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El presente artículo se centra en el análisis de la conveniente compensación del régimen de visitas, en los casos de divorcio contencioso, tras la vuelta a la normalidad tras el COVID-19. Más concretamente, se examinan diferentes acuerdos judiciales sobre la materia, no exentos de polémica, para acabar defendiendo la necesidad de apostar por un modelo de compensación “equilibrado y justo” para con el interés superior del menor, pero también “sensible” para con ambos progenitores en conflicto.

En el presente trabajo se aborda el tema de la sustracción internacional de menores, así como los casos en los que se deniega la restitución del menor al país de su residencia habitual. Es de interés investigar sobre esta materia debido a que este fenómeno ha crecido exponencialmente en los últimos años y aun así sigue siendo un ámbito en el que existe gran desinformación. Para poder entender todo lo necesario acerca del mismo, se ha acometido un análisis general de los instrumentos reguladores de esta materia, así como de los tres grandes sectores de derecho internacional privado. Todo ello para, en último lugar, examinar las excepciones a la restitución del menor recogidas en los artículos 12, 13 y 20 del convenio del haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.

En este trabajo se analizan cuáles son los cambios más relevantes que se han producido en el ámbito del Derecho de Familia en los últimos años, y cómo la legislación ha ido amoldándose a los mismos. El Derecho de Familia evoluciona hacia la implantación de nuevas herramientas que facilitan la convivencia de progenitores separados, se amoldan a sus vidas y, sobre todo, y más importante, velan por el interés de los menores, principio presente en cualquier decisión judicial y que debe primar por encima de cualquier otro interés legítimo. Asimismo, se analizan las nefastas consecuencias que la judicialización supone para los menores, a nivel emocional e incluso físico. Se trata de un libro dirigido a operadores jurídicos tendentes cada vez más hacia la colaboración y la búsqueda de acuerdos consensuados, pretendiendo evitar en la medida de lo posible los tribunales, salvo para homologar el acuerdo de las partes. Así, cada vez son más utilizados mecanismos adecuados de gestión de conflictos, como la mediación y el derecho colaborativo, que se abordan en este trabajo, cuyo fin, precisamente, es la facilitación de dichos acuerdos consensuados que eviten la vía contenciosa ante los tribunales. Se hace una reflexión acerca de la eficacia de los instrumentos utilizados en el procedimiento judicial, con especial incidencia en la figura del Coordinador de Parentalidad, por su carácter novedoso, que permite a las partes retomar el control de su propio conflicto en un contexto no adversarial y colaborar con los progenitores en la redacción e implantación del Plan de Parentalidad.

Les violències masclistes són una de les principals problemàtiques estructurals que patim a les nostres societats com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones, que es sustenta en el sistema patriarcal. Cada vegada es fa més evident la necessitat d'ampliar el focus d'atenció cap als/les menors ja que també són víctimes d'aquest tipus de violència tal i com es reflexa al Projecte de Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront la violència del 14 d'abril de 2021. Les víctimes mortals a causa de la violència de gènere ascendeixen a 1.086 des de l'1 de gener de 2003 fins al dia d'avui, de les quals 170 són de Catalunya. Hi ha hagut 38 menors que han estat víctimes mortals a conseqüència de la violència de gènere (1 aquest 2021) i 307 orfes des de 20131 . Aquest treball té per objectiu entendre com actua la institució de la pàtria potestat en els casos en que concorre la violència de gènere a través de les figures de privació i suspensió de la mateixa, tot això a través de l'estudi del marc teòric que envolta la pàtria potestat i a través d'un anàlisis de sentències i interlocutòries amb l'objectiu d'identificar la línia jurisprudencial dels diferents tribunals. Gender-based violence is one of the main structural problems we suffer in our societies as a manifestation of discrimination and the situation of inequality within the framework of a system of power relations between men and women, which is based on the patriarchal system. The need to expand the focus of attention towards minors is becoming more and more evident, as they are also victims of this type of violence, as reflected in the Organic Law for the Integral Protection of Children and Teenagers against the violence of April 14, 2021. The number of fatalities due to gender-based violence amounts to 1,086 from January 1st, 2003 to the present day, of which 170 are from Catalonia. There have been 38 minors who have been fatalities as a result of gender-based violence (1 this 2021) and 307 orphans since 20132 . This work aims to understand how the institution of the parental authority power acts in cases where gender violence occurs through the figures of deprivation and suspension, all through the study of the theoretical framework that surrounds the parental authority power and through an analysis of judgments and court orders with the aim of identifying the jurisprudential line of the different courts.

Se trata de visibilizar y mostrar las características de las familias biológicas de niños y niñas que son adoptados en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia entre el periodo 1987-2007. Para constatar estos datos se ha realizado un estudio exhaustivo de un total de 29 expedientes de adopción facilitados por la Dirección General de Familias, así como 4 entrevistas a padres adoptantes. Constituyen una muestra y un ejemplo significativo de las características y rasgos sociales de las familias biológicas. A través de estudios de caso reflexionamos sobre si éstas han sido excluidas del proceso de adopción por la caracterización que se desprende de ellas, al estar enmarcadas en contextos problemáticos graves que acentúan el riesgo que supone para los menores vivir en esas familias. It is about making visible and showing the characteristics of the biological families of the boys and girls who are adopted in the Autonomous Community of the Region of Murcia between the period 1987-2007. To verify these data, an exhaustive study of a total of 29 adoption files provided by the General Directorate of Families, as well as 4 interviews with adoptive parents. They constitute a sample and a significant example of the characteristics and social traits of biological families. Through case studies, we reflect on whether they have been excluded from the adoption process due to the characterization that emerges from them, as they are framed in serious problematic contexts that accentuate the risk that the minors entail living in these families.

