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La falta de concreción en la Ley de Propiedad Horizontal sobre la naturaleza y el plazo de ejercicio de las acciones judiciales para hacer frente a las alteraciones y ocupaciones de elementos comunes por parte de vecinos que no cuentan con la preceptiva autorización de la junta de propietarios, plantea una rica problemática de calificación jurídica sobre la que ha sido oscilante la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El objeto de este trabajo será precisamente analizar esta perspectiva jurisprudencial, atendiendo a las distintas situaciones que se pueden plantear en la práctica., The lack of specificity in the Spanish Horizontal Property Act regarding the nature and time period for the exercise of legal actions to deal with alterations and occupations of common elements carried out by neighbours without the required authorization from the owners’ general assembly, raises a complex issue of legal classification, on which the Supreme Court’s jurisprudence has been swinging. The purpose of this paper is precisely to analyze this jurisprudential perspective, taking into account the different situations that may arise in practice.

La presente monografía pone el foco de atención en las mujeres mayores víctimas de violencia de género y trata de analizar aquellos aspectos más relevantes que tienen que ver con la lesión a sus derechos fundamentales. Con este propósito, se adentra en el ámbito de la reparación por los daños causados por el maltratador, que han sido concretados recientemente en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (arts. 28 bis y 28 ter), tras la modificación operada por la Ley Orgánica 10/2022. El trabajo analiza así las nuevas partidas del daño indemnizable (como son el daño moral y el daño a la dignidad, la pérdida de oportunidades, el daño social y el tratamiento terapéutico), respecto de las cuales se ofrece una primera y completa aproximación. En el ámbito de la protección a la salud de la mujer maltratada, la obra dedica especial atención a las posibles soluciones que ofrece la aplicación del sistema de apoyos previsto en la Ley 8/2021, de 2 de junio, para el apoyo a las personas con discapacidad, para salir de los casos de violencia de género en los que la mujer es cuidadora de su maltratador o bien es ella la que precisa cuidados.

Aunque no existe un concepto único legal de consumidor, sino que cada norma puede establecer uno distinto, en la práctica, hay coincidencia en las definiciones legales recogidas en el acervo comunitario. Pues bien, en este trabajo se analizan los elementos que definen ese concepto legal “general” de consumidor a efectos del Derecho de la UE a través de la interpretación que el TJUE viene realizando en sus sentencias. Asimismo, se exponen críticamente los criterios que permiten determinar cuándo cabe atribuir a una persona la condición de consumidor en los denominados contratos mixtos, de doble finalidad o de doble uso, y se aborda el concepto y características del llamado prosumidor. Finalmente, con base en todo lo anterior, se reflexiona sobre el fundamento actual de la protección del consumidor en el ordenamiento jurídico comunitario., Although there is no single legal concept of consumer, and each regulation can establish a different one, in practice, there is a coincidence in the legal definitions contained in the EU consumer acquis. This paper analyses the elements that define this "general" legal notion of consumer for the purposes of EU law through the interpretation that the CJEU has been making in its rulings. It also critically examines the criteria for determining when a person can be attributed the consumer status in so-called mixed, dual-purpose, or dual-use contracts, and addresses the concept and characteristics of the so-called prosumer. Finally, based on the above, it reflects on the current basis of consumer protection in the EU consumer law.

Uno de los daños más frecuentes en el hogar es el causado por filtraciones de agua que provienen del piso superior, donde puede estar viviendo alguien que es su propietario, un arrendatario o incluso varios okupas. El presente trabajo pretende abordar quién debería responder de estos daños atendiendo, tanto a la casuística que se puede presentar, como a la interpretación y aplicación que han hecho los tribunales españoles del artículo 1910 del Código civil. Esta norma hace recaer la responsabilidad de los daños causados por las cosas que se arrojen o caigan desde una casa en el “cabeza de familia” que habita en ella., One of the most common damages in homes is that caused by water filtrations from the upper floor, where someone who is the owner, a tenant o even several squatters may be living. This paper aims to address who should be liable for these damages by considering both the different scenarios that may arise and the interpretation and application that the Spanish courts have made of Article 1910 of the Civil Code. This provision places the responsibility for damages caused by objects thrown or falling from a house on the “householder” who lives in it.

Los meteoritos, fragmentos de cuerpos celestes que han caído en la Tierra, son ventanas al pasado del sistema solar. Su estudio permite desentrañar tanto la formación de asteroides como de planetas, e incluso identificar moléculas orgánicas originadas en el espacio. Sin embargo, la recuperación y la custodia de meteoritos enfrentan desafíos legales. Históricamente, la disputa sobre su propiedad ha sido constante, desde el meteorito Ensisheim (Francia) en 1492 hasta casos recientes como el de Colomera en Granada. La ausencia de una regulación clara no solo genera conflictos jurídicos, sino que también pone en riesgo el avance científico. Este libro aborda tanto los aspectos científicos como las cuestiones jurídicas relativas a los meteoritos. Desde la importancia de su estudio para comprender nuestro entorno planetario, hasta la urgente necesidad de una legislación que determine la titularidad de los mismos, facilitando su recuperación y conservación. En España, al igual que en otros países, donde la recuperación de meteoritos cuenta con un vacío legal importante, se busca establecer un marco jurídico que garantice la protección de nuestro patrimonio geológico mueble de origen cósmico y promueva nuevos descubrimientos. Esta obra ofrece propuestas de lege ferenda con esta finalidad.

La carencia de vivienda digna y la búsqueda de fórmulas adecuadas para posibilitar un envejecimiento activo de la población constituye una preocupación social con importantes repercusiones jurídico-civiles, pero poco estudiada. Una de las opciones de mayor fomento, a instancias públicas, es el modelo de vivienda colaborativa, también conocido como “cohousing”, aunque no siempre identificada con los mismos términos equivalentes. En la Comunidad Valenciana se ha aprobado la Ley 3/2023, de 13 de abril, de viviendas colaborativas, que constituye un referente en el tratamiento jurídico de esta materia. En este trabajo se contextualiza dicha Ley dentro de las políticas públicas en torno al derecho de acceso a la vivienda digna. Además, se realiza un análisis reflexivo del régimen jurídico de la vivienda colaborativa en esta Ley autonómica, así como de la naturaleza societaria de la cesión del derecho de uso a favor de los usuarios de esta tipología habitacional., The lack of dignified housing and the search for suitable formulas to enable active population ageing constitute a social concern with significant legal-civil repercussions. Still, it is a topic that has yet to be fully studied. One of the most promoted options by public authorities is the collaborative housing model, also known as “cohousing,” although these terms are not always equivalent. In the Valencian Community, Law 3/2023 of April 13, on collaborative housing, has been approved, serving as a reference in the legal treatment of this matter. The present work contextualises this Law within public policies concerning the right to dignified housing. Additionally, it provides a reflective analysis of the legal regime of collaborative housing in this regional Law and the corporate nature of the transfer of the right of use in favour of the users of this housing typology.

