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La evolución experimentada por la sociedad española a partir de la promulgación de la Constitución de 1978 ha tenido un claro reflejo en el pensamiento social, principalmente en los roles atribuidos a la mujer, así como en una nueva concepción de la sexualidad, cuyos efectos han irradiado en el Código Penal y en el tratamiento que se ha dispensado al llamado Derecho Penal sexual, motivado principalmente por el desarrollo de las tesis feministas. Es más, la aludida transformación experimentada en España hace cuarenta años se plasmó en una nueva concepción de la mujer, atribuyéndole un nuevo rol, pasando de ser definida por “su condición de cuerpo sexuado y moral virtuosa”, merecedora de una intensa protección penal que no se dispensaba al varón, hasta ser considerada un sujeto con plena capacidad de autodeterminación sexual, con plenos derechos y libertades. De este modo, la libertad sexual deviene en bien jurídico objeto de protección integral que se identifica con la prestación del consentimiento libre, revocable y para unas prácticas concretas. El mutuo acuerdo se establece como marco de libertad y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo como elemento central.

El delito urbanístico ha sido objeto de importantes estudios doctrinales y jurisprudenciales, habiendo dado origen, desde su introducción en el Código Penal, a un amplio debate que va, desde la propia oportunidad o mejor, necesidad de la tipificación de determinadas conductas como delictivas, hasta la aplicación de las consecuencias derivadas del delito, entre las que destaca la demolición, sobre cuya necesidad o no, aún sigue produciéndose una gran polémica jurisprudencial, presentando este tema una gran casuística. Partiendo de la evolución legislativa de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo, la presente monografía se centra en el estudio del bien jurídico protegido, refiriéndose especialmente a la naturaleza de estos delitos, su fundamentación constitucional y las relaciones entre el Derecho Administrativo y el Derecho Penal en este ámbito. La obra va a desarrollar un exhaustivo estudio de la estructura jurídica del delito urbanístico, refiriéndose por separado al tipo básico del 319.2 y al tipo agravado del 319.1. Y así, examinará, sucesivamente, el juicio de antijuridicidad y el juicio de culpabilidad, así como los posibles supuestos de error, y analizando el dolo tanto como referencia típica, como elemento autónomo. Todo ello con abundantes citas doctrinales y jurisprudenciales que plasman el gran debate que aún subsiste. El estudio continúa con el examen detallado de las especiales formas de aparición de estos delitos, así como los temas relativos a la consumación y el posible grado de tentativa, la autoría y participación, su consideración o no como delito continuado, y las posibles relaciones concursales, finalizando con las consecuencias jurídicas del delito, capítulo en que se abordan las distintas penas correspondientes a personas físicas y jurídicas, así como las consecuencias accesorias, y aludiendo, asimismo, al tema de la prescripción. La lectura de esta obra resultará, sin duda, de gran interés no solo para los investigadores que deseen profundizar en los temas desarrollados, sino además para los profesionales, que encontrarán en ella una importante herramienta de trabajo, dada su sólida base doctrinal y jurisprudencial. María José Sánchez Robert es doctora por la Universidad de Granada, disfrutando en la actualidad de un contrato postdoctoral de investigación. Ha participado, como investigadora, en el Proyecto de Investigación “Corrupción política y criminalidad urbanística”, y actualmente colabora en el Proyecto “Variables para una moderna política criminal superadora de la conradicción expansionistas/reduccionistas de la pena de prisión”. Autora de publicaciones doctrinales y jurisprudenciales sobre diversos temas relacionados con el delito urbanístico, materia sobre la que también ha impartido docencia universitaria al alumnado de Derecho. Asimismo, ha realizado estancias en la Ludwig-Maximilians-Universität Juristische Fakultät, en Munich, profundizando en el estudio de los delitos urbanísticos en la legislación alemana.