The object of study of this work focuses on the analysis of the international child abduction, were one of the progenitors moves or retains the child unlawfully in a state other than the habitual residence thus violating the legal provisions. In order to achieve an immediate return of the minor, the states adopt equal procedures, as they are the 1980 Hague Convention and the Regulation 2201/2003, to achieve the immediate return of the minor. But sometimes, there may be some reason for denial this return. The most important thing in this case is the protection of the interest of the minor to prevent it from being violated. Although, as we know, despite the fact that these international texts are very important, each State has a regulation for this, in the case of our country is the civil prosecution law. El objeto de este trabajo se basa en el análisis de la sustracción internacional de menores, fenómeno consistente en el traslado ilícito de un menor por parte de un progenitor, a otro Estado distinto al de su residencia habitual, y sin el consentimiento del otro progenitor. Con el objetivo de lograr una restitución inmediata del menor, los Estados adoptan una serie de mecanismos comunes, como son el Convenio de la Haya de 1980 y el Reglamento 2201/2003, entre otros, para lograr el retorno inmediato del menor. Pero en ocasiones puede concurrir alguna de las causas de denegación de esta restitución inmediata, enumeradas en las disposiciones legales mencionadas. Lo que prima en estos casos es salvaguardar el interés del menor, para evitar que sea vulnerado o violentado. Aunque como sabemos, pese a que estos textos internacionales gozan de especial relevancia, cada Estado parte, posee una normativa sobre este tema, en el caso de nuestro país, es la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Los tribunales tutelares de menores surgieron a principios del siglo XX con el principal propósito de crear un sistema especializado que apartara a los menores de la justicia penal ordinaria. El objetivo fue crear un espacio diferente que permitiera darle un sentido educativo al castigo juvenil y de acuerdo con unos procedimientos adaptados para sus jóvenes destinatarios. El interés del menor se ha erigido siempre en el principio rector de todas las intervenciones y durante décadas se han ido desarrollando marcos legislativos, fundamentalmente desde instancias supranacionales, que han hecho posible el desarrollo y la consolidación de este sistema especializado. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que la adaptación al menor que se ha ido realizando en los sistemas de justicia juvenil ha ido modificándose; y el sentido de lo que significa un sistema adaptado al menor no es lo mismo hoy día que cuando se constituyeron los primeros tribunales tutelares. En este trabajo se presenta esa transformación histórica que permitirá comprobar no sólo cómo ha cambiado el modelo de justicia de menores y la finalidad que se le otorga al castigo juvenil, sino también la evolución del concepto infancia que se ha producido en la sociedad. Juvenile courts emerged at the beginning of the 20th century to separate juvenile offenders from adult criminal courts. The objective was to create a different space to provide an educative punishment and to develop procedures adapted for young people. The best interest of the child, promoted by international institutions, has been the main principle which guides all interventions involving children and young people. However, over the time we have seen that these adaptations have changed, and the meaning of the system which are adapted to the young people is different today than in the first juvenile courts. In this paper this historic transformation is featured, and it is shown how the model of the juvenile justice, the purpose of the juvenile punishment and the concept of childhood have changed through the time.

Acontecida una crisis matrimonial, la guarda y custodia compartida se posiciona como una de las soluciones respecto a las relaciones futuras de los hijos con sus padres y, generalmente, como la solución preferible. Analizaré la evolución tanto legislativa como jurisprudencial del fenómeno de la guarda y custodia compartida, haciendo hincapié en la Ley 15/2005, de 8 de julio y en el artículo 92 del Código Civil; así como lo que hubo antes y lo que puede haber después. Comentaré también las cifras de concesión de guarda y custodia, que han estado incrementando con el paso de los años. Asimismo, se analizará los motivos que la jurisprudencia ofrece para decantarse por un régimen u otro y su interpretación del interés máximo del menor. Junto a la perspectiva nacional, también mostraré, de forma particular, la visión legislativa de las Comunidades Autónomas con derecho civil propio que regulan en mayor o menor medida la guarda y custodia compartida After the dissolution of a marriage, shared custody is generally the best solution for the future relationships between children and their parents. This work will analyze the legislation and jurisprudence evolution of the phenomenon of shared custody, with special attention in the 15/2005, of 8 July Act and Article 92 of Civil Code; as well as what was before and what will be after. This work will also discuss the numbers of the concession of shared custody, which have been growing with the past of the years. Additionally, I will explore the reasons that the jurisprudence gives for choosing one system against another and their interpretation of the best interests of the minor. With the national perspective, this paper will also consider in particular the legislative vision of the Autonomous Communities, considering their own civil rights legislations which regulates shared custody to a greater or lesser extent than national legislation.

Tras las ineficientes regulaciones en materia de derechos y deberes familiares recogidas en los Códigos penales anteriores al actual, surgió la necesidad de proteger correctamente el interés del menor en aquellos casos de crisis familiares en los que este se viera perjudicado por sus propios progenitores. Con la aprobación de la Ley Orgánica 9/2002 de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código penal, y del Código civil, se introduce en el Código penal el vigente artículo 225 bis, con el cual se incorpora al ordenamiento jurídico el delito de sustracción de menores por sus progenitores, con el fin de conciliar los derechos del menor con otros derechos en caso de conflicto, o bien, si es necesario, preservar los derechos del menor por encima de cualquier otro derecho. El objeto del presente trabajo es analizar, desde el punto de vista de la normativa española, los aspectos más esenciales de este delito especial, como es lo relativo al concepto jurídico de sustracción, así como su regulación en el Código penal; también se tratarán las cuestiones relativas a los sujetos, al bien jurídico protegido, a la conducta típica y los problemas más notorios en torno a estas. Due to the inefficient regulations included in the previous Criminal Codes concerning family rights and obligations, the need to adequately protect the child’s best interest arose in those cases in which, in an environment of family crisis, the child is harmed by their own parents. With the passing of the Organic Law 9/2002 from the 10th December, modification of the Organic Law 10/1995, of the Criminal and Civil Codes, the current article 225 bis was introduced in the Criminal Code. With this article, the criminal offence of parental child abduction is included in the legal system in order to conciliate the child’s rights with other rights in case of a conflict, or else, preserve the child’s rights before any other right, if necessary. The aim of this project is to analyse, from the point of view of the Spanish Law, the most essential aspects of this special offense, such as the aspects concerning the legal concept of abduction and its regulation in the Criminal Code. The matters regarding individuals, legally protected good, patterns of behaviour and the most important problems in relation to this pattern will also be addressed.

