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El Catastro de Ensenada implicó una movilización de medios humanos y materiales sin parangón en la historia de la Real Hacienda. Inicialmente, supuso la creación de delegaciones, atribuidas a los intendentes, que asumirían la dirección de los miles de operaciones a desarrollar en las localidades y despoblados de Castilla. Pronto se constató el colapso de este modelo y la necesidad de revisarlo hacia otro más operativo, en el que aquellos pudieran a su vez descargar parte de sus responsabilidades en unos subdelegados a nivel de cada partido. Sin embargo, la elección de sus titulares ocasionaría problemas como consecuencia tanto de las contradicciones internas en los procesos de selección de las altas magistraturas a nivel de la Corona como del sistema de control oligárquico de los gobiernos locales. El conflicto institucional que se produjo en el municipio de Jerez de la Frontera durante 1752 constituyó un buen ejemplo de estas tensiones sociopolíticas.

La gran averiguación catastral puesta en marcha en 1750 e impulsada por el marqués de la Ensenada supuso el primero de los intentos de implantación de la Única Contribución en Castilla. A raíz del postrer esfuerzo del gobierno de Carlos III en tal sentido, con los decretos de 1770, se produjeron graves problemas durante las nuevas operaciones en las localidades, especialmente los relacionados con la falta de personal cualificado al no poder disponer los cabildos de sus propios recursos económicos para afrontar sus retribuciones. La política reformista de control de las finanzas municipales estuvo en el origen de estas dificultades. El análisis del consiguiente conflicto experimentado en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con el enfrentamiento producido entre corregidor, regidores y escribanos de la ciudad, constituye el núcleo del presente trabajo.