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La actual formación del jurista en España es deficiente. La causa no está en el desafortunado y casi inviable Plan Bolonia, sino que es anterior, y no se reduce a una. La formación preuniversitaria en humanidades es casi inexistente. Hay un exceso de Facultades de Derecho y de centros que enseñan Derecho, con lo que abunda el profesorado improvisado, y, con ello, la formación del estudiante es con frecuencia superficial, a lo que se suma el poco interés por la carrera. La introducción de unas pruebas nacionales para acceder a la abogacía, en las que tienen un peso excesivo los Colegios de Abogados, no ha remediado la situación.

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En los últimos tiempos, en especial tras la reforma de 2015, raro es el escrito de acusación que, en relación con delitos con contenido de beneficio económico para sus autores, no incluya la imputación de blanqueo, normalmente referida a las modalidades de tenencia, posesión o utilización. La reflexión sobre la infracción del principio non bis in ídem se ha ido extendiendo doctrinalmente y en algunos fallos judiciales aparece el rechazo a la acumulación de calificaciones. Pese a ello, se sigue sosteniendo por muchos que, en la lucha contra la corrupción no se puede prescindir de ese armamento, lo cual no es cierto. La admisibilidad del autoblanqueo ha de ser sometida a muchos condicionantes, y cuestionar severamente si ese instrumento de lucha contra la corrupción no conlleva insalvables contradicciones penales.

La facultad sin Mario. En memoria del Prof. Dr. Mario Ruiz Sanz

Resumen: Los delitos societarios son un grupo de infracciones ubicadas en el Codigo penal espanol que, salvo alguna excepcion, como el delito de impedimento de actuaciones inspectoras, carecen de caracter economico, y tampoco es visible el caracter patrimonial, pues se dirigen exclusivamente a la actividad interna de las sociedades mercantiles, protegiendo los derechos de los socios y exigiendo la correcta actuacion de los administradores. La supresion del delito de administracion fraudulenta ha supuesto una significativa mengua del alcance de estas infracciones. Palabras clave: Sociedad, administrador, apropiacion, informacion contable, abuso, socio, perjuicio. Abstract: Corporate crimes are a group of infractions located in the Spanish Criminal Code that, apart from some exceptions as the crime of impedimento de actuaciones inspectoras , have not an economic nature, nor is its patrimonial character visible, because they are exclusively aimed to the internal activity of commercial companies, protecting the partners´ rights and demanding the managers´ appropriate practice. The abolition of the fraudulent administration crime has led to a significant reduction in the scope of these infractions. Keywords: Company, administrator, appropriation, accounting information, abuse, partner, damage. doi: https://doi.org/10.20318/eunomia.2017.3655

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El autor ha elegido el término derrota para significar el curso que está siguiendo el derecho penal moderno y asumir que los principios que garantizan un adecuado proceso con los que se ha querido rodearlo, saltan hechos añicos en cuanto chocan con lo que se denomina el “problema penal de nuestro tiempo”, vaga etiqueta que acoge a los más variados fenómenos —criminalidad organizada, miedo urbano o inseguridad, movimientos migratorios imparables, desarrollo tecnológico, aumento del riesgo, etc.— que tienen en común algo de la mayor importancia: que frente a esas realidades el discurso del jurista respetuoso con los postulados del estado de derecho social y democrático es tomado como un mero arte cultural que no puede pretender ser una “herramienta” útil en la lucha contra el crimen.

En la misma medida que van cambiando los esquemas de funcionamiento del capitalismo se van renovando los sistemas de enriquecimiento que los teóricos llaman «delictivos» Pero, a difencia de lo que acontece con la «vulgar» delincuencia contra la propiedad, de la que se predica su carácter de desviada y propia de las clases sociales subalternas, y para la que se proponen programas de «recuperación» y «reeducación», la delincuencia «económica» se presenta como parte del propio sistema, insometible a los mismos principios que esta otra, intratable con las mismas penas; la pretensión de abordarla con las mismas armas sólo puede entonces encerrar el inconfeso propósito de tolerarla, lo que no puede extrañar toda vez que sería absurdo esperar que el bloque dominante se volviera contra sus propios miembros, sometiéndoles a un sistema represivo generado para otros. La actual sociedad democrática tiene por eso que plantear una alternativa de política penal para la salvaguarda, al menos, de las mínimas garantías que, en principio, dice defender el «Estado Social de Derecho» recientemente proclamado por la Constitución.