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es un análisis del desamparo, la propuesta más grave dentro de las medidas de protección de menores, debiendo aplicarse como último recurso. Dentro de este estudio, haremos un recorrido por distintas normativas autonómicas que versen sobre este contenido y destacaremos una situación especial, que es la de los menores extranjeros en situación de desamparo. Además, veremos el procedimiento de la declaración de desamparo junto a sus efectos y la oposición a la misma y de que forma la Administración Pública responde ante las familias por aquellos casos de desamparo que luego la justicia desestimó. The aim of this final thesis project is an analysis of helplessness, the most serious proposal in terms of measures for the protection of minors, which must be applied as a last appeal. Within this study, we will look over different autonomous regulations that deal with this content and highlight a special situation, that is that of foreign minors in a situation of helplessness. Also, we will see the procedure of the declaration of helplessness along with its effects and opposition to it and how the Public Administration is answerable to the families for those cases of helplessness that was later dismissed by the justice system.

espanolLa Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificacion del sistema de proteccion a la infancia, ha dado nueva redaccion al art. 161 CC. Ahora, la entidad publica (y no el juez) puede restringir, condicionar o suspender las relaciones del menor desamparado con su nucleo afectivo de origen; relaciones que se sustentan juridicamente en el derecho a la vida privada y familiar, segun doctrina constante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el presente trabajo se analiza hasta que punto la nueva prevision legal se acomoda a la proteccion constitucional de estos derechos fundamentales. EnglishThe 26/2015 Act, of the 28th July Act, about childhood protection system modification, offers a new redaction to the art. 161 CC. Now, the Public Entity (and not the judge) can limit, restrict or suspend the abandoned child relationships with his affective core of origin; relationships that are founded legally in the right of a private and family life, according a consolidated doctrine of the European Human Rights Court. In the present work it is analyzed if the new regulation is accommodated to the constitutional protection of these human rights.

En el presente trabajo se llevará a cabo un análisis de la novedosa Sentencia núm. 641/2018 de 20 de noviembre de 2018 dictada por el Tribunal Supremo. En ella, el tribunal confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid y decreta la extinción del derecho de uso de la vivienda familiar, cuyo uso había sido atribuido a los hijos menores y al cónyuge custodio tras la ruptura matrimonial. Para dictaminar en este sentido, el Tribunal Supremo fundamenta su decisión en que la convivencia marital de un tercero (pareja sentimental de la custodio) en la vivienda familiar conlleva la pérdida de tal carácter por servir la vivienda a una familia diferente. Asimismo, el Tribunal Supremo pone de manifiesto que dicha decisión no perjudica el interés prevalente de los menores. Para comprender cómo el Tribunal Supremo ha llegado a dicha solución, en este trabajo se examinará, en una primera parte, la visión jurisprudencial de lo que se venía entendiendo por vivienda familiar y la relevancia de los hijos al respecto. Y, en segundo término, se realizará un estudio sobre los criterios marcados por el Tribunal Supremo respecto de la noción de vivienda familiar e interés del menor, así como de la necesidad de acreditar la convivencia para declarar extinguido el derecho de uso.

La custodia compartida, basada en la corresponsabilidad parental, se incorpora a través de la Ley 15/2005 en el Código Civil. En la redacción del texto civil esta figura tiene un carácter excepcional. Sin embargo, las diferentes legislaciones autonómicas y la jurisprudencia en esta materia consideran la custodia compartida como la medida más beneficiosa para el interés del menor. El presente estudio se va a centrar en la evolución de la custodia compartida en España, tanto en el plano legislativo como jurisprudencial, delimitando cuáles son las ventajas y desventajas de esta figura. The joint custody, based on parental co-responsibility, is incorporated through Law 15/2005 in the Civil Code. In the civil wording, this kind of custody has an exceptional character. However, the different regional laws and the jurisprudence in this matter consider joint custody as the most beneficial measure for the interest of the child. The present study will focus on the evolution of joint custody in Spain, both in the legislative and jurisprudential, defining what are the advantages and disadvantages of this measure.

Trabajo de Fin Máster del Título Propio de la USAL "Máster en acceso a la abogacía". Curso 2019-2020, [ES] La atribución del uso de la vivienda familiar tras una crisis matrimonial es una cuestión de gran importancia en nuestros días. Una vez producida la crisis matrimonial, se plantea quién ha de quedarse con el uso de la vivienda familiar, con independencia de su titularidad. Esta atribución puede adoptarse de mutuo acuerdo o, en ausencia del mismo, mediante resolución judicial. Las crisis matrimoniales se producen en casos en los que concurren diferentes circunstancias, por lo que a la hora de atribuir el uso de la vivienda familiar debe atenderse a la situación de cada familia en concreto, teniendo siempre en cuenta y tratando de proteger a los menores y al interés más necesitado de protección., [EN] Nowadays, the attribution upon the usage of the family residence after a marital crisis is an issue of major importance. When a marital crisis arises, the usage of the family home is taken into consideration regardless of ownership. This attribution can be determined by mutual agreement or in absence of understanding, by court decision. Marital crisis occurs under different circumstances. Therefore, each family must be evaluated as a concrete case, considering the importance of minors and the most disadvantaged.

Aquest article pretén contribuir al debat respecte el progressiu reconeixement per part dels Tribunals dels drets laborals d’ aquelles persones la maternitat o la paternitat de les quals és fruit d'un conveni de gestació per substitució o gestació subrogada. Per això introdueixo en l'anàlisi, d'una part, com s'ha construït el relat de la mercantilització de la maternitat i, d'una altra, el paper que ha jugat la maternitat biològica en l'edificació dels drets laborals de les dones en el treball remunerat., This article intends to contribute to the debate regarding the progressive recognition by the Courts of a part of the labor rights to those persons whose maternity or paternity is the result of a gestation agreement by substitution or surrogacy. To this aim, I introduce in this analysis, by one hand, how the story of the commodification of motherhood has been constructed and, by another, the role played by biological motherhood in the construction of women's labor rights in paid work., Este artículo pretende contribuir al debate respecto el progresivo reconocimiento por parte de los Tribunales de derechos laborales para aquellas personas que su maternidad o paternidad es fruto de un convenio de gestación por sustitución o gestación subrogada. Para ello introduzco en el análisis, de una parte, cómo se ha construido el relato de la mercantilización de la maternidad y, de otra, el papel que ha jugado la maternidad biológica en la edificación de los derechos laborales de las mujeres en el trabajo remunerado.

