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En el contexto peruano, existen numerosos casos sobre contaminación por metales pesados en el territorio de pueblos indígenas. Esto ha ocasionado un deterioro de su hábitat, su territorio, grave afectación a sus recursos naturales, su salud, en otros. A pesar de que estos casos han llegado a judicializarse, no ha existido un reconocimiento del derecho a la salud ambiental, desde un enfoque del pluralismo jurídico. El objetivo de este artículo es ser una aproximación hacia un posible y necesario reconocimiento del derecho a la salud ambiental con el fin de que se efectivice este derecho de los pueblos indígenas. Es evidente que este derecho abarca otros factores, pero el presente artículo se ha centrado en analizar desde el contexto de los pueblos indígenas. Para ello, se analiza los antecedentes de la protección del derecho al medio ambiente en el marco nacional e internacional de los pueblos indígenas tomando como referencia el trabajo de diversos autores sobre este tema desde una perspectiva histórica. Posteriormente, se realiza un análisis del contenido esencial, y desarrollo de la jurisprudencia sobre el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente, para finalmente desarrollar cuál sería el contenido esencial del derecho a la salud ambiental. En el último capítulo, se expone el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas a fin de comprender las implicancias que hubiese tenido el reconocimiento de este derecho. El análisis de este trabajo tiene como conclusión principal que, en nuestro contexto, es necesario el reconocimiento de este derecho desde un enfoque del pluralismo jurídico; no obstante, es necesario seguir debatiendo el tema., On the peruvian context, the majority of indigenous people have a several problems, because the contamination in their territory for extractivism industry. The consequences are degradation of their habitat, their natural resources and their healthy. Despite the fact that these cases have been brought to justice, there has been no recognition of the right to environmental health, from a perspective of legal pluralism. The objective of this article is to be an approach towards a possible and necessary recognition of the right to environmental health in order to make this right of indigenous peoples effective. The environmental health comprises other factors, but this article has focused on analyzing it from the perspective of indigenous people. To do this, It is necessary to analyze the antecedents of the protection of the environment right in the case of indigenous peoples in the national and international framework, taking as a reference the work of various authors on this subject from a historical perspective. Subsequently, the analysis of the essential content and development of the jurisprudence on the health right and the environment right, to finally develop what would be the essential content of the right to environmental health. The last chapter presents the case of the Tres Islas Native Community in order to understand the implications that the recognition of this right have had. The analysis of this work has as its main conclusion that, in our context, it is necessary to recognize this right from a legal pluralism approach; however, it is necessary to continue debating.

La presente investigación busca dar a conocer el sistema de gobernanza de los Gabinetes Binacionales; con qué países fronterizos se ha establecido dicho mecanismo bilateral y de manera general la temática en materia ambiental que se aborda en cada uno de los ejes temáticos, a partir del año 2014; asimismo, se desarrolla de manera más específica el tema de áreas naturales protegidas.

La presente investigación busca determinar la rigurosidad de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas al evaluar los aspectos sociales vinculados al derecho colectivo al territorio de los pueblos indígenas en los Estudios de Impacto Ambiental Desarrollados (En adelante, EIAd) de los proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos, basándose en las observaciones realizadas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos hidrocarburíferos en la Amazonía peruana, durante el periodo de los años 2006 al 2014. En ese sentido, a través de la comparación de los criterios que establecen la legislación, la doctrina y la jurisprudencia en materia de protección del derecho colectivo al territorio; y en las observaciones realizadas a los EIA-d por los funcionarios evaluadores, se determinó que en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental los estándares de protección del derecho al territorio son escasamente incorporados, su incidencia es mínima y se priorizan los aspectos técnicos ambientales y económicos en el análisis de viabilidad de los proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos.

Esta investigación gira en torno al Principio de Indivisibilidad en la Evaluación Ambiental, el cual exige que todos los componentes que integran un proyecto sean evaluados de manera conjunta, con la finalidad de realizar una mejor medición de los posibles impactos que éste pueda causar en el ambiente, como freno a la práctica del fraccionamiento de proyectos. A pesar de ser un principio que genera importantes consecuencias en el ámbito práctico, al ser exigido cada que se realiza un análisis de impactos, tiene un desarrollo normativo y doctrinario sumamente reducido, lo que ha dificultado su aplicación por parte de la Administración y los Administrados, ocasionando que en la actualidad podamos encontrar hasta cinco interpretaciones distintas de su alcance. Es por ello que esta investigación busca conocer a profundidad el principio, para identificar cuál es su contenido y hasta donde llega su alcance, así como proponer diversos mecanismos jurídicos para asegurar su eficacia, partiendo de la hipótesis de que el Principio de Indivisibilidad tiene mayores implicancias teóricas y prácticas a las advertidas en su formulación normativa, así como restricciones concretas en su aplicación que no han sido plenamente identificadas ni desarrolladas. A partir de lo investigado, principalmente, he podido concluir que el Principio de Indivisibilidad tiene un sustento técnico- ecológico, por estar basado en un hecho de la naturaleza referido a la interrelación de los impactos en el ambiente que amerita que éstos sean analizados en conjunto; existe para garantizar la aplicabilidad de importantes principios rectores del derecho ambiental: el principio de prevención y el de participación ciudadana; y, existen excepciones a su aplicación, no solo a nivel normativo en el caso de los proyectos viales y de saneamiento, sino también en el caso de los proyectos transfronterizos en los que no es posible analizar de manera conjunta un proyecto en aplicación del principio de soberanía territor

La presente tesis busca identificar y describir la situación actual de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en las tiendas por departamento. Esta idea nace debido a que en los últimos diez años se ha incrementado el número de estos establecimientos a nivel nacional, las preferencias por parte de los consumidores para comprar en estos lugares y a la obligación legal de las tiendas por departamento para implementar planes de manejo de estos residuos. Por otra parte existe una mayor preocupación mundial en el manejo de estos residuos debido a su incremento y a los componentes tanto peligroso como reaprovechables que requieren un manejo especializado distinto al de los residuos urbanos. En el desarrollo del presente trabajo de tipo exploratorio se presenta de manera resumida el marco legal aplicable, rol de los diferentes actores involucrados en la gestión de los residuos, las dificultades y oportunidades que se presentan para el manejo de estos residuos, experiencias en otras regiones y en instituciones tanto públicas como privadas , avances entre otros. Se ha realizado una estimación de la probable generación de residuos en base a una metodología y supuestos, con los que ha permitido calcular aproximadamente el gasto monetario para el reaprovechamiento y/o disposición final. Finalmente se plantea una serie de conclusiones y recomendaciones para los diferentes actores a fin de mejorar el manejo de estos residuos.

El presente trabajo de investigación busca analizar los impactos positivos y/o negativos producidos en el sector minero (minería metálica y no metálica), respecto a la facultad de fiscalización del OEFA, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA, en los periodos comprendidos: entre el 01 de junio de 2013 al 30 de junio del 2014; y, el 15 de julio del 2014 al 30 agosto de 2016, correspondientes al antes y después de la entrada en vigencia de la Ley N° 30230, que modificó temporalmente su procedimiento administrativo sancionador, para ello se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo con información obtenida de la propia institución. Finalmente, se concluye que se puede afirmar que con la Ley 30230 se ha logrado priorizar en la prevención antes que la sanción, toda vez que más medidas impuesta de esta naturaleza fueron cumplidas y con ello se logra evidenciar que los administrados están optando por la remediación antes que la sanción.

El presente trabajo tiene como finalidad, resaltar como ha ido evolucionando la implementación de REDD+ como mecanismo de mitigación dentro de las concesiones forestales, tomando como punto de partida la evolución de la posición de los titulares de las mismas, teniendo en cuenta además los avances que se han ido dando en el ámbito de las definiciones y del marco normativo, destacando principalmente por estos aspectos, los aportes de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos – Ley 30215- 2015. Asimismo, tiene como objetivo resaltar cuales serían las oportunidades y derechos de los titulares de este tipo de concesiones para implementar el referido mecanismo, quienes inicialmente tenían que obtener títulos adicionales para ejercer la facultad de aprovechamiento del servicio ecosistémico de captura de carbono, lo que podía representar un obstáculo, que se podría decir superado con el análisis de la normativa vigente, que nos permite llegar a la conclusión de que el titular de este tipo de concesiones queda habilitado para la implementación del referido sistema de mitigación, sin necesidad de ningún otro tipo de título, y, además permite también aportar algunas recomendaciones en pro de los avances en cuanto a la implementación de este mecanismo de mitigación dentro de las concesiones forestales.

