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Las Juntas Medicas Laborales (JML) como acto administrativo orientado a establecer diagnósticos efecticos, tendientes a clasificar lesiones, afecciones, secuelas y valorar la disminución de la capacidad laboral para el servicio. Determinan índices para fines indemnizatorios cuando a ello hubiere lugar dentro del Ejército Nacional de Colombia. Las JML han generado un fuerte debate jurídico, ético y administrativo dada la percepción de subjetividad valorativa a la hora de emitir conceptos medico laborales capaces de afectar derechos fundamentales de los evaluados. Esta problemática conlleva a presentar un análisis legal entorno a práctica y valoración medico laboral al interior de Sanidad Militar. Dado que hoy las estadísticas sanitarias evidencian un aumento significativo en el personal castrense que se encuentra retirado de sus funciones laborales. Os Conselhos de Medicina do Trabalho (JML), como ato administrativo, visam estabelecer diagnósticos efetivos, tendendo a classificar lesões, afecções, sequelas e avaliar a diminuição da capacidade de trabalho para o serviço. Eles determinam índices para fins de indenização quando este é o caso dentro do Exército Nacional da Colômbia. O JML gerou um forte debate jurídico, ético e administrativo diante da percepção da subjetividade avaliativa na emissão de conceitos médicos trabalhistas capazes de afetar os direitos fundamentais do avaliado. Este problema implica apresentar uma análise jurídica sobre a prática médica e avaliação dentro da Saúde Militar. Dado que as estatísticas de saúde de hoje mostram um aumento significativo no pessoal militar que está aposentado de suas funções de trabalho. La Commission médicale du travail (JML) est un acte administratif visant à établir des diagnostics efficaces, à classifier les blessures, les affections, les séquelles et à évaluer la diminution de la capacité de travail du service. Ils déterminent les indices aux fins de compensation lorsqu'il y a une place dans l'armée nationale colombienne. Les JML ont suscité un vif débat juridique, éthique et administratif compte tenu de la perception de subjectivité évaluative lors de l’émission de concepts de travail médical susceptibles d’affecter les droits fondamentaux des personnes évaluées. Ce problème conduit à la présentation d'une analyse juridique de la pratique et d'une évaluation médicale du travail au sein du département de la santé militaire. Étant donné qu'aujourd'hui, les statistiques sanitaires font apparaître une augmentation significative du nombre de militaires à la retraite qui ont pris leur retraite.

A partir de un análisis crítico, concreto y completo sobre la procedibilidad de la revocatoria directa, que para su solicitud requiere que el peticionario no haya interpuesto recursos ordinarios, se busca responder si este principio de procedibilidad es violatorio al derecho de defensa y al debido proceso como derechos fundamentales, los cuales deben desarrollarse en el marco de cualquier actuación judicial o administrativa. From a critical, concrete and comprehensive analysis about the procedurability direct recall that your application requires that the petitioner has not filed regular resources, it seeks to answer if this principle of procedural violates the right of defense and due process as fundamental rights of all people and which should be developed in the context of any judicial or administrative action.

La presente investigación estudia el artículo 57 de la Ley 1437 de 2011, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual introdujo la posibilidad que las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, pudieran emitir válidamente Actos Administrativo por medios Electrónicos, sin que se indicara la definición, las características y la forma en la que se debía emitir este tipo de decisiones. Se pudo determinar como elemento más importante y a la vez la dificultad más grande para su implementación a la Firma Digital, en donde se concluyó que el sistema de certificación de firma digital previsto en la Ley 527 de 1999, que fue establecido para el comercio electrónico y su principal usuario era el particular, no es el más apto para certificar las firmas digitales de los Actos Administrativos Electrónicos establecidos en el artículo 57 del CPACA, por cuanto hace incurrir en altos costos a las entidades públicas, dando como resultado que la implementación del Acto Administrativo Electrónico sea de difícil ejecución. This research deals about the article 57 of the Law 1437 of 2011, the Code of Administrative Procedure and Administrative Disputes, which introduced the possibility to the public authorities, in performance of their functions, could issue lawfully Administrative Acts by electronic means, without giving its definition, its characteristics and the procedure to issue this kind of decisions. One of the most important and at the same time, difficult element to be implemented has been the Digital Signature, because it has been determined that the system of certification set for the electronic commerce in the Ley 527 of 1999, where the main user is a private individual, is not the suitable to certify the signature of Administrative Acts established in the Article 57 of the CPACA, due to the high costs the public entities have to incur for its implementation.