Resumen Este artículo pretende contribuir al debate respecto el progresivo reconocimiento por parte de los Tribunales de derechos laborales para aquellas personas que su maternidad o paternidad es fruto de un convenio de gestación por sustitución o gestación subrogada. Para ello introduzco en el análisis, de una parte, cómo se ha construido el relato de la mercantilización de la maternidad y, de otra, el papel que ha jugado la maternidad biológica en la edificación de los derechos laborales de las mujeres en el trabajo remunerado.

Cuando una pareja con hijos comunes menores de edad deja de convivir surge la necesidad de determinar las reglas o normas por las que se regirá la nueva situación familiar. Estas normas pueden ser de carácter económico o personal. Entre las personales, y una sobre las que más les cuesta decidir a los progenitores, es la relativa al cuidado de los hijos y a cómo se va a dar continuidad a las relaciones con ellos una vez se haya producido la separación. Lo mejor sería que los propios progenitores pudieran llegar a un acuerdo al respecto ya que ellos son los que mejor conocen a sus hijos y los mejores conocedores de la situación que están viniendo. Pero en defecto de acuerdo será necesario determinar si es necesario que el Juez adopte alguna de las medidas solicitadas por los progenitores o, por el contrario, podrá adoptar la medida que considere mejor salvaguarda el interés superior de los menores.

La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Tercera, pone fin, en su Auto de 28 de diciembre de 2015, a casi tres años de interrogantes que rodeaban cuestiones fundamentales tales como el derecho a la vida y a la integridad física, los límites al ejercicio de la patria potestad y el alcance de las decisiones judiciales en materia de discapacidad. De esta forma, finaliza una controversia entre el derecho a la libre elección de los progenitores a que se intervenga quirúrgicamente a su hija menor de edad y el interés de la menor defendido por el Ministerio Fiscal relativo al acceso a una tecnología biotécnica que facilitará su integración social y profesional en el futuro. Este trabajo es el resultado del estudio de un caso particular que refleja una realidad social en la que la justicia ha tomado parte al haberse visto involucrado el interés de un menor. Siguiendo esta argumentación, las autoras desean acercar al lector a una situación en apariencia íntima y personal en la que diferentes operadores jurídicos han actuado de oficio con el fin de velar por los intereses del menor. The Provincial Court of Las Palmas de Gran Canaria puts an end, in its ruling of December 28, 2015, to almost three years of questions surrounding fundamental issues such as: the right to life and physical integrity, the limits on the exercise of parental authority and the scope of judicial decisions on an a matter such as disability. In this sense, it is finally resolved the dispute between the right to exercise the free choice of the parents to decide if they want to submit their child to a surgical intervention and the best interest of the minor defended by the public prosecutor, as this access to a biotechnical technology will facilitate her social integration and professional future. This essay is the result of the study of a particular case where the interests of a minor have been involved reflecting a social reality in which justice has taken part. Following this argument, the authors wish to bring the reader to a personal situation in appearance but in which different legal operators have acted on its own initiative in order to ensure the best interests of the child. Ciencias Jurídicas

En el último trimestre del año 2016, el Tribunal Supremo en su Sala de lo Social dictó dos sentencias de Pleno que, si bien contaron con varios votos particulares de los Magistrados integrantes de la misma, solventaron la controversia jurisprudencial en orden a la legitimación del padre/madre subrogante en la solicitud de las prestaciones concedidas por nuestra legislación laboral –art. 133 bis de la LGSS, actual artículo 117 tras la reforma acaecida en 2015-. Universidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech.

En un contexto como el actual en el que la movilidad de los ciudadanos dentro de la Unión Europea ha ido en progresivo aumento surge la necesidad de regular dicha movilidad y las consecuencias que se derivan de la misma, en particular en familias cuyos miembros tienen diferentes nacionalidades, viven en diferentes Estados miembros o viven en un Estado miembro del que sólo uno de ellos es nacional. Siendo este el objeto de la tesis, en la que veremos cómo dicha movilidad plantea una serie de problemas jurídicos que deben ser regulados de manera coordinada entre los diferentes Estados miembros para ser resueltos, y que dicha resolución, y sus consecuencias, sean aplicables y ejecutivas en todos los estados de la UE. De ahí que la UE adopte una serie de medidas en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles y mercantiles con repercusión transfronteriza, Cooperación que siendo importante en diferentes materias civiles y mercantiles es especialmente necesaria cuando, existiendo hijos, afecta a las relaciones familiares y a la necesidad de garantizar un entorno jurídico seguro a los menores para que estos puedan continuar manteniendo su relación con las personas que ostentan la responsabilidad parental pese a residir en otro Estado miembro, además de protegerlos cuando surjan situaciones en las que su seguridad e interés puede verse comprometida como en el caso de que se produzca una sustracción de dicho menor por parte de uno de los progenitores. Esto se llevará a cabo, como veremos, mediante el Reglamento 2201/2003 que constituye la piedra angular de la cooperación judicial en materia matrimonial y de responsabilidad parental, Reglamento también conocido como Reglamento Bruselas IIbis, el cual establece normas comunes de competencia relativas al divorcio, la separación y la nulidad matrimonial en situaciones transfronterizas, facilitando la circulación de las resoluciones, los documentos públicos y lo acuerdos, así como el reconocimiento y ejecución de las mismas en otros Estados miembros. Así pues en la presente tesis veremos la regulación que se ha establecido dentro del espacio común de seguridad y justicia en la UE para regular estas situaciones, sus antecedentes y su evolución, ya que constantemente surgen nuevas situaciones, nuevos tipos de matrimonios transfronterizos, nuevos modelos de familia, que van a necesitar de una regulación común a la hora de resolver las diferentes situaciones jurídicas que puedan surgir así como la competencia, reconocimiento y ejecución en los diferentes estados de la Unión con el fin principal de garantizar el interés superior del menor. Finalmente, trataremos de una cuestión específica como es la problemática de la sustracción internacional de menores, y como se regula a través del Reglamento y otros instrumentos jurídicos, como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, con el fin de proteger el interés del menor al establecer un procedimiento común y otro privilegiado que se convierte en un verdadero título jurídico europeo. Igualmente comentaremos la incidencia de esta problemática en la Unión Europea y como la misma junto con la aparición de nuevas situaciones conflicitivas y modelos de familia ha hecho que sea necesario actualizar la normativa existente y asi, tras la realización de una encuesta a nivel Europeo sobre el funcionamiento del Reglamento en los diferentes Estados Miembros y tras los resultados obtenidos, ha surgido una propuesta de modificación del Reglamento 2201/2003 publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea que recoge los resultados y propone una serie de medidas y cambios normativas para mejorar la situación existente y dotando así de mayor eficacia a lo dispuesto en el Reglamento respecto a la circulación de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental y, principalmente, a la regulación de las situaciónes de sustracción internacional de menores para garantizar una mayor eficacia a los procesos de restitución el menor así como su reconocimiento y ejecución en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea y proteger de esta manera los intereses del menor.

