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El derecho de los niños a ser oídos y a que su opinión sea debidamente tomada en cuenta constituye un mandato legal que obliga a los jueces de familia a recoger sus deseos y sentimientos en una amplia gama de materias. Sin embargo, ni la Convención de Derechos del Niño ni la legislación nacional establecen cómo poner en práctica este derecho: ¿Quién debe escucharlos? ¿Desde qué edad en adelante? ¿En qué tipo de asuntos? ¿Con o sin presencia de sus padres o adultos significativos? Estas son algunas de las preguntas que surgen frente a esta temática. Dar a conocer los resultados de un estudio empírico que indaga sobre las formas en que la judicatura de familia recupera la voz de los niños, así como las dificultades y desafíos que entraña la aplicación práctica del derecho a ser oído es el objetivo del presente trabajo. The right of the children to be heard and to have their opinion considered properly constitutes a legal mandate that forces family judges to gather their desires and feelings in a wide range of matters. Nevertheless, neither the Convention of Children's Rights nor Chilean national legislation establishes how to put in practice this right: Who should listen to them? From what age forward? In what type of matters? With or without the presence of their parents or other significant adults? These are some of the questions that arise from this subject. This work aims to present the results of an empirical study that investigated the forms in which the family judicature recovers the voice of the children, as well as the difficulties and challenges of the practical application of this right.