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El Tratado de Funcionamiento de la Unión establece, en su artículo 49, el principio de libertad de establecimiento. No cabe discriminación en tal ámbito para los operadores económicos de un Estado miembro en el territorio de otro. Sobre la base de esa única disposición, y sin que existiera Derecho derivado interpuesto, la Unión Europea consiguió que en España se llevara a cabo una reforma de la Ley de Puertos de 2011, modificando el sistema de contratación en la manipulación de carga portuaria en el sentido indicado por la Comisión. Todo ello se hizo con solo una sentencia del Tribunal de Justicia y un Decreto-ley que le daba ejecución. Detrás de esa simplicidad operaron, no obstante, una serie de mecanismos normativos e institucionales que siguieron pautas metódicas ya conocidas en las dinámicas de integración supranacional y que se analizan en este trabajo. Article 49 of the Treaty on the Functioning of the European Union sets the principle of freedom of establishment. Discrimination by reason of nationality between member States is not allowed in such scope of action. Based on that only rule, and without secondary European Law enacted, the European Union monitored a reform of the Spanish Port Law of 2011. That led to the overruling of the procedure of enrolment for cargo-handling and its substitution by a new one, determined by the Commission. All was made through a ruling of the European Court of Justice which was finally enforced by a state law (Decreto-ley). Notwithstanding this apparent simplicity, there were several normative and institutional mechanisms working through well-known methods of supranational integration. An analysis of those mechanisms is presented in the following pages. Ministerio de Economía y Competitividad DER-2017-83779-P