La responsabilidad por la actividad contractual del Estado en la etapa previa a la celebración del negocio jurídico, ha tomado un gran auge generando múltiples estudios de carácter doctrinario y jurisprudencial, ante la precaria consagración legal establecida, enmarcada y desarrollada a partir de la cláusula general de responsabilidad del estado consagrada en el Art. 90 de la norma superior. El presente ensayo de carácter jurídico aborda desde distintos aspectos la responsabilidad del servidor público en la etapa precontractual partiendo de figuras jurídicas del derecho civil aplicadas a responsabilidad contractual estatal, resaltando las características de la etapa previa al contrato estatal para centrar el estudio en la responsabilidad de la administración pública y medios de control que la misma ha ejecutado en los posibles casos presentados. Teniendo como objetivo principal determinar el alcance de la responsabilidad de la administración pública por las actuaciones, omisiones o extralimitaciones de sus servidores públicos en la etapa precontractual. Así las cosas, se pretende dar un panorama sobre las intervenciones que las entidades estatales realizan en el momento de ocasionarse un posible daño generado por las indebidas actuaciones de los servidores públicos encargados de desarrollar los diferentes actos administrativos y actuaciones que se generen en la etapa previa a la celebración del contrato estatal. The responsibility for the contractual activity of the state for the previous step of the legal business celebration, has taken a big boom generating multiple studies doctrinaire and jurisprudence character, at the precarious legal consecration established, framed and developed from the general clause of responsibility of the state consecrated in the article 90 of the superior norm. The present essay of a legal character approached from different aspects, the responsibility of the public servant in the pre-contractual stage based on legal concepts of civil law applied to state contractual liability, highlighting the characteristics of the previous stage to state contract, to focus the study on the responsibility of public administration and control means, that it has executed in possible cases presented. Having as main objective to determine the scope of the responsibility of public administration for the actions, omissions or excesses of public servants in the pre-contractual stage. so, it is pretend to give an overview of the interventions that entities of the state made at the time that cause a possible damage generated by the improper actions of public servants in charge, to develop of the different administrative acts and actions generated in the previous step on conclusion of the state contract.

Frente al tema desarrollado en el presente ensayo, se abordaron los antecedentes del Estado Social de Derecho, el cual predica los postulados del principio de legalidad, en cuanto a que las actuaciones del Estado deben estar enmarcadas en la Ley. En este sentido, nos adentramos en el tema, analizando los aspectos relacionados con la potestad discrecional del Estado, cuya facultad fácilmente podría ser desnaturalizada y convertida en una arbitrariedad, cuando una Entidad Pública alejándose de la utilización de actos administrativos reglados - lo cual no necesariamente es prohibido por la Ley-, expide actos administrativos discrecionales que crean o modifican situaciones jurídicas sin permitir al administrado el ejercicio de derechos Fundamentales como el Debido Proceso e Igualdad, atentando así mismo contra el principio de contradicción. Ahora bien, una línea muy delgada entre la discrecionalidad y la arbitrariedad la traza la motivación, lo cual sea dicho de paso, determina la diferencia entre el uso legítimo de la discrecionalidad y la desviación de poder. Con base en lo anterior, se puede evidenciar como la potestad discrecional del Estado ha generado la necesidad de que la Altas Cortes entren a regularla de tal manera, que han producido un constante actuar en busca de circunscribir dicha potestad dentro de un ámbito de aplicación definido mediante derroteros con límites claros, buscando así la forma de evitar que se use esta figura con un sesgo de arbitrariedad. Así las cosas, es preciso analizar si estas actuaciones desnaturalizan la existencia de dicha potestad, que quizá debieron ir más allá extrayéndola de la legislación nacional. Regarding the topic developed in this essay, the background of the social rule of law was approached, which preaches the postulates of the legality principle, as the State's actions should be framed in the law. In this sense, we enter the topic by analyzing the aspects related to the discretionary power of the State, whose power could easily be denatured and turned into arbitrary matter, when a public agency, getting away from the use of regulated administrative acts - which is not necessarily prohibited by the law - issues discretionary administrative acts that create or modify legal situations not allowing the managed the exercise of fundamental rights such as Due Process and Equality, impacting in the same way against the principle of contradiction. Now, a very thin line between discretion and arbitrariness is traced by motivation, which incidentally, determines the difference between the legitimate use of discretion and misuse of power. Based on the above, it may be shown how the discretionary power of the state has generated the need for the High Courts to start regulating it in such a way that it has produced a constant proceeding seeking to circumscribe that authority within a scope defined by paths with clear boundaries, looking for ways to prevent this figure to be used with an arbitrary bias. So, it is necessary to analyze whether these actions denature the existence of that authority, which perhaps should have gone beyond by removing it from the national law.

