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RESUMEN Objetivo Este estudio examina la elección individual de seguro sanitario privado en España. La elección del seguro privado revela los atributos del sistema sanitario que son más valorados por la población, así como la capacidad de respuesta de este en relación a esas preferencias. Método Los datos proceden de las oleadas de 2004, 2009 y 2014 del Barómetro Sanitario, examinando de forma separada la elección de la población general y de los funcionarios públicos. Resultados El sistema sanitario público tenía una valoración muy buena en atributos como tecnología y capacitación de los médicos, incluso por aquellos que eligieron un seguro privado, pero no tanto en características como la comodidad o la rapidez de respuesta. Sin embargo, nuestro estudio muestra que los individuos se preocupan por otros atributos del sistema sanitario relacionados con la capacidad de respuesta, como el trato personal y la información, y estos influyen en su decisión de contratar un seguro privado. El cuerpo de funcionarios, incluso la minoría que ha optado por la sanidad pública, tiene una percepción más crítica sobre la sanidad pública que los no funcionarios, especialmente en trato personal, información, atención primaria y especialistas. Conclusiones Las fortalezas y debilidades sobre el desempeño del sistema público de salud encontradas en este estudio serán de interés para los formuladores de políticas sanitarias y merecen una mayor investigación. ABSTRACT Objective This study examines individuals’ choice of private health insurance in Spain. Private health insurance choices reveal the attributes of health care most highly valued by the population, and the perceived responsiveness of the public system in delivering those preferences. Method The paper exploits the 2004, 2009 and 2014 waves of the national Health Barometer survey, examining the health insurance choice separately for the general population and a small but influential sector of elite public-sector employees who can opt out from the public health system (civil servants). Results Public healthcare is a highly regarded provider in terms of technology and doctor training, even by those who chose private health insurance, but falls short in terms of amenities such as comfort and speed of attendance. These findings confirm well-known strengths and criticisms of the public system. However, the study also finds that citizens are concerned about the performance of the public sector in key domains of health system responsiveness, such as personal contact and information and these concerns also influence their decision to opt for private provision. Finally, civil servants, even the minority who opted for public provision, tend to have a lower opinion of the public health service than non-civil servants, especially in terms of personal contact, information, primary care and specialist care. Conclusions These perceptions and concerns of the public about the performance of the public health service will be of interest for policy makers and should be investigated further.

Treball Final de Grau en Criminologia i Seguretat. Codi: CS1044. Curs: 2018-2019 En el presente trabajo se va a realizar un estudio de la responsabilidad patrimonial relacionada con la Administración Pública y sus actuaciones, así como las de sus trabajadores. En primer lugar se estudiará el concepto de Administración Pública y el de responsabilidad patrimonial, siendo ambos los ejes principales sobre los que versará el trabajo, junto al de Administración Penitenciaria. No obstante, este estudio se ha centrado a su vez en la responsabilidad patrimonial en la que se puede incurrir en el ámbito penitenciario. En el mismo, los internos se encuentran en una relación de sujeción especial con la Administración por lo que la misma debe garantizar sus derechos, ya que se le otorga la tutela de estos reclusos. Estudiaremos en qué casos la Administración incurre en responsabilidad patrimonial debido a su actuación normal o anormal, y los requisitos que se han ido determinando con el tiempo y que son necesarios para que esta responsabilidad se pueda dar. Así también se analizarán tres casos concretos dentro del ámbito penitenciario sobre los que se puede encontrar jurisprudencia muy diversa: el suicidio, la sobredosis por drogas y las lesiones. No obstante, no cabe olvidar la relación de sujeción especial que mantiene la Administración con sus trabajadores, analizando en este caso la de la misma con los funcionarios que trabajan en centros penitenciarios. Por último, se llevará a cabo un análisis de la responsabilidad patrimonial que encontramos regulada en las Leyes 39/2015 y 40/2015. In the present work we are going to carry out a study of the patrimonial responsibility related to the Public Administration and its actions, as well as those of its workers. In the first place, the concept of Public Administration and that of patrimonial responsibility will be studied, being both the main axes on which the work will be based, together with that of Penitentiary Administration. However, this study has also focused on the liability that may be incurred in the penitentiary environment. In this study, inmates are in a special relationship with the Administration, and the Administration must guarantee their rights, since it grants them the protection of these inmates. We will study the cases in which the Administration incurs patrimonial responsibility due to its normal or abnormal actions, and the requirements that have been determined over time and that are necessary for this responsibility to occur. We will also analyse three specific cases within the penitentiary field on which very different jurisprudence can be found: suicide, drug overdose and injuries. However, we must not forget the special subjection relationship that the Administration maintains with its workers, in this case analyzing the same with the officials who work in penitentiary centres. Finally, an analysis will be carried out of the patrimonial responsibility that we find regulated in Laws 39/2015 and 40/2015.

