la regulación ético-jurídica de la Administración Pública en España.

El autor parte de la Constitución Española para recuperar el concepto de interés general que debe caracterizar a un Estado social y democrático de Derecho. En este sentido define la Ética Pública como la ciencia que estudia el comportamiento de las personas al servicio de los poderes públicos de acuerdo con el interés general. Tras la reflexión ética sobre el mundo de los negocios y la empresa privada, a finales de los años setenta se ha comenzado a aplicar dicha reflexión ética a la Administración Pública. El autor ofrece unos principios que pueden orientar la Ética de la Administración Pública o Ética Pública. Estos principios tienen en cuenta por un lado la Ética del funcionario público y por otro la Ética de la función pública.