La conservación1 en nuestro país ha sido reformulada a partir del reconocimiento de la valoración económica y la potencialidad de la variable ambiental de las diferentes áreas naturales protegidas del país; y en general en los recursos naturales, sin embargo este reconocimiento implica una mayor responsabilidad, ya que el manejo sobre las mismas, por ende sobre sus recursos naturales, no sólo debe responder a los requerimientos del mercado sino a un crecimiento económico que involucre un uso sostenible de los recursos y de las ofertas turísticas que las mismas conllevan. Es en este contexto que elaboramos el presente trabajo, ubicando el caso de la Reserva Nacional Marítima Costera de Paracas, el marco legal y su posterior análisis jurídico, para presentar una serie de problemas que el manejo no sostenible ha creado en la misma.

El presente informe abarca el análisis jurídico de la entrada en vigor de la Ley N° 30230 sobre el expediente administrativo sancionador N° 1094-2013-OEFA/DFSAI/PAS, de OEFA contra Minera Barrick Misquichilca S.A. El análisis del expediente aborda cuestionar la validez de la Ley N° 30230 frente a la vulneración del principio administrativo de razonabilidad, principio ambiental de prevención y el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Asimismo, al ser un procedimiento excepcional por el cual se impone solo medidas correctivas, a fin de verificar el cumplimiento de las mismas, consideramos que en el presente caso al no cumplir el objetivo trazado por la misma ley, el procedimiento administrativo sancionador pudo ser uno regular y el administrado hubiese sido pasible a una sanción a fin de disuadir el incumplimiento de sus obligaciones ambientales. En ese orden de ideas, el trabajo se justifica en el análisis de los derechos y principios vulnerados en el procedimiento administrativo sancionador, a razón de la entrada en vigor de la Ley N° 30230. Asimismo, se procederá a analizar los conceptos de la potestad fiscalizadora y sancionadora y cómo la entrada en vigor del artículo 19 de la ley en cuestión generó el debilitamiento del contenido de ambas potestades. Por consiguiente, al finalizar el desarrollo del informe se podrá evidenciar el impacto negativo de la ley materia de cuestión., This report covers the legal analysis of the entry into force of Law No. 30230 on administrative disciplinary proceedings No. 1094-2013-OEFA/DFSAI/PAS, of OEFA against Minera Barrick Misquichilca S.A. The analysis of the file seeks to question the validity of Law No. 30230 against the violation of the administrative principle of reasonableness, the environmental principle of prevention and the right to a healthy and balanced environment. . In addition, as it is an exceptional procedure by which only corrective measures are imposed, in order to verify compliance with them, we consider that in the present case, by not fulfilling the objective outlined by the same law, the sanctioning administrative procedure could be a regulated one and the company would have been subject to a sanction in order to deter non-compliance with its environmental obligations. In this order of ideas, the work is justified in the analysis of the rights and principles violated in the administrative sanctioning procedure, due to the entry into force of Law No. 30230. Furthermore, we will proceed to analyze the concepts of the supervisory and sanctioning power and how the entry into force of article 19 of the law in question generated the weakening of the content of both powers. Consequently, at the end of the development of the report, the negative impact of the law in question can be evidenced.

El presente artículo aborda los conceptos, regulación y aplicación de las herramientas establecidas por el ordenamiento legal para obtener la certificación ambiental de aquellas actividades que no se encuentran contempladas en los Estudios de Impacto Ambiental aprobados por la autoridad competente. Mediante este artículo se analiza la figura de mejora ambiental en el Perú, su legalidad, así como si cumplen con los objetivos y políticas establecidas por el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. A fin de realizar un mejor análisis del tema, he tomado como referencia el caso de la perforación de pozos en el lote III, operado por la empresa INTEROIL PERÚ S.A., en zonas no establecidas en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado. Considero importante analizar este caso controversial, en tanto el Tribunal de Fiscalización Ambiental concluyó eximiendo de responsabilidad administrativa a la empresa mencionada bajo el fundamento de que su conducta obedecía a una “mejora manifiestamente evidente”; sin embargo, tal como se ha concluido, dicha figura no era aplicable por los motivos que se explican en el presente documento.

En el marco de un proceso de descentralización en marcha, que ha dado cuenta de los múltiples desafíos para la consolidación de los Gobiernos Regionales, y el número de agencias especializadas con competencia en materia forestal y de fauna silvestre, se hace necesario que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) implemente plenamente su función rectora respecto al Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor) a fin de generar un espacio de coordinación interinstitucional que brinde soporte a sus miembros para la consecución de los objetivos de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. En este contexto, la presente investigación busca contribuir a ello delimitando una de las dimensiones de la función rectora del Serfor, como lo es la emisión de opiniones técnicas vinculantes que interpretan en abstracto el sentido de la normativa forestal y de fauna silvestre, permitiendo con ello generar predictibilidad y orientar el correcto funcionamiento del Sinafor. A diferencia de otras entidades rectoras, el Serfor a la fecha aún no ha implementado dicha atribución, ninguno de sus órganos de línea cuenta con funciones expresas para ello y se adolece de un procedimiento que paute su emisión. Sin perjuicio de ello, se han encontrado interesantes avances en las opiniones emitidas por su Oficina General de Asesoría Jurídica y que dan cuenta de la demanda de este tipo de opiniones por parte de los integrantes del Sinafor, lo que facilitará su posicionamiento, haciendo necesario que la entidad también evalúe el fortalecimiento de sus demás atribuciones rectoras.

El problema de la calidad del agua producto de la deficiente gestión de aguas residuales es una de las principales problemáticas que enfrenta nuestro país en términos de salud pública, biodiversidad marina y sostenibilidad del desarrollo económico. En este contexto, el presente informe jurídico, por medio de un análisis integral del caso concreto y de la legislación, doctrina y jurisprudencia aplicable en materia administrativa, ambiental y de recursos hídricos, pretende aportar criterios para un adecuado análisis de la vulneración del principio del non bis in ídem, una apropiada calificación de la infracción y determinación de cuándo corresponde aplicar un eximente de responsabilidad, y, finalmente, la vulneración del principio de prevención desde las perspectivas del derecho ambiental y administrativo. En ese sentido, tiene como primer objetivo analizar si existe conflicto de competencia entre la ANA y la Fiscalía provincial especializada en materia ambiental. Como segundo objetivo, determinar si el derrame del agua residual (licor negro) proveniente de las pozas de almacenamiento de TRUPAL al mar, constituye una conducta infractora consistente en efectuar vertimiento de agua residual en un cuerpo de agua sin autorización de la ANA y si, en consecuencia, mereció ser sancionada. Finalmente, como tercer objetivo, examinar cómo TRUPAL y la ANA infringieron el principio de prevención. En este orden de ideas, se concluye que no ha sido suficientemente riguroso el análisis efectuado por la ALA-Chicama y el TNRCH con respecto al vertimiento no autorizado de aguas residuales, toda vez que realizaron una insuficiente evaluación del conflicto de competencia entre la ANA y la Fiscalía provincial especializada en materia ambiental, no consideraron que el vertimiento de agua residual en un cuerpo de agua sin autorización de la ANA puede realizarse por medio de conductas omisivas, y no examinaron, en el caso concreto, la efectiva vulneración de principio de prevención.

El presente trabajo de investigación busca analizar los instrumentos y la normativa nacional del proceso de Ordenamiento Territorial, a fin de determinar conceptos y establecer avances y retrocesos, los fenómenos institucionales que contribuyeron a su consolidación, su ente rector y el sustento normativo de nuestro ordenamiento jurídico que le otorga ese carácter y el diseño metodológico del proceso para llegar al concepto de Ordenamiento Territorial, así como garantizar que este no se paralice, ya que existe capacidad técnica obtenida e información diagnosticada formada en años, por lo que al discrepar el nuevo ROF del MINAM con otra norma del sistema jurídico peruano, como lo es su Ley de creación, es una de las inconsistencias que debilitan la normativa, y dejan al descubierto las falencias técnico jurídicas y de sistematización de normas que debería tener como norte nuestro ordenamiento, a fin de ser uno sólido e integrado, no dejando espacio para vacíos e incertidumbres, y para que el progreso alcanzado, no quede detenido, es necesario que hasta la creación del nuevo ente con competencias en OT nacional, se aclare y confirme que el MINAM es quien ejerce rectoría en OT por su Ley de creación, la misma que continua vigente. Asimismo la necesidad de un Sistema Funcional para el Ordenamiento Territorial, que interrelaciona diferentes actores en los niveles de gobierno y sectores ministeriales, para organizar las normas y estandarizar metodologías e instrumentos, es así que para poder obtener un producto que sea útil, innovador que pueda armonizar con cada sector y nivel de gobierno, será necesario articular cada aporte normativo, cada proceso metodológico implementado para la obtención del concepto de Ordenamiento Territorial, a fin de buscar encaminarnos como un todo, teniendo un sentido nacional, apoyado indudablemente de conocimiento científico, que lo llevará a encontrar su permanencia y consistencia.