El artículo caracteriza las trayectorias profesionales, perfiles disciplinares y ciertas representaciones de los funcionarios nombrados en puestos vinculados a la obra pública durante los primeros años de la última dictadura militar. Siguiendo una metodología histórica de análisis de publicaciones periódicas del universo de la construcción, decretos y currículums, se logra caracterizar los diversos perfiles que predominaron en el período, su vínculo con las propias tradiciones del sector de obra pública y con las diversas orientaciones que convivían al interior del aparato estatal en el contexto del Proceso. A partir de este análisis, se observan fuertes líneas de continuidad en los perfiles de los funcionarios ligados al quehacer de la obra pública, así como orientaciones diversas entre los distintos grupos que ocupaban esas reparticiones estatales, en diálogo con las orientaciones que coexistían al interior del Proceso así como los posicionamientos de los distintos actores del sector., The article characterizes the professional trajectories, disciplinary profiles and certain representations of the civil servants in positions related to public work during the first years of the last military dictatorship. The article uses a historical methodology of analysis which focuses on periodical publications, national decrees and curriculums. Based on those historical sources, the article characterizes the diverse profiles that prevailed in the period, its relation with the previous traditions and with the diverse orientations that coexisted in the interior of the state apparatus. The conclusions show the strong lines of continuity in the profiles of civil servants linked to public work, as well as different orientations among the various groups that occupied these state agencies, in dialogue with the orientations that coexisted in the Dictatorship as well as the positions of the different actors in the sector., Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la jurisdicción social convirtió al orden social en el orden especializado –con la salvedad del penal– para el conocimiento unificado de todas las materias de prevención de riesgos laborales, accidente de trabajo y enfermedad profesional. Este estudio trata de realizar un análisis de la evolución que ha tenido lugar en esta materia, prestando especial atención a la evolución jurisprudencial, que ha sido la principal impulsora de las mejoras legislativas que trató de ofrecer la LRJS, y que culminaron en sus artículos 2 (materias incluidas) y 3 (materias excluidas). El carácter poliédrico de la prevención de riesgos en el ámbito laboral, plagada de aspectos laborales, civiles, penales y administrativos, dificultó la identificación del orden jurisdiccional competente para conocer de cada uno de ellos, por tratarse de una materia que desborda un único orden jurisdiccional. De modo expreso, la LRJS reconoce su intención de evitar el llamado «peregrinaje jurisdiccional», que obligaba a los afectados a acudir a distintos juzgados y tribunales, provocaba graves disfunciones y dificultaba la efectiva protección de los derechos de las personas, protección integral de sus intereses en un período de tiempo adecuado y con unas razonables expectativas de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva. Este artículo centra su análisis en las dos materias sobre las que se centraron los principales problemas de delimitación de competencias entre el orden social y los órdenes civil y contencioso-administrativo: la responsabilidad del empresario en supuestos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y los litigios sobre la aplicación o inaplicación de la norma de prevención de riesgos laborales por la Administración Pública en su condición de empleadora, no de poder público. Al análisis de estos dos aspectos tradicionales, se unirá el de otras cuestiones más recientes, como la competencia jurisdiccional para conocer de las demandas presentadas por los trabajadores autónomos económicamente dependientes, o el supuesto específico de acoso en la Administración Pública. De todo ello, podrá apreciarse el importante papel que ha desempeñado la LRJS a la hora de centralizar el conocimiento de estas cuestiones en el orden social y favorecer el cumplimiento efectivo de las políticas de promoción de la seguridad y salud en el lugar de trabajo. La LRJS reivindica ex novo su propia competencia para conocer de las acciones sobre responsabilidad por accidentes de trabajo y enfermedades laborales que traigan su causa en la actuación culposa del empleador (art. 2.b LRJS). Este artículo constituyó una novedad sin precedente alguno en los anteriores textos procesales y convirtió a la jurisdicción social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, desde la primera fase preventiva, hasta la última fase reparadora del daño ocasionado por su incumplimiento. En consecuencia, el orden social concentra ahora el conocimiento de las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad por los daños que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Pero, además, también se ocupa de la acción directa frente a la entidad aseguradora que cubra la responsabilidad civil