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La potestad anulatoria de la Administración Pública es uno de los temas que más atención capta en la doctrina administrativista argentina. No obstante, este asunto ha sido abordado fundamentalmente desde un enfoque jurídico-dogmático sin que a la par se hayan elaborado estudios empíricos sobre la cuestión. Este último tipo de enfoque, sin embargo, reviste interés puesto que permitiría indagar, entre otros puntos, acerca de qué tan frecuente se anulan actos administrativos, sobré qué asuntos versan mayormente los actos anulados, quiénes son los más afectados por la anulación y qué procedimientos se aplican en la práctica. En este trabajo, se realiza una aproximación empírica a la actividad anulatoria, comprendiendo en este examen a las anulaciones de oficio, las acciones judiciales de lesividad y las instadas por recursos administrativos. A este fin, siguiendo una metodología que se detalla, se presentan y analizan los resultados de 18 pedidos de acceso a información pública formulados a los ministerios de la Administración Pública Nacional existentes al finalizar el período 2022. El trabajo también distingue las anulaciones según el tema que versaron y revisa el procedimiento aplicado de acuerdo a lo indicado en los actos anulatorios. En un último punto, se discuten las implicancias de los resultados.

El objeto de este trabajo es identificar al acto administrativo y sus elementos esenciales y cómo éstos pueden identificar un fundamento constitucional, de tal forma, que cuando se aplican los diversos mecanismos de control constitucional en el derecho mexicano, encontramos la forma en la cual se ejerce el control constitucional de los actos administrativos, más allá del llamado control de la legalidad administrativa y, cómo es que dichos controles constitucionales se desenvuelven ante la autoridad administrativa, la autoridad jurisdiccional o el juez judicial.

La definición clásica de acto administrativo implica una expresión de voluntad de la Administración que surte o busca surtir efectos jurídicos, y en esta medida los criterios de unilateralidad y discrecionalidad han primado en la naturaleza de los mismos; sin embargo, en la presente investigación, se hacen nuevos planteamientos sobre dicha naturaleza, a partir de la inexistencia de discrecionalidad administrativa, con el fin de establecer un criterio adecuado en la definición y naturaleza jurídica del acto administrativo. El artículo contiene reflexiones y argumentaciones desde la doctrina, la jurisprudencia y la legislación colombina, pero con un criterio de derecho comparado, que permite un adecuado análisis del tema.

El artículo muestra, desde una faceta específica, una evidencia concreta de la constitucionalización del derecho administrativo colombiano. Para ello expone de manera sistemática la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre la procedencia de la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales frente a su vulneración por la expedición de actos administrativos. El análisis efectuado llevó a identificar dos categorías de decisiones (i) la improcedencia de la tutela como regla general y (ii) la procedencia excepcional en tres tipos de casos: la causación de un perjuicio irremediable y su otorgamiento como mecanismo transitorio de protección del derecho, la causación de un perjuicio irremediable y su otorgamiento como mecanismo definitivo de protección del derecho y el otorgamiento de la tutela por ineficacia del medio ordinario de control.