Aunque los meteoritos poseen un innegable interés científico, la determinación de su propiedad ha suscitado controversias y litigios judiciales. Desde la perspectiva del derecho civil, no se habían examinado los posibles fundamentos legales para atribuir la titularidad de estas rocas espaciales cuando caen en terrenos privados. La disyuntiva se plantea entre conceder la propiedad al dueño de la tierra donde se encuentra el meteorito o al descubridor, si éste no recibe una compensación. Dependiendo de las circunstancias, podría ser conveniente aplicar fórmulas de copropiedad. Al igual que el resto de autores, en esta obra colectiva, se comparte la necesidad de establecer fuertes medidas de protección que limiten la propiedad. Con este objetivo, se revisa una amplia variedad de normativas extranjeras y litigios resueltos en otros países. La intención es proporcionar una base sólida para que el legislador regule un régimen especial de garantías, en consonancia con los principios del derecho civil sobre la propiedad y estableciendo criterios justos y equitativos que concilien los intereses en juego., While meteorites are undeniably of scientific interest, the issue of their ownership has sparked controversies and legal disputes. From a civil law perspective, the potential legal grounds for assigning ownership of these space rocks when they fall on private land have not been fully examined. The dilemma is whether to grant ownership to the landowner where the meteorite is found or to the discoverer if the latter does not receive compensation. Depending on the circumstances, it might be appropriate to apply co-ownership formulas. As with the other authors of this collective work, we all recognize the need to establish robust protective measures that limit ownership. To this end, we review various foreign regulations and resolved disputes in other countries. Our intention is to provide a solid basis for the legislator to regulate a special regime of guarantees, one that harmonizes with the principles of civil law regarding property and, most importantly, establishes fair and equitable criteria that reconcile potentially conflicting interests.

La presente investigación realiza un examen del marco normativo actual en España para la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, así como de la aplicación que de este viene realizando la Fiscalía. Seguidamente, se da cuenta de las deficiencias e irregularidades detectadas en el marco de estos procedimientos por las instituciones de protección del menor y se constata cómo los pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han contribuido a su mejora, reforzando el procedimiento con mayores garantías, lo que ha llegado a cristalizar en la legislación específica de protección del menor. Por último, se analiza el Anteproyecto de Ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad, poniendo de manifiesto sus aspectos novedosos en favor de la preservación de la identidad del menor migrante, así como las deficiencias de las que adolece y que podrían generar disfunciones en su aplicación práctica., This research examines the current regulatory framework in Spain for determining the age of unaccompanied foreign minors, as well as its application by the Public Prosecutor’s Office. Then, it describes the deficiencies and irregularities detected in the framework of these procedures by the child protection institutions and shows how the pronouncements of the Supreme Court and the Constitutional Court have contributed to their improvement, reinforcing the procedure with greater guarantees, which has crystallised in the specific legislation for the protection of minors. Finally, the Preliminary Draft Law regulating the age assessment procedure is analysed, highlighting its novel aspects in favour of preserving the identity of the migrant minor, as well as the deficiencies it suffers from and which could lead to dysfunctions in its practical application.

La iniciativa de las llamadas ciudades inteligentes —smart cities— se caracteriza por hacer de la innovación tecnológica en la gestión de los distintos servicios públicos su rasgo más característico. El análisis y gestión de datos a partir del tratamiento masivo de los mismos —fundamentalmente en el transporte, movilidad humana, servicios de vigilancia u organización del tráfico— se erigen en el epicentro del desarrollo de las ciudades inteligentes. En el marco de los referidos postulados no deben desconocerse los indudables riesgos que, para los derechos de los ciudadanos, se vienen a generar, especialmente desde la perspectiva de los derechos de intimidad, protección de datos o igualdad. Por ello, debe ser reclamado un adecuado marco de protección jurídica del ciudadano frente a la Administración, pues el desarrollo de las ciudades inteligentes no se puede hacer con merma de las garantías jurídicas de los particulares, y ya sea ante una gestión directa de tales servicios públicos por la propia Administración, o indirecta, sirviéndose de empresas privadas bajo su supervisión. Con ello, el modelo de gobernanza habrá de dirigirse hacia un justo equilibrio entre los sujetos de Derecho público y Derecho privado. En la actualidad, el desarrollo de las ciudades inteligentes, desde el punto de vista de protección de los derechos del ciudadano, encuentra sus fronteras, esencialmente, en el marco de la legislación sobre protección de datos, a partir de la regulación del RGPD y de nuestra LOPD. Pues bien, el presente estudio se centrará en observar, de forma particularizada, las incidencias en el derecho de protección de datos personales. A tal fin, se efectuará un diagnóstico de las concretas medidas de protección de que goza el particular respecto a los entes públicos (con especial atención a la medida de evaluación de impacto de riesgos), en el propio desenvolvimiento de las ciudades inteligentes, y todo ello con la finalidad de comprobar si son las suficientes. De igual, The so-called smart cities initiative is characterized by making technological innovation in the management of different public services its most important feature. The analysis and management of data from massive processing —mainly in transportation, human mobility, surveillance services or traffic organization— are at the epicenter of the development of smart cities. Within the aforementioned framework, the undoubted risks to citizens’ rights, especially from the perspective of privacy, data protection or equality, should not be ignored. For this reason, an adequate framework of legal protection for citizens against the Administration must be demanded, since the development of smart cities cannot be done to the detriment of the legal guarantees of individuals, either through direct management of such public services by the Administration itself, or indirectly, using private companies under its supervision. Thus, the governance model will have to be directed towards a fair balance between the subjects of public law and private law. Currently, the development of smart cities, from the point of view of protecting citizen rights, essentially finds its borders within the framework of data protection legislation, based on the regulation of the GDPR and our LOPD (Spanish Data Protection Act 2018). This study will particularly focus on observing the impact on the right to the protection of personal data. To this end, a diagnosis of the specific protection measures enjoyed by the individual against public entities (with special attention to the risk impact assessment measure) in the very development of smart cities will be made, in order to check whether they are sufficient. Furthermore, in this context of smart cities, we will analyze both the legal consequences of a hypothetical breach of such measures of guarantees and the possible recognition —either in general, or in the particular case— of liability for damages that represent automated decisions with the use of artif

El notable desarrollo que ha experimentado la inteligencia artificial (IA) en los últimos años y su incorporación a los vehículos automóviles está generando, a día de hoy, verdaderos retos jurídicos, pero también morales, para el conjunto de nuestra sociedad. Así, factores como la potencialidad dañina de estos vehículos, la falta de seguridad que transmiten por el estado incipiente de la técnica y la ausencia de una regulación garantista en torno a la homologación de los sistemas de IA, obligan a detenernos y analizar si la normativa vigente es capaz de resolver estas nuevas situaciones que pudieran plantearse en las que se introduce un elemento hasta ahora desconocido, cual es el de la circulación de vehículos en los que el conductor deja de ser tal para convertirse en un mero ocupante, al erigirse el propio vehículo, por medio de la IA, en el promotor de la «conducción». Pues bien, este estudio se hace más relevante si cabe en aquellos supuestos en los que, con motivo de la circulación, se causan daños de carácter extracontractual, resultando imprescindible fijar las bases a partir de las cuales se habrá de responder y el régimen jurídico al que se vería sometido el aseguramiento de la responsabilidad civil. En este punto, jugarán un importante papel las recientes propuestas legislativas emanadas de las instituciones europeas y, en particular, la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial., The significant development that artificial intelligence (AI) has undergone in recent years and its incorporation into motor vehicles is currently generating real legal, but also moral, challenges for our society. Thus, factors such as the potentially harmful nature of these vehicles, the lack of safety they transmit due to the current state of the art and the absence of a guaranteeing regulation on the homologation of AI systems, make it necessary to analyze whether the current regulations are capable of resolving new situations that may arise. Indeed, the driver of a vehicle can become a mere occupant, as the vehicle will drive itself thanks to the AI. In addition, this study is even more relevant in those cases in which damage is caused as a consequence of the circulation of a vehicle equipped with AI, since it is vital to establish the way in which the victim is to be compensated, as well as the legal regime of the insurance of the civil liability derived from the accident. In this regard, we will have to examine the recent legislative proposals coming from the European institutions and, in particular, the of 20 October 2020 with ecommendations to the Commission on a civil liability regime for artificial intelligence.