patronal, sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente. La ampliación de la competencia del orden social que realizó el art. 2.b LRJS trató de ofrecer la solución definitiva que tanto había reclamado la doctrina científica y la judicial, poniendo fin a la dualidad de jurisdicciones competentes en materia de responsabilidad civil del empresario derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional. En segundo lugar, en Resumen: La Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la jurisdicción social convirtió al orden social en el orden especializado –con la salvedad del penal– para el conocimiento unificado de todas las materias de prevención de riesgos laborales, accidente de trabajo y enfermedad profesional. Este estudio trata de realizar un análisis de la evolución que ha tenido lugar en esta materia, prestando especial atención a la evolución jurisprudencial, que ha sido la principal impulsora de las mejoras legislativas que trató de ofrecer la LRJS, y que culminaron en sus artículos 2 (materias incluidas) y 3 (materias excluidas). El carácter poliédrico de la prevención de riesgos en el ámbito laboral, plagada de aspectos laborales, civiles, penales y administrativos, dificultó la identificación del orden jurisdiccional competente para conocer de cada uno de ellos, por tratarse de una materia que desborda un único orden jurisdiccional. De modo expreso, la LRJS reconoce su intención de evitar el llamado «peregrinaje jurisdiccional», que obligaba a los afectados a acudir a distintos juzgados y tribunales, provocaba graves disfunciones y dificultaba la efectiva protección de los derechos de las personas, protección integral de sus intereses en un período de tiempo adecuado y con unas razonables expectativas de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva. Este artículo centra su análisis en las dos materias sobre las que se centraron los principales problemas de delimitación de competencias entre el orden social y los órdenes civil y contencioso-administrativo: la responsabilidad del empresario en supuestos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y los litigios sobre la aplicación o inaplicación de la norma de prevención de riesgos laborales por la Administración Pública en su condición de empleadora, no de poder público. Al análisis de estos dos aspectos tradicionales, se unirá el de otras cuestiones más recientes, como la competencia jurisdiccional para conocer de las demandas presentadas por los trabajadores autónomos económicamente dependientes, o el supuesto específico de acoso en la Administración Pública. De todo ello, podrá apreciarse el importante papel que ha desempeñado la LRJS a la hora de centralizar el conocimiento de estas cuestiones en el orden social y favorecer el cumplimiento efectivo de las políticas de promoción de la seguridad y salud en el lugar de trabajo. La LRJS reivindica ex novo su propia competencia para conocer de las acciones sobre responsabilidad por accidentes de trabajo y enfermedades laborales que traigan su causa en la actuación culposa del empleador (art. 2.b LRJS). Este artículo constituyó una novedad sin precedente alguno en los anteriores textos procesales y convirtió a la jurisdicción social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, desde la primera fase preventiva, hasta la última fase reparadora del daño ocasionado por su incumplimiento. En consecuencia, el orden social concentra ahora el conocimiento de las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad por los daños que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Pero, además, también se ocupa de la acción directa frente a la entidad aseguradora que cubra la responsabilidad civil patronal, sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente. La ampliación de la competencia del orden social que realizó el art. 2.b LRJS trató de ofrecer la solución definitiva que tanto había reclamado la doctrina científica y la judicial, poniendo fin a la dualidad de jurisdicciones competentes en materia de responsabilidad civil del empresario derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional. En segundo lugar, en este trabajo se analiza la competencia del orden social respecto del cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales [art. 2.e) LRJS]. La acción se dirige a denunciar el mero incumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos, con independencia de que de dicho incumplimiento se hubieran derivado o no daños. En otras palabras, no es preciso que se produzca el evento dañoso para que el perjudicado pueda demandar, pues lo que éste quiere exigir es el cumplimiento de las obligaciones sobre prevención, aun en el caso de que el daño no hubiera llegado a producirse. Así las cosas, resulta obvio que esta acción puede tener un marcado carácter preventivo, cuando lo que busca es, precisamente, impedir que el daño pueda llegar a producirse. Con todo, en el caso de que dicho daño ya se hubiera producido, estas reclamaciones permiten que los afectados exijan también la responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, con independencia del carácter público o privado de su empleador. En este estudio se analizan los dos