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A partir de 2008, la Constitución ecuatoriana introdujo cambios en el diseño institucional de las garantías jurisdiccionales. El presente trabajo se enfoca en la acción de protección (AP), cuyo objeto es la tutela de la plena vigencia de los derechos constitucionales, frente a posibles actuaciones u omisiones de autoridades públicas no jurisdiccionales o particulares. Ante la ausencia de investigación de carácter empírico, este estudio evalúa el desempeño de la AP como garantía constitucional de los derechos, a través del análisis cuantitativo de una base de datos original. En efecto, se examina el funcionamiento de dicha garantía en la ciudad de Quito, abarcando los fallos emitidos en las judicaturas de primera y segunda instancia, entre noviembre de 2008 y junio de 2014. Posteriormente, se identifican y describen variables e indicadores que explican ciertos patrones en la resolución de la AP. Los resultados evidencian el rendimiento limitado de la acción estudiada en materia de protección y reparación de derechos fundamentales, principalmente cuando se interpone en contra del Estado.