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En las últimas décadas se ha producido un cambio importante de paradigma en el ámbito de la protección animal, demandando leyes más acordes con la actualidad. En este sentido diferentes países, tanto del entorno europeo como latinoamericano han modificado sus códigos civiles reconociendo a los animales como seres dotados de sensibilidad. Aun así, pese a este reconocimiento y los avances científicos, animales silvestres y marinos parecen quedar fuera de toda protección al ser considerados cazables o simples recursos, en las que no existe una norma internacional que reconozca derechos a los animales, habida cuenta que la Declaración Universal de Derecho Animal es una simple declaración de intenciones sin ningún efecto jurídico. Otras normas como el Convenio CITES que regula el tráfico de vida silvestre ha demostrado su ineficacia, más que regular debería prohibir. Otro sector, como es la industria agroalimentaria regula el bienestar animal del sector, destinado más concretamente a la sanidad pública, dado que aunque se establezcan estándares de bienestar animal en esta industria mayoritariamente no se cumple, más teniendo en cuenta la proliferación de macrogranjas como una industria más, en la que miles de cabezas de ganado de diferentes especies conviven 24 horas al día encerradas. Sin embargo, son los tribunales los que a través de la interpretación de las normas han puesto en énfasis tanto el maltrato que sufren los animales a manos del hombre como la destrucción sistemática de ecosistemas y su biodiversidad, advirtiendo de la necesidad de su protección ya que la vida del propio ser humano dependen de la conservación de nuestros entornos y su biodiversidad.