momentos en los que procede esta reclamación: el inicial, que trata de prevenir el incumplimiento, y el posterior, dirigido a impugnar o a resarcir los daños derivados de un incumplimiento empresarial en materia de seguridad y salud laboral. El último apartado analiza las cuestiones litigiosas excluidas del orden social en materia de prevención de riesgos laborales. Algunas de ellas, a pesar de estar vinculadas con la prevención de riesgos laborales, resultan expresamente excluidas del orden social y pertenecen al civil o contencioso administrativo. En concreto, se analizan dos aspectos: en primer lugar, la exclusión del orden social para conocer de las acciones de responsabilidad entre empresarios por los daños causados en materia de seguridad, para comprobar que la competencia del orden jurisdiccional social no alcanza a conocer de la acción de repetición entre los responsables del daño respecto del pago del recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. En segundo lugar, se analiza la exclusión del orden social para conocer de las cuestiones que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas, y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o entidades que hayan asumido la responsabilidad de organizar los servicios de prevención. Los empresarios que, en un mismo centro de trabajo, realicen actividades que puedan poner en peligro a los trabajadores de otras empresas deberán cooperar entre sí, estableciendo los medios de coordinación de actividades que resulten necesarios. Ahora bien, en el caso de que dichos empresarios hayan incumplido o cumplan defectuosamente este deber de coordinación, no podrán plantearse ante la jurisdicción social las cuestiones que surjan de esta situación, pues de ellas habrán de conocer los tribunales civiles, al igual que cuando uno de los empresarios fuera el titular del centro de trabajo. The Law 36/2011, of October 10, Regulator of the Labour Jurisdiction (LRJS) made the Labour Courts the specialized ones –with the exception of the Criminal jurisdiction– for all the matters of occupational risks, work accidents and occupational diseases. This study tries to perform an analysis of the evolution that has taken place in this matter, paying special attention to the jurisprudential evolution, which has been the main driver of the legislative improvements that the LRJS tried to offer, and that culminated in its articles 2 (included subjects) and 3 (excluded subjects). The multifaceted nature of the occupational risks in the workplace, plagued by labour, civil, criminal and administrative issues, made it difficult to identify the jurisdictional order responsible for each of them, because it is a matter that exceeds one single jurisdictional order. In particular the LRJS recognizes its intention to avoid the so-called «jurisdictional pilgrimage», which obliged the affected to go to different courts and tribunals, caused serious dysfunctions and hindered the effective protection of the rights of the people, comprehensive protection of their interests in a limited period of time and with reasonable expectations of legal security and effective judicial protection. This article focuses its analysis on the two subjects on which the main problems of delimitation of competences between the Labour Courts and the Civil and Administrative Courts were focused: the responsibility of the employer in cases of occupational accidents and illness and litigation on the application or non-application of the standard for the prevention of occupational risks by the Public Administration in its capacity as employer, and not as a public authority. The analysis of these two traditional aspects will be combined with other more recent issues, such as jurisdictional competence to hear the claims presented by economically dependent selfemployed workers, or the specific case of harassment in public administrations. From all this, we can appreciate the important role played by the LRJS in centralizing the knowledge of these issues in the social order and encouraging effective compliance with policies to promote safety and health in the workplace. The LRJS claims ex novo its own competence to hear actions on liability for work accidents and occupational diseases that arise from negligent action on the part. of the employer (Article 2.b LRJS). This article has no precedent in the previous procedural texts and turned the social jurisdiction into the guarantor of compliance with the regulations for the prevention of occupational hazards, from the first preventive phase to the final phase of reparation of the damage caused by its non-compliance. Consequently, the social order now concentrates the responsibility for the claims that can be presented by workers or their successors against the employer or against those who are legally, conventionally or contractually attributed responsibility for the damages that arise from work accidents or occupational diseases. But, in addition, it also deals with direct action against the insurance company that covers the employer’s civil liability, without prejudice to the action of repetition in the appropriate jurisdiction. The extension of the competence of the social