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El derecho a la vivienda es uno de esos derechos que en las últimas décadas han demostrado su esencialidad en el Estado social y democrático de derecho. A pesar de su relevancia política, social y económica y de su reconocimiento multinivel (internacional más las múltiples normas autonómicas sobre vivienda y, hoy, estatal, con la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda), no hay correspondencia con una política de realización efectiva de este derecho, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 47. Sobre la primera ley estatal por el derecho a la vivienda se plantean múltiples temas, siendo la cuestión competencial un asunto de sumo interés. En el presente trabajo, partiendo del reconocimiento de la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de vivienda, se estudia la incidencia que tienen ciertos títulos competenciales transversales del Estado sobre aquella, y su reflejo en el referido texto legal a la luz de la jurisprudencia constitucional recaída sobre la distribución competencial en materia de vivienda. Asimismo, especial atención merece el desplazamiento del uso de vivienda a otros mercados alternativos, como es la vivienda turística, que, aunque no trata la ley de vivienda de 2023, está íntimamente ligada a toda esta problemática que suscita la regulación estatal.