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[ES] El presente trabajo pretende llamar la atención sobre la excesiva y creciente penalización de aquellas manifestaciones que han venido a encuadrarse en el denominado “discurso de odio”. Queremos poner el acento en la utilización de este amplísimo y difuso concepto como herramienta al servicio de las instituciones públicas que puedan tener la tentación de utilizarlo para acallar las opiniones disidentes o meramente molestas. También queremos analizar la reforma del art. 510 CP que la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo trajo consigo y que, junto con la Circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado sobre pautas para interpretar los delitos de incitación al odio tipificados en el art. 510 CP, supuso una excesiva extensión de los sujetos pasivos del delito, con la consiguiente restricción del derecho a la libertad de expresión que ello puede implicar. Por último, intentaremos concretar lo que el discurso de odio engloba y lo que queda fuera de él y, por tanto, supone una excesiva e incluso contradictoria penalización de nuestro Código Penal.