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El presente estudio analiza de qué manera la Economía Social y Solidaria (ESS) en Ecuador encuentra en la contratación pública un aliado estratégico para su desarrollo. Este artículo explora la relación entre la ESS y la contratación pública en Ecuador, analizando especialmente cómo la adquisición de bienes y servicios a organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) puede contribuir a fortalecer el tejido productivo local, promover la equidad y la justicia social. El presente estudio analiza la labor trascendental de la contratación pública en Ecuador para impulsar la ESS utilizando una metodología que incluye un análisis exhaustivo de políticas públicas, legislación vigente y estudios de caso. Se examinaron los avances normativos que reconocen a la ESS como un pilar fundamental del sistema económico ecuatoriano, así como los desafíos que enfrenta su implementación efectiva. Asimismo, se presentan casos prácticos que ilustran el potencial de la EPS en la contratación pública, y se proponen recomendaciones para fortalecer su integración en los procesos de adquisición del Estado. Este trabajo busca contribuir al debate sobre la importancia de la inclusión de las organizaciones de la EPS en el desarrollo económico y social del Ecuador, y a la identificación de estrategias para consolidar su papel en la construcción de un futuro más justo y sostenible.

La mejora de la contabilidad gubernamental, esencial para la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos, es un tema de creciente importancia en contextos como el cantón Machala, Ecuador. Este estudio, que adopta un enfoque mixto combinando métodos cualitativos y cuantitativos, busca explorar y comprender los desafíos actuales y las oportunidades para la modernización del sistema contable. A través de encuestas dirigidas a contadores del sector público, se examinaron aspectos como la accesibilidad de la información financiera, los obstáculos como la escasez de recursos humanos especializados y la resistencia cultural, así como el potencial transformador de la tecnología en la mejora de procesos contables. Los hallazgos exponen la necesidad de estrategias integradas que incluyan colaboraciones internacionales, programas de capacitación y participación ciudadana para promover una gestión financiera más transparente y eficiente. Este enfoque holístico es decisivo para enfrentar los desafíos persistentes y avanzar hacia una administración pública más efectiva y responsable en el cantón Machala.

Objetivo: Analizar la evolución y tendencias bibliométricas en la revista Quipukamayoc entre 1993-2023. Métodos: Se empleó un enfoque cualitativo, utilizando el método analítico-sintético y la revisión documental como técnica de recolección de datos. La revisión bibliométrica se centró en tres áreas: análisis de los artículos, caracterización de los autores y evaluación del impacto de las publicaciones, proporcionando un estudio detallado y exhaustivo de las contribuciones en la revista. Los datos se recabaron de diversas fuentes, como Google Scholar Metrics, Scopus, SciELO y la propia revista. Resultados: De los 748 artículos publicados entre 1993-2023, 618 son originales y 130 de revisión. De los 1026 articulistas, 889 son nacionales y 137 extranjeros, siendo los más representativos los que proceden de México (43), Ecuador (41), Argentina (13), Colombia (10), Brasil (7) y España (7). Asimismo, los temas más recurrentes fueron contabilidad y finanzas (34 %), empresa (23 %), economía y comercio (16 %), tributación (15 %), sistemas y tecnologías de la información (5 %), y sector público y auditoría (7 %). Conclusión: Durante los 30 años de publicación continua, Quipukamayoc ha sido un referente importante en las áreas de investigación contable, económica, financiera y empresarial para autores y profesionales nacionales y extranjeros.

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Desde el año fiscal 2001, el Perú ha experimentado aumentos significativos en la aprobación de sus presupuestos anuales. Durante la primera mitad de los 2000, la distribución territorial del presupuesto ha cambiado en el contexto de la reestructuración del Estado peruano, asignándose los fondos a niveles de gobierno nacional, regional y local. El presente estudio tiene como objetivo analizar y explicar la variación, distribución y ejecución del presupuesto público en el Perú por niveles de gobierno, empleando un método deductivo con enfoque cuantitativo y diseño descriptivo-explicativo. Los resultados indican un crecimiento constante del presupuesto público a lo largo de los años. Sin embargo, la distribución de los gastos de capital ha sido desigual entre los niveles de gobierno, en parte debido a una descentralización fiscal insuficiente. En conclusión, los indicadores de eficacia revelan que los gobiernos regionales y locales han enfrentado dificultades en la ejecución de los gastos de capital, lo que sugiere la necesidad de mejorar los mecanismos de distribución y ejecución presupuestaria en estos niveles para optimizar los recursos destinados al desarrollo territorial.