Uno de los objetivos de los centros residenciales de personas mayores para el año 2025 en España, será proporcionar un cuidado a sus residentes sin el uso de sujeciones mecánicas o farmacológicas, salvo situaciones excepcionales y de urgente necesidad. Teniendo presente este objetivo, en este trabajo se analiza cuándo pueden utilizarse estas medidas de contención y bajo qué criterios. Entre ellos, el respeto a la dignidad, libertad y autonomía de la persona, la prescripción facultativa previa, el consentimiento informado y los principios de cuidado, excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad, prohibición de exceso y transparencia., One of the goals for nursing homes for the elderly in Spain by 2025 will be to provide care to their residents without the use of physical or pharmacological restraints, except in exceptional and urgent situations. With this objetive in mind, this paper analyzes when these restraint measures can be used and under what criteria. These include respect for the person’s dignity, freedom, and autonomy, prior medical prescription, informed consent, and the principles of care, exceptionality, necessity, proportionality, temporariness, prohibition of excess, and transparency.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su posterior adaptación a través de la Ley 8/2021, de 2 de junio, han transformado el reconocimiento de derechos y responsabilidades de las personas con discapacidad. De este modo, se ha asegurado la plena capacidad jurídica de estas personas, incluyendo su responsabilidad civil a través de la nueva redacción del artículo 299 del Código Civil. Sin embargo, esta reforma plantea cuestiones sobre la aplicación de los criterios de imputación, así como la responsabilidad de los prestadores de medidas de apoyo que merecen un análisis detallado., The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its subsequent adaption through Law 8/2021, of 2nd of June, have transformed the recognition of rights and responsibilities of persons with disabilities. In this way, the full legal capacity of these persons has been ensured, including their civil liability through the new wording of Article 299 of the Civil Code. However, this reform raises questions about the application of the criteria of imputation, as well as the liability of the providers of support measures, which deserve a detailed analysis.

El presente trabajo aborda el ejercicio de los derechos morales tras la muerte del autor, conforme a su regulación en la Ley de Propiedad Intelectual española. Se analiza el contenido de los derechos que se pueden ejercer tras la muerte del autor, así como el juego del límite al derecho a la no divulgación de la obra en interés de la cultura. Se aborda también el estudio de la naturaleza jurídica de la protección de los derechos morales tras la muerte del autor, tratando de aclarar si hay realmente una transmisión mortis causa del derecho moral del autor o más bien una atribución ex lege de unos derechos a las personas legitimadas para su ejercicio. Especial atención se dedica a las personas legitimadas para dicho ejercicio, atendiendo a la diversa categoría de personas, su naturaleza jurídica, las condiciones de ejercicio de los derechos morales, las cuestiones formales en cuanto a su designación y la posibilidad de hacerse fuera de un testamento, el concepto de heredero y la posible legitimación de herederos de segunda generación, cuestiones estas últimas de especial interés, con posiciones encontradas y a veces confusas.

l. INTRODUCCIÓN. II. LA FOTOGRAFÍA COMO OBJETO PROTEGIDO POR LA PROPIEDAD INTELECTUAL. l. La protección de la fotografía en el ámbito internacional y comunitario. 2. El doble sistema de protección de la ley española. 3. La interpretación del criterio de la originalidad por parte de la jurisprudencia española. 4. El seguimiento del criterio jurisprudencial por parte de las Audiencias Provinciales. III. A VUELTAS CON EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN AL PÚBLICO. l. El envío de la fotografía por correo electrónico no es un acto de «distribución» sino de «comunicación al público». 2. El órgano jurisdiccional no es un «público» en el sentido del art. 3.1 de la DDASI. IV. EL POSIBLE CONFLICTO QUE PUEDE SURGIR ENTRE EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. V. EL CARÁCTER PÚBLICO DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS A AUTOS Y LA LIBERTAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. VI. LA APLICACIÓN DEL LÍMITE POR RAZÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y CORRECTO DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS OFICIALES.

Sumario: I. EL TRABAJO DOMÉSTICO EN EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES: UN RECURSO ECONÓMICO, UN MODO DE CONTRIBUCIÓN Y UN TÍTULO DE LEGITIMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE UNA COMPENSACIÓN. II. CONCEPTO DE TRABAJO DOMÉSTICO. III. LA COMPENSACIÓN POR TRABAJO DOMÉSTICO Y LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA SU APLICACIÓN PRÁCTICA. 1. La implicación del cónyuge que ejecuta el trabajo doméstico. A) El trabajo ha de ser exclusivo y excluyente, aunque no genere incremento patrimonial en el otro cónyuge. B) El trabajo ha de ser exclusivo, pero puede no ser excluyente. C) El trabajo para la casa se puede compaginar con el trabajo en actividades profesionales y negocios familiares en condiciones laborales precarias. 2. La determinación de la cuantía. 3. La compatibilidad con la pensión compensatoria. IV. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 10 DE MARZO DE 2023: ¿UN PRIMER PASO HACIA LA INSTAURACIÓN DE LA TEORÍA DE LA CONTRIBUCIÓN EN EXCESO? V. CONCLUSIONES.

Quando si parla tradizionalmente di estensione verticale della proprietà, si pensa ai limiti sopra e sotto il suolo, nonché al potere di escludere azioni esterne all'interno di tale ambiente. Con l'espansione dei sistemi aerei senza pilota nello spazio aereo, si apre un dibattito sulle conseguenze legali della loro accettabilità sociale. In considerazione del disturbo che può essere arrecato al godimento della proprietà privata, diventa necessario delimitare le interferenze consentite e quelle soggette a rivendicazioni legali. A tal fine, nel presente documento analizziamo i meccanismi di protezione, nel loro equilibrio con il dovere di sostenere la navigazione aerea. A tal fine, riportiamo l'evoluzione della dottrina dell'aerial trespass negli Stati Uniti, a seguito del caso United States v. Causby e i problemi di adattamento che esistono con il sorvolo di questo tipo di aeromobili., Traditionally, when we speak of the vertical extension of property, we think of the boundaries above and below the ground, and the power to exclude external action within that environment. With the expansion of unmanned aircraft systems into the airspace, a debate about the legal consequences of their social acceptance is emerging. In view of the nuisance that may be caused to the enjoyment of private property, it becomes necessary to delimit the permissible interferences and those that may be the subject of legal claims for overflight. To this end, in this paper we analyze the mechanisms of protection in its balance with the duty to support air navigation. And with this objective, we bring up the evolution of the doctrine of aerial trespass in the United States, after the case United States vs. Causby, and the problems of adaptation that exist with the overflight of this type of aircraft.

El cambio climático plantea la necesidad de afrontar un reto mundial, en la medida que es evidente que afecta al planeta en su conjunto, por lo que es necesario cooperar a escala global. En este marco general de lucha contra el cambio climático hay que incluir sin lugar a dudas al sector aéreo, desde el momento que la contaminación del aire que afecta al cambio climático, sino también porque influye negativamente a la calidad del aire, aunque no al propio clima, así como por otro tipo de contaminación que no resulta menos molesta, pero que afecta a la salud, como es la del ruido.

La gran litigiosidad surgida en torno a las cláusulas IRPH en los préstamos hipotecarios a interés variable necesitaba una respuesta clara por parte del TJUE que, sin embargo, no se ha producido con la STJUE 3 de marzo de 2020, caso Gómez del Moral Guasch c. Bankia. No obstante, resulta de especial interés su estudio, sobre todo a partir de las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2020 que dan respuesta a la misma, por cuanto abre el debate sobre la importancia del control de transparencia sobre las cláusulas relativas al «objeto principal del contrato» como condición previa para realizar el control judicial sobre su contenido, los parámetros que se deben tener en cuenta para juzgar la validez de estas cláusulas, así como la posibilidad de integración del con-trato por el juez en el caso de que fuera declarada la cláusula en cuestión nula por abusiva., The high level of litigation that has arisen around the IRPH clauses in variable interest mortgage loans required a clear response from the CJEU, which, however, has not occurred with the Judgment of the CJEU of 3 March 2020, in the case Gómez del Moral Guasch v. Bankia. However, its analysis is of particular interest, especially in view of the Judgments of the Spanish Supreme Court of 12 November 2020, which respond to it, as it opens up the debate on the relevance of the control of transparency on the clauses relating to the «main subject matter of the contract» as a precondition for judicial review of unfair terms, the parameters that the judge must be taken into account for the validity of these clauses, as well as the possibility for the judge to integrate the contract in the event that the clause in question is declared null and void as unfair.