La disparidad entre el criterio restrictivo del TS y la permisibilidad de la DGRN ante la inscripción de la filiación de los nacidos a través de técnicas de gestación subrogada en determinados países extranjeros, ha propiciado el debate sobre la necesidad de que la gestación por sustitución sea objeto de regulación en España. Frente a quienes consideran que la gestación altruista debe ser permitida y regulada, en este trabajo se pretende demostrar la falacia del argumento de la gratuidad, se a la vez que se ofrecen razones que apuntan a que el contrato de gestación subrogada debe ser en sí mismo considerado como una técnica contraria a nuestro Orden Público Constitucional y se reclaman mecanismos jurídicos que den respuesta efectiva a la protección del interés superior del menor nacido en virtud de dichos contratos., The disparity between the restrictive criterion of the TS and the permision of the DGRN whit regard to the inscription of the filiation of children born by virtue of surrogacy motherhood contracts celebrated in certain foreign countries, has propitiated the debate on the need of that the gestation for substitution should be an object of regulation in Spain. Opposite to whom thinks that the altruistic subrogacy gestation must be allowed and regulated, this work tries to demonstrate the fallacy of the argument of the gratuitousness, offers any reasons in favor of the opposition of the above mentioned contracts with our public constitutional order and claims for juridical mechanisms that give an effective response to the protection of the interest of the children born by virtue of the above mentioned contracts.

Existe una creciente demanda social en favor del reconocimiento jurídico pleno e institucional del derecho a la identidad de género en los menores de edad en nuestro país. Ante las barreras legales actuales, las familias afectadas se ven obligadas a acudir ante los tribunales ordinarios en amparo de la tutela judicial de dicho derecho, en beneficio de sus hijos e hijas. El reciente auto del Tribunal Supremo de fecha de 10 de Marzo de 2016, plantea una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, en relación al artículo 1 de la Ley 3/2007 Reguladora de la Rectificación Registral de la mención al sexo de las personas, que parece impedir su ámbito de aplicación a los menores de edad. Se trata en esta comunicación de abordar los fundamentos de derecho del TS sobre el derecho a la identidad de género en consonancia con el interés preferente del menor. The growing social demand on recognition of the right to gender identity at early age in a Full deployment of legal purposes. By this objetive, because the current legal barriers remains, the families are forced to keep, before the ordinary courts under the effective and rights-judicial protection of that right, for the benefit of their children. The recent Supreme Court ruling dated March 10, 2016 that resolves an appeal against the denial of the right to a child in our country, raises a question of unconstitutionality before the Constitutional Court in relation to Article 1 of Law 3/2007 regulator of the registry rectification of the mention of the sex of the people, which prevents its application to minors. It is an approach to address a legal basis put forward by the TS on the disputed infringement of the right to gender identity in the minors in the Act.

En los últimos años, en nuestro país, se han producido modificaciones legislativas importantes en la regulación de las medidas que se han de adoptar relativas a los hijos, cuando ocurre el divorcio de los padres. Es más, diversas comunidades autónomas han aprobado leyes en las que la alternativa de guarda y custodia compartida se determina como opción preferente frente a otras. Esta investigación pretende analizar la diversificación de argumentos (más allá del criterio general de protección del interés superior del menor) expuestos en las resoluciones judiciales de procesos contenciosos de divorcios, que están regidos por la Ley autonómica de la Comunidad Valenciana 5/2011 de 1 de abril y la Ley nacional 15/2005 de 8 de julio. Para ello se han revisado sentencias judiciales del año 2013, dictadas por las distintas Audiencias Provinciales. El análisis de contenido de las mismas determinó una mayor motivación, en criterios relativos a las necesidades de los menores y las capacidades parentales, con especial incidencia en aquellas dictadas por tribunales sujetos a legislación específica. In recent years, in our country, there have been significant legislative changes in the regulation of measures taken related to the children when the parents get divorce. Moreover, various regions have passed laws in which the shared custody is determined as the preferred option over others. This research aims to analyze the diversification of arguments (beyond the general criterion of the best interests of the child) shown in judicial judgments of contentious divorce proceedings, which are regulated under regional and national laws (Ley autonómica de la Comunidad Valenciana 5/2011 de 1 de abril and Ley nacional 15/2005 de 8 de julio). To that end, has been revised juditial judgments issued by various regional courts. The analysis determined a greater motivation on criteria related to needs of children and parenting skills, with special emphasis on those issued by courts subject to specific legislation.