La evaluación del desempeño laboral es una herramienta eficiente y eficaz para medir y mejorar el desempeño de los trabajadores. En el ámbito de la administración pública, que ha sido objeto de intensos cuestionamientos respecto a la gestión de los recursos de todos los ciudadanos, la implementación de esta herramienta de evaluación se presenta como una medida crucial para promover la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia en el sector público. El objetivo de este estudio es resaltar la importancia de la evaluación del desempeño laboral en la motivación de los trabajadores, como un medio para aumentar su rendimiento; ser más eficiente y eficaz en lo que hacen y elevar su compromiso con la institución. Para ello, se revisó literatura especializada, se recopilaron testimonio de colaboradores de distintas instituciones públicas, lo cual nos permitió conocer opiniones respecto al motivo de la aplicación del instrumento. La evaluación del desempeño laboral permite identificar áreas susceptibles de mejoras, talentos y estrategias para promover el desarrollo profesional de los colaboradores mejorando la calidad en la gestión de los servicios y el uso adecuado los recursos públicos.

La presente crónica recoge las novedades en materia lingüística en la Comunidad Foral de Navarra entre los meses de enero y diciembre de 2023. Estas novedades se refieren al cambio de denominación del departamento con competencia en materia lingüística, a las ayudas para la promoción del euskera en las empresas privadas y en los medios de comunicación y a la convocatoria y concesión del Premio de Literatura Navarro Villoslada 2023 en su modalidad en euskera.

The modernization of public accounting in Latin America is conclusive in a globalized context and economic crisis. This study analyzes the need to adapt to a competitive environment, highlighting the International Public Sector Accounting Standards as essential tools to improve government management. It focuses on professional ethics and transparency in the management of public resources, citing examples of legislation and practices in Latin America. The objective is to address ethical challenges in government accounting through a comprehensive approach that includes the promotion of ethical practices, training in values, strategic use of technology and active citizen participation. The research concludes that these measures will strengthen transparency and integrity in the management of public resources in Latin America, promoting a solid and sustainable ethical culture in the public sector.

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Objetivo: identificar los beneficios y las dificultades experimentadas en la implementación de la herramienta de mapas de conocimiento en una organización del sector público colombiano. Diseño/metodología: el estudio se desarrolló bajo una metodología cualitativa de alcance descriptivo. Se empleó la estrategia de estudio de caso único y la herramienta de entrevista semiestructurada. Resultados: los resultados mostraron que los mapas de conocimiento han ayudado a estandarizar los procesos y a dar continuidad al desarrollo de estos, a identificar conocimientos críticos, a acelerar la curva de aprendizaje y a facilitar la transferencia de conocimiento. Por su parte, las dificultades se relacionan elevada rotación de personal, la falta de empoderamiento, los cambios periódicos del personal directivo y la falta de un equipo técnico sólido para acompañar el despliegue de los mapas de conocimiento. Conclusiones: los mapas de conocimiento son una herramienta valiosa en los procesos de gestión del conocimiento, principalmente en la identificación de conocimientos críticos para la operación. Sin embargo, condiciones propias de organizaciones del sector público, tales como la forma de administrar el talento humano y la alta rigidez administrativa, puede llevar a estas a enfrentar obstáculos que impidan implementar estrategias efectivas para la gestión del conocimiento. Originalidad: el estudio explora la implementación de los mapas de conocimiento en una organización pública, aspecto poco teorizado en este sector. En Colombia, las normativas en el área son relativamente recientes. Por consiguiente, estos resultados ofrecen a los responsables de la toma de decisiones una mejor comprensión de los aspectos clave que deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar estas estrategias.

El artículo analiza el Sistema Integrado de Administración del Talento Humano en el Sector Público Ecuatoriano, explorando su evolución histórica y estructura actual. La investigación involucró la recopilación de datos históricos sobre la gestión de recursos humanos en el servicio público ecuatoriano, revisando documentos y fuentes bibliográficas relevantes. Se examinaron estudios previos y artículos académicos sobre la gestión de personal en el sector público, además de una revisión exhaustiva de la legislación vigente. Se realizó un análisis detallado de los componentes del sistema, como la planificación del talento humano, clasificación de puestos, reclutamiento, capacitación, evaluación del desempeño y salud ocupacional. Este estudio ofrece una visión integral del sistema de gestión de talento humano en el sector público ecuatoriano, crucial para comprender su evolución y funcionamiento, y como base para futuras investigaciones y mejoras.

