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La vasta mayoría de enfermedades y trastornos registrados como motivos para autorizar la eutanasia, hoy tienen adecuado tratamiento bio-psico-social. La autonomía de la voluntad, en tanto basada en el derecho a la privacidad, no justifica un acto que pide que una persona termine con la vida de otra.

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Desde sus orígenes en el Ecuador, la figura civil del divorcio se rige por un sistema causalista. Para que el juez pueda declarar la disolución del vínculo matrimonial, es preciso que se verifiquen "”y se prueben"” una serie de elementos fácticos prescritos en la ley. Como es lógico, estos requisitos legales dificultan la libre terminación del vínculo y reducen el problema a uno de carácter probatorio. Sin embargo, este sistema fue introducido en el Ecuador hace ya más de cien años. Actualmente, el divorcio por causales resulta incompatible con un Estado en el que prima la libertad y la autonomía de la voluntad de sus ciudadanos. La libertad para decidir quién ser. El presente trabajo propone la mejor vía de escape para este anticuado régimen: un divorcio incausado y unilateral. No se requiere más que la voluntad de uno de los cónyuges, independientemente de las razones personales que lo motivaron a tomar esa decisión. Nada tendrá que ser probado ni justificado, pues el Estado no es acreedor de explicaciones tan íntimas. Su rol no consiste en decidir sobre la vida privada de las personas. Por el contrario, el Estado debe protegerlas para que, por sí mismas, tengan la libertad para decidir qué es lo que mejor les conviene. El divorcio incausado, por lo tanto, es respetuoso con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad y armonía familiar, además de valorar, por sobre todo, la autonomía de las personas. Es necesario introducirlo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano para, por fin, dotar del elemento libertad a su régimen matrimonial.

Este trabajo examina —utilizando el análisis documental y la entrevista semi estructurada— algunos criterios de establecimiento de dependencia a drogas ilegales en México, para luego establecer los juicios que desde la perspectiva de la teoría del delito encuadrarían a inculpados por delitos de posesión y narcomenudeo en supuestos de estado de necesidad y falta de autonomía de la voluntad, de forma que se ofrezca un medio de defensa ante las actuales medidas desproporcionadas. Los resultados ofrecen una serie de criterios jurídicos contradictorios con los instrumentos estudiados, así como una aparente falta de pruebas psicológicas en la determinación de dependencia en los inculpados. Se concluye que las concepciones jurídicas sobre dependencia a drogas requieren de una actualización que responda a los nuevos hallazgos en el área y que, mientras dicha actualización no exista, todo medio de defensa debe utilizarse para minimizar los efectos desproporcionados de las políticas actuales.

Developments in medicine triggered an improvement in people's life style and an increase in live expectancy. However, in technological terms, the agony of people with terminal diseases has been prolonged occurred. Consequently, there has also been a prolongment of the agony of relatives within the context of the objectification of people to the detriment to human dignity. Current paper reflects on whether life may be considered a duty or a right enacted according to autonomy of the will. Taking into consideration that artificial respirators and artificial feeding may reduce the human being to an object, one should ask whether living is a duty or a right within the context of previous manifestation of will with discernment? A bibliographical research shows that life has a broad meaning and should not be limited to an antonym of death [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Ante la existencia de una causal de nulidad que afecta a la validez del contrato base, el mismo que contiene el convenio arbitral, se ha aplicado el principio de separabilidad, como regla general, para fundamentar que tanto el convenio base y el convenio arbitral son dos negocios jurídicos independientes y autónomos, de forma que la inexistencia o invalidez del uno no afecta al otro. En ciertos casos, el elemento volitivo para la aceptación tanto del convenio base y el convenio arbitral se manifiesta mediante un solo acto y puede ser viciado por una causal de nulidad que afecta a ambos contratos. Por consiguiente, las causales de nulidad de doble impacto, llamadas así porque afectan simultáneamente al contrato subyacente y al convenio arbitral, hacen que el principio de separabilidad no sea de aplicación absoluta. A continuación, se pretende analizar la aplicación del principio de separabilidad frente a las causales de nulidad de doble impacto y determinar las consecuencias jurídicas que se derivan en el arbitraje y en la justicia ordinaria.