La gestación por sustitución es un tema de gran relevancia que ha originado distintos debates éticos, morales, biológicos, económicos y jurídicos. En este tema se trata de ver cual es el régimen jurídico actual de la gestación por sustitución y cuales son las carencias en la regulación de esta práctica a nivel nacional, abordar el tema del orden público internacional, así como ver cómo se regula esta figura en el mundo.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE) resuelve la cuestión prejudicial de qué jueces son competentes para conocer de la demanda de una obligación de alimentos a favor de los hijos menores de una pareja que reside en Londres, pero tiene nacionalidad italiana, que se separa judicial-mente. El problema radica en la existencia de una norma, el artículo 3 del Reglamento Europeo n° 4/2009 sobre obligación de alimentos que contiene dos apartados, c) y d), que permiten otorgar la competencia a jueces de distintos Estados miembros de la Unión Europea (UE). El Tribunal Europeo atendiendo al interés del menor, y conforme a una interpretación autónoma, resuelve la cuestión atribuyendo la competencia a los jueces británicos porque la acción de alimentos a favor de los menores es accesoria a la acción relativa a la responsabilidad parental, contemplada en el artículo 8 del Reglamento Europeo n° 2201/2003 sobre crisis matrimonial y responsabilidad parental, y no al artículo 12.1° de este Reglamento que la haría accesoria al procedimiento de separación judicial. The judgment of the Court of Justice of the Union European resolves the question of what judges are competent to meet the demand for a maintenance obligations in favor of the children of a couple who lives in London, but has Italian nationality, which separates legally. (The problem is the existence of a rule, article 3 of the European Regulation No. 4/2009 on maintenance obligations which contains two sections, c) and (d)), that allow to grant competition judges from States members of the European Union. The European Court according to the interest of the minor, and subject to an autonomous interpretation, resolves the issue attributing competence to British judges because the action of food in favor of minors is accessory to action concerning parental responsibility, referred to in article 8 of the European Regulation No. 2201 / 2003 on parental responsibility and matrimonial crisis, and not to article 12.1 of this regulation that would make it accessory the procedure of legal separation.

Trabajo de fin de Grado. Grado en Derecho. Curso académico 2014-2015, [ES]Hoy en día cada vez es mayor el número de casos en los que se pide al juez que otorgue la custodia compartida a ambos progenitores. Hay sectores que están en contra de esta medida y otros a favor, pero es innegable los beneficios que la guarda y custodia posee, sobre todo frente a la custodia exclusiva de uno de los progenitores. En este trabajo analizaremos esos beneficios que este sistema aporta sobre todo en cuanto a la estabilidad de los hijos y a la igualdad de los progenitores respecto al cuidado, educación y convivencia de los menores. Asimismo, entraremos a conocer los criterios que utiliza el juez para otorgar la custodia compartida, y la distintas modalidades que existen, lo que hacen de ella un sistema perfectamente adaptable a cualquier realidad., [EN] Nowadays, the number of cases wherein the judge is requested to bestow joint custody is increasing. There are clusters of people who oppose this measure, whereas some are in favour of this custody system, but the fact that the joint custody has high levels of profit is unquestionable, especially compared to sole custody of one of the parents. In this essay, the joint custody benefits regarding the stability of the child and the parents parity in relation to child care, education and conviviality are analysed. Furthermore, the standards used by the judge to assign joint custody will be explored, and the different patterns that exist, which makes this kind of custody a perfectly adjustable system to any reality.

El homeschooling constituye un banco de pruebas adecuado para deslindar problemas jurídico-constitucionales de enorme importancia en relación con las libertades implicadas en el derecho a la educación. En último término se trata de explicitar si la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) y los derechos educativos paternos (art. 27.3 CE) permiten a los padres imponer a los hijos un modelo educativo como el del homeschooling en el que los padres, por motivos ideológicos, religiosos o pedagógicos, rechazan la escuela convencional e incumplen el deber de escolarización que la ley establece con la finalidad de garantizar el derecho/deber de cursar la enseñanza básica obligatoria (art. 27.4 CE). La clave de la cuestión es que las libertades educativas están subordinadas al interés del menor, principio informador del sistema educativo y que consiste en hacer efectivo el derecho a la educación y que ésta tenga por objeto el libre desarrollo de la personalidad y la transmisión de los valores constitucionales conforme al denominado diario constitucional (art. 27.2 CE). La doctrina del Tribunal Constitucional, aunque reconoce que la Constitución no identifica obligación de cursar la enseñanza básica con escolarización obligatoria, sí reconoce que esta opción por la que ha optado el legislador es la más adecuada para facilitar el derecho a la educación y garantizar el ideario constitucional y, en aras a la sacralización del mismo, limita los derechos educativos paternos cuyo ámbito de actuación principal sería fuera del horario escolar. Homeschooling makes an adequate bank of samples to set out constitutional legal issues of an enormous importance in relation with freedom involved in the right to education. We ultimately need to clearly set out if the freedom of teaching (art. 27.1 of Spanish Constitution) and the parents right to their children’s education (art. 27.3 of Spanish Constitution) allow the parents to impose on their children an educational model such as homeschooling where the parents reject conventional school and skip the right to enroll their children in a school based on their ideological, religious or educational beliefs. Such right is established by law so as to guarantee the right to/ duty of compulsory basic education (art. 27.4 Spanish Constitution). The crux of the matter resides in the fact that educational freedom makes a condition of the minor’s own interest, which is the premise of the educational system and which consists of exerting the right to education in a way that it will have as its main goal the free development of the person’s character and the transfer of the constitutional values as stated by the so-called constitutional diary (art. 27.2 of Spanish Constitution). Even though the Constitutional Court doctrine claims that the constitution does not state the obligation to follow the basic primary and secondary education on a mandatory basis it does acknowledge the fact that this choice of the ruler is the most adequate to facilitate the right to education and to guarantee the constitutional principles which, so as to worship such right it restricts the parents educational rights to aside from school. Das Homeschooling wird zu einem Paradebeispiel bezüglich der Abgrenzung wichtiger juristisch-verfassungsrechtlicher Probleme in Bezug auf die impliziten Freiheitsrechte im Bereich der Erziehung. Im Letzten geht es darum, zu klären, ob unter Berufung auf das Recht auf Freiheit der Erziehung (Art. 27.1 der Spanischen Verfassung) und der elterlichen Erziehungsrechte (Art. 27.3 der Spanischen Verfassung) es den Eltern erlaubt ist, ihren Kindern ein Erziehungsmodell wie das Homeschooling aufzuzwingen, in dem die Eltern aus ideologischen, religiösen oder pädagogischen Gründen das herkömmliche Schulmodell ablehnen und der Pflicht zur Einschulung, die das Recht / die Pflicht zur gesetzlich garantierten Hauptschulpflicht umfasst (Art. 27.4 Spanische Verfassung), nicht nachkommen. Der entscheidende Punkt liegt darin, dass die Freiheitsrechte der Kindererziehung unter dem Recht des Minderjährigen rangieren, auf dem wiederum das staatliche Schulrechtssystem aufbaut, das seinerseits das Recht auf Schulbildung durchzusetzen hat. Die Schulbildung ihrerseits soll dazu beitragen, die Persönlichkeit des Minderjährigen zu entfalten und die verfassungsrechtlichen Werte zu vermitteln gemäss dem so genannten «Diario Constitucional» (Art. 27.2 der Spanischen Verfassung). Obwohl das Verfassungsgericht in seiner Lehrauffassung keine zwingende Pflicht darin sieht, die Schulausbildung durch die Teilnahme am staatlichen Schulsystem zu absolvieren, so stellt das Verfassungsgericht doch heraus, dass es das staatliche System für das geeignetste hält, um das Recht auf Schulbildung und die Vermittlung der Verfassungswerte zu garantieren. Um dieses staatliche Schulsystem zu schützen, beschränkt das Verfassungsgericht die elterlichen Rechte und verweist sie auf ihr Haupttätigkeitsfeld: die außerschulische Erziehung außerhalb der Schulzeiten.

