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El derecho disciplinario en Colombia es uno de los más vanguardistas a nivel mundial, en lo atinente a los servidores públicos -que es el tema abordado en la presente monografía-, hemos observado como sus figuras procesales y dogmática han venido cobrando gran fuerza y autonomía en el camino hacia la garantía del correcto desempeño de la función pública y, sobre todo, en la consolidación y efectividad de la potestad sancionadora del Estado. Aun así, no podemos desconocer que parte de la naturaleza de este derecho ha sido propiciada o concedida por otras ramas que históricamente han tenido más desarrollo dogmático y académico, tales como el derecho administrativo y el derecho penal. Teniendo eso en mente, es evidente la necesidad que surge de estudiar con profundidad aquellas figuras propias del desarrollo penal y administrativo que pueden llegar a aplicarse, adaptarse o mutar de cierta manera en el derecho disciplinario. En el marco de ese análisis, se advierte que la imputación objetiva -característica del derecho penal en su mayor parte-, puede contribuir enormemente al proceso disciplinario en aquellos casos en que la mera causalidad no es suficiente para atribuir una conducta a un servidor público y, por lo contrario, se requiere establecer un nexo causal entre el comportamiento y el resultado lesivo. The disciplinary law in Colombia is one of the most avant-garde in the whole world, specifically in the public serves -subject of this monograph-, we can see that how its procedural concepts and dogmatic have benn gaining strength and autonomy in the way forward the correct execution of the public function and, most important, in the consolidation and efficiency of the sanctioning power. Even so, we can’t ignore that part of the nature of this kind of law has been fostered or given by other legal branches that historically have had more dogmatic and academic development, as the administrative and penal law. With that in mind, is evidente the need studying with rigor those procedural concepts of the penal and administrative law that can be enforced, adapted or in a certain way mutate forward the disciplinary law. In this context, the objective imputation -characteristic of the penal law mostly-, can contribute greatly in the disciplinary process in those cases when the casuality is not enough to atribuite certain conduct to a public server and, by contrast, it demands to detemrinate a casual link between the behaviour and the prejudicial effect. Maestría Magíster en Derecho del Estado con Énfasis en Derecho Administrativo (Modalidad de Profundización)

La Ley 1952 (2019) en su artículo 70 contenido en el Libro III sobre Régimen Especial, Título I, Régimen de Particulares, capítulo I, establece quienes son los particulares destinatarios de la presente Ley; dentro del mismo se indica en el inciso tercero, como sujetos disciplinables aquellos particulares que por disposición legal desarrollen funciones exclusivas de los órganos del Estado, además de aquellos que presten un servicio público, donde dentro de sus actividades desarrollen funciones públicas. Conforme a lo anterior, y en análisis conjunto de la Autonomía Universitaria y la sentencia C-006/96 (1996), se pretende estudiar la posibilidad de que los docentes ocasionales encajen dentro de los particulares que son destinatarios de la Ley Disciplinaria, toda vez que la Procuraduría General de la Nación ha reconocido de igual manera la Autonomía de las Universidades Públicas y en ese caso ha llegado a manifestar la posibilidad de que la misma Institución de Educación Superior establezca su estatuto disciplinario con base en la Ley 1952 (2019) para estos docentes ocasionales, puesto que la sentencia C-006/96 (1996) indica de igual manera que los docentes ocasionales llegan a cumplir asimismo, las mismas funciones como los docentes de planta; inclusive para su vinculación deben acreditar los mismos requisitos en cuanto a la formación profesional y la experiencia y en el ejercicio de las funciones, desempeñan las mismas obligaciones; entonces, para este caso se encuentra la posibilidad de que si la Ley 30 (1992) no los establece como servidores públicos, puede entonces sí, llegar a ser un particular que presta un servicio público pero, ejercen las funciones públicas al igual que los docentes de planta. Law 1952 (2019) in its article 70 contained in Book III on the Special Regime, Title I, Individual Regime, Chapter I, establishes who are the recipient individuals of this Law; Within the same, it is indicated in the third paragraph, as disciplinary subjects those individuals who, by legal provision, carry