El Estado goza de la facultad del Ius Puniendi para imponer penas y sanciones que le permitan mantener un orden social justo buscando prevenir y disuadir a los coasociados de cometer conductas que afecten la sana convivencia. En el caso de los servidores públicos, en atención a las relaciones especiales de sujeción, el régimen de responsabilidad se agrava al establecer que la misma se atribuye por omisión o extralimitación en el deber funcional. Sin embargo, la potestad estatal debe someterse a las garantías mínimas reconocidas universalmente para su validez y eficacia, entre ellas la presunción de inocencia, según la cual, toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, no puede afectarse derechos subjetivos a los servidores públicos disciplinados al otorgarse efectos jurídicos a actos administrativos que el legislador no proveyó inicialmente y que no resuelven de fondo y en forma definitivamente su responsabilidad, como ocurre en el pliego de cargos. The State enjoys the faculty of the ius puniendi to impose penalties and sanctions that allow it to maintain a just social order by seeking to prevent and deter the coasociados to commit behaviors that affect healthy coexistence. In the case of public servants, in attention to the special relations of subject, the liability regime is further compounded by the establish that the same is attributed by omission or overreach in the functional duty. However, the state power must be subject to the minimum guarantees universally recognized for its validity and effectiveness, including the presumption of innocence, according to which every person is presumed innocent until proven otherwise. Therefore, it cannot be affected subjective rights to public servants disciplined to be given legal effect to administrative acts that the legislator is not provided initially and will not resolve of fund and in definitively his responsibility, as occurs in the statement of objections.

Con el presente artículo se pretende analizar críticamente las posturas que se han desarrollado con relación a la función que cumplen las autoridades en ejercicio de la potestad disciplinaria y la naturaleza de los actos emitidos con ocasión de estos procesos. Para lo cual se expondrán brevemente las teorías relacionadas con el origen y evolución del derecho administrativo; posteriormente se presentará de manera general los fundamentos de la potestad sancionadora del Estado y del derecho disciplinario; en seguida se conceptualizará lo relacionado con el acto administrativo y el acto jurisdiccional y finalmente a través de los pronunciamientos adoptados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, se identificaran características esenciales de las actuaciones adelantadas por la Procuraduría General de la Nación y así analizar cuál debería ser su naturaleza. El artículo concluye con comentarios en los cuales se afirma que dadas las funciones que ejerce la Procuraduría en razón de su potestad disciplinaria, sus actuaciones y decisiones materialmente revisten las características de una función jurisdiccional. The present article is tried to analyze critically the positions that have developed with relation to the function that the authorities fulfill in exercise of the disciplinary legal authority and the nature of the acts issued on the occasion of these processes. For which there will be exposed brief the theories related to the origin and evolution of the administrative law; later one will present in a general way the foundations of the legal authority disciplinary of the State and of the disciplinary right; immediately there will be conceptualized the related thing to the administrative act and the jurisdictional act and finally across the pronouncements adopted as the Constitutional Court and the State council, essential characteristics of the actions were identified advanced for by the Procuraduría General office of the Nation and this way to analyze which should be his nature. The article concludes with comments in which one affirms that given the functions that the Procuraduría office exercises in reason of his disciplinary legal authority, his actions and decisions materially meets the characteristics of a jurisdictional function.

El presente trabajo tiene como objetivo presentar el resultado de una investigación doctrinal, normativa y jurisprudencial realizada mediante un análisis descriptivo, crítico y reflexivo que tiene como finalidad demostrar si se puede presentar la desviación de poder en la aplicación de la facultad discrecional para el retiro de miembros de la Fuerzas Militares. This paper aims to present the result of a jurisprudential doctrine research, policy and conducted a descriptive analysis, critical and reflective that aims to demonstrate the misuse of power in the application of discretion for the removal of members of the force public.