El trabajo analiza el régimen jurídico de la vacunación en España, los conflictos surgidos por el desacuerdo de los padres a la hora de decidir sobre la vacunación de sus hijos menores y la posibilidad de ejercitar una acción de responsabilidad en caso de daño a la salud de esos hijos., This paper contains a description of the legal regime of vaccination in Spain, the conflicts thar arise between parents about the decision to vaccinate their minor children and the possibility of exercising a compensation action in case of damage to the health of those minors.

Estudio crítico que aborda la relación contractual que concurre entre un despacho de detective privado y su clientela (derechos y deberes profesionales, requisitos subjetivos, reales y formales, eventual responsabilidad, etc.) de conformidad con los pronunciamientos jurisdiccionales de mayor trascendencia así como con la normativa aplicable en la materia contenida, entre otros textos, en el Código Civil, en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias o, desde luego, en la Ley 5/2014, 4 abril, de Seguridad Privada.

Es bastante frecuente que los traductores vean transgredidos sus derechos de propiedad intelectual por parte de las editoriales sin que la infracción llegue a los tribunales y menos aún ante el Alto Tribunal, nuestro Tribunal Supremo. Esto acontece por diversas razones: los traductores están en una posición de inferioridad respecto a los autores a la hora de negociar con las editoriales; hay mucho intrusismo en su profesión, y, porque, en caso de conflicto, para defender sus derechos han de acudir a la jurisdicción civil, lo que conlleva unas costas procesales elevadas y que, al final, «valga más el collar que el perro». Lo cierto es que es realmente difícil encontrar conflictos que recaigan sobre los derechos de los traductores que hayan llegado al Tribunal Supremo, de ahí la importancia de esta sentencia, sin quitarle relevancia a su contenido por lo que respecta a determinar el alcance del límite legal de cita. En este caso la editorial incorpora la traducción completa de un cuento a una antología de literatura japonesa sin permiso de su autora, por lo que su conducta no puede ampararse ni en la cita, ni en ninguna de las excepciones a los derechos de autor previstas en la legislación vigente. La incorporación de una obra ajena protegida por la propiedad intelectual, por muy breve que esta sea, y su posterior publicación en una antología de textos sin el permiso del autor supone la infracción de los derechos de propiedad intelectual que recaen sobre la traducción., It is quite common for translators to see their intellectual property rights infringed by publishers without the infringement reaching the courts, let alone the high court, our Supreme Court. This happens for several reasons: translators are in an inferior position to authors when it comes to negotiating with publishers; there is a lot of intrusiveness in their profession; and, in the event of a conflict, to defend their rights they have to go to the civil courts, which entails high legal costs and, in the end, «the necklace is worth more than the dog». The truth is that it is really difficult to find disputes involving translators’ rights that have reached the Supreme Court, hence the importance of this ruling, without detracting from the relevance of its content in terms of determining the scope of the legal limit on quotations. In this case, the publisher incorporates the complete translation of a short story into an anthology of Japanese literature without the author’s permission, which means that its conduct cannot be protected either by quotation or by any of the exceptions to copyright provided for in current legislation. The incorporation of another’s copyrighted work, however brief it may be, and its subsequent publication in an anthology of texts without the author’s permission constitutes an infringement of the copyright on the translation.

Cuando se habla tradicionalmente de la extensión vertical de la propiedad, se piensa en los límites sobre y por debajo del suelo, así como en la facultad de excluir actuaciones externas dentro de ese entorno. Con la expansión de los sistemas de aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo, surge un debate de consecuencias jurídicas en torno a la aceptación social de los mismos. Ante las molestias que pueden irrogarse en el disfrute de la propiedad privada, se torna necesario delimitar las injerencias permitidas y aquellas susceptibles de reclamación judicial. A tal efecto, analizamos en este trabajo los mecanismos de protección, en su equilibrio con el deber de soportar la navegación aérea. Y con dicho objetivo, traemos a colación la evolución de la aerial trespass doctrina en Estados Unidos, tras el caso United States v. Causby y los problemas de adaptación que existen con el sobrevuelo de este tipo de aeronaves., Traditionally, when we speak of the vertical extension of property, we think of the boundaries above and below the ground, and the power to exclude external action within that environment. With the expansion of unmanned aircraft systems into the airspace, a debate about the legal consequences of their social acceptance is emerging. In view of the nuisance that may be caused to the enjoyment of private property, it becomes necessary to delimit the permissible interferences and those that may be the subject of legal claims for overflight. To this end, in this paper we analyze the mechanisms of protection in its balance with the duty to support air navigation. And with this objective, we bring up the evolution of the doctrine of aerial trespass in the United States, after the case United States vs. Causby, and the problems of adaptation that exist with the overflight of this type of aircraft.

En este trabajo pretendemos exponer la casuística recopilada respecto a los derechos reales que se han empleado para la obtención de energía solar fotovoltaica sobre edificaciones e instalación de redes de telecomunicaciones, así como la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos sobre propiedades, fundamentalmente, de carácter privado. Con mayor interés, si cabe, ofrecemos la argumentación jurídica para otorgar nuevas posibilidades al ius aedificandi intrínseco al derecho de propiedad y otros derechos reales en cosa ajena. Se trata de la posible constitución del derecho de sobreelevación o de superficie, unido a la vía de pactar o imponer servidumbres que permitan habilitar zonas en las partes elevadas de los edificios para aterrizaje y despegue vertical de novedosas aeronaves eléctricas, las abreviadas como eVTOLs., This paper presents the collected cases related to rights in rem used for obtaining solar photovoltaic energy on buildings and the installation of telecommunication networks, as well as the implementation of electric vehicle charging points on land, primarily of a private nature. Of even greater interest, we provide legal reasoning to extend new possibilities to the inherent ius aedificandi regarding real estate property and rights in rem in something else. This concerns the possible constitution of air rights, in addition to the possibility of agreeing or imposing easements that allow the creation of areas on the elevated parts of buildings for the vertical landing and take-off of innovative electric aircraft, known as eVTOLs.

En el presente estudio abordamos las principales novedades incorporadas en el Derecho español por la Ley 8/2021, 2 junio, por la que se modifica la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (LAPD) a fin de aclimatarla a las disposiciones de la Convención internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, procurando delimitar el concepto de «persona con discapacidad» y mostrando asimismo si la reforma operada prescinde o no de los anteriores postulados jurisprudenciales recaídos en la materia. Finalizamos nuestro análisis aludiendo al régimen legal tanto de la medida de apoyo legal –guarda de hecho- como el de las medidas de apoyo judiciales –curatela y defensor judicial con base en los criterios doctrinales y jurisprudenciales más recientes transcurrido apenas el primer año y medio de vigencia de la LAPD., In this paper we address the main novelties incorporated into the Spanish legal system by Law 8/2021, of June 2, which modifies civil and procedural legislation to support people with disabilities in the exercise of their legal capacity (LAPD ) in order to acclimatize to the provisions of the United Nations International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, trying to delimit the concept of «person with disabilities» and also showing whether or not the reform operated dispenses with the previous ones. jurisprudential postulates on the matter. We end our analysis by referring to the legal regime of both de facto guardianship (informal support measure) and that of guardianship and judicial defender based on the most recent doctrinal and jurisprudential criteria after only the first year and a half of validity of the LAPD.