En la actualidad, la contabilidad gubernamental y la planificación presupuestaria son dos elementos fundamentales en la gestión financiera de todos los países, en este sentido, el presente estudio tiene por objetivo analizar las buenas prácticas que se aplican en la integración de ambas disciplinas, con el fin de mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión financiera. La integración eficaz entre la contabilidad gubernamental y la planificación presupuestaria es esencial para lograr una gestión financiera más eficiente y transparente. Cuando las dos disciplinas trabajan de forma coordinada y se establece una comunicación fluida entre los equipos responsables, es posible optimizar los recursos disponibles y evitar gastos innecesarios. Además, esta integración contribuye a una mejor asignación de los recursos públicos y permite evaluar de forma más precisa el impacto de las políticas económicas implementadas.

Estudios han demostrado que la contabilidad gubernamental actualmente es apreciada como un importante sistema de control de las instituciones del estado, su fin es mantener un eficiente sistema contable que permita obtener información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Es por esto que, el objetivo de la presente investigación es determinar la importancia de la contabilidad gubernamental como instrumento fiscal en el cantón Pablo Sexto, la cual posee un enfoque descriptivo dado que relata y analiza las características de un grupo selecto que ha sido escogido como sujeto de estudio de esta investigación. En este caso, se llevó a cabo la aplicación de una encuesta como técnica de recolección de información ejecutada por los responsables de los departamentos de Contabilidad, Presupuestos y Sistemas de Información y comunicación pertenecientes a los cantones: Pablo Sexto, Logroño, Sucúa y Huamboya, donde cada uno de ellos brindó su perspectiva referente a temas como: control interno, normativa vigente, principio del devengado, presupuesto y ciclo presupuestario y sistemas de información y comunicación. Se pudo concluir que la contabilidad gubernamental es una herramienta muy útil que les permite a estas entidades brindar una correcta gestión financiera, sin embargo, existe cierto desconocimiento en cuanto a algunos temas por lo que se sugiere realizar capacitaciones continuas.

La eficiencia en el uso de recursos públicos por parte de las instituciones gubernamentales es una exigencia latente de los sistemas democráticos. Lo cual se concreta por medio de políticas públicas y mecanismos que se establecen como esfuerzos para propiciar la eficiencia en el quehacer gubernamental y abatir la corrupción, buscando que en el servicio público se trabaje bajo la lógica de hacer “más con menos” cuando de recursos se trata. En el presente artículo se muestra cómo es el proceso de adquisiciones y contrataciones públicas en México, prestando especial atención a los mecanismos para buscar las mejores condiciones en cuanto a precio en las contrataciones y adquisiciones públicas. Presentando cómo los Índices Nacionales de Precios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pueden ser utilizados como fuente complementaria de información para propiciar la eficiencia en el uso de recursos públicos.

Increasingly interconnected contemporary societies face complex problems that impact people's lives and demand collaborative innovative solutions. In the public sector, managers have shown a growing interest in collaboration to stimulate the development and implementation of innovative solutions. Despite this, the field of research on the role of leadership in this process is still incipient. This work aims to build a synthesis of the literature on the role of leaders in collaborative innovation processes in the public sector. The generation of a thematic map reveals two macro themes -- roles and actions of leaders -- associated with six themes: meta-governance, three-dimensional performance, observing basic requirements, restructuring the organization, overcoming obstacles, and exploring the drivers. This framework outlines how public leaders can act to engage in the development of more effective collaborative innovations for society. To review the evidence, it is also recommended that the profile of public leaders indicated to stimulate collaborative innovation processes to be more proactive and less attached to formalisms, should act as a meta-governor to convene, orchestrate, facilitate, regulate, mediate, and catalyze the processes of innovation. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Este artículo de revisión presenta una comparación teórica de la realidad salarial policial, frente a los estipendios de 16 entidades del Estado en materia ocupacional y 14 a nivel nominal, analizados bajo los criterios de homogeneidad-diferencia, desde un enfoque cualitativo con carácter descriptivo. A partir de la triangulación de datos provenientes de diferentes fuentes, se intenta mostrar al lector distintos escenarios en materia organizacional y su relación con los regímenes legal, salarial, prestacional, de funciones y competencias. Para tal fin, se realiza un análisis de contexto, que tiene por objetivo general, alinear las etapas de identificación de similitudes y disimilitudes relacionadas con estructuras jerárquicas, niveles de riesgo, política remunerativa y marco jurídico que les definen, logrando identificar las brechas existentes entre los estipendios del sector público y la Policía Nacional de Colombia.

