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El presente trabajo realiza un balance de la regulación catalana de los límites del derecho de acceso a los diez años de su aprobación. En el mismo se exponen las líneas maestras de la interpretación casuística efectuada por la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), en las más de siete mil resoluciones que ha dictado desde 2015, y por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se concluye que las divergencias existentes entre la regulación catalana y la básica estatal no han planteado hasta la fecha conflictos relevantes, que los límites al derecho de acceso y sus criterios de aplicación restrictiva son adecuados y llevan en muy pocas ocasiones (comparativamente) a desestimar las solicitudes de información pública que reciben las Administraciones catalanas, que el legislador catalán no puede añadir límites nuevos tras la entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa de Acceso a los Documentos Públicos (aunque sí precisar supuestos de confidencialidad que encajen en los existentes), y que resulta mucho más necesario modificar otros aspectos de la regulación del derecho de acceso de la Ley 19/2014 que la parte relativa a los límites.

En el presente trabajo se exponen la evolución histórica y los rasgos básicos de la vigente regulación española del derecho de acceso a la información pública, así como el alcance real que dicho derecho presenta en su aplicación práctica, poniendo como ejemplo la doctrina establecida en sus dos primeros años de funcionamiento por la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), la autoridad independiente que vela por el cumplimiento del derecho de acceso en Cataluña. Podrá constatarse cómo se ha producido, en España, en los últimos años, un auténtico cambio de paradigma en esta materia, pasándose de un derecho puramente nominal y de escasa aplicación práctica a un derecho de acceso vigoroso, efectivo y dotado de un enorme potencial de futuro, tan o más amplio que el reconocido por otros ordenamientos que antes se contemplaban con envidia. Se comprobará también cómo la actual fuerza expansiva del derecho general de acceso está repercutiendo en instituciones surgidas mucho antes en el tiempo, y de una naturaleza supuestamente distinta, como el tradicional derecho de acceso de los interesados al expediente. Y cómo su actual configuración legal comporta, paradójicamente, que posea un alcance mayor del que le correspondería si se le reconociera la naturaleza de derecho fundamental, en los términos establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Aquest estudi se centra en l'anàlisi de la Llei d'accés als documents públics i de protecció de les dades personals de Quebec, aprovada el 1982. En primer lloc, s'examina l'objecte de la Llei i els principis fonamentals que la inspiren, així com l’àmbit d'aplicació. Posteriorment, se centra en la regulació específica del dret d'accés i en el règim d'excepcions i restriccions previst, també en el disseny del procediment d'accés. A continuació, s'estudien, amb especial atenció, els mecanismes de protecció del dret que preveu la norma, i es presta una atenció especial al règim de la Comissió d'Accés a la Informació. Aquesta anàlisi conclou amb unes consideracions sobre l'exemple que pot suposar el sistema de garantia del dret d'accés a Quebec per a les comunitats autònomes (CCAA). Actualment, aquesta reflexió sembla oportuna perquè diverses CCAA, entre elles Catalunya, estan elaborant normes de desenvolupament de la Llei 19/2013, 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.