The state of exception is a mechanism applicable to situations that endanger the constitutional order of a given state. Therefore, when used correctly, it can help achieve perfectly legitimate goals like maintaining peace and order, but when used for convenience purposes, it can cause serious problems and consequences for the citizens of a given nation. Therefore, the problem raised in the present investigation is basically the blind and abusive use of this resource, added to the lack of constitutional and political control of the institutions of authority, which opens the way to the violation of the constitutional rights of citizens. Ecuadorians. In this regard, the stated objective is simply to determine to what extent the non-compliance and non-observance of the formal and substantive conditions of the declaration of the state of exception violate the rights and this guarantee. For this, the support of the criteria of various theories has been sought, who have agreed, as can be verified in the theoretical background, that the organization under analysis requires certain minimum conditions and requirements to ensure the harmonious application of constitutional principles. and your rights. In this sense, the units of analysis are made up of the legal and constitutional norms that regulate this figure, the executive decrees that prescribe it, as well as the rulings of the Constitutional Court that must be used to prevent arbitrary use. Based on the foregoing, it is concluded (among other situations) that the Constitutional Court and the National Assembly have done an ineffective job in carrying out their counterweights. This is an indisputable fact because, at least for the moment under study, an executive decree declaring a state of exception has never been declared unconstitutional, nor has an ordered suspension been declared unconstitutional, even when, as the evidence shows that these executive orders were not even formally consistent with the principle proposed, El estado de excepción es un mecanismo aplicable a situaciones que ponen en peligro el orden constitucional de un estado determinado. Por lo tanto, cuando se usa correctamente, puede ayudar a lograr objetivos perfectamente legítimos como el mantenimiento de la paz y el orden, pero cuando se usa con fines de conveniencia, puede causar problemas y consecuencias graves para los ciudadanos de una nación determinada. Por tanto, el problema planteado en la presente investigación es básicamente el uso ciego y abusivo de este recurso, sumado a la falta de control constitucional y político de las instituciones de autoridad, que apertura el camino a la vulneración de los derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos. Al respecto, el objetivo planteado no es sino determinar en qué medida el incumplimiento y la inobservancia de las condiciones formales y sustantivas de la declaración del estado de excepción vulneran los derechos y esta garantía. Para ello se ha buscado el apoyo de los criterios de diversas teorías, quienes han coincidido, como se puede comprobar en los antecedentes teóricos, en que la organización objeto de análisis requiere de unas condiciones y requisitos mínimos para asegurar la aplicación armoniosa con los principios constitucionales y sus derechos. En ese sentido, las unidades de análisis están conformadas por las normas legales y constitucionales que reglan esta figura, los decretos ejecutivos que lo prescriben, así como también las sentencias de la Corte Constitucional que deben ser utilizadas para prevenir el uso arbitrario. Con base en lo anterior, se concluye (entre otras situaciones) que la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional han realizado un trabajo ineficaz en la realización de sus contrapesos. Este es un hecho indiscutible porque, al menos para el momento en estudio, nunca se ha declarado de inconstitucional un decreto ejecutivo que declara el estado de excepción, ni tampoco se ha declarado inconstitucional como una suspensión o