Chile is the largest producer of copper worldwide, where CODELCO, a state-owned enterprise, generates 10% of the global production of this metal. In 2015, the copper mining industry faced significant challenges due to price fluctuations, reaching a minimum of US$ 2.49 per pound. As a result, the cost of operations began to gain greater importance and was highlighted as an important factor to consider. Not oblivious to the, CODELCO faces the uncertainties of time while seeking to maintain its position in the global market. This article reports how the copper company decided to embark on a different and sustainable path over time: it developed a management system based on Lean methodology to enhance continuous improvement. The outcome is a system called C+ consisting of a set of disciplines, practices, and tools that have improved the company's management. After years of effort and implementation, the state-owned company managed to establish a new way of doing things, leading it to be recognized in May 2023 by the Shingo Institute at the University of Utah (United States). This recognition made it the world's first mining company to receive this award for excellence in organizational culture. It is an achievement that fuels the ongoing effort for continuous improvement. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Alternative project delivery methods that support collaboration are gaining significant attention in the public sector in the U.S., with increasing examples of owners that transform their traditional delivery methods into ones that reflect relational contracting principles. These approaches are new and despite their proven benefits, their widespread is hindered by the novelty and unfamiliarity nature. The aim of this paper was to contribute to bridge this gap. The key elements associated with relational principles were drawn from the literature and discussed in the light of an empirical case in California. This successful case study provides evidence that these elements can work, even with the limitations commonly observed in the public sector. The paper discusses observed best practices and reveals some practical insights from a project team that was implementing relational elements in the public sector for the first time. The findings of this study will hopefully contribute to the widespread of these practices, and inspire academics and practitioners to initiate or continue their journey towards more collaborative project delivery methods in the construction industry. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Finland is undergoing an immense change in the execution of real estate development and construction projects. Since 2011 nearly 100 projects have already been launched in the country with the Integrated Project Delivery (IPD) principle. The total value of the projects is close to 7.3 billion euros. The principles of integration are currently applied especially to project management contracts, but also to other traditional contract models with fixed content or fixed price. Implementation of the IPD models has triggered a change in work culture and practices across the whole construction field. Focus within the traditionally somewhat quarrelsome and fragmented industry has now shifted towards cooperation and continuous improvement - both important Lean principles. Experience from the integration of contracting authorities and service providers has shown the advantages to be achieved. The contracting authority can utilize the know-how of different parties from the start of the project, as designers and builders are planning ways of execution together. A joint development phase leads to better planning and more accurate budgeting as well as better commitment of different parties. The use of IPD models has also served as a significant basis for introducing Lean principles and tools in Finland. Without IPD models, especially the customers' awareness of the benefits of Lean methods would have remained low. Furthermore, the sharing of risks and benefits encourages the execution of projects with stricter adherence to budget and schedule. So far, all completed IPD projects have achieved the target schedule and budget. Despite minor shifts in the cost targets of the projects, all contracting parties have been satisfied with the achieved results. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