order that the art. 2.b LRJS created tried to offer the definitive solution that both scientific and judicial doctrine had demanded, putting an end to the duality of competent jurisdictions in terms of civil liability of the employer arising from work-related accidents and occupational diseases. Secondly, this paper analyses the competence of the social order regarding compliance with the norms of prevention of occupational risks [art. 2.e) LRJS]. the claim is aimed at denouncing the mere failure to comply with the rules on risk prevention, regardless of whether said breach resulted in damages. In other words, it is not necessary to produce the harmful event so that the injured party can sue, because what he wants to demand is compliance with the obligations on prevention, even if the damage has not occurred. So, it is obvious that this action can have a strong preventive character, when what you are looking for is precisely to prevent damage occurring. However, in the event that this damage has already occurred, these claims allow those who had been affected to also demand liability arising from the damages suffered as a consequence of non-compliance with the regulations for the prevention of occupational risks, regardless of public or private nature of employer. This study analyses the two moments in which this claim arises: the initial one, which seeks to prevent non-compliance, and the subsequent one, aimed at challenging or compensating for the damages arising from a breach by the employer in matters of occupational health and safety. The last section analyses the litigious issues excluded from the social order in terms of prevention of occupational risks. Some of them, despite being linked to the prevention of occupational risks, are expressly excluded from the social order and belong to civil or administrative litigation. Specifically, two aspects are examined: firstly, the exclusion from the Labour Courts of the claims of responsibility between employers for the damages caused in the matter of security, to verify that the competence of the social jurisdictional order does not cover the repetition claims between those responsible for the damage with respect to the payment of the Social Security surcharge due to lack of security measures. Secondly, the exclusion of some matters from Labour Courts is studied in order to know the questions that arise between the employer and those obliged to coordinate the preventive activities with it, and between any of the previous ones and the subjects or entities that have assumed the responsibility of organizing prevention services. Employers who, in the same workplace, carry out activities that may endanger the workers of other companies should cooperate with each other, establishing the means of coordinating activities that are necessary. However, in the event that said employers have failed to fulfil or defectively achieve this duty of coordination, issues arising from this situation may not be raised before the social jurisdiction, as they will have to be heard by the civil courts, the same as when the employer is the owner of the work place. SI

El autor y la autora agradecen los comentarios y sugerencias a una versión anterior de este trabajo por parte de los participantes en el VI Taller EvaluAES (Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada, 10 marzo de 2017), así como a los miembros del grupo de investigación SEJ393 de la Universidad de Granada, y en particular a Ricard Meneu, José Sánchez, Ángeles Sánchez, Dolores Moreno, Juan de Dios Jiménez y Roberto Montero. También agradecen la valiosa ayuda técnica prestada por Manuel Correa y Juan David García., Objetivo Este estudio examina la elección individual de seguro sanitario privado en España. La elección del seguro privado revela los atributos del sistema sanitario que son más valorados por la población, así como la capacidad de respuesta de este en relación a esas preferencias. Método Los datos proceden de las oleadas de 2004, 2009 y 2014 del Barómetro Sanitario, examinando de forma separada la elección de la población general y de los funcionarios públicos. Resultados El sistema sanitario público tenía una valoración muy buena en atributos como tecnología y capacitación de los médicos, incluso por aquellos que eligieron un seguro privado, pero no tanto en características como la comodidad o la rapidez de respuesta. Sin embargo, nuestro estudio muestra que los individuos se preocupan por otros atributos del sistema sanitario relacionados con la capacidad de respuesta, como el trato personal y la información, y estos influyen en su decisión de contratar un seguro privado. El cuerpo de funcionarios, incluso la minoría que ha optado por la sanidad pública, tiene una percepción más crítica sobre la sanidad pública que los no funcionarios, especialmente en trato personal, información, atención primaria y especialistas. Conclusiones Las fortalezas y debilidades sobre el desempeño del sistema público de salud encontradas en este estudio serán de interés para los formuladores de políticas sanitarias y merecen una mayor investigación., Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ECO2015-66553-R).