El Derecho societario no constituye una isla en el mar del ordenamiento jurídico argentino. Los principios generales del derecho -con la fuerza expansiva que les confiere el título preliminar del Codigo Civil y Comercial de la Nacion- invaden e informan toda la dinámica societaria; permitiendo que los diferentes institutos jurídicos regidos por la ley de sociedades 19550, tengan la impronta propia de aquellos. De esta manera, los operadores del derecho tenemos el deber de interpretar y aplicar la normativa societaria de acuerdo a las directivas que emanan de los principios generales del derecho, buscando siempre un equilibrio que permita resolver los diferentes conflictos a la luz de la justica.

El marco legal que ofrece la ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor (LACE) constituye una alternativa idónea para canalizar pequeños y medianos emprendimientos en la jurisdicción de la provincia de La Pampa. La figura de la sociedad por acciones simplificada (SAS) ha adquirido cierta preponderancia por encima de otros tipos sociales regulados por la ley 19.550 General de Sociedades (LGS). Los aspectos centrales que motivan o favorecen su aplicación en la práctica mercantil refieren a la posibilidad de separar patrimonios, la limitación de la responsabilidad, la posibilidad de afectar patrimonios unipersonales, la separación de actividades, y la simplificación de los trámites registrales y administrativos en su funcionamiento. Cuestión que se encuentra en la actualidad planteada en el proyecto de reforma de la ley que regula las SAS y que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación. Entre las modificaciones propuestas se encuentran las siguientes: la inscripción por parte de los emprendedores en un Registro específico, el traspaso del registro digital a la autoridad de contralor para su administración, control y mantenimiento exclusivo, la obligación de presentar los estados contables, y la aplicación en forma supletoria de las disposiciones de la LGS.

Las obligaciones pactadas en moneda extranjera, en particular en dólares estadounidenses son un asunto reiterado en nuestra legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia. La unificación del Código Civil y Comercial, que prevé en su texto expresamente la facultad de cumplir obligaciones contraídas en moneda extranjera mediante su equivalente en moneda de curso legal, ha suscitado una travesía interpretativa según se trate de una norma imperativa o supletoria y en este último caso, renunciable por las partes. Asimismo, en este trabajo se analiza la incidencia del instituto respecto de situaciones en las que existen usuarios de servicios financieros.

El trabajo analiza la naturaleza de los derechos y garantías procesales en el arbitraje desde una dimensión nacional y europea a raíz del comentario a la STC 17/2021, de 15 de febrero. En concreto, examina desde la perspectiva del art. 24 CE, del art. 47 CDFUE y del art. 6 CEDH la relación que existe entre el anclaje institucional del arbitraje y los derechos y garantías procesales que en él operan.

Las partes de un contrato son libres de pactar los términos y condiciones bajo las cuales pretenden desarrollar el objeto contratado y asumir las responsabilidades que las mismas conllevan. Los únicos límites a la autonomía de la voluntad son el orden público, las buenas costumbres y el ordenamiento legal. Este trabajo cuestiona, desde una arista cualitativa, hermenéutica y analítica, los límites de la autonomía de la voluntad en los contratos privados celebrados por Ecopetrol, en los que se pactan cláusulas similares a las exorbitantes en los contratos estatales. Defendemos la tesis de que los sustentos teóricos de tal tipo de cláusulas en la contratación estatal no deben ser aplicables en el contrato de naturaleza privada: hay características como el autocontrol en materia administrativa que no se materializan en el derecho privado, un aspecto importante frente a una posición dominante o abusiva. Por ende, las partes cuentan con la viabilidad jurídica para plasmar en el contrato todo aquello de lo que puedan disponer, incluyendo cláusulas que otorguen facultades exclusivas a una sola de ellas, como la terminación anticipada del contrato o la aplicación de sanciones contractuales.

La presente investigación analiza el ordenamiento jurídico ecuatoriano relacionado con los derechos como consumidores de las personas con discapacidad intelectual en concordancia con la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad, para lo cual, se realiza una revisión bibliográfica de las leyes relacionadas, además un análisis de un caso real en el Ecuador y una comparación con el Derecho de otros países. Lo anterior ha permitido identificar que existen algunas falencias que atentan contra los derechos de las personas con discapacidad intelectual como la limitación de la concepción médica para definir la discapacidad, así como la nueva concepción de capacidad jurídica y la existencia de términos relacionados a los discapacitados intelectuales que son discriminatorios y peyorativos dentro del código civil lo que ha traído como consecuencia que diversos funcionarios públicos y operadores de justicia no tengan lineamientos claros respecto de la voluntad y autonomía de estas personas para poder representarse por sí mismas.

