La dicción literal del artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dispone textualmente: "Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento". Por su parte, el artículo 12 del mismo cuerpo legal recoge el derecho de acceso a la información pública. Dicho derecho queda recogido en los siguientes términos: "Toda persona tiene derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución española y en esta Ley (...)". Tras la lectura de los preceptos referenciados son varias las cuestiones que se suscitan. Máxime si el análisis se realiza desde la sistemática constitucional de los derechos fundamentales y desde un marco conceptual amplio y crítico en cuanto a los términos en los que el máximo intérprete constitucional ha perfilado la participación ciudadana a lo largo de su doctrina constitucional. En este sentido el análisis que se propone parte del reconocimiento de la fundamentalidad del derecho de acceso a la información pública, lo que obliga a profundizar en su naturaleza jurídica a la par que en otras cuestiones. Una fundamentalidad que parece obviarse en la redacción de los preceptos referenciados pese a contar con un claro reconocimiento a nivel europeo e internacional y pese a que su fundamentación constitucional cabría articularla en el análisis conjunto de los artículos 20.1 a) y d), 23 y 105 b) de la CE. Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría conceptualizar el derecho de acceso a la información pública como derecho fundamental? ¿En qué términos afectaría a su contenido y/o su bien jurídico protegido? ¿Y qué ocurriría con su régimen de garantías? Y es que pese a las opiniones a favor de tal conceptualización - procedentes sobre todo del ámbito académico - se observan ciertas resistencias y cierta complacencia para no exceder la delimitación conceptual como "derecho" más allá de lo dispuesto en el artículo 105 b) de la CE. Sin duda, esto supone una importante limitación para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Piénsese que no cuenta con las garantías reforzadas que el texto constitucional perfila y, en tal sentido, las expectativas de acción jurídica por parte de la ciudadanía pueda resultar condicionadas.