En este artículo se discute la forma en que se ha comprendido la conformación del entramado institucional costarricense, a partir de la revisión del modelo weberiano de burocracia, analizando las características específicas del empleo público en esas primeras oficinas estatales, para determinar si es adecuado el uso del término “burócrata” para estos primeros funcionarios. Este documento se basa en los resultados iniciales de un proyecto de investigación titulado “Conformación de un discurso oficial sobre la burocracia y su papel en la consolidación del Estado, a través del estudio de leyes y periódicos entre 1839 y 1890”, presentado ante el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas (CIICLA) de la Universidad de Costa Rica. Se pretende enlazar la conformación de los cuerpos burocrático-administrativos de los nacientes Estados latinoamericanos, con la consolidación de sus estructuras políticas y su discurso de nación. This article discusses the way in which the creation of the Costa Rican institutional warp and weft has been understood based on a revision of the Weberian model of bureaucracy. It analyzes the specific characteristics of public employment in the first State offices, in order to decide whether or not it is appropriate to use the term “bureaucrat” in describing these first public officials. This document is based on the first research results of a project entitled “Creation of an Official Discourse on Bureaucracy and its Role in the Consolidation of the State through a Study of the Laws and Periodicals between 1839 and 1890,” presented at CIICLA (the Research Center on Latin American Identity and Culture), pertaining to the University of Costa Rica. This project aims to link the creation of the bureaucratic-administrative bodies of the emerging States in Latin America to the consolidation of their political structures and their discourse as nations. UCR::Vicerrectoría de Docencia::Ciencias Básicas::Sistema de Educación General::Escuela de Estudios Generales UCR::Vicerrectoría de Investigación::Unidades de Investigación::Artes y Letras::Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamérica (CIICLA)

[Resumen] La carrera horizontal de los funcionarios fue una de las grandes novedades introducidas con la aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, pero cuya aplicación, debido principalmente a razones presupuestarias derivadas de la crisis económica que se produce a partir de 2008, no ha llegado a realizarse de un modo general. Este trabajo analiza la normativa que sobre esta materia se ha ido desarrollando por las distintas Administraciones implicadas, circunscribiendo su estudio a las Universidades Públicas, al objeto de localizar no sólo los aspectos comunes y los aspectos diferenciadores, sino también con la intención de llevar a cabo un análisis crítico de las medidas contempladas en las normas de aplicación. [Abstract] The horizontal career of civil servants was one of the great innovations introduced with the approval of Law 7/2007, of April 7, of the Basic Statute of the Public Employee, but whose implementation, mainly due to budgetary reasons derived from the economic crisis that is produced as of 2008, has not come to occur in a general way. This paper analyzes the regulations on this subject has been developed by the various authorities involved, restricting their study at public universities in order to locate not only commonalities and differentiating aspects but also with the intention of carrying out a critical analysis of the measures envisaged in the implementing rules Traballo fin de grao (UDC.FCT). Relacións laborais e recursos humanos. Curso 2016/2017

El objetivo del trabajo es dar a conocer los casamientos secretos efectuados por la Iglesia Católica a espaldas del Rey y las autoridades virreinales en Buenos Aires; especialmente, de funcionarios y oficiales de las fuerzas terrestres y navales de la monarquía en el siglo XVIII. El marco teórico se fundamentó en el Derecho Canónico y lo establecido en el Concilio de Trento (1545-1563). Una variada bibliografía anexa relacionada con la constitución de las familias en Europa e Hispanoamérica permitió explorar un marco desconocido de lo ocurrido con estos matrimonios secretos también llamados de conciencia u ocultos. Se explicitan las características de este tipo de nupcias y la casuística encontrada resultado del análisis hermenéutico de las Actas parroquiales porteñas., The aim of this work is to make known the secret marriages done by the Catholic Church behind the King and the viceregal authorities in Buenos Aires; specially of civil servants and officials of the ground and naval forces of the Monarchy in the XVIII century and in the following. The analyses are based on the Canon Law and the statements established in the Council of Trent (1545-1563). A varied bibliography related to the constitution of the families in Europe and Spanish America allowed exploring an unknown frame of what happened with these secret marriages which were also called of conscience or hidden. Characteristics of this kind of nuptials are explained and also the casuistry found as a result of the hermeneutic studies of the parochial documents from Buenos Aires., Departamento de Historia

