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En este escrito analizamos el Auto 125/2022, de 29 de septiembre, del Tribunal Constitucional en el que se plantea la posibilidad de que los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC. OO.) puedan personarse en un recurso de inconstitucionalidad como parte coadyuvante con base en lo dispuesto en los artículos 7, 10.2, 24 y 28 de la Constitución.

La función legislativa es consustancial a cualquier parlamento y debe seguir siéndolo en el futuro. Por mucho que aparezcan nuevos poderes normativos que parece que le hacen sombra, ninguno de ellos puede presumir de algo que solo tiene el parlamento: la representación de los ciudadanos. En estos 40 años de existencia del Reglamento del Congreso de los Diputados el procedimiento legislativo ha servido de forma eficaz a la producción de normas y ha demostrado, sin apenas necesidad de ser modificado, la suficiente flexibilidad para adaptarse a las cambiantes necesidades políticas. En este artículo exponemos, sin ánimo de abarcarlos todos, algunos aspectos para su renovación que se enfocan en una doble dirección que pretende ser dinámica: un reforzamiento hacia fuera y un reforzamiento hacia dentro del parlamento.

Esta sentencia viene a consolidar la doctrina ya establecida en anteriores Sentencias, remitiéndose en concreto a las Sentencias 71/1994 y 11/2020, acerca de que la aplicación a cargos parlamentarios de la medida de suspensión contemplada en el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no vulnera los derechos reconocidos en el artículo 23.2 CE. La frase que podría resumir la sentencia es que resultaría insólito «que una persona procesada por un delito de rebelión, y que se encuentra en situación de rebeldía por haberse sustraído a la acción de la Justicia, eludiendo al tiempo la decisión de prisión, pueda pretender el ejercicio de funciones públicas en el ámbito de jurisdicción de nuestros Tribunales». La conclusión tajante es que «No existe razón ninguna que justifique que puedan ejercer funciones públicas quienes se encuentran en la situación procesal contemplada en el artículo 384 bis». Visto así, el artículo 384 bis está introduciendo un nuevo requisito negativo para poder ejercer la función parlamentaria: no hallarse en situación de prisión provisional por aquellos delitos definidos en la norma.

Resume esta sentencia las notas de la investidura parlamentaria, como acto personalísimo y presencial. Es presencial, porque el candidato solo puede actuar por sí mismo, no mediante terceros; es personalísimo, porque el debate parlamentario solo puede producirse en la sede del Parlamento. Solo cuando los actores comparten el mismo escenario, surge la comunicación entre ellos, el debate, compartiéndose gestos y expresiones. La simple imagen de la persona que habla a muchos kilómetros de distancia, no genera debate, solo simple transmisión del mensaje. Tal es la peculiaridad del debate parlamentario, que requiere el contacto humano, de momento insustituible. El Tribunal enfatiza así la importancia del proceso comunicativo que se debe dar en la investidura. Un debate, sin candidato presente, rompe la estructura de la comunicación parlamentaria, que siempre ha de tener como base la idea de que los participantes están reunidos en un mismo lugar, o si se prefiere decir de otro modo, lo importante ahora es el acto como experiencia: la experiencia de estar juntos en el mismo tiempo y lugar.

El comentario trata sobre una resolución del Tribunal Constitucional de evidente interés general, no solo por la trascendencia política de los hechos que se juzgan, sino también desde el punto de vista del análisis jurídico, por dos cuestiones principalmente, por ser la primera vez que se somete al Tribunal Constitucional la impugnación de una investidura de un Presidente del órgano de un gobierno autonómico, y por la peculiarísima forma en la que el Tribunal decide adoptar medidas cautelares incluso antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la impugnación.

El Tribunal realiza en esta sentencia una proclamación de grandes principios del funcionamiento de los gobiernos. Desde el primer momento de la investidura del presidente del Gobierno y luego durante toda la práctica diaria del ejercicio de su actuación, ha de darse el contacto físico, personal, con el Parlamento, pues así lo exige la democracia representativa. Las reuniones del Gobierno, debido a la trascendencia de las funciones constitucionales que tiene atribuidas, han de ser deliberativas por esencia, lo que exige la presencia física de todos sus miembros, que es la única que posibilita la interacción. Solo con estas notas de presencia y deliberación, se cumplen los requisitos de colegialidad y corresponsabilidad, propios de todo órgano de Gobierno. En un momento en que pueden tener lugar grandes transformaciones de los procesos políticos por la aplicación de tecnologías de la información, el Tribunal viene a consagrar los principios clásicos de presencia física y debate y el carácter insustituible del contacto personal.

Incluye: - Nota introductoria. - Informe de la Secretaría General sobre facultades de la Mesa respecto de la calificación de los escritos de disconformidad del Gobierno a la tramitación de Proposiciones de Ley. - Alegaciones al conflicto entre órganos constitucionales núm. 355-2017. - Alegaciones al conflicto entre órganos constitucionales núm. 356-2017. - Sentencia 34/2018, de 12 de abril de 2018. Conflicto entre órganos constitucionales 355-2017. Promovido por el Gobierno de la Nación frente a los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados relativos a la suspensión del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. - Sentencia 44/2018, de 26 de abril de 2018. Conflicto entre órganos constitucionales 356-2017. Promovido por el gobierno de la nación frente a los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados respecto de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. - Informe de la Secretaria General sobre el ejercicio de la facultad del Gobierno prevista en los artículos 134.6 de la Constitución y 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados después de la reciente jurisprudencia constitucional.

Openness es la evolución natural de la transparencia. El impulso hacia la transparencia vivido en estos años debe culminar en un Parlamento Abierto que articule la posibilidad de los ciudadanos de participar en los procedimientos parlamentarios. La ciudadanía activa es un enlace vital entre la transparencia y la rendición de cuentas. La Declaración sobre la apertura parlamentaria afirma que es esta conexión con la ciudadanía la que da lugar a una legitimidad del parlamento más profunda. A nivel internacional se está trabajando en plataformas y herramientas para que los Parlamentos y las organizaciones de la sociedad civil desarrollen e implementen en colaboración planes de acción de apertura parlamentaria. España es miembro desde 2011 de la Open Government Partnership. Su Guía sobre Gobierno Abierto ha servido de inspiración a muchos países para iniciar su plan de acción de apertura parlamentaria. Este será el reto de las Cortes Generales.

Solicitud de informe en relación a la tramitación del Proyecto de Ley 21/2015, de 20 de julio.

SUMARIO: I. El inicio de la VII Legislatura. - II. Composición del Senado. - III. Órganos del Senado. 1. Pleno. 2. Diputación Permanente. 3. Mesa de la Cámara. 4. Junta de Portavoces. 5. Grupos territoriales.- IV. Funciones del Senado. A) Función de control. B) Función legislativa. - V. Relaciones Interparlamentarias.

SUMARIO: I. Un período de sesiones marcado por la certeza del final de la legislatura. II. EL ejercicio de la función legislativa se convirtió en el motor de la actividad de la cámara. III. La variable utilización del procedimiento de urgencia. IV. LA labor de enmienda del Senado. V. Disminución de las iniciativas de control al gobierno. VI. Otros asuntos. VII Conclusión de trabajos de comisiones especiales y ponencias. VIII. Actividades interparlamentarias y de protocolo