El Code Civil de Napoleón ha influido fuertemente en las codificaciones que se hicieron después de él, y de una manera muy especial en el código civil chileno y, por tanto, en el nuestro. Este artículo aboca la fundamentación filosófica y política de dicho código, centrada en el concepto de contrato, con el propósito de explicar qué quisieron hacer los legisladores con esta noción, primordial para el derecho en general, y las consecuencias que ello tuvo.

El proceso civil, variablemente disciplinado por el legislador según diversos puntos de equilibrio entre los componentes publicísticos y privatísticos, ha evolucionado en línea con los postulados del Estado Democrático de Derecho. Acorde con las principales tendencias del derecho comparado, el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de 2019 reafirma el paradigma publicista reconfigurando las misiones del juez. Al propio tiempo ensancha notoriamente el ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes, habilitando los convenios procesales para adaptar las reglas procedimentales. Bien que queda por acreditar en su futura experiencia la superación de los tradicionales condicionantes, propios de la cultura del litigio, la iniciativa legislativa introduce una cuña de quiebre en relación al modelo en vigor que, asimismo, avizora la proyección hacia un esquema cooperativo de administración de justicia, un verdadero y propio proceso en contradictorio.

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El principio de autonomía de la voluntad es la piedra angular del Derecho Civil. Doctrinariamente, se ha establecido que aquella autonomía otorga a los particulares la soberanía para autogobernarse dentro de la esfera de sus relaciones privadas. Tal autonomía posee pocos límites: la ley, la moral y el orden público. Por lo que, en los derechos personales se ha planteado una cuasi omnipotencia privada. El objeto de este trabajo será descifrar si aquella autonomía privada, la misma que permite la configuración de cuanto contrato atípico cruce el imaginario humano, se extiende a los derechos reales. De esta forma, se podrá concluir si los particulares pueden configurar novedosos derechos reales atípicos (tesis del numerus apertus) o, por el contrario, si existe una reserva legal respecto a cuáles derechos reales pueden los particulares configurar (tesis del numerus clausus). Con tal objeto, en el presente artículo se realiza un estudio acerca de la taxatividad o mera ejemplificatividad de derechos reales en el Código Civil para verificar la posibilidad de un sistema apertus. Adicionalmente, se exponen los argumentos y contrargumentos de las tesis numerus apertus y numerus clausus, con el objeto de analizar la conveniencia y aplicabilidad de ambos sistemas.

El Parlamento uruguayo ha sancionado la Ley 19.678/2018, de 26 de octubre, de Contratos de Seguros (LCS) derogando los artículos 634 a 699, 1327 y 1423 a 1432 del Código de Comercio (CCom). En este trabajo analizamos los dos primeros artículos de la nueva Ley, disposiciones que tratan el ámbito objetivo y subjetivo de validez. El artículo primero realiza, asimismo, una declaración de orden público, cuestión que hace a la eficacia de la norma. Ámbitos de validez y eficacia, resultan, pues, aspectos inescindibles que ameritan un estudio conjunto.

Si existe una rama dentro del derecho privado en general y del civil en particular donde en mayor medida sus institutos ha sido considerados predominantemente de orden público, ha sido el derecho de familia, o –si se prefiere y en reconocimiento de las diversas formas familiares- de “las familias”. Fiel reflejo de ello, en los códigos decimonónicos –del que nuestro Código Civil de Vélez Sarsfield no fue la excepción- y aun tras sus sucesivas reformas, las normas del derecho de familia se encontraban fuera del alcance de la autonomía de la voluntad, y por tanto, de la posibilidad de las partes de autorregular sus relaciones. Pero la sociedad ha ido mutando, exigiendo el reconocimiento de “otras formas de vivir en familia”, generando un cambio de paradigma que se traduce en una tendencia hacia la “privacidad y/o autonomía”, y por tanto, a un retroceso del orden público, donde las cuestiones familiares son en definitiva más privadas que públicas. Sobre este punto de partida, nos interesa en esta oportunidad analizar la relación entre dichos principios en las relaciones afectivas de pareja, en el entendimiento de que en ambos se refleja con una prevalencia cada vez mayor de la autonomía de la voluntad.