A partir del estudio de la teoría del acto administrativo particularmente de sus elementos y la clasificación, se pretende responder a la pregunta de porque los conceptos que emite la Comisión Revisora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA son actos administrativos que deben motivarse, de manera que se pueda establecer la importancia de este elemento para los pronunciamientos hechos por el mencionado cuerpo colegiado, ya que en algunos de ellos se imponen una serie de obligaciones a aquellas personas que ejercen actividades relacionadas con los productos para el consumo humano que son competencia del Instituto. From the study of the theory of administrative act particularly its entirety and classification, is to answer the question of why the concepts issued by the Audit Commission of the National Institute of Drug Surveillance and Food INVIMA are administrative acts to be motivated, so that it can establish the importance of this element for the pronouncements made by the aforementioned collegiate body, since some of them a number of obligations are imposed on those who exercise related products for human consumption that are competitive activities from institute.

Este documento identifica las causas por las cuales el Ministerio de Defensa Nacional disminuyo un 20% el salario básico mensual de los Soldados Voluntarios – Hoy Soldados Profesionales, así mismo, determinar la cuantía dejada de cancelar desde noviembre 1° de 2003, tomando como referencia el último Soldado Voluntario vinculado a la institución, a fin de responder el siguiente interrogante: ¿Por qué el Ministerio de Defensa Nacional generó un detrimento al patrimonio del personal que ostenta la base principal de las Fuerzas Militares?. In this document is identified the causes that led to the Ministry of Defense to reduce by 20% the basic monthly salary of “Volunteer” Soldiers – the rank which has change into “Professional” Soldiers, also, to determine the average value that has not been payed from November 1st, 2003 when the rank was changed, all this based on the last Volunteer Soldier who enlisted in order to answer the following question: Why did the Ministry of Defense led the detriment of the personal assets of those men who are the base of the Colombian Army.

La Ley 80 de 1993 otorgó amplias facultades y competencias a los Tribunales de Arbitramento. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, han limitado su competencia frente a la legalidad de los actos administrativos sancionatorios. Por lo anteriormente expuesto, el presente artículo está encaminado en determinar si el conocimiento de las controversias derivadas de las razones de legalidad en que se sustentan los actos administrativos unilaterales (sancionatorios), debe ser exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa o por el contrario un tribunal de arbitramiento podría conocer este tipo de actos. Ninguno Law 80 of 1993 grants broad powers and competences arbitration tribunals. However, the jurisprudence of the Council of State and the Constitutional Court have limited their competition against the legality of punitive administrative actions. By the above, this article is aimed at determining whether knowledge of disputes arising from the reasons of legality that unilateral administrative acts (punitive) are based, must be unique in the administrative jurisdiction or otherwise court of arbitration could meet such acts.

El presente ensayo tiene el propósito de explicar el fenómeno de notificación de los Actos Administrativos de carácter particular que conceden pensiones a Docentes en Colombia, y su estrecha relación con la mala praxis al momento de realizar dichas notificaciones, repercutiendo así, en la validez y eficacia de los mismos. Para ello, iniciaremos con una definición genérica de Acto Administrativo, donde se desarrollan las características particulares del mismo. Se estudiará la norma frente a la notificación de los Actos, su eficacia y validez para nacer a la vida jurídica, y por último, se concluirá la determinación real que tienen los Actos Administrativos tanto en Colombia como en diferentes sectores latinoamericanos. ABSTRACT This paper aims to explain the phenomenon of notification of administrative acts of particular character that grant pensions to teachers in Colombia , and its close relationship with malpractice when making such notifications , and repercussions on the validity and effectiveness thereof. To do this, we start with a generic definition of Administrative Act, where the particular features of it are developed. The standard will be studied against the notification of the acts, their effectiveness and validity to be born to the legal life, and finally, the actual determination with administrative acts in Colombia and in different Latin American sectors will be completed.

La normatividad vigente en materia de derecho administrativo consagra la posibilidad de manera genérica de que las autoridades públicas demanden ante lo contencioso sus propios actos, a fin de excluirlos del ordenamiento jurídico por ser contrarios a la Constitución o la Ley, existiendo un vacío respecto de la reglamentación de tal herramienta, el cual ha sido resuelto por vía jurisprudencial y doctrinal, motivo por el cual, cualquier intento de abordar el tema necesariamente deberá hacerse a partir de la recopilación y examen de los pronunciamientos de las altas cortes y estudiosos del derecho. El análisis de dichos antecedentes evidencia la necesidad que la acción de lesividad sea instaurada en el ordenamiento jurídico como una acción contenciosa independiente a las ya consagradas Current regulations on administrative law establishes the possibility of generic way that public authorities to demand their own contentious acts, to remove them or exclude them from the law as contrary to the Constitution and the Law, a gap exists regarding regulation of such a tool, which has been settled by jurisprudence and doctrine, why, any attempt to address the matter must necessarily be made from the collection and analysis of the pronouncements of the high courts and legal scholars. The study demonstrates the need for such records that detrimental action is introduced in the legal system as an independent adjudicatory action already consecrated.