La regulación de la figura de la guarda y custodia compartida fue introducida por primera vez en nuestra legislación por la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Tras la citada reforma, a nivel estatal, la guarda y custodia de los hijos encuentra regulada, principalmente, en los artículos 90.1 a) y 92, ambos del Código civil. Esta modalidad de guarda y custodia, que ya existía en otras legislaciones europeas, y que también tendremos ocasión de abordar, se introdujo al observar una práctica jurisdiccional en este sentido. Esto es, con anterioridad a la mencionada Ley, ya encontramos pronunciamientos judiciales que, en casos de separación o divorcio, establecían esta forma de atribución de guarda y custodia, a pesar de no tener una cobertura legal. No estaba permitida, pero tampoco estaba expresamente prohibida por nuestra legislación. Con anterioridad a 2005, la única posibilidad existente era la guarda y custodia exclusiva en la que uno de los progenitores pasaba la mayor parte del tiempo con sus hijos menores, mientras que el otro gozaba de un régimen de visitas. Pero esta única posibilidad parece que ha quedado obsoleta. No han sido, sin embargo, pocas las críticas que esta reforma que ha recibido. En España, a nivel autonómico, encontramos comunidades que han regulado de manera exclusiva esta figura, como Aragón o Cataluña, Valencia o Navarra, mientras que la regulación a nivel europeo data de años anteriores. Todas esta leyes relativas a la guarda y custodia compartida u ordenamientos europeos que se refieren a ella, así como la legislación española se basan principalmente en directrices internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 que consagra el derecho del menor a relacionarse con sus dos progenitores como lo más beneficioso para él. En este sentido, y a la hora de tomar cualquier decisión que pueda afectar a un menor, siempre deberá prevalecer el superior interés de éste o principio favor filii. La figura que se estudia implica que ambos progenitores tienen la posibilidad de permanecer períodos de tiempo más o menos iguales con sus hijos, aunque una guarda y custodia compartida nunca implicará que necesariamente estos tiempos de estancia con los hijos deban ser exactamente iguales. Parece que se trata de un régimen beneficioso para el menor, con muchas más ventajas que inconvenientes, pero que, dada la regulación actual, necesita del acuerdo de los progenitores. Este es el principal problema, y así lo veremos cuando realicemos el estudio doctrinal y jurisprudencial. Cuando es un Juez el que impone unas determinadas reglas de convivencia suele resultar mucho más difícil su cumplimiento. Además, se trata de un sistema en el que se valorarán especialmente las relaciones entre los progenitores, su voluntad para llegar a acuerdos, así como su interés en que las decisiones adoptadas sean siempre las menos perjudiciales para sus hijos. Que las relaciones entre los ex cónyuges sean cordiales y respetuosas no siempre es fácil. Por esta razón, ya en la Ley de 2005 así como en la Leyes Autonómicas, a las que antes nos referíamos, se refieren a la Mediación Familiar. Este sistema, como veremos, está íntimamente vinculado con los procesos de crisis matrimonial. Con todo ello, una nueva regulación de la figura de la guarda y custodia compartida junto con una legislación estatal de mediación familiar que unifique los criterios establecidos por las Comunidades Autónomas, podrían constituir un gran paso adelante en lo que a situaciones de crisis matrimoniales se refiere. El primer paso lo encontramos en el anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, aprobado el 19 de julio de 2013. Esta posible nueva regulación podría convertirse en una de las principales novedades del Derecho de familia. Se trata, por tanto, de un tema actual porque la guarda y custodia compartida se convertirá en poco tiempo en la situación normal y ordinaria de ejercicio de la patria potestad en cuanto a atención, educación y vela de los hijos menores y tenerlos en compañía de los padres. The regulation of shared custody was first introduced in our legislation by Law "15/2005 e 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio" . After this reform, guardianship and custody of children is regulated mainly in articles 90.1 a) and 92, both of the Civil Code. This type of custody, which existed in other European legislation, was introduced to observe a judicial practice in this regard. That means that even before 2005, we can find some judicial decisions related to joint or shared custody. Before 2005 this model of guardianship was not allowed but not expressly prohibited by our legislation. Before 2005, the only existing possibility was the sole custody where one parent spent much time with their children, while the other enjoyed visitation. But this only possibility seems to have become obsolete. There have been, however, few reviews that this reform has received. In Spain, at regional level, we find communities that have regulated this figure exclusively, such as Aragon, Catalonia, Valencia or Navarra, while regulation at European level dates from previous years. All these laws refered to joint custody are mainly based on international guidelines such as the Convention on the Rights of the Child, proclaimed by the General Assembly of the United Nations on 20 November 1989 which enshrines the right of the child to interact with both parents as more beneficial to him. In this sense, and in making any decision that may affect a child, must always prevail in the best interests of this or beginning "favor filii". This model of custody implies that both parents have the possibility of remaining periods of roughly equal time with their children, although never shared custody necessarily imply that these times stay with the children should be exactly the same. It seems that this is a beneficial arrangement for the child, with many more advantages than disadvantages, but given the current regulation requires the agreement of the parents. This is the main problem, and so we will see when we do the doctrinal and jurisprudential study. When is a court that imposes certain rules of coexistence is often much more difficult compliance. Moreover, it is a system in which especially the relationship between the parents, their willingness to reach agreements and requesting decisions, are always the least harmful for their children are valued. As a result, a new regulation of shared custody along with a state law family mediation to unify the criteria established by the Autonomous Communities, could be a big step forward as a marital crisis concerns. The first step is found in the draft law on the exercise of parental responsibility in the event of annulment, separation and divorce, adopted on July 19, 2013 (Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, aprobado el 19 de julio de 2013). This possible new regulation could become a major new family law. It is therefore a current issue that the shared custody will soon become the normal and ordinary situation exercise of parental authority regarding care, education and sailing of minor children and keep them in the company of parents.

