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Conforme al principio de subsidiariedad, la Unión Europea solo intervendrá en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, cuando los objetivos de una acción no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local. Mediante el sistema de «alerta temprana», los Parlamentos nacionales reciben las iniciativas legislativas europeas y pueden emitir un dictamen respecto al cumplimiento del principio de subsidiariedad. Reciben también los documentos que se van generando en la tramitación de dichas iniciativas a lo largo del procedimiento legislativo europeo y además otra gran cantidad de documentación en el marco del «diálogo político». La recepción y tramitación de toda esta documentación, en España se han canalizado en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Desde ahí se trasladan las iniciativas legislativas europeas a los Parlamentos de las comunidades autónomas, quienes a su vez pueden remitir un dictamen sobre el cumplimiento del principio de subsidiariedad. También el Gobierno remite informes al respecto, y las Cortes Generales pueden solicitarle la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE por infracción del principio de subsidiariedad de la legislación europea. La abundancia y diversidad de documentos en circulación, así como la variedad de autores y de plazos a los que está sujeta la actividad, producen una documentación compleja de manejar. El artículo detalla el modo en que toda la documentación implicada en la actividad de control de subsidiariedad en las Cortes Generales se ha estructurado...

Este trabajo analiza la participación de los Parlamentos regionales en el proceso de integración europeo. La investigación parte del estudio teórico de las reivindicaciones de subsidiariedad por parte de los Länder alemanes, al objeto de limitar el creciente proceso de expansión competencial de la esfera comunitaria y así poder superar el déficit democrático de que adolecían algunos territorios. El artículo abre el debate sobre la participación de los entes autonómicos en la toma de decisiones europeas, especialmente en aquellas que les afectan directamente. Para ello se hace un análisis constitucional comparado sobre las Asambleas Legislativas autonómicas, determinando los mecanismos de control de subsidiariedad. En la primera parte se investiga la presencia de las instituciones regionales en la toma de decisiones europeas, seguidamente se profundiza en la naturaleza jurídica del principio de subsidiariedad y su introducción en los estatutos de autonomía. En la parte final del texto se reflexiona sobre la participación de los Parlamentos regionales en la formación de las comisiones autonómicas de asuntos europeos, analizando la obligación del Congreso de los Diputados y del Senado de remitir cualquier iniciativa legislativa de la Unión Europea a las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.

La Comisión Mixta para las Comunidades Europeas del Congreso de los Diputados y del Senado, creada en 1985 según un modelo poco frecuente en el Derecho Comparado y con competencias meramente informativas y muy genéricas, ha ido ganando en alcance y relevancia a través de sucesivas reformas de su regulación legal. En efecto, y en la última de aquéllas, el legislador ha encomendado a ese órgano conjunto de ambas Cámaras las competencias de seguimiento de las propuestas legislativas europeas y de aprobación de informes y dictámenes de vulneración del principio de subsidiariedad o en el marco del diálogo político con las instituciones legislativas europeas. Otros aspectos destacables en la vida de la comisión Mixta son el establecimiento de un procedimiento de participación de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas o la consolidación de algunos usos parlamentarios, como las reuniones periódicas de la Mesa y los Portavoces para realizar el segu8imiento detallado de las iniciativas legislativas europeas. En definitiva, las nuevas funciones adquiridas por la Comisión Mixta han permitido a sus integrantes hacer un seguimiento permanente de las iniciativas legislativas de la Unión y poder influir en el momento inicial del procedimiento legislativo comunitario.