Actualmente, en Colombia, como en otros países, es cada vez más común encontrar situaciones jurídicas privadas internacionales, es decir, situaciones a las cuales son aplicables normas del derecho internacional privado, incluidas las normas de conflictos de leyes. El presente artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa a través de la cual se identificaron y evaluaron normas de conflicto de leyes del ordenamiento jurídico colombiano, considerando algunas formas de flexibilización presentes en codificaciones no directamente aplicables en Colombia. Teniendo como centro de atención la posibilidad para las partes de elegir la ley aplicable a una situación jurídica privada internacional en la que participen, se halló que en Colombia las normas de conflicto de leyes no responden adecuadamente a las exigencias de las realidades que emergen de hechos y negocios jurídicos contemporáneos, por lo que se exhorta a realizar una revisión legal que bride mayor seguridad jurídica.

La reforma (y unificación) del código civil y comercial de Argentina en 2015 trajo aparejada una serie de cambios de notoria trascendencia, como aquellos que refieren a nuevas regulaciones sobre la capacidad de las personas menores. La norma, ahora, establece diversos grados que se desarrollan acorde al principio de capacidad progresiva, atendiendo al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Este trabajo pretende analizar dichos cambios desde la óptica de las decisiones que estas personas pueden tomar sobre su propio cuerpo. El objetivo es poner de manifiesto no solo los desafíos normativos que suponen, sino también los de carácter ético y judicial.

Napoleon's Civil Code has strongly influenced the codifications that were made after him, and in a very special way in the Chilean civil code and, therefore, in ours. This article deals with the philosophical and political foundation of this code, centered on the concept of contract with the purpose of explaining what the legislators wanted to do with this notion, fundamental for the law in general, and the consequences that it had. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Current paper deals with hunger strikes by prison inmates and their relationship with free will and the limits imposed. It also deals with the physicians' role to guarantee the strikers' rights and will on the subject. There are several interpretations and different opinions on the theme, especially with regard to human dignity. Current descriptive, exploratory and qualitative paper, based on bibliographic research, analyzes scientific publications, reports, and Brazilian and international law. The study also discusses the autonomy of the will, underlining the historical context that evidences that, although currently discussed, is rooted in the past, with future perspectives. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El artículo tiene por objetivo resolver si en el sistema chileno una persona capaz podría designar anticipadamente, en virtud de la autonomía de la voluntad, a otra que se hará cargo del cuidado de su persona y bienes, esto es, nombrar una persona para cuando ya no esté en situación de protegerse a sí misma, de modo que su familia no sea obligada a recurrir a procedimientos judiciales de incapacitación, y, de ser posible, determinar cuál podría ser la figura jurídica idónea para que las personas puedan expresar esta voluntad.

Este artículo trata el tema de las víctimas del secuestro en Colombia y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, que en virtud del principio de solidaridad, terminó por trazar una política criminal que transformó las obligaciones civiles asumidas por aquellas antes del secuestro. En ese sentido, se aborda el tema de la autonomía de la voluntad en materia contractual, los límites a dicha libertad, y las consecuencias que de ello se derivan bajo la concepción de Estado social de derecho.

The standard-form agreements, pejoratively labeled as “adhesion contracts”, have bad reputation. A significant number of academics and most of consumer protection authorities often believe that the absence of negotiation and the preponderance of rights and benefits assigned to suppliers (versus costs, obligations or limitations imposed to consumers) show a kind/ sort of abuse against an alleged weak party of the consumption relationship. In this article, Professor Rodríguez García states that the skeptic and hostile vision regarding the standard-form agreements is wrong and is based on a poor understanding of the incentives and purposes that this type of contractingfulfills. On the contrary, the author intends to state that the control of clauses included in consumption contracts is prejudicial to consumers. Therefore,this is a control type that should be removed from the legal system.

