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Aquí se muestra la inconvencionalidad del literal e del artículo 53 de la Ley 137 de 1994, por el cual en los procesos disciplinarios tramitados por incumplir los deberes funcionales previstos en la legalidad de excepción se concede en el efecto devolutivo la apelación del fallo sancionatorio de primera instancia que restringe los derechos políticos. Ejecutar las sanciones disciplinarias sin que antes el superior resuelva los argumentos resulta contrario a la doble conformidad y al principio de intangibilidad, previstos en los artículos 8.2 literal h y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se plantean soluciones para superar esta irregularidad.

Se hace una evaluación histórica de la evolución del derecho sancionador en Colombia y de su naturaleza de supervisión estatal-final/privada, de la línea jurisprudencial maestra de la jurisprudencia constitucional sobre las especies de aquel, de las propuestas sobre una concepción sui generis del derecho disciplinario, sus expresiones como subespecies, sus líneas constitucionales de configuración como público, mixto o delegado y privado en un marco de la paradoja público/privado derecho nacional/derecho internacional, como respuestas a las críticas de un muy importante sector de la doctrina administrativista.

El derecho disciplinario se compone de un conjunto de normas jurídicas sustantivas y procedimentales que tienen como finalidad determinar ciertos actos objeto de reproche, previendo las sanciones que se pueden imponer a un conjunto de personas a través de un procedimiento especializado. Como derecho sancionador se compone de tipos que determinan los hechos y la sanción respectiva, con la peculiaridad que en asuntos disciplinarios estos poseen una estructura flexible. Este artículo plantea y concluye que los tipos en blanco pueden resultar atentatorios del debido proceso. El escrito comienza dando cuenta de la naturaleza del derecho disciplinario, luego aborda el tema del tipo en blanco para pasar a relacionarlo con el conflicto que su aplicación suscita de cara al derecho fundamental al debido proceso.

En este artículo se presenta un análisis sobre la naturaleza del injusto penal y el ilícito disciplinario, conceptualizaciones, características y diferencias; partiendo de la premisa de que el Derecho disciplinario es un área del Derecho sancionador, que guarda independencia del Derecho penal, y en la cual el ilícito disciplinario ostenta una categoría propia y totalmente autónoma, frente a la antijuridicidad material prevista por el Derecho penal. En el artículo se tuvo en cuenta el modelo de Estado vigente en Colombia, la importancia de la Constitución Política, la filosofía del Derecho, la jurisprudencia, así como la notable posición pacífica que la doctrina nacional mantiene sobre la ubicación, fundamentos y efectos del injusto penal en el Derecho penal y del principio de ilicitud sustancial en el Derecho disciplinario.

El Derecho disciplinario ha tenido un importante desarrollo, al punto en que hoy en día se puede hablar de una especie de Derecho sancionador autónoma e independiente, con características y fundamentos propios que la distinguen del Derecho administrativo y del Derecho penal, ramas estas últimas que en anteriores épocas eran su base y soporte. Dicha evolución se ha reflejado predominantemente en las categorías dogmáticas que conforman la estructura de la responsabilidad disciplinaria, aspectos sustanciales que día a día son objeto de los más variados estudios por parte de la doctrina especializada. Pues bien, uno de los temas fundamentales de la responsabilidad disciplinaria que hasta el momento no ha sido tan explorado es el de la imputación objetiva, teoría que ha influido de manera muy profunda en las principales instituciones del Derecho penal. Si bien hoy ya casi nadie duda respecto de las profundas diferencias entre Derecho penal y Derecho disciplinario, ello no significa que esta última rama esté ajena a la doctrina de la imputación objetiva, pues la configuración de algunas faltas disciplinarias exige la presencia de determinados resultados, siendo apenas comprensible que la imputación de ellas no puede limitarse a un enfoque causal y naturalístico, sino, por el contrario y como ocurre con el Derecho penal, con criterios funcionales y normativos. De esa manera, la teoría de la imputación objetiva, aplicada al campo del Derecho disciplinario, servirá para que en cada uno de los casos se demuestre la responsabilidad disciplinaria o su exclusión, respecto de las conductas cometidas por quienes actúan a nombre del Estado.