La Unión Europea ha publicado una nueva Directiva, otra más, en materia de eficiencia energética. Las causas, esta vez, que motivan la elaboración de otro texto más en la materia pueden reducirse esencialmente a dos: por un lado, aclarar y refundir –dice el texto– todos los cambios padecidos por la aún vigente Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética; y por otro, actualizar la política energética -sostenida sobre el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, la Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y la Directiva (UE) 2018/2002 relativa a la eficiencia energética– al compromiso actual de la Unión Europea en el marco del Pacto Verde Europeo conocido como Objetivo 55. Esos tres grandes pilares de la política energética de la Unión han sido tratados ya en esta sede: ¿Qué es el Objetivo 55? El punto de partida debe situarse en el Acuerdo de París, también comentado en diversas ocasiones en esta revista. Como es sabido, una de las novedades que han aportado cierto éxito a las propuestas de París frente a precedentes como Kioto se basa en el enfoque adaptativo que plantea el Acuerdo. Sobre la base de este enfoque, básicamente, todo Estado firmante se compromete a trabajar por mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2ºC en relación con los niveles preindustriales, pero a su ritmo, sin imponer límites u obligaciones específicas. Cada uno de esos Estados, entonces, debe comprometerse a una determinada contribución a nivel nacional, es decir, debe determinar el granito de arena que puede o está dispuesto a aportar en esta lucha contra el cambio climático, compromiso que debe revisar y, en la medida de lo posible, incrementar cada cinco años. Pues bien, la Unión Europea firmó París con un compromiso de reducción de, al menos, el 40% de sus emisiones para el año 2030 con respecto a valores de 1990 (así lo estableció en la Decisión (UE) 2016/1841 y lo desarrolló a través del conocido como Pacto Verde Europeo). Cinco años después, en 2021, la Unión revisó e incrementó ese compromiso hasta, al menos, el 55% de reducción de emisiones para 2030 respecto a los mismos niveles; todo ello a través de un nuevo paquete de medidas cuyo fin es, dentro el marco del Pacto Verde Europeo, adaptar las medidas iniciadas para alcanzar dicho objetivo de reducción de emisiones. Pues bien, una de esas adaptaciones al Objetivo 55 cristaliza en la presente Directiva. La Directiva 2023/1791 está organizada en cuarenta artículos y diecisiete anexos en los cuales se impone a los Estados miembros la adaptación de sus esfuerzos en materia de eficiencia energética con el fin de cumplir con la reducción de, al menos, el 55% de emisiones para 2030. Todo ello sobre la base de auténticas obligaciones y objetivos orientativos y de medio y largo plazo que se imponen a cada Estado miembro y a todos en conjunto (art. 4 Directiva). En todos ellos la eficiencia energética es el objetivo, lógicamente; objetivo que se pretende, como se puede apreciar leyendo los considerandos de la norma, tanto por razones ambientales (favorecer la reducción de las emisiones GEI), como económicas (intentar reducir los precios de la energía) y de seguridad energética. Esos esfuerzos se vertebran sobre el llamado principio de primero, la eficiencia energética (art. 3 Directiva), principio que, si bien no es nuevo, queda reforzado como gran puntal de las medidas propuestas por esta Directiva. Sobre la base de este principio, «la eficiencia energética debe reconocerse como un elemento esencial y una consideración prioritaria en las futuras decisiones de inversión en infraestructuras energéticas de la Unión»; tanto es así, que lo que pretende este principio es que «las soluciones de eficiencia energética deben considerarse la primera opción cuando se tomen decisiones en materia de políticas, planificación e inversión y a la hora de fijar nuevas normas para la oferta y en otros ámbitos de actuación» y ello desde todos los niveles y sectores, incluido el sector financiero. De todos esos sectores, la Directiva 2023/1791 centra sus esfuerzos en desarrollar o afianzar uno en concreto, como es el sector público (Capítulo II), cuya actuación en materia de eficiencia energética debe ser, según pretende la Directiva, ejemplarizante. Al margen de abordar obligaciones específicas en la materia para todo el sector público de cada Estado miembro, esta Directiva refuerza o adapta medidas preexistentes tales como las relativas al ahorro energético (Capítulo III) o suministro de energía (Capítulo V). También medidas dirigidas a empoderar, dice el texto, a los consumidores (Capítulo IV) y que puedan participar de forma más consciente y eficaz en esta eficiencia energética, seguido de una serie de medidas horizontales (Capítulo VI) y disposiciones finales (Capítulo VII) que no pretenden más que garantizar el cumplimiento de lo anteriormente impuesto. El sector público es responsable, afirma la Directiva en sus considerados, de aproximadamente, de entre el 5 y el 10 % del consumo total de energía final de la Unión. Por ello, «para predicar con el ejemplo, el sector público debe fijar sus propios objetivos de descarbonización y eficiencia energética (…) para cumplir el objetivo de consumo de energía final, la Unión debe reducir dicho consumo en un 19 % de aquí a 2030». La función ejemplarizante del sector público en materia de eficiencia energética tiene una denominación adecuada, pues, efectivamente, el concepto que de organismos públicos maneja la Directiva y al que hace destinatarios de estas obligaciones abarcaría al sector público en el sentido de los artículos 2 de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público en el caso español; esto es así desde que la Directiva considera organismos públicos destinatarios a las «autoridades nacionales, regionales o locales y aquellas entidades sin carácter industrial ni comercial que estén directamente financiadas y administradas por dichas autoridades» (art. 2.12 Directiva). Pues bien, todas esas entidades deberán centrar esfuerzos importantes, en el marco de la presente Directiva, en general, pero especialmente en el ámbito de sus edificios públicos (art. 6 Directiva) y en materia de contratación pública (art. 7 Directiva). Para el primer caso, el art. 5 de la Directiva impone un objetivo de, al menos, el 3% de renovación de los edificios públicos para el año 2030 dirigida a garantizar su eficiencia energética. Esto supondría, según datos publicados, la transformación y renovación obligatoria de más de 4.000 edificios sólo en el ámbito de la Administración General del Estado, a lo que habría que sumar los del resto de Administraciones territoriales, institucionales y entes del sector público. A la hora de afrontar tamaña empresa, la Directiva propone fijar un índice anual de renovación de los edificios que los organismos públicos tengan en propiedad en el territorio de un Estado miembro para actualizar su eficiencia energética y transformarlos en edificios de consumo de energía casi nulo o edificios de emisiones cero. Y dentro de los cambios que considera esenciales, destaca la inclusión de un elemento imprescindible para la transición energética como es «la provisión de infraestructuras de recarga (…) Los organismos públicos deben esforzarse todo lo posible por instalar, en los