La STS, 1.ª (Pleno), de 31 de marzo de 2022 se enfrenta de nuevo a un caso de gestación por sustitución transfronteriza. Esta vez se pretendía el reconocimiento de la filiación por posesión de estado de un menor nacido en México respecto a su madre intencional, con la que no comparte vínculos biológicos. La vía elegida finalmente por nuestro Alto Tribunal para el reconocimiento de la filiación de este menor ha sido la adopción, como sugiere el TEDH, a pesar de la diferencia de edad entre adoptante y adoptado (artículos 175.1 y 176.2.3ª CC), descartando, por ahora, la posesión de estado. En este trabajo se analiza esta sentencia, los argumentos empleados por el Tribunal Supremo para considerar los contratos de gestación por sustitución comercial contrarios a nuestro orden público y las dificultades que pueden presentar estos procedimientos de adopción., The Supreme Court ruling, 1st Chamber (Plenary), of 31 March 2022, is once again faced with a case of cross-border surrogacy. In this occasion, it was claimed the recognition of parenthood by possession of status between a child born in Mexico and his intentional mother, who does not share any biological link with him. The route finally chosen by our High Court to recognise the parenthood of this child was adoption, as suggested by the ECtHR, despite the difference in age between adopter and adoptee (Arts. 175.1 and 176.2.3 CC), rejecting for the moment possession of status. This paper analyses this ruling, the arguments used by the Supreme Court to consider commercial surrogacy contracts contrary to our public order, and the difficulties that these adoption proceedings may present.

Las plataformas de intermediación en línea se han convertido en uno de los lugares donde actualmente se realizan más intercambios de bienes y servicios. Como consecuencia del aumento del volumen de negocios que se lleva a cabo a través de estas plataformas, se ha hecho necesario modificar la normativa existente hasta el momento, de forma que en 2022 surge la denominada Ley de Servicios Digitales a nivel europeo, que regula entre otras cosas el régimen de responsabilidad de estos portales que actúan como meros intermediarios de bienes y servicios en Internet. Así, partiendo de un supuesto práctico y una serie de cuestiones que se plantean, se analizará en qué consisten en primer lugar, las plataformas de intermediación en línea, y la relación jurídica triangular entre los intervinientes de estos mercados. Para después abordar las situaciones en las que van a tener que responder por los daños y perjuicios irrogados y las causas de exoneración, así como el régimen de responsabilidad extracontractual aplicable a las mismas. También se analizará la jurisprudencia más relevante tanto a nivel europeo como nacional en relación a la responsabilidad de las plataformas y la casuística que da lugar a dicha responsabilidad.

Sumario: I. CONTEXTUALIZACIÓN. 1. Cambios sociales y complejidades emergentes judicializadas en torno a la transición de género en menores de edad. 2. Incertidumbre científica con relación al tratamiento para la transición de género y consecuencias institucionales en diferentes países. II. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA EN EL DERECHO ANGLOSAJÓN EN TORNO A LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS POR DISFORIA DE GÉNERO. 1. La repercusión de la falta de consenso médico en la práctica judicial más reciente. 2. El consentimiento de los menores de edad con disforia de género en el Reino Unido. A) La doctrina “Gillick Competence”. B) La aplicación de la doctrina Gillick a los casos de menores de edad transgéneros. C) La evaluación por parte del médico prescriptor. Criterios para evaluar el grado de capacidad. 3. La obligación de información. La aplicación actual de la doctrina Montgomery. 4. Autorización judicial y participación paterna.

La propuesta de este trabajo asume que la docencia universitaria debe ser contemplada desde la perspectiva de género, con especial atención a las similitudes y diferencias en las experiencias, intereses, expectativas, actitudes y comportamientos de las mujeres y hombres, identificando y combatiendo las causas y consecuencias de las desigualdades. Para dar respuesta a esta premisa se propone promover en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante estrategias y metodologías tendente a proporcionar al alumnado una visión integral de la problemática que supone no contar en la docencia y en el campo de la investigación con la perspectiva de género. En este sentido, la amplia variedad de la oferta profesional que proporcionan los estudios jurídicos hace imprescindible desplegar una correcta metodología de aprendizaje con perspectiva de género en la universidad; para cumplir este objetivo se ha realizado una encuesta-estudio para identificar las necesidades formativas y de información del alumnado, respecto al reconocimiento de la presencia o ausencia de la perspectiva de género en la docencia universitaria en cada una de las titulaciones que se ofertan en la Facultad de Derecho.

Educational inclusion is intended to enable people to develop and optimize their capacity regardless of their differences, offering equal opportunities to allow every individual to solve their educational and social needs. The aim of this paper is to provide a legal perspective of the Cuban Legal system, in which such opportunities are included as basic human rights. We review the treatment due to people with disabilities prescribed in the international legal instruments signed and ratified by Cuba. Starting from the conceptualization, principles and bases on which are founded the concepts of disability, deficiency and handicap, we identify the levels of adaptation necessary to implement them in any education system. Thus, curricular adaptations should respond to the specific needs imposed by disability, respecting the scope and limitations of the rights of the people involved., La inclusión educativa es el modelo que pretende dejar de ver las diferencias como un problema, para que cada persona desarrolle y optimice sus capacidades y así brindar igualdad de oportunidades, en función de sus necesidades tanto educativas como sociales. A tal fin, se ofrece en este estudio una perspectiva jurídica que lo aprecia en su dimensión como derecho humano y fundamental, a la luz del ordenamiento jurídico cubano y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Cuba al respecto. Se parte entonces de su conceptualización, principios y fundamentos en los que se sustenta, para distinguir los conceptos de discapacidad, deficiencia y minusvalía, en función de los cuales habrán de ser definidos los niveles de adaptación a implementar en cada sistema educativo, de modo que las adaptaciones curriculares a introducir respondan a sus necesidades, en franco respeto al alcance y límites de los derechos de cada persona involucrada.

El 27 de octubre de 2022 se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento de Servicios Digitales, una norma que pretende adaptar la regulación de los prestadores de servicios intermediarios a la realidad social y tecnológica de nuestros días. Más allá de las reglas de exención de responsabilidad ya recogidas en la Directiva 2000/31/CE sobre Comercio Electrónico, el nuevo Reglamento incorpora todo un abanico de obligaciones de diligencia exigibles a las diferentes categorías de prestadores de servicios intermediarios, entre los que destacan las plataformas en línea, un concepto hasta ahora inédito en el Derecho europeo. Dentro de las plataformas en línea, el Reglamento somete a especiales obligaciones de diligencia a aquellas que por su tamaño entrañan un mayor riesgo para la difusión de contenidos ilícitos o nocivos, la propagación de noticias falsas, la incitación al odio o la afectación de procesos electorales, como la realidad se ha encargado de mostrar en los últimos años. La nueva regulación, que será de aplicación en su totalidad a partir del 17 de febrero de 2024, está llamada a tener un impacto considerable en la protección de los derechos de los ciudadanos europeos, pero probablemente sus efectos se extiendan más allá de la Unión Europea. En principio, los prestadores de servicios intermediarios están obligados a cumplir sus normas en el mercado europeo con independencia de cuál sea su lugar de establecimiento o ubicación, sin embargo, la experiencia demuestra que en muchas ocasiones los derechos reconocidos por las normas de la Unión Europea terminan propagándose a otros mercados como consecuencia del denominado “efecto Bruselas”., On 27 October 2022, the Digital Services Act was published in the Official Journal of the European Union, a regulation that aims to adapt the legal framework of intermediary service providers to today’s social and technological reality. In addition to the liability exemption rules already included in the Directive 2000/31/EC on Electronic Commerce, the new regulation incorporates a whole range of due diligence obligations applicable to the different categories of intermediary service providers, including online platforms, a concept previously unheard of in European law. The regulation imposes special due diligence obligations to those online platforms which, due to their size, entail a greater risk of disseminating illegal or harmful content, spreading fake news, inciting hatred speech or affecting electoral processes, as reality has shown in recent years. The new regulation, which will be fully applicable from 17 February 2024, is set to have a tremendous impact on the protection of European citizens’ rights, but its effects are likely to extend beyond the European Union. In principle, intermediary service providers are obliged to comply with the new regulation when they operate in the European market irrespective of their place of establishment or location, but experience shows that in many cases European standards end up spreading to other markets as a result of the so-called “Brussels effect”.