out exclusive functions of the organs of the State, in addition to those who provide a public service, where within their activities they carry out public functions. In accordance with the foregoing, and in a joint analysis of University Autonomy and judgment C-006/96 (1996), it is intended to study the possibility that occasional teachers fit within the individuals who are recipients of the Disciplinary Law, since that the Attorney General's Office has similarly recognized the Autonomy of Public Universities and in that case has come to express the possibility that the Higher Education Institution itself establishes its disciplinary statute based on Law 1952 (2019) for these occasional teachers, since judgment C-006/96 (1996) indicates in the same way that occasional teachers also come to fulfill the same functions as permanent teachers; even for their connection they must accredit the same requirements in terms of professional training and experience and in the exercise of functions, they perform the same obligations; So, for this case, there is the possibility that if Law 30 (1992) does not establish them as public servants, then yes, they can become an individual who provides a public service, but they exercise public functions in the same way as teachers. of plant. Magister en Derecho Administrativo Maestría

El articulo relaciona la argumentación jurídica con la responsabilidad disciplinaria que posee un servidor público entorno a su relación contractual con el Estado; y las diferentes criticas o análisis jurisprudenciales que se han venido realizando cronológicamente en la función administrativa en aras de mejorar la efectividad y la eficacia de la prestación del servicio. teniendo de presente la normatividad vigente, las acciones legales y en general, las normativas específicas que determinan la responsabilidad de un servidor público que como consecuencia de su acción u omisión incumple con las responsabilidades delegadas a su cargo o al utilizar sus facultades en intereses personales que se consideren ilegales o lesivos a los actos inicialmente contratados y como resultado de su actuar conlleve a la sanción disciplinaria, calificándola también en el factor subjetivo de la conducta desplegada que podría ser catalogada como delito.; por otro lado, es menester de esta investigación indagar los grados de responsabilidad en los cuales se ejecutan las funciones, es por tal razón que es preciso tener un análisis global de la función pública en donde la función administrativa podría ser dictatorial y autoritaria o por el contrario débil y permisiva dentro del proceso disciplinario de investigación y sanción, definiendo el grado de responsabilidad de la actuación y la posible acción de repetición en pro de resarcir el daño ocasionado a la administración en los casos en el que él, o los disciplinados hayan causado un detrimento patrimonial en contra del Estado. The article relates the legal argumentation of the disciplinary responsibility that a public servant has around his employment relationship with the State; and the different criticisms or jurisprudential analyzes that have been carried out chronologically in the administrative function in order to improve the effectiveness and efficiency of the provision of the service. bearing in mind the current regulations, legal actions and in general, the specific regulations that determine the responsibility of a public servant who, as a consequence of his action or omission, fails to comply with the responsibilities delegated to his charge or when using his powers in personal interests that The apparently contracted acts are considered illegal or harmful and as a result of their actions lead to disciplinary sanction, also qualifying it in the subjective factor of the conduct displayed that could be classified as a crime. On the other hand, it is necessary for this investigation to investigate the degrees of responsibility in which the functions are executed, it is for this reason that it is necessary to have a global analysis of the public function where the administrative function could be dictatorial and authoritarian or by the weak and permissive contrary within the disciplinary investigation and sanction process, defining the degree of responsibility for the action and the possible action of repetition in order to compensate the damage caused to the administration in cases in which he, or those disciplined have caused a patrimonial detriment against the State Magister en Derecho Administrativo Maestría