El valor que ostenta la doctrina constitucional dentro del sistema de fuentes, en el derecho colombiano es incuestionable. No obstante, el hecho de considerar su desconocimiento como falta disciplinaria vuelve indispensable el análisis deesta posición a la luz del principio de legalidad que rige en materia sancionadora administrativa. Así, la finalidad de la investigación es la determinar la legalidad, o no, de la sanción disciplinaria impuesta por el desconocimiento de la doctrinaconstitucional, para, de este modo, ofrecer una posible respuesta a la realidad jurídica que se nos impone.

Este artículo realiza una aproximación histórica al concepto con el propósito de identificar la oportunidad en que surge como categoría jurídica autónoma en el Derecho Administrativo y culminar en los artículos posteriores con la identificación de su impacto en la protección y efectividad de los derechos fundamentales de los servidores públicos de la Fuerza Pública.

En el siguiente artículo de reflexión jurídica, se hace referencia al procedimiento administrativo de la revocatoria directa que necesariamente termina con la expedición de un acto administrativo, el cual se encuentra regulado en el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Sin embargo, la administración goza de prerrogativas como la autotutela donde se permite que ella misma, al adoptar sus decisiones, las pueda hacer cumplir sin la presencia de un juez, hasta el punto que pueda revocar sus propios actos administrativos. No obstante, a pesar de gozar de tal poder, sus decisiones no son absolutas y, por ende, los particulares o quien se sienta afectado por dicha decisión podrá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa que establecerá la legalidad, o no, del acto administrativo con la posibilidad de desvirtuar las presunciones de que este goza y hacerlo desaparecer del mundo jurídico.

En este artículo se analizan, a la luz del ordenamiento jurídico, la doctrina y la jurisprudencia, en qué consiste y cómo el control jurisdiccional de los actos administrativos de carácter disciplinario es ejercido por parte del Consejo de Estado, a fin de comprender cuál es su alcance, cómo considera la valoración probatoria que el operador disciplinario ejerció sobre los procesos de doble instancia, si se da un debate sobre la prueba bajo nuevos parámetros y si este control tiene algún límite. Finalmente, a partir del análisis de casos, es identifican qué fundamentos ha tenido en cuenta el Consejo de Estado para modificar algunas sanciones disciplinarias.

En el presente artículo se estudia la importancia del principio de proporcionalidad en el derecho disciplinario a partir de su aparición en el derecho administrativo sancionador; así como el deber y atención de la autoridad disciplinaria en la imposición de las sanciones de acuerdo con las nuevas tendencias del derecho constitucional, con el desarrollo legal en el derecho disciplinario colombiano y su reconocimiento doctrinario y jurisprudencial, a fin de verificar su incidencia práctica y ubicación en el trámite de un proceso disciplinario al imponerse sanciones. Se analiza la reforma al Código Disciplinario Único, objetada por el Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, a fin de verificar allí la importancia que dio al principio de proporcionalidad.

En el presente artículo se busca determinar las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses de los indígenas como sujetos disciplinables en Colombia; para ello, se hace necesario conocer los alcances jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional colombiana frente a las circunstancias legales mencionadas de los indígenas en materia de Derecho Disciplinario; se busca describir las disposiciones legales en materia disciplinaria sobre los mencionados aspectos que aplican a los indígenas en Colombia y, por último, se pretende establecer la incidencia de la jurisdicción indígena frente al régimen disciplinario en el país.

En este artículo se ofrecen algunas consideraciones frente a las últimas sentencias (de 2010 en adelante) del Consejo de Estado, Sección Segunda, proferidas en ejercicio del control de legalidad de los actos administrativos sancionatorios, expedidos por el juez disciplinario respecto de los sujetos pasivos de la acción disciplinaria, al término de una actuación de la misma naturaleza, con ocasión de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas por estos contra dichos actos. Como se plantea, el máximo órgano de lo contencioso administrativo deja clara una nueva posición jurisprudencial en relación con el alcance y los límites del objeto de examen de las providencias contentivas de sanción disciplinaria impuestas por el funcionario con potestad disciplinaria, distinta a la línea que mantenía, hasta 2009, al resolver estos asuntos, la que permitía su comprensión en términos, ni más ni menos, de una tercera instancia disciplinaria.