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El artículo tiene como objetivo visibilizar la importancia de potenciar los poderes probatorios del juez en un medio de control constitucional, como lo es el juicio de amparo en México, en específico el relativo a la incorporación oficiosa de pruebas, en aras de fortalecer la averiguación de la verdad en el proceso. Así mismo, se pretende mostrar la insuficiencia de algunos argumentos que han obstaculizado el otorgamiento o el ejercicio de los poderes probatorios: la pérdida de imparcialidad judicial y la violación al principio de aportación de parte. Se advierte que dicho poder se prevé en la Ley de Amparo en supuestos limitados y que se tiene que recurrir a la codificación civil supletoria para regular su ejercicio, cuyo texto, en la práctica, restringe el principio de contradicción, en detrimento del derecho de defensa de las partes, por lo que es necesaria una reforma que subsane tales deficiencias e imponga límites a su actuación.