Este artículo presenta los elementos comunes de las visiones del Estado entre los cuerpos especiales y las clases superiores del cuerpo general de Hacienda entre las décadas finales del siglo xix y la Guerra Civil. Se organiza en tres partes. Las dos primeras describen, respectivamente, los grandes rasgos del modelo administrativo que se impuso en Hacienda tras las reformas de Bravo Murillo y la evolución de este modelo a partir de 1881, gracias a la construcción de cuerpos especiales, llamados a convertirse en la referencia de la evolución del Ministerio. La tercera parte enumera los elementos centrales de las visiones de Estado que se desprenden de diversos discursos públicos de estos altos funcionarios hacendísticos. Se destacan en este último ámbito tres rasgos que se hallaban conectados con la evolución anterior de la propia burocracia hacendística: la ecuación del Estado con la Administración; la conversión del conocimiento técnico especializado en el fundamento mismo de la carrera funcionarial; y una visión organicista de la Administración (entendida como esencia del Estado) que remite el buen funcionamiento de esta al de sus partes componentes, This article presents the common elements of the visions of the State among the special corps and superior classes of the general corps of the Ministry of Finance between the final decades of the 19th century and the Civil War. It is organised in three parts. The two first parts describe the general traits of the administrative model that became hegemonic in the Ministry after the reforms of Bravo Murillo and the evolution of this model after 1881, thanks to the multiplication of special corps, which were to become the reference of the evolution of the Ministry. The third part sums up the central elements in the comprehension of the State, which can be derived from the different public discourses of the civil servants who worked for the Ministry of Finance. Three features, which were linked to the previous evolution of the tax administration, are underlined in the third section. Firstly, the understanding of the State as Administration. In the second place, the generalised assumption of technical and specialised knowledge as the very foundation of the bureaucratic career. And, finally, an organicist vision of the Administration (understood as the essence of the State) which referred its good working to the good working of its component parts

Resumo:O objetivo deste trabalho é quantificar os impactos da criação da Funpresp em 2012, tendo como foco os funcionários públicos federais ativos. Com o emprego de técnicas de matemática atuarial, por meio do cálculo de anuidades calcula-se a diferença entre o benefício de aposentadoria que os servidores teriam no antigo e no novo regime previdenciário. A mudança é desfavorável para todos os servidores e servidoras de diferentes idades e níveis de remuneração, com perdas de cerca de 15%. Adicionalmente, são analisadas as condições que deveriam ser verificadas para que não houvesse prejuízos aos servidores. Somente deixaria de haver redução de benefícios nas condições altamente improváveis de uma taxa de juros real superior a 9% ou se os atuais servidores passassem a contribuir com 47% de seu salário para a Funpresp. Esses resultados ilustram a necessidade de medidas para aumentar o nível informacional dos servidores para que eles possam entender adequadamente os impactos dessa medida. Resumen:El objetivo de este estudio es cuantificar el impacto de la creación de Funpresp en 2012, centrándose en los empleados federales activos. Con el uso de técnicas matemáticas actuariales a través del cálculo de anualidades se calcula la diferencia entre el beneficio de jubilación que los servidores tendrían en el viejo y en el nuevo régimen de pensiones. El cambio es desfavorable para todos los servidores de diferentes edades y niveles de remuneración, con pérdidas de alrededor del 15%. Además se analizan las condiciones que deben revisarse para que no hubiera daños a los servidores. Sólo dejará de ser una reducción de los beneficios en circunstancias muy poco comunes de una tasa de