The Rome I Regulation, of June 17, 2008, has modified the system of designation of the governing law of the international consumer contracts contained in the precedent regulation, the Rome Convention of June 19, 1980. The reform has approached basically two questions: the scope of material application of consumer contracts and the mechanism of determination of their lex causae. In the first point, the concept of consumers’ contract is broaden, extending it for all the contracts celebrated between a professional and a consumer, without the limitation of the Rome Convention to which these took as an object the «supply of corporal goods or services». In the second aspect, the governing law of the contract remains determined by an objective system, which prefers the classification of the habitual residence of the consumer as presumably a more favorable norm for this one. This objective designation can be modified by the freedom of choice of the parties, though limited by the imperative dispositions on protection of the consumer contained in the law of his State of habitual residence. With it, the legislator forms a conflict-of-laws system much more predictable than the previous one, that favors the juridical safety and avoids the division of the contract, but that turns out to be questionable from the point of view of the best protection of the consumer. Finally, the formal validity of the contract surrenders only to the law of the habitual residence of the consumer, supporting the system already received by the Agreement of Rome, which turns out to be open to criticism, for limiting the possibilities of validity of the contract.Published online: 09 December 2014

La vida jurídica implica un constante interactuar con otros sujetos, con los cuales se realizan en forma permanente una serie de negocios que en muchas ocasiones necesitan ser interpretados para descubrir la voluntad final de los agentes y de esta manera conservar la paz social.

Contenido: Afectación de la autonomía privada por parte del contrato normado. Concepto de contrato normado. Diferencia del contrato normado con otras figuras cido: ontractuales. Diversas clases de contrato normado en nuestro ordenamiento jurídico. Consecuencias de la contradicción entre las normas propuestas por las partes y las normas imperativas que regulan cada contrato normado

International Private Law has gone through several changes and modifications, in step with the globalization phenomenon, for whichthe relations between citizens of different countries have become more frequent and complex. In that regard, it is necessary to ask how International Private Law should react tobe in accordance with the new scenarios. In this article, the author examines the general and patrimonial aspects of International Private Law that he considers must be redefined, comparing the current dispositions of the Peruvian Civil Code with international regulations and national reform projects, and introducing a modification proposal for each topic.

El contrato de arrendamiento de vivienda ha tenido amplio desarrollo normativo, su regulación se encuentra contenida en la ley 820 de 2003. Por su parte el contrato de arrendamiento comercial se encuentra regulado exiguamente en los artículos 518 a 524 del Código de Comercio; paralelamente a estas normatividades está el Decreto 3817 de 1982, el cual en su artículo 5 regula la situación del arrendador en los casos en que el arrendatario ha dado cumplimiento a las obligaciones dinerarias derivadas del contrato, sosteniendo que en dichos casos, el vencimiento del término inicial no es causal para dar por terminado el contrato, norma que va en contravía de los dispuesto en el artículo 2008, numeral 2 del Código Civil, que estipula que la expiración del término pactado en el contrato es causal para darlo por terminado. Dicha norma se encuentra vigente y tiene plena aplicabilidad tanto en los contratos de arrendamiento de vivienda, como en contratos comerciales. En consecuencia se plantea que el numeral 5 del artículo 3817 de 1982, implica una limitación al derecho de dominio del propietario y va en contra vía del principio que establece que el contrato es Ley para las partes.

Este artículo de investigación toma como punto de partida la idea de que el principal síntoma de la enfermedad del sida, a partir de su descubrimiento hace treinta años, pareciera ser la discriminación que al principio fue sufrida por los hombres homosexuales hasta que se descubrió el virus del HIV en una mujer. Empero, a partir de ese momento, y en un período de tiempo relativamente corto, el número de mujeres infectadas se incrementó a mucha mayor velocidad que el de los hombres. En este sentido, este artículo se propone demostrar cómo la situación de sometimiento de las mujeres y la discriminación que éstas sufren en varios aspectos de su vida explican este fenómeno mundial. Asimismo, se desarrolla el concepto de autonomía de la voluntad en el marco de la filosofía moderna, partiendo de su concepción como derecho negativo y desarrollando su evolución posterior hacia la idea de un derecho positivo, marcada por el advenimiento de las ideas del Estado de bienestar keynesiano, en el Siglo XX. El punto de partida es la idea de que las mujeres son personas vulnerables, cuyo derecho de libertad (autonomía de la voluntad) se ve afectado. Esto se vincula con el cambio de paradigma, mediante el cual opera una transformación de derecho negativo a derecho positivo. Este paper nos brinda, entonces, una explicación acerca de cuáles son los motivos por los que la autonomía de la voluntad de las mujeres debe ser objeto de una protección jurídica especial. Sin embargo, esta protección no debe llegar al punto de transgredir los límites de la libertad que son, además, los que permiten asegurar su goce a todas las personas. En este orden de ideas, se realiza una crítica a la Ley 25.543 y se señala que viola el principio de enantiotelidad, porque ampara una conducta lesiva hacia un tercero.