El presente trabajo de investigación analiza las consecuencias jurídicas de imponer la servidumbre minera a que se refiere el artículo 7º de la Ley Nº 26505 sobre propiedades comunales en la sierra del Perú, teniendo como hipótesis que la normativa vigente sobre este tipo de servidumbre coloca los derechos del titular minero por encima de los derechos de las comunidades campesinas, incrementando con ello la asimetría existente entre las partes para negociar; debido a que, ante la falta de acuerdos para el desarrollo de actividades mineras en los territorios de las comunidades campesinas, el titular de los derechos mineros puede iniciar un procedimiento administrativo de imposición de servidumbre sobre las áreas en las que tenga el interés de llevar a cabo sus actividades mineras, sean éstas de exploración, explotación, desarrollo, beneficio o transporte. En ese sentido, la legislación aplicable a estos supuestos de hecho debe de ser modificada y adecuada a las disposiciones constitucionales vigentes, así como a los principios de justicia y equidad, eliminando la posibilidad de que, ante la falta de acuerdo entre los titulares de los derechos mineros y las comunidades campesinas de la sierra, una entidad administrativa pueda imponer este tipo de servidumbre en favor de los primeros, si es que dicha servidumbre implica enervar el derecho de propiedad comunal, pues ello sería una expropiación encubierta y, por ende, un acto inconstitucional.

El presente Trabajo Académico busca analizar la eficiencia e idoneidad de los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del proyecto minero Conga. Se parte de la hipótesis de que el titular ha cumplido con el procedimiento de participación ciudadana, con lo cual se esperaría que la población tenía todas sus dudas y cuestionamientos absueltos, pues debieron ser atendidos y recogidos en su oportunidad, siendo ello así la minera generó sus propios espacios de diálogo( mecanismos no formales) con la población que se encuentra dentro del área de influencia de su proyecto (AID), pero necesitó ir más allá de las exigencias legales, puesto que los principales cuestionamientos se obtuvieron de la población ubicada fuera del área de influencia identificada (AII) y de actores urbanos, los cuales también corrían el riesgo de ser impactados por la actividad extractiva. Este tema resulta sumamente relevante ya que la participación constituye un derecho ciudadano que, ejecutado sistemática y responsablemente, permite prevenir la existencia de confrontaciones y la polarización de posiciones irreconciliables que terminan por justificar intereses de diversa índole detrás de aparentes argumentos ambientales, o bien puede resolver conflictos de manera satisfactoria para todas las partes en disputa. De este modo, la participación ciudadana posibilita una aproximación a la sustentabilidad ambiental de las acciones humanas en base al diálogo y a la transparencia. En este análisis se tiene en cuenta que es importante que los titulares mineros vayan entendiendo las ventajas que les está ofreciendo la implementación de una combinación de mecanismos de participación ciudadana más allá de los estrictamente obligatorios. Se concluye que los procesos de participación ciudadana deben ser fortalecidos para que sean verdaderos canales formales que promuevan el diálogo entre las partes, de manera tal que se logre recuperar la confianza d

El desarrollo de proyectos de inversión en el Perú debe sujetarse al cumplimiento de la normativa ambiental, que, desde el 2008, incluye al OEFA como el ente rector de la fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental bajo su competencia, los compromisos establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental y los mandatos que dicte en el ejercicio de sus funciones. La aparición de la Evaluación Ambiental Temprana (EAT) a cargo del OEFA en 2017, en un contexto económico y político que buscaba impulsar el desarrollo de proyectos de inversión paralizados, entre otros motivos, por la conflictividad social originada en la desconfianza en la institucionalidad ambiental, generó suspicacias en algunos sectores por una aparente falta de claridad sobre su finalidad y legalidad. A cinco años de su aparición y a uno de su reglamentación, el presente trabajo busca aproximarse a una identificación de la naturaleza jurídica de la EAT, analizando si se enmarca dentro la función de evaluación asociada a la fiscalización ambiental que le corresponde al OEFA y si no trasgrede funciones asignadas a entidades como el SENACE, creado el 2012 con el objetivo de otorgar la certificación ambiental a los instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión que generen un gran impacto ambiental. Para ello, se ha revisado bibliografía especializada, notas informativas y publicaciones institucionales, proyectos normativos y sus exposiciones de motivos, incluyendo las discusiones parlamentarias y matrices de comentarios correspondientes, así como entrevistas con profesionales con amplia experiencia en el sector que se desempeñaron en la academia, en la sociedad civil u ocupando cargos como funcionarios públicos involucrados en la toma de decisiones de la creación del OEFA y del sistema de fiscalización ambiental, así como su desarrollo, incluyendo la creación de la EAT y su implementación, así como su reglamentación

La formación del ordenamiento territorial, como construcción social, es consustancial a la evolución del hombre. A diferencia del ordenamiento territorial europeo como función pública después de la Segunda Guerra Mundial, en la región latinoamericana se comienza a enmarcar a finales de siglo XX en búsqueda de modelos sostenibles. En ese contexto, el modelo peruano sufre un proceso de desintegración normativa ante la ausencia de una ley general de ordenamiento territorial y agraviado por la imprecisa conceptualización adoptada por la Ley N.º 30230 del año 2014, el cual limitó el Ordenamiento Territorial (OT) y la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en aras de dinamizar las inversiones, adoptando así un modelo en extremo estricto en comparación a otros modelos de otros países. Cabe preguntarse, ¿es posible un modelo sistemático y equilibrado de ordenamiento territorial? Esta pregunta toma mayor fuerza tras la Sentencia del Pleno expedida sobre las demandas de inconstitucionalidad interpuestas en los Exp. N.° 0003-2015-PI/TC y 0012-2015-PI/TC (acumulados) por el Gobierno Regional de San Martín y más de 5000 ciudadanos a diversos artículos de la Ley N.° 30230, o conocido públicamente como el “paquetazo ambiental”. En ese sentido, el informe se divide en tres capítulos. El primer capítulo apuntará a las bases preliminares del ordenamiento territorial y el modelo adoptado por la Ley N.° 30230 desde un método comparativo, dogmático y de antecedentes normativos del ordenamiento territorial para evaluar la funcionalidad e intención del legislador de OT. Concretamente, en el segundo capítulo, se describirá los aspectos principales del caso para determinar y analizar los principales problemas jurídicos del artículo 22 del Caso Ley N.º 30230: (1) El ordenamiento territorial es orientador o decisorio; (2) la relación del ordenamiento territorial y el aprovechamiento de los recursos naturales; (3) la competencia para la aprobación de la política nacional del ordenamiento ter

El presente trabajo de investigación busca analizar el resultado de la supervisión y fiscalización realizado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre (OSINFOR), a los permisos forestales, tanto en predios privados así como en comunidades nativas, emitidos los años 2014 y 2015 por el Gobierno Regional de Loreto (GOREL). Se parte de la hipótesis que producto de las supervisiones y fiscalizaciones realizadas por el OSINFOR, se ha verificado la extracción, movilización y/o transporte de recursos forestales de procedencia ilegal, amparados en el uso de documentación otorgada por el GOREL. Para tal efecto, se realiza un análisis de gabinete, tanto de las supervisiones efectuadas así como de los procedimientos administrativos únicos instaurados por el OSINFOR respecto a dichos títulos habilitantes. Se concluye que producto de las funciones de supervisión y fiscalización del OSINFOR se ha logrado determinar la movilización de miles de metros cúbicos de madera provenientes de extracciones no autorizadas, lo cual, menoscaba el patrimonio forestal del Estado así como de los servicios ecosistémicos que nos brinda; hechos producidos a través del uso de Guías de Transporte Forestal amparadas en la aprobación del Plan de Manejo y Permiso forestal otorgados por el GOREL; en ese sentido, se advierte la deficiencia del GOREL en cuanto al cumplimiento de las competencias en materia forestal adquiridas, producto de la descentralización, ya que no se está logrando la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, pues se están aprobando los documentos de gestión sin que se ejecute correctamente los lineamientos establecidos por el ente rector.