En el presente estudio se aborda, tras unos apuntes preliminares sobre la disolución de la sociedad de gananciales en el Código Civil y el avalúo o tasación de los bienes a liquidar, la posible invalidez de una liquidación practicada y los mecanismos sustantivos concurrentes frente a la misma (teniendo en cuenta el reenvío que el art. 1410 CC verifica en la materia a las reglas sobre partición hereditaria) de acuerdo con los más autorizados criterios doctrinales y jurisprudenciales. A tal fin son examinados y diferenciados los requisitos tanto de la acción rescisoria por lesión como de la acción de adición o complemento de la partición analizando los presupuestos de cada una de ellas, así como la eventual renuncia a la acción de adición y la singular y moderna interpretación que de la misma lleva a cabo la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo así como la denominada jurisprudencia menor.

Comentario al Capítulo VI (sobre la cesión contractual, comprensivo de los arts. 539 a 542), Título I, Parte II, Libro III del Código Civil Boliviano. Análisis del concepto de cesión del contrato, teorías tradicionales y modernas sobre la transmisibilidad de obligaciones, configuración de la cesión contractual, apuntes de Derecho comparado sobre la institución, presupuestos, su distinción de figuras afines, eficacia, relaciones entre las partes intervinientes y excepciones oponibles.

SUMARY: 1. EUROPEAN STRATEGIES TO ADDRESS NOISE AND OTHER HARMFUL EFFECTS OF INNOVATIVE AIR MOBILITY. 2. CURRENT REGULATION IN SPAIN. 3. NOTES ON THE REGULATORY NEEDS FOR THE IMPLEMENTATION OF URBAN AIR MOBILITY IN SPAIN. 4. NOISE IMPACT OF INNOVATIVE AIR MOBILITY IN URBAN AREAS. 4.1. Noise emissions from aircraft and their infrastructure (aerodromes) . 4.2. Specific aspects of UAS/UAM noise and future challenges. 4.3. EASA actions. A) Consultation document: Environmental Protection Technical Specification (EPTS) applicable to eVTOL powered by multiple, vertical, non-tilting, evenly distributed rotors I EASA. B) Environmental research - rotorcraft noise I EASA. C) Technical specifications of the vertiports prototype PTS-VPT-DSN. D) Guidelines on noise measurement of unmanned aircraft systems of less than 600 kg operating in the specific category (low and medium risk) - EASA. 4.4. From the generation to the reception (or immission) of noise by the UAS. 4.5. Digital models of the urban environment. 4.6. Digital UAS Models. 4.7. Conclusions.

La autonomía es hoy uno de los conceptos jurídicos en alza que cuenta con mayor auge en relación con la persona (siendo calificada de privada, individual o incluso personal, tal y como se menciona en numerosas ocasiones en la reforma del ordenamiento jurídico español llevada a cabo por la Ley 8/2021). Bajo una perspectiva crítica, este estudio analiza la regulación jurídico-privada de la transacción en España (con alguna referencia a la regulación brasileña) como expresión de autonomía e instituto de derecho sustantivo a través del cual se evitan o resuelven posibles controversias entre los interesados aportando, en este sentido, los principales criterios, tanto tradicionales como modernos, esbozados por la doctrina y la jurisprudencia en torno a la figura examinada., A autonomia é hoje um dos conceitos jurídicos mais populares em relação à pessoa (classificada como privada, individual ou mesmo pessoal, como mencionado em inúmeras ocasiões na reforma do ordenamento jurídico espanhol realizada pela Lei 8/2021). A partir de uma perspectiva crítica, este estudo analisa a regulamentação jurídico-privada da transação na Espanha (com alguma referência à regulamentação brasileira) como uma expressão de autonomia e um instituto de direito substantivo por meio do qual possíveis controvérsias entre as partes interessadas são evitadas ou resolvidas aportando, nesse sentido, os principais critérios, tanto tradicionais quanto modernos, delineados pela doutrina e jurisprudência em torno da figura examinada., Autonomy is today one of the most popular legal concepts in relation to the person (being classified as private, individual or even personal, as mentioned on numerous occasions in the reform of the Spanish legal system carried out by Law 8/2021). From a critical perspective, this paper analyzes the legal-private regulation of the transaction in Spain (with some reference to the Brazilian regulation) as an expression of autonomy and an institute of substantive law through which possible controversies between the interested parties are avoided or resolved, contributing, in this sense, the main criteria, both traditional and modern, outlined by the doctrine and jurisprudence around the figure examined.

La notable transformación del paisaje urbano por razón de la aparición y el progresivo asentamiento de los denominados dispositivos o vehículos de movilidad personal –en especial del patinete eléctrico- unido a su demorada regulación ha suscitado específicos inconvenientes entre los cuales sobresale la inseguridad jurídica originada en el ámbito punitivo español por concretas resoluciones que, frente a otros criterios judiciales, han interpretado que algunos de tales dispositivos constituían, en realidad, “ciclomotores” aplicándose, por tanto, a sus conductores las mismas disposiciones sancionadoras previstas para quienes circulan con estos últimos provocando que la Sala de lo Penal (Sala 2ª) del Alto Tribunal español haya tenido que fijar la correspondiente doctrina en la materia. Tras abordar el actual marco normativo y el concepto de “vehículo de movilidad personal”, apuntando sus heterogéneas clases, en el presente estudio examinamos tanto el mentado desconcierto jurídico-penal sobre tales dispositivos como aquéllas diversas hipótesis –también resueltas en vía judicial- generadoras de responsabilidad civil por daños ocasionados con motivo de su circulación., The notable transformation of the urban landscape due to the appearance and progressive establishment of the so-called personal mobility devices or vehicles -especially the electric scooter- together with its delayed regulation has given rise to specific inconveniences, among which stands out the legal uncertainty caused by the Spanish punitive scope by specific resolutions that, in the face of other judicial criteria, have interpreted that some of such devices constituted, in reality, “mopeds” applying, therefore, to their drivers the same sanctioning provisions provided for those who circulate with the latter causing that the Criminal Chamber (2nd Chamber) of the Spanish High Court has had to establish the corresponding doctrine on the matter. After addressing the current regulatory framework and the concept of “personal mobility vehicle”, pointing out its heterogeneous classes, in the present paper we examine both the aforementioned legal-criminal confusion about such devices and those various hypotheses -also resolved in court- that generate civil liability for damages caused by its circulation.

