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Conforme al principio de subsidiariedad, la Unión Europea solo intervendrá en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, cuando los objetivos de una acción no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local. Mediante el sistema de «alerta temprana», los Parlamentos nacionales reciben las iniciativas legislativas europeas y pueden emitir un dictamen respecto al cumplimiento del principio de subsidiariedad. Reciben también los documentos que se van generando en la tramitación de dichas iniciativas a lo largo del procedimiento legislativo europeo y además otra gran cantidad de documentación en el marco del «diálogo político». La recepción y tramitación de toda esta documentación, en España se han canalizado en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Desde ahí se trasladan las iniciativas legislativas europeas a los Parlamentos de las comunidades autónomas, quienes a su vez pueden remitir un dictamen sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad. También el Gobierno remite informes al respecto, y las Cortes Generales pueden solicitarle la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE por infracción del principio de subsidiariedad de la legislación europea. La abundancia y diversidad de documentos en circulación, así como la variedad de autores y de plazos a los que está sujeta la actividad, producen una documentación compleja de manejar. El artículo detalla el modo en que toda la documentación implicada en la actividad de control de subsidiariedad en las Cortes Generales se ha estructurado...