La gestión de los residuos sólidos mineros, enfrenta importantes desafíos; en vista de ello, desde un enfoque jurídico – ambiental, mediante este artículo se proponen algunas mejoras normativas vinculadas a la gestión integral de los residuos sólidos mineros que deberían estar incluidas en un reglamento especial de dichos residuos. Así, de una revisión de la situación actual de la gestión de los residuos sólidos mineros, de la normativa nacional e internacional, se realizará el desarrollo de los principales aspectos que, por ser relevantes y/o necesarios, deben estar contenidos en la regulación especial sobre dichos residuos. En ese sentido, este artículo está organizado en dos secciones. En la primera sección se presenta la justificación de la propuesta normativa sobre los residuos sólidos de la minería metálica, en la cual se sostiene que, dada las características de heterogeneidad (varios tipos de residuos, dependiendo de la etapa del proyecto minero y de la etapa de la operación), volúmen (gran volúmen de residuos sólidos mineros generados por los flujos de residuos de la gran y mediana minería) y composición (sustancias o elementos que podrían representar riesgo significativo para la salud, aun cuando todavía no se encuentra clasificado como residuo peligroso), las cuales determinan su peligrosidad para la salud y el ambiente, se requiere adecuar el marco normativo relacionado a la gestión integral de los residuos sólidos mineros, a través de una regulación propia de los mismos. En la segunda sección se tratan los aspectos prioritarios para efectos de una regulación especial sobre los residuos sólidos de la producción de la gran y mediana minería metálica del país; es decir, qué aspectos son necesarios que sean regulados en el Perú y cómo regularlos. Motivo por el cual, en esta segunda sección se desarrollan cuatro aspectos esenciales de la gestión de los residuos sólidos que deben ser objeto de mejora en una regulación especial; las dos primeras están vinculad, Trabajo académico

La gestión de los residuos sólidos mineros, enfrenta importantes desafíos; en vista de ello, desde un enfoque jurídico – ambiental, mediante este artículo se proponen algunas mejoras normativas vinculadas a la gestión integral de los residuos sólidos mineros que deberían estar incluidas en un reglamento especial de dichos residuos. Así, de una revisión de la situación actual de la gestión de los residuos sólidos mineros, de la normativa nacional e internacional, se realizará el desarrollo de los principales aspectos que, por ser relevantes y/o necesarios, deben estar contenidos en la regulación especial sobre dichos residuos. En ese sentido, este artículo está organizado en dos secciones. En la primera sección se presenta la justificación de la propuesta normativa sobre los residuos sólidos de la minería metálica, en la cual se sostiene que, dada las características de heterogeneidad (varios tipos de residuos, dependiendo de la etapa del proyecto minero y de la etapa de la operación), volúmen (gran volúmen de residuos sólidos mineros generados por los flujos de residuos de la gran y mediana minería) y composición (sustancias o elementos que podrían representar riesgo significativo para la salud, aun cuando todavía no se encuentra clasificado como residuo peligroso), las cuales determinan su peligrosidad para la salud y el ambiente, se requiere adecuar el marco normativo relacionado a la gestión integral de los residuos sólidos mineros, a través de una regulación propia de los mismos. En la segunda sección se tratan los aspectos prioritarios para efectos de una regulación especial sobre los residuos sólidos de la producción de la gran y mediana minería metálica del país; es decir, qué aspectos son necesarios que sean regulados en el Perú y cómo regularlos. Motivo por el cual, en esta segunda sección se desarrollan cuatro aspectos esenciales de la gestión de los residuos sólidos que deben ser objeto de mejora en una regulación especial; las dos primeras están vinculad, Trabajo académico

El desarrollo de proyectos de inversión en el Perú debe sujetarse al cumplimiento de la normativa ambiental, que, desde el 2008, incluye al OEFA como el ente rector de la fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental bajo su competencia, los compromisos establecidos en sus instrumentos de gestión ambiental y los mandatos que dicte en el ejercicio de sus funciones. La aparición de la Evaluación Ambiental Temprana (EAT) a cargo del OEFA en 2017, en un contexto económico y político que buscaba impulsar el desarrollo de proyectos de inversión paralizados, entre otros motivos, por la conflictividad social originada en la desconfianza en la institucionalidad ambiental, generó suspicacias en algunos sectores por una aparente falta de claridad sobre su finalidad y legalidad. A cinco años de su aparición y a uno de su reglamentación, el presente trabajo busca aproximarse a una identificación de la naturaleza jurídica de la EAT, analizando si se enmarca dentro la función de evaluación asociada a la fiscalización ambiental que le corresponde al OEFA y si no trasgrede funciones asignadas a entidades como el SENACE, creado el 2012 con el objetivo de otorgar la certificación ambiental a los instrumentos de gestión ambiental de proyectos de inversión que generen un gran impacto ambiental. Para ello, se ha revisado bibliografía especializada, notas informativas y publicaciones institucionales, proyectos normativos y sus exposiciones de motivos, incluyendo las discusiones parlamentarias y matrices de comentarios correspondientes, así como entrevistas con profesionales con amplia experiencia en el sector que se desempeñaron en la academia, en la sociedad civil u ocupando cargos como funcionarios públicos involucrados en la toma de decisiones de la creación del OEFA y del sistema de fiscalización ambiental, así como su desarrollo, incluyendo la creación de la EAT y su implementación, así como su reglamentación, Trabajo académico

En el marco de un proceso de descentralización en marcha, que ha dado cuenta de los múltiples desafíos para la consolidación de los Gobiernos Regionales, y el número de agencias especializadas con competencia en materia forestal y de fauna silvestre, se hace necesario que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) implemente plenamente su función rectora respecto al Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor) a fin de generar un espacio de coordinación interinstitucional que brinde soporte a sus miembros para la consecución de los objetivos de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. En este contexto, la presente investigación busca contribuir a ello delimitando una de las dimensiones de la función rectora del Serfor, como lo es la emisión de opiniones técnicas vinculantes que interpretan en abstracto el sentido de la normativa forestal y de fauna silvestre, permitiendo con ello generar predictibilidad y orientar el correcto funcionamiento del Sinafor. A diferencia de otras entidades rectoras, el Serfor a la fecha aún no ha implementado dicha atribución, ninguno de sus órganos de línea cuenta con funciones expresas para ello y se adolece de un procedimiento que paute su emisión. Sin perjuicio de ello, se han encontrado interesantes avances en las opiniones emitidas por su Oficina General de Asesoría Jurídica y que dan cuenta de la demanda de este tipo de opiniones por parte de los integrantes del Sinafor, lo que facilitará su posicionamiento, haciendo necesario que la entidad también evalúe el fortalecimiento de sus demás atribuciones rectoras., Trabajo académico

En el contexto peruano, existen numerosos casos sobre contaminación por metales pesados en el territorio de pueblos indígenas. Esto ha ocasionado un deterioro de su hábitat, su territorio, grave afectación a sus recursos naturales, su salud, en otros. A pesar de que estos casos han llegado a judicializarse, no ha existido un reconocimiento del derecho a la salud ambiental, desde un enfoque del pluralismo jurídico. El objetivo de este artículo es ser una aproximación hacia un posible y necesario reconocimiento del derecho a la salud ambiental con el fin de que se efectivice este derecho de los pueblos indígenas. Es evidente que este derecho abarca otros factores, pero el presente artículo se ha centrado en analizar desde el contexto de los pueblos indígenas. Para ello, se analiza los antecedentes de la protección del derecho al medio ambiente en el marco nacional e internacional de los pueblos indígenas tomando como referencia el trabajo de diversos autores sobre este tema desde una perspectiva histórica. Posteriormente, se realiza un análisis del contenido esencial, y desarrollo de la jurisprudencia sobre el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente, para finalmente desarrollar cuál sería el contenido esencial del derecho a la salud ambiental. En el último capítulo, se expone el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas a fin de comprender las implicancias que hubiese tenido el reconocimiento de este derecho. El análisis de este trabajo tiene como conclusión principal que, en nuestro contexto, es necesario el reconocimiento de este derecho desde un enfoque del pluralismo jurídico; no obstante, es necesario seguir debatiendo el tema., On the peruvian context, the majority of indigenous people have a several problems, because the contamination in their territory for extractivism industry. The consequences are degradation of their habitat, their natural resources and their healthy. Despite the fact that these cases have been brought to justice, there has been no recognition of the right to environmental health, from a perspective of legal pluralism. The objective of this article is to be an approach towards a possible and necessary recognition of the right to environmental health in order to make this right of indigenous peoples effective. The environmental health comprises other factors, but this article has focused on analyzing it from the perspective of indigenous people. To do this, It is necessary to analyze the antecedents of the protection of the environment right in the case of indigenous peoples in the national and international framework, taking as a reference the work of various authors on this subject from a historical perspective. Subsequently, the analysis of the essential content and development of the jurisprudence on the health right and the environment right, to finally develop what would be the essential content of the right to environmental health. The last chapter presents the case of the Tres Islas Native Community in order to understand the implications that the recognition of this right have had. The analysis of this work has as its main conclusion that, in our context, it is necessary to recognize this right from a legal pluralism approach; however, it is necessary to continue debating., Trabajo académico

