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Decree-law 3/2024, of February 6th, aims to simplify and rationalize administration in Andalusia in order to improve citizen relations and promote economic activity in the region. Measures will be implemented to improve regulation, transparency, and reduce administrative burdens. Additionally, the digital transformation of the Administration will be sought to streamline procedures and simplify relations with citizens and businesses. The decree also includes modifications in different sectors, such as the environment, environmental management, hunting and fishing, and ports in Andalusia, with the aim of simplifying administrative procedures and expediting processes. [Extracted from the article]

Decree-law 2/2022 expands the urgent measures to mitigate the effects of drought in the intracommunity hydrographic demarcations of Andalusia. Water reserves are at 43.27% of their capacity, with the Tinto, Odiel, and Piedras demarcation having the highest reserves (55.91%). Drought affects irrigation crops, agricultural and livestock farms, and the fishing fleet. The decree-law establishes new works and actions to increase human water supply, support measures for water users for irrigation, regulation of the exploitation of underground and unconventional resources, improvements in water resource management, and assistance to the livestock sector. Administrative procedures are also streamlined, and the public interest of seawater desalination facilities is declared. Changes are introduced in the Water Law of Andalusia, the regulatory bases for aid to livestock farms affected by drought are modified, and the obligation to submit aid applications electronically is established. In addition, modifications are made to the fees and public prices of the Autonomous Community of Andalusia to benefit the agricultural and fishing sectors. [Extracted from the article]

Con carácter general, el contenido de este Decreto-ley se fundamenta en motivos objetivos y de extraordinaria urgencia, para responder a las exigencias que conllevará la tramitación de los proyectos financiados con fondos europeos, creando las condiciones oportunas para gestionar los mismos de una manera ágil, eficaz y eficiente, que garanticen su inversión en las necesidades económicas y estructurales más necesarias y en el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo, el impulso de la inversión y el apoyo al tejido productivo. En otro orden, resulta imprescindible que la totalidad de los recursos de la Junta de Andalucía se optimicen para la consecución de la ejecución en plazo y forma de los diferentes fondos europeos incluidos en el alcance de esta norma. Dentro del contenido de la norma hemos seleccionado determinados aspectos que, por su relevancia, pueden incidir en nuestra materia jurídico-ambiental. Al efecto, a través de esta norma se modifica el artículo 53 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, para en aras de facilitar su aplicación diferir la obligatoriedad de inclusión del cálculo de una huella de carbono de productos y servicios en las licitaciones públicas a la efectiva entrada en vigor del desarrollo reglamentario por el que se apruebe la organización y funcionamiento del Registro de la huella de carbono de productos y servicios que prevé el artículo 52.3 de dicha Ley. Debido al gran contingente actual de proyectos para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y del nivel de madurez de estos proyectos, a fin de una efectiva optimización de los recursos públicos, se considera necesario modificar el Decreto-ley 4/2019, de 10 de diciembre, para el fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativa en la tramitación de proyectos y su declaración de interés estratégico para Andalucía. Dicha modificación supone excluir los proyectos a los que les resultan aplicables las autorizaciones administrativas establecidas en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, salvo los referidos a inversiones que se realicen en las redes de transporte y distribución de suministro eléctrico, así como los proyectos de valorización energética de residuos o biomasa. Asimismo, se reduce la carga administrativa derivada de los informes a emitir por parte de las consejerías que participan en la determinación y selección de los proyectos [ABSTRACT FROM AUTHOR]

La simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas constituyen una prioridad en las políticas públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esta Ley se asienta fundamentalmente en el Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, por el que se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial, y su objetivo principal es favorecer la implantación de empresas en esta Comunidad, reduciendo los costes administrativos y los plazos asociados a su creación y consolidación. El sector en el que nos vamos a centrar es el de la industria vinculada con recursos forestales, lo que se traduce en la modificación de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León. Las modificaciones afectan a diversos artículos de esta ley, relacionados fundamentalmente con la ordenación forestal, artículos 51, 56 y 57, añadiéndose un nuevo artículo 57 bis, además de los ajustes correspondientes en el régimen sancionador, artículos 113 y 114. A través de la modificación del artículo 51 que regula la licencia de aprovechamiento, se reduce el plazo de su expedición de un mes a quince días, e incluso existe la posibilidad de emisión de oficio de la misma cuando el órgano de contratación sea la propia administración autonómica. No obstante, se mantiene como positivo el sentido del silencio en este trámite. Las modificaciones de mayor calado afectan a los aprovechamientos maderables y leñosos en montes no gestionados por la administración autonómica. En el artículo 56 se regulan los aprovechamientos en los montes con instrumento de ordenación en vigor, sustituyéndose el anterior régimen de comunicación condicionada, por uno nuevo de declaración responsable, que deberá realizarse con quince días de antelación a la fecha de realización del aprovechamiento. El artículo 57 que regula los aprovechamientos maderables y leñosos en montes sin instrumento de ordenación forestal en vigor, reduce el plazo de resolución de la autorización de tres meses a un mes previéndose que, si transcurre ese plazo máximo sin resolver y notificar, habilita al interesado para entender denegada la autorización por silencio administrativo. A través de la introducción de un nuevo artículo 57 bis, se habilita un régimen de declaración responsable, pero solo para aquellos aprovechamientos con escasa afección ambiental, como son los de turno corto y los de menor cuantía. [ABSTRACT FROM AUTHOR]