edificios que tengan en propiedad u ocupen, infraestructuras de recarga de conformidad con la Directiva 2010/31/UE». Cambios también se impondrían en materia de contratación pública que, a los requisitos verdes propios de la llamada contratación pública ecológica, que ya venían aplicándose, se le añadirían los de eficiencia energética al menos, por ahora, en los contratos sometidos a regulación armonizada. Sobre estos, los Estados miembros deberán garantizar que únicamente se adquieren o se utilizan «productos, servicios, edificios y obras que tengan un alto rendimiento energético», salvo por razones de interés general o seguridad pública. Asimismo, se imponen obligaciones específicas sobre, por ejemplo, la celebración de contratos de servicios que, si llevan aparejado «un componente energético importante, (…) deberá estudiarse expresamente la viabilidad de celebrar contratos de rendimiento energético a largo plazo que ofrezcan un ahorro de energía a largo plazo». Para garantizar la transparencia de la aplicación de todos estos requisitos de eficiencia energética en el proceso de contratación pública, los Estados miembros deberán garantizar su puesta a disposición en el correspondiente trámite de información pública. Otro de los grandes pilares de esta Directiva es el ahorro energético, en general, en todo Estado. En este sentido y siguiendo, de forma ahora positivizada e institucionalizada, con acciones como las iniciadas con urgencia mediante el Plan llamado «Poniendo de mi parte» (parte del Plan REPowerEU: COM (2022) 230) por el que en España hemos vivido limitaciones a las temperaturas de los climatizadores o al alumbrado, la Directiva 2023/1791 impone obligaciones específicas de ahorro de energía a los Estados miembros, que deberán obtener de forma acumulada en el uso final de la energía año por año hasta el 2030 (art. 8 Directiva). Los Estados miembros deberán obtener la cantidad de ahorro de energía exigida mediante el establecimiento de un sistema de obligaciones de eficiencia energética (art. 9 Directiva), la adopción de medidas de actuación alternativas (art. 10 Directiva) o mediante la combinación de ambas. Estas medidas se aplicarán «con cargo a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con carácter prioritario, pero no exclusivo, entre las personas afectadas por la pobreza energética, los clientes vulnerables, las personas en hogares de renta baja y, en su caso, las personas que viven en viviendas sociales». En el Anexo V de la Directiva se especifican y desarrollan estos sistemas o medidas. Las obligaciones en materia de eficiencia energética que reciben los Estados miembros se completan con las obligaciones que, en materia de suministro eficiente se les imponen en el Capítulo V, artículos 25 y siguientes, especialmente en materia de calefacción y refrigeración. Así, el principio primero, la eficiencia energética debe imperar en toda la cadena de producción, transporte, distribución, uso y regulación de la energía. En este sentido, y en especial ante los sistemas de calefacción y refrigeración, la Directiva impone la obligación de «garantizar un consumo más eficiente de energía primaria y de aumentar la cuota de energías renovables en el suministro de calefacción y refrigeración que entran en la red, considerando eficiente» únicamente al sistema urbano de calefacción y refrigeración que cumpla los criterios expresamente establecidos al efecto (art. 26 Directiva). El ahorro de energía que impone el Capítulo III de la directiva no sólo impone obligaciones sobre los Estados miembros, sino sobre los particulares; en especial sobre las «empresas con un consumo medio anual de energía superior a 85 TJ», las cuales deberán aplicar también los mencionados sistemas de gestión de la energía que, en su caso, deberán ser certificados por un organismo independiente. En otro caso, empresas de alto consumo energético, aunque menor al especificado (igual o superior a 10 TJ), no estarán sometidas a estas obligaciones, pero deberán ser objeto de auditorías energéticas descritas por la Directiva (art. 11 Directiva). Otras medidas propuestas por la Directiva dirigidas también a facilitar el ahorro energético, ahora, entre el común de los particulares, tienen que ver con el fomento y la puesta a disposición de estos de herramientas que les otorguen información adecuada de su consumo energético con el fin de que puedan adaptar y gestionar su demanda. En este sentido, la Directiva habla de medidas en muchos casos conocidas o padecidas ya por el común de los ciudadanos españoles; tal sería el fomento del uso a precio competitivo de contadores individuales de gas «que reflejen exactamente el consumo real de energía del cliente final y que proporcionen información sobre el tiempo real de uso (…) siempre que sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía» (art. 13 Directiva), el equivalente sobre contadores de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (Art. 14 Directiva) y requisitos sobre el acceso y uso de esta información. En línea directa con este último grupo de medidas de ahorro energético se encuentran las dispuestas para empoderar a los consumidores, especialmente a los más vulnerables (art. 24 Directiva), completando la información precedente. Asimismo, se propone un abanico de instrumentos y políticas dirigidos a promover un cambio en los hábitos de estos consumidores a través de, entre otros, incentivos fiscales, subvenciones, actividades de formación y sensibilización o servicios de asesoramiento públicos (art. 22 Directiva). Finalmente, el resto del texto articulado de la Directiva 2023/1791 ofrece herramientas para facilitar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones expuestas, de entre las que se podrían destacar aquí la creación del mencionado Fondo Nacional de Eficiencia Energética (art. 30 Directiva), cuyo objetivo será aplicar las medidas de eficiencia energética para respaldar a los Estados miembros en el cumplimiento de sus contribuciones nacionales de eficiencia energética, así como la imposición de controles periódicos, desde el año 2025 cada cuatro años, para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas (art. 35 Directiva). [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Esta investigación busca analizar los resultados de la aplicación de un modelo de análisis de clases latentes en las variables satisfacción laboral y compromiso organizacional. Se aplicó un cuestionario del cual se obtuvo una muestra de 528 empleados. Uno de los principales resultados del análisis es que se obtuvieron tres categorías de trabajadores para cada variable, esto es, satisfacción laboral alta/moderada/baja y compromiso organizacional bajo/medio/alto. Cada una de las categorías se diferencia de las otras en función de la probabilidad de respuesta de cada conducta o intención de comportamiento. Se presenta en los resultados que, tanto en el sector público como privado, los trabajadores con nivel bajo de satisfacción laboral se caracterizan por tener niveles bajos en todas las dimensiones, principalmente en la satisfacción con el reconocimiento (79,5% y 100% respectivamente), y respecto al compromiso organizacional, quienes tienen un nivel bajo en general tienen probabilidades más altas de estar en un nivel bajo en cada una de sus tres dimensiones.