El presente trabajo busca analizar las razones de la exclusión de los colectivos LGTBIQ dentro de las discusiones referidas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El trabajo propone que a pesar de la exclusión decidida por parte de los colectivos de Estados islámicos conservadores y grupos profamilia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben satisfacer las necesidades de estos colectivos excluidos, interpretando los diferentes objetivos de conformidad con el Derecho internacional de los Derechos Humanos., Trabajo académico, 04-04-2020

La presente investigación busca dar a conocer el sistema de gobernanza de los Gabinetes Binacionales; con qué países fronterizos se ha establecido dicho mecanismo bilateral y de manera general la temática en materia ambiental que se aborda en cada uno de los ejes temáticos, a partir del año 2014; asimismo, se desarrolla de manera más específica el tema de áreas naturales protegidas., Trabajo académico

El presente trabajo sintetiza de alguna forma mis años de experiencia en materia de derecho ambiental y de derecho de las telecomunicaciones, en tal sentido, tiene como propósito consolidar mi experiencia en estos campos y redescubrir para el sistema jurídico peruano uno de los vínculos entre ambas especialidades del derecho administrativo como es la implementación de los Instrumentos de Gestión Ambiental en el Sector de las Telecomunicaciones Peruano, de este modo, tiene como objetivo concreto, dentro del marco de protección de la salud ambiental y de la calidad de vida de las personas, considerar el impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo sostenible de la sociedad actual. Para ello, contribuimos en la propuesta propusimos adoptar los valores señalados en las Tablas de Restricciones Básicas y Niveles Referenciales, elaborados por el ICNIRP; con el fin de prevenir los posibles efectos adversos de tales radiaciones en la salud de los seres humanos. Como función del Estado en materia ambiental esta propuesta constituye el primer paso en el establecimiento de Límites Máximos Permisibles para la “emisión” de Radiaciones No Ionizantes (RNI) de Radiofrecuencias o Radiocomunicaciones o Telecomunicaciones. Así, el presente trabajo pretende aportar a la discusión nacional, el tema de la eficiencia y eficacia jurídica como instrumento de gestión ambiental, al establecimiento de los “Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes para el sector de las Telecomunicaciones”. Asimismo, hacer de conocimiento de la ciudadanía lo que en esta materia, se encuentra realizando el Estado Peruano, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones., Tesis

El 31 de diciembre de 1976, la Estación 1 del Oleoducto (San José de Saramuro) recibió petróleo de los yacimientos de Petroperú, y el primer frente de crudo llegó a la Terminal de Bayóvar el 24 de mayo de 1977. El 7 de junio del mismo año el buque tanque Trompeteros realizó el primer embarque de crudo con destino a Refinería La Pampilla, en Lima. Petroperú construyó posteriormente el Oleoducto Ramal Norte, que va desde la Estación Andoas a la Estación 5. Entró en operaciones el 24 de febrero de 1978., Trabajo académico

Esta investigación gira en torno al Principio de Indivisibilidad en la Evaluación Ambiental, el cual exige que todos los componentes que integran un proyecto sean evaluados de manera conjunta, con la finalidad de realizar una mejor medición de los posibles impactos que éste pueda causar en el ambiente, como freno a la práctica del fraccionamiento de proyectos. A pesar de ser un principio que genera importantes consecuencias en el ámbito práctico, al ser exigido cada que se realiza un análisis de impactos, tiene un desarrollo normativo y doctrinario sumamente reducido, lo que ha dificultado su aplicación por parte de la Administración y los Administrados, ocasionando que en la actualidad podamos encontrar hasta cinco interpretaciones distintas de su alcance. Es por ello que esta investigación busca conocer a profundidad el principio, para identificar cuál es su contenido y hasta donde llega su alcance, así como proponer diversos mecanismos jurídicos para asegurar su eficacia, partiendo de la hipótesis de que el Principio de Indivisibilidad tiene mayores implicancias teóricas y prácticas a las advertidas en su formulación normativa, así como restricciones concretas en su aplicación que no han sido plenamente identificadas ni desarrolladas. A partir de lo investigado, principalmente, he podido concluir que el Principio de Indivisibilidad tiene un sustento técnico- ecológico, por estar basado en un hecho de la naturaleza referido a la interrelación de los impactos en el ambiente que amerita que éstos sean analizados en conjunto; existe para garantizar la aplicabilidad de importantes principios rectores del derecho ambiental: el principio de prevención y el de participación ciudadana; y, existen excepciones a su aplicación, no solo a nivel normativo en el caso de los proyectos viales y de saneamiento, sino también en el caso de los proyectos transfronterizos en los que no es posible analizar de manera conjunta un proyecto en aplicación del principio de soberanía territor, Tesis

La presente investigación busca determinar la rigurosidad de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas al evaluar los aspectos sociales vinculados al derecho colectivo al territorio de los pueblos indígenas en los Estudios de Impacto Ambiental Desarrollados (En adelante, EIAd) de los proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos, basándose en las observaciones realizadas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos hidrocarburíferos en la Amazonía peruana, durante el periodo de los años 2006 al 2014. En ese sentido, a través de la comparación de los criterios que establecen la legislación, la doctrina y la jurisprudencia en materia de protección del derecho colectivo al territorio; y en las observaciones realizadas a los EIA-d por los funcionarios evaluadores, se determinó que en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental los estándares de protección del derecho al territorio son escasamente incorporados, su incidencia es mínima y se priorizan los aspectos técnicos ambientales y económicos en el análisis de viabilidad de los proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos., Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar los impactos positivos y/o negativos producidos en el sector minero (minería metálica y no metálica), respecto a la facultad de fiscalización del OEFA, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA, en los periodos comprendidos: entre el 01 de junio de 2013 al 30 de junio del 2014; y, el 15 de julio del 2014 al 30 agosto de 2016, correspondientes al antes y después de la entrada en vigencia de la Ley N° 30230, que modificó temporalmente su procedimiento administrativo sancionador, para ello se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo con información obtenida de la propia institución. Finalmente, se concluye que se puede afirmar que con la Ley 30230 se ha logrado priorizar en la prevención antes que la sanción, toda vez que más medidas impuesta de esta naturaleza fueron cumplidas y con ello se logra evidenciar que los administrados están optando por la remediación antes que la sanción., Trabajo académico

La conservación1 en nuestro país ha sido reformulada a partir del reconocimiento de la valoración económica y la potencialidad de la variable ambiental de las diferentes áreas naturales protegidas del país; y en general en los recursos naturales, sin embargo este reconocimiento implica una mayor responsabilidad, ya que el manejo sobre las mismas, por ende sobre sus recursos naturales, no sólo debe responder a los requerimientos del mercado sino a un crecimiento económico que involucre un uso sostenible de los recursos y de las ofertas turísticas que las mismas conllevan. Es en este contexto que elaboramos el presente trabajo, ubicando el caso de la Reserva Nacional Marítima Costera de Paracas, el marco legal y su posterior análisis jurídico, para presentar una serie de problemas que el manejo no sostenible ha creado en la misma., Tesis

La presente tesis busca identificar y describir la situación actual de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en las tiendas por departamento. Esta idea nace debido a que en los últimos diez años se ha incrementado el número de estos establecimientos a nivel nacional, las preferencias por parte de los consumidores para comprar en estos lugares y a la obligación legal de las tiendas por departamento para implementar planes de manejo de estos residuos. Por otra parte existe una mayor preocupación mundial en el manejo de estos residuos debido a su incremento y a los componentes tanto peligroso como reaprovechables que requieren un manejo especializado distinto al de los residuos urbanos. En el desarrollo del presente trabajo de tipo exploratorio se presenta de manera resumida el marco legal aplicable, rol de los diferentes actores involucrados en la gestión de los residuos, las dificultades y oportunidades que se presentan para el manejo de estos residuos, experiencias en otras regiones y en instituciones tanto públicas como privadas , avances entre otros. Se ha realizado una estimación de la probable generación de residuos en base a una metodología y supuestos, con los que ha permitido calcular aproximadamente el gasto monetario para el reaprovechamiento y/o disposición final. Finalmente se plantea una serie de conclusiones y recomendaciones para los diferentes actores a fin de mejorar el manejo de estos residuos., Tesis

