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La gran averiguación catastral puesta en marcha en 1750 e impulsada por el marqués de la Ensenada supuso el primero de los intentos de implantación de la Única Contribución en Castilla. A raíz del postrer esfuerzo del gobierno de Carlos III en tal sentido, con los decretos de 1770, se produjeron graves problemas durante las nuevas operaciones en las localidades, especialmente los relacionados con la falta de personal cualificado al no poder disponer los cabildos de sus propios recursos económicos para afrontar sus retribuciones. La política reformista de control de las finanzas municipales estuvo en el origen de estas dificultades. El análisis del consiguiente conflicto experimentado en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con el enfrentamiento producido entre corregidor, regidores y escribanos de la ciudad, constituye el núcleo del presente trabajo.