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El presente trabajo trata de analizar el contenido del derecho a la intimidad y a la protección de datos. Presta especialmente atención al alcance de estos derechos en el ámbito laboral, donde actualmente existen ciertas controversias en el uso de dispositivos de videovigilancia en el trabajo y de geolocalización de personas trabajadoras. Concretamente, se analiza cómo ha ido evolucionando la normativa sobre este derecho y cómo ha ido impactando sobre la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo. Concluyendo que cuando lo laboral está en juego, se estaría realizando una interpretación restrictiva de estos derechos, transformando el derecho a la intimidad y a la protección de datos de las personas trabajadoras.

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En un contexto de digitalización y algoritmización de la justicia, se analiza la relevancia del sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS) en el ámbito de la Unión Europea. La atención se focaliza en examinar el papel al que está llamado a desempeñar nuestro Registro de Titularidades Reales para luchar, mediante el refuerzo de la transparencia y del acceso a la información relativa a la propiedad real de las empresas, contra la proliferación de estructuras corporativas opacas y de empresas fantasma vinculadas con el blanqueo de capitales y otros delitos de índole económica. Tras estudiar las líneas maestras del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/369 de1 de marzo de 2021 la Comisión Europea, el Real Decreto-ley 7/2021, dictado para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las Directivas sobre blanqueo de capitales, el Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento (presentado en marzo de 2022) y la STJUE de 22 de noviembre de 2022, se plantea la urgente necesidad de afrontar una reforma legislativa a nivel europeo en la que se defina, con nitidez, qué cabe entender por interés legítimo para acceder a los datos de titularidad real, bien entendido que dicha definición deberá ser lo bastante amplia, en cuanto a «suficiente» y «proporcionada», para impedir que la obtención de estos datos no acabe resultando imposible en la práctica.

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El presente artículo examina los límites y garantías constitucionales frente al uso de técnicas de identificación biométrica a la luz del procedimiento sancionador PS/00120/2021 instruido por la AEPD y resuelto en la primavera de 2021. Los datos biométricos, siguiendo el RGPD, son aquellos datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características de una persona física, que permiten confirmar la identificación única o unívoca de esta, como patrones biométricos faciales en el supuesto que nos ocupa. Al respecto, existe mucha confusión, y la propia AEPD ha reconocido que se han extendido una serie de equívocos con relación a esta tecnología (huellas dactilares o mediciones faciales) para fines de identificación y autenticación. En este trabajo se analiza el concepto jurídico indeterminado de «interés público esencial», de acuerdo con la jurisprudencia, como excepción a la prohibición general de tratamiento de datos biométricos ex artículo 9.2.g) RGPD. De modo más específico, se aborda la problemática desde una triple perspectiva: desde el punto de vista del sujeto, especialmente en relación con el responsable del tratamiento (con mención especial al supuesto en el que este no sea un organismo público); desde el punto de vista formal, se examinan los límites relativos a la reserva de ley; y, por último, desde el punto de vista sustantivo, se estudian los límites materiales referentes al principio de proporcionalidad y al contenido mínimo del derecho fundamental a la protección de datos personales.

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