El medio ambiente se encuentra amenazado por factores como la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación. De esta manera se pone en riesgo la salud y la vida de las personas, las mismas que el Estado debe proteger a través de políticas públicas oportunas y la adopción de las correspondientes medidas legislativas tendientes a la protección ambiental. La Constitución de la República del Ecuador dice que los derechos o principios son de inmediata aplicación. La Carta Magna señala que las personas tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; por tal motivo, se debe garantizar su efectiva tutela y protección. Tanto más, que el medio ambiente que nos rodea es el único espacio donde puede desarrollarse la vida. El Derecho en su relación con el medio ambiente requiere, de un mecanismo eficaz para la protección ambiental. Los Presidentes de Cortes Superiores son los competentes por ley para conocer de las causas ambientales, sin que estos cumplan con el principio de especialidad en la administración de justicia. Se deben crear juzgados especiales que conozcan de los casos medioambientales de manera exclusiva, que sus jueces y demás personal cuenten con la suficiente especialización en temas ambientales, y que puedan juzgar las causas de mejor manera, garantizando así la protección del medio ambiente., The environment is threatened by factors like the overexploitation of natural resources and pollution. Therefore, people´s health and life are also at risk, and they should be protected by the State through public policies and the corresponding legislation changes that will protect the environment. The Constitution of Ecuador says that rights can be applied directly. The supreme law states that people are entitled to live in a healthy and ecologically balanced environment; for this reason, effective environmental care and protection should be guaranteed. Because the environment around us, is the only place where life is possible. The law in its relationship with the environment requires an effective mechanism for environmental protection. The Presidents of Superior Courts are the ones authorized by law to judge environmental cases, without any specialization in the justice administration. Special courts have to be created to judge environmental cases exclusively. Judges and other judicial personnel must have sufficient expertise in environmental issues, so they can ensure the protection of the environment., Tesis

La finalidad del presente trabajo es exponer y analizar los instrumentos jurídicos concernientes al medio ambiente y los recursos naturales, incluyendo la normativa de diferentes sistemas jurídicos de Latinoamérica y de Europa. La importancia del tema, con el propósito señalado es contribuir al conocimiento y a la puesta en práctica del derecho al medio ambiente, para formar una conciencia personal y colectiva sobre su trascendencia, mas que una disposición sancionatoria se busca la exposición de casos y de la importancia que cada miembro de la sociedad adopte la conciencia ecológica que permita el cumplimiento de dicha normativa y de las declaraciones internacionales., Tesis

El presente trabajo tiene como finalidad, resaltar como ha ido evolucionando la implementación de REDD+ como mecanismo de mitigación dentro de las concesiones forestales, tomando como punto de partida la evolución de la posición de los titulares de las mismas, teniendo en cuenta además los avances que se han ido dando en el ámbito de las definiciones y del marco normativo, destacando principalmente por estos aspectos, los aportes de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos – Ley 30215- 2015. Asimismo, tiene como objetivo resaltar cuales serían las oportunidades y derechos de los titulares de este tipo de concesiones para implementar el referido mecanismo, quienes inicialmente tenían que obtener títulos adicionales para ejercer la facultad de aprovechamiento del servicio ecosistémico de captura de carbono, lo que podía representar un obstáculo, que se podría decir superado con el análisis de la normativa vigente, que nos permite llegar a la conclusión de que el titular de este tipo de concesiones queda habilitado para la implementación del referido sistema de mitigación, sin necesidad de ningún otro tipo de título, y, además permite también aportar algunas recomendaciones en pro de los avances en cuanto a la implementación de este mecanismo de mitigación dentro de las concesiones forestales., Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar los instrumentos y la normativa nacional del proceso de Ordenamiento Territorial, a fin de determinar conceptos y establecer avances y retrocesos, los fenómenos institucionales que contribuyeron a su consolidación, su ente rector y el sustento normativo de nuestro ordenamiento jurídico que le otorga ese carácter y el diseño metodológico del proceso para llegar al concepto de Ordenamiento Territorial, así como garantizar que este no se paralice, ya que existe capacidad técnica obtenida e información diagnosticada formada en años, por lo que al discrepar el nuevo ROF del MINAM con otra norma del sistema jurídico peruano, como lo es su Ley de creación, es una de las inconsistencias que debilitan la normativa, y dejan al descubierto las falencias técnico jurídicas y de sistematización de normas que debería tener como norte nuestro ordenamiento, a fin de ser uno sólido e integrado, no dejando espacio para vacíos e incertidumbres, y para que el progreso alcanzado, no quede detenido, es necesario que hasta la creación del nuevo ente con competencias en OT nacional, se aclare y confirme que el MINAM es quien ejerce rectoría en OT por su Ley de creación, la misma que continua vigente. Asimismo la necesidad de un Sistema Funcional para el Ordenamiento Territorial, que interrelaciona diferentes actores en los niveles de gobierno y sectores ministeriales, para organizar las normas y estandarizar metodologías e instrumentos, es así que para poder obtener un producto que sea útil, innovador que pueda armonizar con cada sector y nivel de gobierno, será necesario articular cada aporte normativo, cada proceso metodológico implementado para la obtención del concepto de Ordenamiento Territorial, a fin de buscar encaminarnos como un todo, teniendo un sentido nacional, apoyado indudablemente de conocimiento científico, que lo llevará a encontrar su permanencia y consistencia., Trabajo académico

El presente Trabajo Académico busca analizar la eficiencia e idoneidad de los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del proyecto minero Conga. Se parte de la hipótesis de que el titular ha cumplido con el procedimiento de participación ciudadana, con lo cual se esperaría que la población tenía todas sus dudas y cuestionamientos absueltos, pues debieron ser atendidos y recogidos en su oportunidad, siendo ello así la minera generó sus propios espacios de diálogo( mecanismos no formales) con la población que se encuentra dentro del área de influencia de su proyecto (AID), pero necesitó ir más allá de las exigencias legales, puesto que los principales cuestionamientos se obtuvieron de la población ubicada fuera del área de influencia identificada (AII) y de actores urbanos, los cuales también corrían el riesgo de ser impactados por la actividad extractiva. Este tema resulta sumamente relevante ya que la participación constituye un derecho ciudadano que, ejecutado sistemática y responsablemente, permite prevenir la existencia de confrontaciones y la polarización de posiciones irreconciliables que terminan por justificar intereses de diversa índole detrás de aparentes argumentos ambientales, o bien puede resolver conflictos de manera satisfactoria para todas las partes en disputa. De este modo, la participación ciudadana posibilita una aproximación a la sustentabilidad ambiental de las acciones humanas en base al diálogo y a la transparencia. En este análisis se tiene en cuenta que es importante que los titulares mineros vayan entendiendo las ventajas que les está ofreciendo la implementación de una combinación de mecanismos de participación ciudadana más allá de los estrictamente obligatorios. Se concluye que los procesos de participación ciudadana deben ser fortalecidos para que sean verdaderos canales formales que promuevan el diálogo entre las partes, de manera tal que se logre recuperar la confianza d, Trabajo académico