Das Homeschooling wird zu einem Paradebeispiel bezüglich der Abgrenzung wichtiger juristisch-verfassungsrechtlicher Probleme in Bezug auf die impliziten Freiheitsrechte im Bereich der Erziehung. Im Letzten geht es darum, zu klären, ob unter Berufung auf das Recht auf Freiheit der Erziehung (Art. 27.1 der Spanischen Verfassung) und der elterlichen Erziehungsrechte (Art. 27.3 der Spanischen Verfassung) es den Eltern erlaubt ist, ihren Kindern ein Erziehungsmodell wie das Homeschooling aufzuzwingen, in dem die Eltern aus ideologischen, religiösen oder pädagogischen Gründen das herkömmliche Schulmodell ablehnen und der Pflicht zur Einschulung, die das Recht / die Pflicht zur gesetzlich garantierten Hauptschulpflicht umfasst (Art. 27.4 Spanische Verfassung), nicht nachkommen. Der entscheidende Punkt liegt darin, dass die Freiheitsrechte der Kindererziehung unter dem Recht des Minderjährigen rangieren, auf dem wiederum das staatliche Schulrechtssystem aufbaut, das seinerseits das Recht auf Schulbildung durchzusetzen hat. Die Schulbildung ihrerseits soll dazu beitragen, die Persönlichkeit des Minderjährigen zu entfalten und die verfassungsrechtlichen Werte zu vermitteln gemäss dem so genannten «Diario Constitucional» (Art. 27.2 der Spanischen Verfassung). Obwohl das Verfassungsgericht in seiner Lehrauffassung keine zwingende Pflicht darin sieht, die Schulausbildung durch die Teilnahme am staatlichen Schulsystem zu absolvieren, so stellt das Verfassungsgericht doch heraus, dass es das staatliche System für das geeignetste hält, um das Recht auf Schulbildung und die Vermittlung der Verfassungswerte zu garantieren. Um dieses staatliche Schulsystem zu schützen, beschränkt das Verfassungsgericht die elterlichen Rechte und verweist sie auf ihr Haupttätigkeitsfeld: die außerschulische Erziehung außerhalb der Schulzeiten. Homeschooling makes an adequate bank of samples to set out constitutional legal issues of an enormous importance in relation with freedom involved in the right to education. We ultimately need to clearly set out if the freedom of teaching (art. 27.1 of Spanish Constitution) and the parents right to their children’s education (art. 27.3 of Spanish Constitution) allow the parents to impose on their children an educational model such as homeschooling where the parents reject conventional school and skip the right to enroll their children in a school based on their ideological, religious or educational beliefs. Such right is established by law so as to guarantee the right to/ duty of compulsory basic education (art. 27.4 Spanish Constitution). The crux of the matter resides in the fact that educational freedom makes a condition of the minor’s own interest, which is the premise of the educational system and which consists of exerting the right to education in a way that it will have as its main goal the free development of the person’s character and the transfer of the constitutional values as stated by the so-called constitutional diary (art. 27.2 of Spanish Constitution). Even though the Constitutional Court doctrine claims that the constitution does not state the obligation to follow the basic primary and secondary education on a mandatory basis it does acknowledge the fact that this choice of the ruler is the most adequate to facilitate the right to education and to guarantee the constitutional principles which, so as to worship such right it restricts the parents educational rights to aside from school. El homeschooling constituye un banco de pruebas adecuado para deslindar problemas jurídico-constitucionales de enorme importancia en relación con las libertades implicadas en el derecho a la educación. En último término se trata de explicitar si la libertad de enseñanza (art. 27.1 CE) y los derechos educativos paternos (art. 27.3 CE) permiten a los padres imponer a los hijos un modelo educativo como el del homeschooling en el que los padres, por motivos ideológicos, religiosos o pedagógicos, rechazan la escuela convencional e incumplen el deber de escolarización que la ley establece con la finalidad de garantizar el derecho/deber de cursar la enseñanza básica obligatoria (art. 27.4 CE). La clave de la cuestión es que las libertades educativas están subordinadas al interés del menor, principio informador del sistema educativo y que consiste en hacer efectivo el derecho a la educación y que ésta tenga por objeto el libre desarrollo de la personalidad y la transmisión de los valores constitucionales conforme al denominado diario constitucional (art. 27.2 CE). La doctrina del Tribunal Constitucional, aunque reconoce que la Constitución no identifica obligación de cursar la enseñanza básica con escolarización obligatoria, sí reconoce que esta opción por la que ha optado el legislador es la más adecuada para facilitar el derecho a la educación y garantizar el ideario constitucional y, en aras a la sacralización del mismo, limita los derechos educativos paternos cuyo ámbito de actuación principal sería fuera del horario escolar.