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El presente trabajo tiene como referente los antecedentes históricos y jurídicos del diferendo entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del que ha tenido conocimiento la Corte Internacional de Justicia en recientes fallos expedidos desde 2017 hasta el presente. La finalidad del trabajo es la de resaltar la estrecha vinculación que nuestro país tuvo siempre con Centroamérica y particularmente con la región de la Mosquitia, por cuyo dominio sean registrado pretensiones no solo de Nicaragua y Colombia sino incluso de Costa Rica y hasta de la misma Honduras, y realzar la necesidad que tiene el archipiélago de que para su desarrollo que requiere se le constituya, mediante una reforma constitucional en hecho Insular.

Este artículo analiza tres fallos centrales concernientes a la falta de reajuste en la movilidad de los haberes previsionales en Argentina, desde la teoría de la justificación de Boltanski y Thévenot. En ellos se contraponen argumentos desde el mundo cívico e industrial. Desde el mundo industrial se cuestiona la forma de atribución de grandeza utilizada en la sociedad y se busca mostrar la pequeñez y mezquindad del jubilado. Jurídicamente hablando, se apela a la semántica de la crisis o emergencia económica para justificar la suspensión del derecho constitucional a la movilidad jubilatoria. Por el contrario, desde el mundo cívico se pone énfasis en el esfuerzo patriótico para el desarrollo del país realizado por el jubilado en sus años de actividad. Se considera que el derecho a la movilidad tiene un contenido humanitario y social, y no solamente económico. Los años de aportes son años de acumulación de grandeza, de sacrificio. La proporcionalidad “razonable”, “necesaria” y/o “justa” es el concepto clave que indica qué relación debe existir entre los años de trabajo, la grandeza conseguida, y el haber jubilatorio percibido.

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El presente ensayo pretende hacer un análisis crítico sobre el régimen de dominio paramilitar del que fue víctima la población de El Placer durante el periodo que va desde 1999 hasta el 2006. El trabajo tiene dos objetivos fundamentales. El primero es hacer uso de algunos testimonios de los sobrevivientes para ofrecer un panorama general del contexto hostil en el que vivió la población. De ahí se pretende resaltar, especialmente, el daño y los ejercicios de perpetración sobre las mujeres. El segundo objetivo es problematizar el tema de la memoria, de la política y del perdón en Colombia a través de la noción del diferendo (différend), concepto ya propuesto y desarrollado por el filósofo francés Jean F. Lyotard. Mi impresión es que, desde este punto de vista, se puede cuestionar (i) la falta de participación del Estado colombiano en escenarios del conflicto armado, y (ii) las soluciones que, por medio del derecho y del modelo de justicia transicional de la época, se proponen para dar solución a los daños de las víctimas. Más que aventurar una hipótesis, el texto constituye una tentativa por abordar un problema más bien recurrente en las actuales discusiones académicas en Colombia, a saber: ¿cómo lidiar con la reconciliación entre las víctimas y los victimarios donde lo que prima es el reconocimiento de un daño que, en principio, resulta imperdonable?

El gobierno de los Estados Unidos, bajo la idea de la defensa de los intereses de sus connacionales en México, a través de notas diplomáticas desconoció una parte del contenido de la prescripción I del artículo 27 de la Constitución de 1927, dando paso a un diferendo diplomático entre ambos países. Con base en lo anterior, nuestro propósito es observar la postura del gobierno estadounidense respecto a la aplicación del reparto agrario por parte del presidente Lázaro Cárdenas, en el valle del Yaqui, Sonora, y las respuestas del gobierno mexicano. Es un estudio histórico de las relaciones entre México y los Estados Unidos, entendidas como interacciones entre organizaciones formales en su esfera gubernamental (gobiernos, diplomacia). La investigación revela que el gobierno cardenista aceptó la intromisión diplomática estadounidense y el pago de las compensaciones a sus connacionales, a pesar de que la razón jurídica estaba del lado de México e incluso, en la legislación mexicana en materia agraria, estaba contemplado el pago de indemnizaciones a los propietarios mexicanos, incluidos los nacionalizados.

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