El presente trabajo de investigación analiza las consecuencias jurídicas de imponer la servidumbre minera a que se refiere el artículo 7º de la Ley Nº 26505 sobre propiedades comunales en la sierra del Perú, teniendo como hipótesis que la normativa vigente sobre este tipo de servidumbre coloca los derechos del titular minero por encima de los derechos de las comunidades campesinas, incrementando con ello la asimetría existente entre las partes para negociar; debido a que, ante la falta de acuerdos para el desarrollo de actividades mineras en los territorios de las comunidades campesinas, el titular de los derechos mineros puede iniciar un procedimiento administrativo de imposición de servidumbre sobre las áreas en las que tenga el interés de llevar a cabo sus actividades mineras, sean éstas de exploración, explotación, desarrollo, beneficio o transporte. En ese sentido, la legislación aplicable a estos supuestos de hecho debe de ser modificada y adecuada a las disposiciones constitucionales vigentes, así como a los principios de justicia y equidad, eliminando la posibilidad de que, ante la falta de acuerdo entre los titulares de los derechos mineros y las comunidades campesinas de la sierra, una entidad administrativa pueda imponer este tipo de servidumbre en favor de los primeros, si es que dicha servidumbre implica enervar el derecho de propiedad comunal, pues ello sería una expropiación encubierta y, por ende, un acto inconstitucional., Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar el resultado de la supervisión y fiscalización realizado por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y Fauna Silvestre (OSINFOR), a los permisos forestales, tanto en predios privados así como en comunidades nativas, emitidos los años 2014 y 2015 por el Gobierno Regional de Loreto (GOREL). Se parte de la hipótesis que producto de las supervisiones y fiscalizaciones realizadas por el OSINFOR, se ha verificado la extracción, movilización y/o transporte de recursos forestales de procedencia ilegal, amparados en el uso de documentación otorgada por el GOREL. Para tal efecto, se realiza un análisis de gabinete, tanto de las supervisiones efectuadas así como de los procedimientos administrativos únicos instaurados por el OSINFOR respecto a dichos títulos habilitantes. Se concluye que producto de las funciones de supervisión y fiscalización del OSINFOR se ha logrado determinar la movilización de miles de metros cúbicos de madera provenientes de extracciones no autorizadas, lo cual, menoscaba el patrimonio forestal del Estado así como de los servicios ecosistémicos que nos brinda; hechos producidos a través del uso de Guías de Transporte Forestal amparadas en la aprobación del Plan de Manejo y Permiso forestal otorgados por el GOREL; en ese sentido, se advierte la deficiencia del GOREL en cuanto al cumplimiento de las competencias en materia forestal adquiridas, producto de la descentralización, ya que no se está logrando la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, pues se están aprobando los documentos de gestión sin que se ejecute correctamente los lineamientos establecidos por el ente rector., Trabajo académico

La formación del ordenamiento territorial, como construcción social, es consustancial a la evolución del hombre. A diferencia del ordenamiento territorial europeo como función pública después de la Segunda Guerra Mundial, en la región latinoamericana se comienza a enmarcar a finales de siglo XX en búsqueda de modelos sostenibles. En ese contexto, el modelo peruano sufre un proceso de desintegración normativa ante la ausencia de una ley general de ordenamiento territorial y agraviado por la imprecisa conceptualización adoptada por la Ley N.º 30230 del año 2014, el cual limitó el Ordenamiento Territorial (OT) y la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en aras de dinamizar las inversiones, adoptando así un modelo en extremo estricto en comparación a otros modelos de otros países. Cabe preguntarse, ¿es posible un modelo sistemático y equilibrado de ordenamiento territorial? Esta pregunta toma mayor fuerza tras la Sentencia del Pleno expedida sobre las demandas de inconstitucionalidad interpuestas en los Exp. N.° 0003-2015-PI/TC y 0012-2015-PI/TC (acumulados) por el Gobierno Regional de San Martín y más de 5000 ciudadanos a diversos artículos de la Ley N.° 30230, o conocido públicamente como el “paquetazo ambiental”. En ese sentido, el informe se divide en tres capítulos. El primer capítulo apuntará a las bases preliminares del ordenamiento territorial y el modelo adoptado por la Ley N.° 30230 desde un método comparativo, dogmático y de antecedentes normativos del ordenamiento territorial para evaluar la funcionalidad e intención del legislador de OT. Concretamente, en el segundo capítulo, se describirá los aspectos principales del caso para determinar y analizar los principales problemas jurídicos del artículo 22 del Caso Ley N.º 30230: (1) El ordenamiento territorial es orientador o decisorio; (2) la relación del ordenamiento territorial y el aprovechamiento de los recursos naturales; (3) la competencia para la aprobación de la política nacional del ordenamiento ter

El presente informe abarca el análisis jurídico de la entrada en vigor de la Ley N° 30230 sobre el expediente administrativo sancionador N° 1094-2013-OEFA/DFSAI/PAS, de OEFA contra Minera Barrick Misquichilca S.A. El análisis del expediente aborda cuestionar la validez de la Ley N° 30230 frente a la vulneración del principio administrativo de razonabilidad, principio ambiental de prevención y el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Asimismo, al ser un procedimiento excepcional por el cual se impone solo medidas correctivas, a fin de verificar el cumplimiento de las mismas, consideramos que en el presente caso al no cumplir el objetivo trazado por la misma ley, el procedimiento administrativo sancionador pudo ser uno regular y el administrado hubiese sido pasible a una sanción a fin de disuadir el incumplimiento de sus obligaciones ambientales. En ese orden de ideas, el trabajo se justifica en el análisis de los derechos y principios vulnerados en el procedimiento administrativo sancionador, a razón de la entrada en vigor de la Ley N° 30230. Asimismo, se procederá a analizar los conceptos de la potestad fiscalizadora y sancionadora y cómo la entrada en vigor del artículo 19 de la ley en cuestión generó el debilitamiento del contenido de ambas potestades. Por consiguiente, al finalizar el desarrollo del informe se podrá evidenciar el impacto negativo de la ley materia de cuestión., This report covers the legal analysis of the entry into force of Law No. 30230 on administrative disciplinary proceedings No. 1094-2013-OEFA/DFSAI/PAS, of OEFA against Minera Barrick Misquichilca S.A. The analysis of the file seeks to question the validity of Law No. 30230 against the violation of the administrative principle of reasonableness, the environmental principle of prevention and the right to a healthy and balanced environment. . In addition, as it is an exceptional procedure by which only corrective measures are imposed, in order to verify compliance with them, we consider that in the present case, by not fulfilling the objective outlined by the same law, the sanctioning administrative procedure could be a regulated one and the company would have been subject to a sanction in order to deter non-compliance with its environmental obligations. In this order of ideas, the work is justified in the analysis of the rights and principles violated in the administrative sanctioning procedure, due to the entry into force of Law No. 30230. Furthermore, we will proceed to analyze the concepts of the supervisory and sanctioning power and how the entry into force of article 19 of the law in question generated the weakening of the content of both powers. Consequently, at the end of the development of the report, the negative impact of the law in question can be evidenced.

El problema de la calidad del agua producto de la deficiente gestión de aguas residuales es una de las principales problemáticas que enfrenta nuestro país en términos de salud pública, biodiversidad marina y sostenibilidad del desarrollo económico. En este contexto, el presente informe jurídico, por medio de un análisis integral del caso concreto y de la legislación, doctrina y jurisprudencia aplicable en materia administrativa, ambiental y de recursos hídricos, pretende aportar criterios para un adecuado análisis de la vulneración del principio del non bis in ídem, una apropiada calificación de la infracción y determinación de cuándo corresponde aplicar un eximente de responsabilidad, y, finalmente, la vulneración del principio de prevención desde las perspectivas del derecho ambiental y administrativo. En ese sentido, tiene como primer objetivo analizar si existe conflicto de competencia entre la ANA y la Fiscalía provincial especializada en materia ambiental. Como segundo objetivo, determinar si el derrame del agua residual (licor negro) proveniente de las pozas de almacenamiento de TRUPAL al mar, constituye una conducta infractora consistente en efectuar vertimiento de agua residual en un cuerpo de agua sin autorización de la ANA y si, en consecuencia, mereció ser sancionada. Finalmente, como tercer objetivo, examinar cómo TRUPAL y la ANA infringieron el principio de prevención. En este orden de ideas, se concluye que no ha sido suficientemente riguroso el análisis efectuado por la ALA-Chicama y el TNRCH con respecto al vertimiento no autorizado de aguas residuales, toda vez que realizaron una insuficiente evaluación del conflicto de competencia entre la ANA y la Fiscalía provincial especializada en materia ambiental, no consideraron que el vertimiento de agua residual en un cuerpo de agua sin autorización de la ANA puede realizarse por medio de conductas omisivas, y no examinaron, en el caso concreto, la efectiva vulneración de principio de prevención.