Las nuevas formas de relacionarse jurídicamente que surgen a consecuencia del avance de la tecnología provocan la puesta en tela de juicio de los esquemas tradicionales del Derecho de Consumo. Este contexto ha recibido una imparable respuesta legislativa -y jurisprudencial- por parte de la Unión Europea a través de Directivas que se han incorporado a nuestro derecho interno mediante sucesivas modificaciones del que continúa siendo el principal instrumento del Derecho de Consumo: el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. En particular, es objeto de especial atención la reforma operada por el Real Decreto Ley 7 /2021 que incorpora la Directiva 2019/770 y ello por las implicaciones que comporta el carácter de contraprestación atribuido por nuestro legislador al consentimiento para tratar los datos personales de los usuarios, recuperando con ello el término que la entonces Propuesta de Directiva abandonó tras el informe desfavorable del Supervisor Europeo de Protección de Datos. De esta forma, el presente trabajo reflexiona sobre si el concepto de consumidor construido por el Derecho comunitario es capaz de abarcar la multitud de escenarios que surgen como consecuencia de dicho desarrollo tecnológico. En particular, interesa detenerse en el análisis de los supuestos en los que, si bien al otro lado de la relación jurídica hay un sujeto identificable como empresario, no queda del todo claro si frente a este hay un consumidor en el sentido tradicional del término. Así, si el eje vertebrador de la normativa de consumo se sitúa en la necesidad de proteger al sujeto de la relación jurídica que se encuentra en inferioridad parece que, en línea de principio, debería también protegerse a otros entes como las pymes. En definitiva, el contexto digital provoca que queden desdibujados los límites de la noción de consumidor y que parezca necesaria una reformulación, The new forms of legal relationships that arise as a result of the advance of technology cause the traditional schemes of Consumer Law to be called into question. This context has received an unstoppable legislative - and jurisprudential - response from the European Union through Directives that have been incorporated into our domestic law by means of successive amendments to the main instrument of Consumer Law: the Royal Legislative Decree 1/2007 of November 16, 2007, approving the revised text of the General Law for the Defense of Consumers and Users. In particular, special attention will be paid to the reform operated by Royal Decree Law 7 /2021, which incorporates Directive 2019/770, due to the implications of the nature of counter-performance attributed by our legislator to the consent to process the personal data of users, thus recovering the term that the Proposal for a Directive abandoned after the unfavorable report of the European Data Protection Supervisor. So, this paper reflects on whether the concept of consumer constructed by Community law is capable of covering the multitude of possible scenarios of this technological development. In particular, it is of interest to focus on the analysis of cases in which, although on the other side of the legal relationship there is a subject identifiable as an entrepreneur, it is not entirely clear whether there is a consumer in the traditional sense of the term. Moreover, if the backbone of consumer law is based on the need to protect the subject of the legal relationship who is at a disadvantage, it seems that, as a matter of principle, other entities such as SMEs should also be protected. In short, the digital context blurs the limits of the notion of consumer and a reformulation of European Contract Law seems necessary, especially if we take into account that the correct delimitation of what is considered to be a consumer is essential because the application of consumer protection legislation derives from its a

La utilización de la videoconferencia en los procedimientos judiciales transfronterizos es un recurso infrautilizado y que puede aportar múltiples beneficios para el desarrollo del proceso. La libertad de circulación y residencia de ciudadanos europeos ha propiciado que cada vez sea mayor el número de matrimonios binacionales que presentan una problemática particular tras la ruptura, en la que uno de los miembros regresa a su Estado de origen junto con los hijos comunes. Las especialidades propias de un proceso de familia, y más cuando existe un conflicto transfronterizo, exigen instrumentos jurídicos y técnicos adecuados para facilitar su resolución y proteger los intereses de todas las partes, en especial el de los menores que se ven envueltos en un proceso que afectará a su estabilidad emocional. La posibilidad de obtener pruebas de manera directa o indirecta en otro Estado miembro abre la puerta a la aproximación entre los sistemas de justicia comunitarios y permite a las partes la reducción de costes temporales y económicos., The use of videoconferencing in cross-border proceedings is an underutilized tool that may provide multiple benefits to the development of the judicial process. The freedom of movement and residence of European citizens has conducted to an increasing number of binational marriages that produce problems after the breakup, when one of the members returns to his State of origin with the common children. The specialities in Family matters, precisely when a cross-border conflict arise, require adequate legal and technical instruments to facilitate its resolution and protect the interest of the parties, particularly the interest of minors who are involve in a legal process that will affect their emotional stability. The possibility of obtaining evidence directly or indirectly in another Member State opens the door the approximation of EU legal systems and allow the parties to reduce temporal and economic costs.

La Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales ha abordado cuestiones que cada vez eran más frecuentes en nuestros tribunales y que afectaban a la relación que une a los animales y a las personas. En este contexto, esta norma ha introducido cierta previsión legal que reconoce el daño moral de los propietarios o convivientes del animal cuando se produzca la muerte o lesión física o psíquica de este. A partir de tales premisas, el presente estudio tiene por objeto el análisis del apartado 4 del artículo 333 bis del Código Civil. A estos efectos, se analizarán los presupuestos para su aplicación, así como las principales novedades que presenta esta disposición frente a la situación anterior., The Act 17/2021, 15th December, amending the Civil Code, the Mortgage Act, and the Civil Procedure Act, on the legal regime of animals has addressed issues that were increasingly frequent in our courts and that affected the relationship between animals and people. In this context, this act has introduced a provision that recognises the moral damage to the animal’s owners or cohabitants when the animal’s death or physical or psychological injury occurs. Based on these premises, this study aims to analyse section 4 of article 333 bis of the Civil Code. To this end, the assumptions for its application will be examined, as well as the main new features of this provision compared to the previous situation.

La determinación de la lista de dispositivos gravados por un canon, y su cuantía, a los efectos de obtener una compensación equitativa a favor de los autores por la reproducción inconsentida, para fines privados de sus obras, es una de las cuestiones más complejas en materia de derechos de autor. La dificultad de obtener una solución satisfactoria exige un nuevo análisis a la vista de los actuales hábitos de consumo y modelos de negocio en el disfrute de contenidos digitales, y de la situación de un mercado interior europeo sujeto a una normativa multinivel que debe competir con otros mercados internacionales. Se trata de salvaguardar y proporcionar una protección adecuada de los autores por el uso de sus obras, sobre todo en los casos en que no pueden autorizar a través de los sistemas de licencia la reproducción para uso privado de sus creaciones, asumiendo la existencia de un perjuicio que debe ser resarcido.

Sumario: I. PLANTEAMIENTO DEL TEMA: LA ARMONIZACIÓN DE LOS REGÍMENES ECONÓMICO-MATRIMONIALES EN EUROPA. II. LAS DIFICULTADES PARA LA ARMONIZACIÓN EN MATERIA DE REGÍMENES ECONÓMICO-MATRIMONIALES. 1. La europeización del Derecho Civil y del Derecho de Familia. 2. La armonización de los regímenes económico-matrimoniales en Europa. III. LAS SOLUCIONES DE ARMONIZACIÓN DE LOS REGÍMENES ECONÓMICO-MATRIMONIALES EN EL PLANO MATERIAL: LA ARMONIZACIÓN EN TORNO AL RÉGIMEN ECONÓMICO-MATRIMONIAL DE PARTICIPACIÓN. 1. El convenio franco-alemán por el que se instituye un régimen matrimonial facultativo de participación en las ganancias. 2. Los principios de la Comisión de Derecho Europeo de Familia relativos a las relaciones patrimoniales entre cónyuges.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. II. ANÁLISIS DE LOS "PRINCIPIOS DE VERONA". l. Los derechos del niño nacido por gestación por sustitución. 1.1. El derecho a su propia identidad. 1.2. Derecho a conocer sus orígenes genéticos, gestacionales y sociales. 1.3. El derecho del niño a no ser tratado como una mera mercancía. 2. La protección del menor a través del acuerdo gestacional. 3. La inexistencia de un derecho sobre el niño y la ponderación de su interés superior en caso de conflicto. 4. Cláusula de cierre y valoraciones conclusivas. III. BIBLIOGRAFÍA.