Este artículo realiza un análisis comparado de varios enfoques que tratan la calidad de las instituciones en el sector público desde aportaciones de la ciencia política y algunas especialidades de las ciencias jurídicas. Después de revisar las asunciones del concepto de institución en este sector, se seleccionan dos grupos de trabajos emblemáticos: uno se centra en el desempeño de las burocracias y la provisión de servicios públicos, lo que se resume en la etiqueta de «calidad del gobierno». El otro se ocupa del cumplimiento de los objetivos enmarcados en las leyes y las burocracias que las implementan, a lo que se refieren como «debilidad vs fortaleza institucional». En último lugar se discuten los puntos convergentes y divergentes junto a los condicionantes del enraizamiento social identificados por algunas investigaciones empíricas.

This article analyzes the results of the diagnosis of knowledge, attitudes and practices of public sector officials who are part of the system for prevention, care and referral of cases of gender violence against women in the canton of Santa Isabel, in Ecuador. The research was quantitative, non-experimental, descriptive and cross-sectional. A census was carried out on 343 officials of the canton, applying the CAP digital survey. The "knowledge" dimension about gender and gender violence against women presented the highest scores, compared to the "attitudes" dimension, influenced by stereotypes and learned roles; and that of practices, which correspond to the skills and abilities, to deal with cases of violence. The results expose, on the one hand, the "resistance" of the officials to prevent, attend to or refer cases of gender violence against women; and, on the other, their "specialized training" needs. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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Since in Argentina the Primary Health Care Centers (CAPS) are financed by public funds, the analysis of their efficiency becomes relevant in order to propose improvements in their performance. In this work, DEA (Data Envelopment Analysis) is applied to evaluate the technical efficiency of CAPS operating in a city in the interior of Argentina. For this, the CAPS are grouped according to the available specialties (nursing, medical clinic and pediatrics) and the following are used: a DEA BCC (Banker, Charnes y Cooper) output oriented model and a Super-efficiency model to evaluate the technical efficiency in each group. The results differ between the groups. In the CAPS that offer the 3 specialties, most are efficient. On the contrary, in the CAPS that have an infirmary and a medical clinic, as well as those that only have an infirmary, most of the CAPS are considered inefficient. It is concluded that it is possible to improve the efficiency in the use of public resources assigned to the first level of care in the city, based on the increase in the number of consultations or the reduction in the number of working hours, which would allow improving the access to health care for the most vulnerable population. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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La investigación bajo la órbita de las ciencias económicas interactúa permanentemente con otras ciencias y disciplinas. Sin duda, las nuevas tecnologías impactan fuertemente en cuestiones como las siguientes: el reconocimiento, la valuación y la exposición de activos intangibles y de pasivos contingentes; la auditoría financiera, de desempeño, algorítmica, informática, etc.; la gestión de los organismos públicos, etc. En dicho marco la presente investigación tiene por objeto realizar un relevamiento preliminar de literatura sobre inteligencia artificial, propiedad intelectual y auditoría algorítmica, y se estructura de la siguiente manera: Introducción; La Inteligencia artificial y los algoritmos: auditorías algorítmicas. Comitente; Propiedad Intelectual en los Algoritmos: Informes; Consideraciones finales y Referencias.