El objetivo perseguido en este análisis es profundizar en el principio de publicidad frente a la doctrina del derecho administrativo, la jurisprudencia y marco constitucional y legal, como el requisito esencial para la validez y eficacia del acto administrativo. Para alcanzar este propósito se sintetizó solamente en el estudio del acto administrativo frente al interrogante acerca de cómo repercute el incumplimiento de la ley frente a la notificación de las decisiones emanadas de la administración. En consecuencia tal pregunta se desarrolló frente al deber que tiene la administración para dar a conocer sus decisiones a los administrados bajo los principios de publicidad, contradicción y transparencia. En conclusión, se destaca que uno de los contenidos del derecho fundamental al debido proceso, es el principio de publicidad, siendo éste considerado como un mandato de optimización el cual depende fáctica y jurídicamente de la administración, siendo ella quien deba gestionar por la recta aplicabilidad de los preceptos normativos, procurando incurrir en errores procesales por falta de una política a nivel Institucional orientada a la capacitación de los funcionarios frente a los fines establecidos en la Ley 1437 de 2011. El principio de publicidad plantea el conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, tanto por los directamente interesados en ellas como por la comunidad en general. The objective of this analysisis to deepen in the principle of the publicity of publiclawwiththe doctrine of publiclaw, jurisprudence,the constitutionallawand legal as theessentialrequirementforthevalidity and effectiveness of theadministrativeact. To reachthispurpose, itwassynthesizedonly in thestudy of theadministrativeact, behing to thequestionabouthowitimpactsthebreach of thelawagainstnotification of decisionsemanatingfromtheadministration. Consequentlythisquestionwasdevelopedwiththedutythat has administration to publicizeitsdecisions to thecitizenwithapplicationoftheprinciple of thepublicity of publiclaw,contradiction and transparency. In conclusion, stands one of thecontents of the fundamental right to dutyprocess, istheprinciple of thepublicity of publiclaw, beingconsidered as a mandate of optimization which dependson factual and legal administration, teheadministrationhave tobeingwhomustensurebythestraightapplicability of theprecepts of policy, ensuring procedural errorsdue to lack of a policylevelinstitutionaloriented to the training of officialswiththepurposes set forth in thelaw 1437- 2011 beginning of advertisingraisestheknowledge of judicial and administrativeactions, bothforthosedirectlyinterested in them as forthecommunity in general.

La Revocatoria Directa, es un mecanismo legal utilizado por la administración pública para la corrección de sus actuaciones, su ejercicio puede ser oficioso o a petición de parte; en la actualidad se presenta una problemática en razón a que el Decreto 01 de 1984, estableció la posibilidad de impetrar dicha acción en cualquier tiempo, lo cual fue delimitado por la Ley 1437 de 2011, el término será de cuatro 4 meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso sin embargo, el presente estudio esta direccionado a determinar la norma aplicable a esas acciones presentadas en la actualidad, cuando se relacionan con actos administrativos creados en vigencia de la norma anterior. Esa así como, luego de aplicar un proceso descriptivo en el que se examinaron conceptos jurisprudenciales, doctrinales y normativos, se determina que en atención a los postulados del artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, deben ser resueltas con el Decreto 01 de 1984. Direct Recall is a legal mechanism used by the government to correct their actions, their exercise may be informal or upon request ; now a problem arises due to the Decree 01 of 1984 established the possibility to implore such action at any time, which was defined by Law 1437 of 2011 , the term shall be four 4 months from the day following its submission, notification , execution or publication, as the case however, the present study is directed to determine the rule for such actions presented today, as they relate to administrative actions created in enforcement of the rule above. That and , after applying a descriptive process in which jurisprudential , doctrinal and normative concepts is examined , it is determined that in view of the principles of Article 308 of Law 1437 of 2011 , must be resolved with Decree 01 of 1984 .