Dentro del debate sobre la gestación subrogada, el presente estudio se centra en los efectos de los contratos de gestación por sustitución en aquellos países donde están permitidos, y tienen una legislación y una práctica consolidada, como Israel, Grecia, Ucrania, California (EEUU), Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal (que cuenta con una ley recién estrenada). Concretamente, en el trabajo se analiza la relevancia que en estas jurisdicciones tiene el consentimiento de la mujer gestante en orden a la determinación de la filiación del menor y si puede cambiar de opinión, revocando el consentimiento inicialmente prestado. La experiencia de estos países servirá para analizar las propuestas de regulación formuladas en España en torno a la gestación por sustitución, planteadas ante la realidad existente de los casos de gestación subrogada transfronteriza, a pesar del rechazo manifestado por la Sala 1.ª del Tribunal Supremo a esta práctica y que ha vuelto a ser reiterado en su reciente sentencia de 31 de marzo de 2022. Dichas propuestas configuran como irrevocable el consentimiento de la mujer gestante, pudiendo ser contrarias en este aspecto a la dignidad y la autonomía personal de la mujer que está dispuesta a gestar para otros, que deben ser la base de cualquier futura regulación atendiendo a las recomendaciones y principios formulados desde distintos organismos internacionales., In the context of the debate on surrogacy, this paper focuses on the effects of surrogacy agreements in those countries where they are allowed and have consolidated legislation and practice, such as Israel, Greece, Ukraine, California (USA), the United Kingdom, Australia, Canada and Portugal (which has recently introduced a new law). This study analyses especially the relevance that the consent of the surrogate mother has in these jurisdictions to determine the filiation of the child and whether she can change her mind, revoking the consent initially given. The experience of these countries is then used to examine the proposals for regulation formulated in Spain regarding surrogacy, in response to the existing reality of cross-border surrogacy cases, despite the rejection of this practice by the 1st Chamber of the Supreme Court, which has been reiterated in its recent ruling of 31 March 2022. These proposals make the consent of the surrogate mother irrevocable and may be contrary in this respect to the dignity and personal autonomy of the woman who is willing to gestate for others, which must be the basis of any future regulation in accordance with the recommendations and principles formulated by different international organisations.

El lucro cesante se presenta como una partida de daño patrimonial, cuya producción es, en muchas ocasiones, contingente, aspecto este que ha motivado que, desde antaño, la Sala Primera del Tribunal Supremo se mostrara reticente a la hora de su estimación. Tal aleatoriedad incide directamente sobre su eventual aseguramiento y, cómo no, sobre el régimen jurídico al que se ve sometido el seguro de lucro cesante ex arts. 63 y siguientes de la Ley de Contrato de Seguro, el cual tenemos aquí ocasión de analizar. Asimismo, nos pronunciaremos sobre el carácter delimitador, limitativo o lesivo que pudiera tener una cláusula inserta en la póliza de seguro, en cuya virtud se excluyera de cobertura el ingreso no percibido derivado de la paralización de la empresa, a resultas de la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno central, con causa en la COVID-19., Loss of profits is one of the two classic items of property damage, the production of which is, on many occasions, contingent. In the past, this fact led the First Chamber of the Spanish Supreme Court to be restrictive when awarding it. Thus, as we shall see, that randomness has a direct effect on the insurance of loss of profit and on its legal regime, located in Articles 63 et seq. of the Spanish Insurance Contract Law. In this paper, we will also examine whether a clause inserted in the insurance policy, which excludes from coverage lucrum cessans derived from a business interruption, as a result of the declaration of the State of Alarm by the Spanish Central Government, due to COVID-19, has, in our opinion, a delimiting, restricting or injurious nature for the insured.

En este artículo se aborda la cuestión de si al menor nacido en el extranjero por gestación por sustitución hay que reconocerle el status filiationis atribuido legalmente por las autoridades extranjeras, en orden a que pueda tener su propia identidad personal en el país donde vive con sus padres intencionales. Tema que presenta especial interés en aquellos casos difíciles donde no existe un vínculo biológico con la parte comitente y tampoco es posible la adopción de ese menor. Para ello se analizan las decisiones del TEDH, la posición de la DGRN, la de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, así como algunas resoluciones recientes de ciertas Audiencias Provinciales. Estas últimas han puesto el acento en los acuerdos de gestación legalizados con todas las garantías, especialmente para la mujer gestante, el interés superior del menor y la posesión de estado vivida entre padres e hijos, como elementos para el reconocimiento de los actos extranjeros., This paper addresses the question of whether a child born aboard through surrogacy should have recognised the status filiationis legally attributed by the foreign authorities, so that the minor can have their own identity in the country where they live with the commissioning parents. This is of particular interest in those difficult cases where there is no biological link with the commissioning party and where adoption of the child is not possible. For this purpose, the decisions of the ECtHR, the position of the DGRN, the 1st Chamber of the Supreme Court, as well as some recent decisions of certain Spanish Appellate Courts are analysed. The latter have emphasised the surrogacy arrangements legalised with all guarantees, especially from the surrogate mother, the best interests of the child and the possession of status lived between parents and children, as elements for the recognition of foreign acts.

El derecho fundamental a la libertad de expresión no es ilimitado, de modo que no resulta infrecuente encontrar casos de colisión con otros del mismo rango jerárquico, en tanto que todos ellos se ven abocados a coexistir. En este sentido, cuando quien ejercita el derecho a manifestarse libremente no es un particular, sino un abogado en el marco de su profesión, el principal derecho que se puede ver comprometido por ello es el del honor del sujeto al cual aquel se dirige. Así, a los efectos de resolver el conflicto a favor de uno u otro derecho, resultará necesario, como aquí haremos, analizar los límites de cada uno de ellos, previo examen de su contenido. A tal fin, nos apoyaremos en la Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2020, de 19 de octubre, que, recordando la doctrina aplicable, subraya los matices que presenta la libertad de expresión cuando es ejercitada por un letrado., The fundamental right to freedom of expression is not unlimited, so it is not uncommon to find cases of collision with others of the same hierarchical rank, because all of them are forced to coexist. In this sense, when the person exercising the freedom of expression is not a private individual, but a lawyer in the exercise of his profession, the main right that may be affected by this is the right to honor of the person receiving the criticism. Thus, it will be necessary to examine the content of each right, as well as its limits, in order to resolve the conflict in favor of one or the other right. To this end, we will study the judgement of the Spanish Constitutional Court of 19th October of 2020, which sets out the applicable doctrine and highlights the nuances of freedom of expression when exercised by a lawyer.

La nueva política comunitaria de impulso a la movilidad urbana inteligente y automatizada, particularmente, la implementación del U-Space está convirtiéndose en una realidad merced a los avances de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Estos novedosos medios de transporte requieren probar sus funcionalidades a fin de garantizar que alcanzan los suficientes estándares de seguridad a través de los “espacios controlados de pruebas”, conocidos como regulatory sandboxes. Esto implica integrar adecuadamente los dictados de la futura Ley de Movilidad Sostenible con la regulación ya vigente aplicable a los marcos normativos sectoriales sobre transporte. El éxito del despegue de los regulatory sandboxes dependerá de que vengan sustentados bajo la premisa de un régimen de responsabilidad civil claramente delimitado, objeto principal de este estudio en lo referente al espacio aéreo., This work analyses the European Union’s (EU) policy to promote intelligent and automated urban mobility, particularly focusing on the implementation of the U-Space. Automated urban mobility is becoming a reality through recent advancements in emerging technologies, such as artificial intelligence. These developments require the testing of functionalities to ensure they meet safety standards. For this purpose, recent regulations have centred on "controlled testing spaces", known as the regulatory sandboxes. The success of the sandbox will mainly depend on whether provision is made for it in clearly defined civil liability legislation. This requires an optimal integration of Spain’s future Sustainable Mobility Law into the legal system that deals with different transport types.