interés real de 9% y los servidores actuales para empezar a contribuir el 47% de su salario para Funpresp. Estos resultados ilustran la necesidad de tomar medidas para aumentar el nivel de información de los servidores para que puedan comprender adecuadamente los impactos de esta medida. Abstract:The goal of this study is to quantify the impacts of the creation of Funpresp in 2012, focusing on the active federal civil servants. Using techniques of actuarial mathematics, through the calculation of annuities, we calculate the difference between the retirement benefits in the old and in the new pension regime. The change is unfavorable for all servers of different ages and income levels, with losses of about 15%. Additionally, we analyzed the set of conditions that should be verified so that any worker would be affected by the changes. Only in the highly unlikely circumstances of a real interest rate above 9% or a contribution rate of 47% of the income for Funpresp that would be no reduction in the benefits. These results illustrate the need for action to increase the informational level of civil servants in order they can understand correctly the impacts of the creation of Funpresp.

La institución de formación docente y su diseño curricular constituyen áreas estratégicas para impulsar el proyecto político-pedagógico por parte de las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar en Uruguay. En este trabajo el currículo es analizado como dispositivo de poder político-pedagógico desde la perspectiva foucoultiana. En la institución, el currículo fue puesto en práctica para disciplinar, para gobernar y clasificar y/o descalificar a quienes en este trabajo llamamos funcionarios docentes. The institutions of teacher training and curriculum design were strategic areas in which the armed forces could promote a particular political-pedagogical project during the civil-military dictatorship in Uruguay. In this article the curriculum is analysed from a Foucauldian perspective as a tool of political-pedagogical power. The curriculum was put into practice in order to discipline, to govern, and to qualify or disqualify those who in this article will be called education staff. A instituição de formação de professores e seu currículo constituíram áreas estratégicas para impulsionar o projeto político-pedagógico por parte das Forças Armadas durante a ditadura cívico-militar no Uruguay. Neste trabalho o currículo é analisado como dispositivo de poder político-pedagógico desde a perspectiva foucaultiana. Na instituição, o currículo foi posto em prática para disciplinar, para governar e classificar e/ou desqualificar os chamados funcionários docentes.

RESUMEN. En este trabajo se describe, analiza y reflexiona críticamente sobre el origen y antecedentes de la Ley 7/2007, que aprueba el Estatuto del Empleado Público; sobre su contenido y sobre su función, destacando sus novedades, reales o aparentes, y reflexionando sobre su posición en el sistema de fuentes del Derecho; una posición mediatizada por el carácter generalista de la Ley y por la necesidad de su desarrollo por otras leyes, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, para sus respectivos empleados. El título del trabajo hace referencia al carácter largamente esperado del Estatuto como supuesta solución taumatúrgica de los problemas del empleo público. El Estatuto ha venido, pero puede decirse que aún no ha llegado, porque para ello se necesita el complemento indispensable de su desarrollo estatal o autonómico. Mientras tanto y aun después, no hay que olvidar otros «Godots» recurrentes en la historia del empleo público cuya llegada no depende tan sólo de la Ley... ABSTRACT. This article describes, analyses and critiques the origin and precursors of Act 7/2007, which approved the Charter of Public-sector Employees. It focuses on its content and function, highlighting what is really new and what merely appears to be so, discussing its position on the system of sources of law. This position is influenced by the generalist nature of the act and its need to be ramified by other state-wide and regional laws for employees of the national civil service and the regional administrations. The title refers to the fact that the charter has long been awaited as if it could provide a magical solution to the problems of public servants. The charter has arrived but is still not quite there, given that it still needs to be ramified by state-wide or regional legislation before it becomes fully effective. Meanwhile, and even after, we should not forget the recurrent waiting for other «Godots» in civil-service history, whose arrival does not only depend on a single act of parliament…