En el contexto peruano, existen numerosos casos sobre contaminación por metales pesados en el territorio de pueblos indígenas. Esto ha ocasionado un deterioro de su hábitat, su territorio, grave afectación a sus recursos naturales, su salud, en otros. A pesar de que estos casos han llegado a judicializarse, no ha existido un reconocimiento del derecho a la salud ambiental, desde un enfoque del pluralismo jurídico. El objetivo de este artículo es ser una aproximación hacia un posible y necesario reconocimiento del derecho a la salud ambiental con el fin de que se efectivice este derecho de los pueblos indígenas. Es evidente que este derecho abarca otros factores, pero el presente artículo se ha centrado en analizar desde el contexto de los pueblos indígenas. Para ello, se analiza los antecedentes de la protección del derecho al medio ambiente en el marco nacional e internacional de los pueblos indígenas tomando como referencia el trabajo de diversos autores sobre este tema desde una perspectiva histórica. Posteriormente, se realiza un análisis del contenido esencial, y desarrollo de la jurisprudencia sobre el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente, para finalmente desarrollar cuál sería el contenido esencial del derecho a la salud ambiental. En el último capítulo, se expone el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas a fin de comprender las implicancias que hubiese tenido el reconocimiento de este derecho. El análisis de este trabajo tiene como conclusión principal que, en nuestro contexto, es necesario el reconocimiento de este derecho desde un enfoque del pluralismo jurídico; no obstante, es necesario seguir debatiendo el tema., On the peruvian context, the majority of indigenous people have a several problems, because the contamination in their territory for extractivism industry. The consequences are degradation of their habitat, their natural resources and their healthy. Despite the fact that these cases have been brought to justice, there has been no recognition of the right to environmental health, from a perspective of legal pluralism. The objective of this article is to be an approach towards a possible and necessary recognition of the right to environmental health in order to make this right of indigenous peoples effective. The environmental health comprises other factors, but this article has focused on analyzing it from the perspective of indigenous people. To do this, It is necessary to analyze the antecedents of the protection of the environment right in the case of indigenous peoples in the national and international framework, taking as a reference the work of various authors on this subject from a historical perspective. Subsequently, the analysis of the essential content and development of the jurisprudence on the health right and the environment right, to finally develop what would be the essential content of the right to environmental health. The last chapter presents the case of the Tres Islas Native Community in order to understand the implications that the recognition of this right have had. The analysis of this work has as its main conclusion that, in our context, it is necessary to recognize this right from a legal pluralism approach; however, it is necessary to continue debating.

La presente investigación busca determinar la rigurosidad de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas al evaluar los aspectos sociales vinculados al derecho colectivo al territorio de los pueblos indígenas en los Estudios de Impacto Ambiental Desarrollados (En adelante, EIAd) de los proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos, basándose en las observaciones realizadas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos hidrocarburíferos en la Amazonía peruana, durante el periodo de los años 2006 al 2014. En ese sentido, a través de la comparación de los criterios que establecen la legislación, la doctrina y la jurisprudencia en materia de protección del derecho colectivo al territorio; y en las observaciones realizadas a los EIA-d por los funcionarios evaluadores, se determinó que en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental los estándares de protección del derecho al territorio son escasamente incorporados, su incidencia es mínima y se priorizan los aspectos técnicos ambientales y económicos en el análisis de viabilidad de los proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos.

La presente investigación busca dar a conocer el sistema de gobernanza de los Gabinetes Binacionales; con qué países fronterizos se ha establecido dicho mecanismo bilateral y de manera general la temática en materia ambiental que se aborda en cada uno de los ejes temáticos, a partir del año 2014; asimismo, se desarrolla de manera más específica el tema de áreas naturales protegidas.

Esta investigación gira en torno al Principio de Indivisibilidad en la Evaluación Ambiental, el cual exige que todos los componentes que integran un proyecto sean evaluados de manera conjunta, con la finalidad de realizar una mejor medición de los posibles impactos que éste pueda causar en el ambiente, como freno a la práctica del fraccionamiento de proyectos. A pesar de ser un principio que genera importantes consecuencias en el ámbito práctico, al ser exigido cada que se realiza un análisis de impactos, tiene un desarrollo normativo y doctrinario sumamente reducido, lo que ha dificultado su aplicación por parte de la Administración y los Administrados, ocasionando que en la actualidad podamos encontrar hasta cinco interpretaciones distintas de su alcance. Es por ello que esta investigación busca conocer a profundidad el principio, para identificar cuál es su contenido y hasta donde llega su alcance, así como proponer diversos mecanismos jurídicos para asegurar su eficacia, partiendo de la hipótesis de que el Principio de Indivisibilidad tiene mayores implicancias teóricas y prácticas a las advertidas en su formulación normativa, así como restricciones concretas en su aplicación que no han sido plenamente identificadas ni desarrolladas. A partir de lo investigado, principalmente, he podido concluir que el Principio de Indivisibilidad tiene un sustento técnico- ecológico, por estar basado en un hecho de la naturaleza referido a la interrelación de los impactos en el ambiente que amerita que éstos sean analizados en conjunto; existe para garantizar la aplicabilidad de importantes principios rectores del derecho ambiental: el principio de prevención y el de participación ciudadana; y, existen excepciones a su aplicación, no solo a nivel normativo en el caso de los proyectos viales y de saneamiento, sino también en el caso de los proyectos transfronterizos en los que no es posible analizar de manera conjunta un proyecto en aplicación del principio de soberanía territor

El presente trabajo de investigación busca analizar los impactos positivos y/o negativos producidos en el sector minero (minería metálica y no metálica), respecto a la facultad de fiscalización del OEFA, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA, en los periodos comprendidos: entre el 01 de junio de 2013 al 30 de junio del 2014; y, el 15 de julio del 2014 al 30 agosto de 2016, correspondientes al antes y después de la entrada en vigencia de la Ley N° 30230, que modificó temporalmente su procedimiento administrativo sancionador, para ello se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo con información obtenida de la propia institución. Finalmente, se concluye que se puede afirmar que con la Ley 30230 se ha logrado priorizar en la prevención antes que la sanción, toda vez que más medidas impuesta de esta naturaleza fueron cumplidas y con ello se logra evidenciar que los administrados están optando por la remediación antes que la sanción.

La presente tesis busca identificar y describir la situación actual de la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en las tiendas por departamento. Esta idea nace debido a que en los últimos diez años se ha incrementado el número de estos establecimientos a nivel nacional, las preferencias por parte de los consumidores para comprar en estos lugares y a la obligación legal de las tiendas por departamento para implementar planes de manejo de estos residuos. Por otra parte existe una mayor preocupación mundial en el manejo de estos residuos debido a su incremento y a los componentes tanto peligroso como reaprovechables que requieren un manejo especializado distinto al de los residuos urbanos. En el desarrollo del presente trabajo de tipo exploratorio se presenta de manera resumida el marco legal aplicable, rol de los diferentes actores involucrados en la gestión de los residuos, las dificultades y oportunidades que se presentan para el manejo de estos residuos, experiencias en otras regiones y en instituciones tanto públicas como privadas , avances entre otros. Se ha realizado una estimación de la probable generación de residuos en base a una metodología y supuestos, con los que ha permitido calcular aproximadamente el gasto monetario para el reaprovechamiento y/o disposición final. Finalmente se plantea una serie de conclusiones y recomendaciones para los diferentes actores a fin de mejorar el manejo de estos residuos.

En el marco de un proceso de descentralización en marcha, que ha dado cuenta de los múltiples desafíos para la consolidación de los Gobiernos Regionales, y el número de agencias especializadas con competencia en materia forestal y de fauna silvestre, se hace necesario que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) implemente plenamente su función rectora respecto al Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor) a fin de generar un espacio de coordinación interinstitucional que brinde soporte a sus miembros para la consecución de los objetivos de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. En este contexto, la presente investigación busca contribuir a ello delimitando una de las dimensiones de la función rectora del Serfor, como lo es la emisión de opiniones técnicas vinculantes que interpretan en abstracto el sentido de la normativa forestal y de fauna silvestre, permitiendo con ello generar predictibilidad y orientar el correcto funcionamiento del Sinafor. A diferencia de otras entidades rectoras, el Serfor a la fecha aún no ha implementado dicha atribución, ninguno de sus órganos de línea cuenta con funciones expresas para ello y se adolece de un procedimiento que paute su emisión. Sin perjuicio de ello, se han encontrado interesantes avances en las opiniones emitidas por su Oficina General de Asesoría Jurídica y que dan cuenta de la demanda de este tipo de opiniones por parte de los integrantes del Sinafor, lo que facilitará su posicionamiento, haciendo necesario que la entidad también evalúe el fortalecimiento de sus demás atribuciones rectoras.

La conservación1 en nuestro país ha sido reformulada a partir del reconocimiento de la valoración económica y la potencialidad de la variable ambiental de las diferentes áreas naturales protegidas del país; y en general en los recursos naturales, sin embargo este reconocimiento implica una mayor responsabilidad, ya que el manejo sobre las mismas, por ende sobre sus recursos naturales, no sólo debe responder a los requerimientos del mercado sino a un crecimiento económico que involucre un uso sostenible de los recursos y de las ofertas turísticas que las mismas conllevan. Es en este contexto que elaboramos el presente trabajo, ubicando el caso de la Reserva Nacional Marítima Costera de Paracas, el marco legal y su posterior análisis jurídico, para presentar una serie de problemas que el manejo no sostenible ha creado en la misma.