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At the intersection between sociology, anthropology and law, this article analyses the various legal instruments for the protection of the natural environment in Colombia. In their application, these instruments have produced a range of conflicts, stemming from ecosystem conservation strategies, legal complexity and disregarded social realities. Based on the analysis of the situation in the Ciénaga Grande de Santa Marta, the paper argues that the interaction of the different environmental protection and conservation measures is generating a tension between guaranteeing protection for human rights, people’s well-being and the ecosystems themselves.

El presente artículo tiene como objetivo mostrar la importancia que posee la participación, es decir, la incidencia de las comunidades en el proceso de asignación de nuevos derechos, en la transición de un Estado social de derecho hacia un Estado ambiental de derecho. En este sentido,a través del mismo se evaluará la idoneidad de los principales mecanismos de participación ambiental para configurar o proponer la identificación de nuevos sujetos de derecho, y su respectiva asignación de valores para su respeto y protección. Para ello se efectúa un breve análisisde la forma como han sido entendidos estos conceptos, tanto desde la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional colombiana, como desde la doctrina.De igual manera se aborda como tema principal, la participación en la gestión ambiental como instrumento quepermite la construcción colectiva del devenir del país, teniendo en cuenta los derechos como otras maneras de ver el mundo y el desarrollo. Así, en defensa de la vida, estos escenariostoman en cuentan otros valores para la pervivencia en el planeta.

Este artículo se aproxima a la forma en la cual categoría legal de utilidad pública e interés social se presenta entre la minería, la infraestructura vial y el ambiente en Colombia desde la óptica que supone la confrontación y un falso equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del ambiente. La metodología de aproximación lleva a cabo un análisis doctrinal y jurisprudencial abordando la cuestión desde el interés jurídico que supone la protección del ambiente y, a través una lógica constitucional respecto a la imposibilidad de asignar a un decálogo de actividades al apelativo de utilidad pública e interés social. Sin embargo, el escrito propone intentar aproximarse a preguntas poco realizadas en el estudio de la utilidad pública y por ello los argumentos presentados son circulares e insistentes.

El presente artículo presenta el rol que el principio de precaución ha venido adquiriendo en el ordenamiento como un criterio jurídico vinculante. Para lograr este objetivo propuesto se lleva a cabo un estudio de línea jurisprudencial tomando como caso de referencia la invocabilidad del principio en casos de contaminación electromagnética; acompañado de un barrido dogmático sobre las cuestiones bases de la problemática descrita. El artículo se plantea en tres grandes partes, en la primera, se presentan conceptos clave para el desarrollo del mismo, en la segunda se lleva a cabo el estudio de la citada línea jurisprudencial y, por último, se proponen unos criterios de invocabilidad a manera de ejercicio propositivo.

Este artículo analiza el rol de la acción de cumplimiento tras el escenario que supusoel incumplimiento del Gobierno sobre lo pactado en los acuerdos regionales que motivaron la terminación del Paro Nacional Agrario de 2013, mediante los cuales se suscribió el compromiso de suspender mecanismos policivos de decomiso y destrucción de semillas no certificadas, así como de mejorar condiciones para continuar con las prácticas tradicionales de resiembra que a los campesinos les ha garantizado su soberanía alimentaria durante generaciones. El problema jurídico que se busca abordar es de si tal incumplimiento se generó o no en un contexto de inseguridad jurídica para las comunidades campesinas, en su condición de administrados y, si en tal sentido, se presentó una defraudación de su confianza legítima. Se propone que, a través de la legítima confianza y la buena fe como enfoques interpretativos, la acción de cumplimiento sería invocable en esta situación particular.

El objetivo de este artículo es discutir cómo los derechos de la naturaleza han sido juridificados y disciplinados por los jueces colombianos. Para lograrlo, utilizamos una metodología con dos componentes: un análisis del discurso de sentencias judiciales y un examen de doctrina y teoría sobre el origen y los pilares del movimiento de los derechos de la naturaleza. A lo largo del texto analizamos cómo su lectura desde nociones tradicionales jurídicas como propiedad y bien común limita las aspiraciones transformadoras que inspiran el movimiento de los derechos de la naturaleza.

El presente artículo de reflexión analiza el modo como el Gobierno nacional en su afán de proteger los recursos naturales renovables, ha creado de manera desarticulada algunas reglas en relación con los vertimientos, generando en consecuencia, una inestabilidad en la jerarquía normativa y un desorden interpretativo en la forma de aplicar dichas normas por parte de las autoridades ambientales. Se tratarán entonces dos temas particulares: la necesidad de contar o no con permiso de vertimientos cuando estos son realizados a los sistemas de alcantarillado, y las transiciones que sobre la norma de calidad de vertimientos (parámetros y valores límite máximos permisibles) se han desencadenado desde el 2010 hasta la fecha; a través de un estudio metodológico desde la dogmática jurídica.

El presente artículo pretende mostrar cómo la existencia del principio de desarrollo sostenible en el ordenamiento jurídico, posee un impacto sobre el bienestar de las personas; relación que además puede considerarse en tensión en aquellos casos donde se presenten prohibiciones absolutas que impidan un verdadero desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental. Para mostrar esta realidad, se llevó a cabo un análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal, con énfasis especial en el caso de los ecosistemas de páramo, donde, en pro del proteccionismo ambiental, se han creado restricciones absolutas en relación al uso de los recursos naturales renovables, soportado en la bandera del interés general. Como resultados, los autores logran evidenciar las tensiones que plantea el principio de desarrollo sostenible respecto a derechos por cuenta de su incorrecta aplicación e interpretación.

El trabajo propuesto busca determinar las formas en las cuales se presenta atipicidad derivada de la particularidad y la constitucionalización del derecho del medio ambiente, ante la teoría general del acto administrativo, visto desde el estudio y la caracterización de las decisiones administrativas emitidas por la Oficina Bogotá D.C.-La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los procedimientos de concesión de aguas superficiales, así como exponer el contenido conceptual de este permiso.

El trabajo propuesto busca determinar las formas en las cuales se presenta atipicidad derivada de la particularidad y la constitucionalización del derecho del medio ambiente, ante la teoría general del acto administrativo, visto desde el estudio y la caracterización de las decisiones administrativas emitidas por la Oficina Bogotá D.C.-La Calera de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en los procedimientos de concesión de aguas superficiales, así como exponer el contenido conceptual de este permiso.