En Colombia los elementos del empleo público se están establecidos en la Constitución y en la Ley. No obstante, al momento de resolver situaciones jurídicas donde se halla de por medio la protección de derechos laborales de funcionarios públicos nombrados con carácter de provisionalidad, existen divergencias de criterios de interpretación jurisprudencial, de ahí que la Corte Constitucional defienda la tesis de obligatoria existencia del requisito de la motivación de los actos administrativos de retiro de estos funcionarios; mientras que el Consejo de Estado se opone señalando que no es obligatorio tal requisito. In Colombia the elements of public employment are set out in the Constitution and the Law, however, when deciding legal situations where it is through the protection of labor rights of public officers appointed provisional character, there are differing criteria of judicial interpretation, hence the Constitutional Court defends the thesis requirement mandatory existence of the reasons for administrative acts of removal of these officials, while the Council of State opposes noting that it is not mandatory that requirement.

La suspensión provisional de actos administrativos corresponde por regla general al juez administrativo, excepcionalmente al juez de tutela. La competencia de dichos funcionarios, ha generado un conflicto de interpretación jurídica dentro del sistema judicial colombiano, pues la figura de medida cautelar regulada por la Ley 1437 de 2011, se encuentra en un escenario de inutilidad frente a la eficacia que otorga la acción constitucional, el ciudadano parece preferir un mecanismo menos condicionado. Entonces, el buen ejercicio de los operadores judiciales constitucionales, permitirá mantener el orden jurídico y el espíritu que se le otorgó a la ley y a la acción constitucional. La investigación cuyo contenido es descriptivo está fundamentada en el estudio jurisprudencial y legal de los actos administrativos, así como de la función de los jueces frente a la protección de un derecho vulnerado. The provisional suspension of administrative acts generally corresponds to the administrative judge, the judge exceptionally guardianship. The competence of civil servants, has generated a conflict of legal interpretation in the Colombian judicial system, as the figure injunction regulated by law 1437 of 2011, is in a stage of futility against granting the constitutional effectiveness action citizens seem to prefer a less conditioned mechanism. Then, the proper exercise of constitutional judicial officials, will maintain the legal order and the spirit that was given to the law and the constitutional action. The research is descriptive whose content is based on the jurisprudential and legal study of administrative acts and the role of judges from the protection of a right violated.

En la Ley 1395 de julio del año 2010 se introducen disposiciones, por ejemplo, aplicables en materia de la conciliación extrajudicial en derecho, obligatoria para acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para pedir el resarcimiento de perjuicios. Un concepto previo, necesario para la comprensión y mirada de los mecanismos alternativos de solución de los conflictos suscitados entre el Estado y los ciudadanos, es comprenderlos como instrumentos jurídicos que pueden ser empleados por la gerencia jurídica estatal, no solo para atender eficientemente los intereses litigiosos del Estado sino para satisfacer y restablecer los derechos de los asociados cuando han sido vulnerados por una acción u omisión de la administración.

La falta de motivación de los actos de insubsistencia o retiro de empleados que ocupan cargos en provisionalidad genera vicios de nulidad, en la medida en que se violan los principios de la función pública. al respecto se analizará las posiciones adoptadas entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en cuanto a que la facultad discrecional que tiene la entidad para declarar la insubsistencia de una persona que se encuentra en provisionalidad no es absoluta, sólo puede estar fundada en razones atinentes al servicio prestado por el servidor. Así mismo, la notoria diferencia que existe entre la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional inevitablemente debe ser superada para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la administración de justicia, así como para salvaguardar otros principios constitucionales importantes como el de confianza legítima, la coherencia sistémica y la seguridad jurídica.

La jurisdiccionalidad de la Justicia Penal Militar, se ha visto cuestionada por los reiterados pronunciamientos que han efectuado tribunales internacionales como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, situación esta que ha resquebrajado la confianza en esta jurisdicción de talle Constitucional, generando con ello que se efectué una errada interpretación sobre la jurisdiccionalidad de las sentencias que esta emite, y se consideren estas providencias actos administrativos por la dependencia de esta jurisdicción a la rama ejecutiva del poder público en Colombia The jurisdiction of the Military Criminal Justice, has been challenged by repeated pronouncements that have made international tribunals such as the Inter-American Court of Human Rights, a situation that has shattered the confidence in the jurisdiction of the Constitutional size, thereby generating that made a wrong interpretation of the courts of the judgments that it transmits, and these orders are considered administrative acts by the agency of this state to the executive branch of public power in Colombia