The development of Lean principles within the public sector began in 2003 following Lean Construction Institute's developing efforts on relational contracting. Later, challenges and opportunities for implementing Lean were identified in Californian construction law. Collaborations with entities like the California Department of Transportation and the University of California San Francisco showcased Lean's benefits, leading to legislative changes allowing broader implementation across the University of California system. Healthcare also saw streamlined processes through collaborations, in this case, between the P2SL, the Office of Statewide Health Planning and Development, and major healthcare companies, reducing project durations significantly. International expansion in 2009 led to successful Lean pilot projects in Germany and Finland. Inspired by Washington State's Lean governance practices, Lean in Public Sector Construction (LIPS) expanded its focus beyond construction. LIPS has conducted impactful global conferences, highlighting Lean's transformative role in reshaping diverse public sector operations and governance worldwide. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

The growing investments in information technology (IT) each year pushes public sector organizations to develop the ability to gather, integrate, and implement these resources to improve organizational processes. Public sector organizations have to be agile and flexible to meet society's dynamic demands. In this sense, IT management and creating an organizational environment facilitating innovation are crucial measures. These organizations must learn to cultivate IT capabilities and innovativeness to improve their performance and create public value. Thus, this study aims to identify the existing relationships between innovativeness, IT capabilities, IT reconfiguration capability, and organizational performance in the public sector. The research analyzed data from 254 Brazilian public organizations of the most diverse sizes and sectors using structural equation modeling (SEM). The results indicated that the ability to reconfigure IT must be listed among the organizations' IT capabilities. Also, the findings suggest that IT capabilities foster organizations' innovativeness, and IT capabilities and innovativeness positively impact the organizations' performance. The study contributes to knowledge of innovation and IT capabilities by testing theoretical propositions identified in the context of the private sector but insufficiently assessed in the public sector. Finally, the study points out ways for public managers to better prepare their institutions to face constantly changing environments. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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The municipality of Mosquera, in Cundinamarca, Colombia, changed its agricultural-rural vocation to an industrial-urban vocation during the last two decades, which generated significant gaps in terms of innovation and business dynamics. To address this problem, both in the Development Plan "Juntos hacia el Futuro 2020-20232" and in Municipal Decree 363 of 2021, innovation programs and functions were included, in whose execution it was decided to apply design thinking methodologies to facilitate the participation of public officials, business, academic and social sectors in designing solutions to various challenges in the municipality. This case study aims to describe how design thinking has been applied to address the aforementioned gaps, and at the same time, reflect on whether the resulting actions have been consistent with the users' interests and their needs. The findings indicate that the application of design thinking made it easier to address problems and design creative and innovative solutions from various points of view, demonstrating its usefulness to promote collaboration in initiatives that promote local innovation and business dynamics in the municipality. [ABSTRACT FROM AUTHOR]