Este trabajo busca reflexionar sobre el ejercicio del derecho a la justicia de las víctimas del conflicto armado en Colombia, los obstáculos que se presentan en su exigencia y efectividad en los procesos disciplinarios adelantados por graves violaciones de derechos humanos y como deben ser abordados como deber funcional del operador disciplinario, en desarrollo de su función de administrar justicia. En su primera parte la investigación tuvo como objetivo central, analizar como a lo largo de la historia de la humanidad, la Justicia ha sido objeto de estudio fundamentalmente por su gran incidencia en las relaciones del individuo con los demás. En una segunda parte se analizó cómo en Colombia, el concepto de justicia ha ido evolucionando conforme los distintos escenarios históricos, políticos y sociales y como el derecho disciplinario no ha sido ajeno a dicha evolución, especialmente cuando la falta de garantía de acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado resulta estrechamente relacionada con el incumplimiento de los deberes y responsabilidades por parte de los servidores públicos, cuyas acciones deben estar orientadas por los principios de la Función Pública. Los estándares internacionales reclaman la construcción escenarios donde se materialice el derecho a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y a pesar de que el Estado Colombiano ha intentado construir estos escenarios en el marco de una justicia transicional y sobre el discurso imperativo de la reparación integral de las víctimas del conflicto interno, no han sido suficientes los esfuerzos para contrarrestar el riesgo de impunidad. La falta de garantía de acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado resulta incoherente con la realización efectiva de los fines esenciales del Estado Social de Derecho y se encuentra estrechamente relacionada con el incumplimiento de los deberes y responsabilidades por parte de los servidores públicos, cuyas acciones deben estar orientadas por los principios de la Función Pública. Siendo el derecho disciplinario el encargado de garantizar el funcionamiento adecuado de la función pública, al supervisar la omisión o extralimitación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones para reducir las faltas que afectan directamente los derechos de las víctimas, es primordial asegurar que los operadores disciplinarios cumplan eficientemente los lineamientos de su gestión. El presente trabajo de investigación surge precisamente con el objetivo general de identificar cuáles serían los factores y/ o circunstancias que pueden llegar a incidir de forma negativa en la eficiencia del Operador Disciplinario, frente a la efectividad del derecho a la justicia de las Víctimas, encontrando que la omisión en la implementación de una investigación integral y de impulso oficiosos, el desconocimiento de la normatividad que regulan el derecho de acceso a la justicia de las Victimas de graves violaciones al derecho internacional humanitario que se traduce en la desinformación de la Víctima respecto a su ejercicio, así como el inadecuado acompañamiento de la víctima en las diferentes etapas de las actuaciones disciplinaria, son factores que generan un desarrollo ineficiente de la función disciplinaria por parte de su operador. Universidad Libre - Facultad de Derecho - Maestría en Derecho Disciplinario

A partir de la facultad del Estado conocida como Ius Puniendi se encuentran diferentes vertientes de su ejercicio, en este caso, el Derecho Sancionador y el Derecho Disciplinario enfocados hacia la efectividad, realidad y materialidad de los fines del Estado, en su sujeto propio que es el funcionario público. Por lo tanto, en esta revisión se observa el alcance, la naturaleza y especialmente el control judicial de los actos administrativos sancionatorios que concretan las acciones y decisiones del Derecho Disciplinario y de la fiscalización de los mismos actos, como instancia dentro del debido proceso, para todo el conjunto referido al control de los actos y el procedimiento que, de suyo, le corresponde. A partir de diferentes posturas se analiza si el Derecho Disciplinario es una ciencia independiente y autónoma, toda vez que ha venido construyendo una dogmática propia, con disposiciones constitucionales que lo fundamentan y soportan, eventualmente con criterios propios que evalúan y reconocen en “la conducta, el tipo, el ilícito sustancial y la culpabilidad”, el objeto disciplinario. En el decurso del artículo el Derecho Disciplinario puede entenderse como una especialidad del Derecho Administrativo salpicada por el Derecho Pena, de manera que algunos autores consideran imposible desprenderla de estas disciplinas. A pesar de ello, al interior de la doctrina se mantiene vivo el debate acerca de la independencia y la autonomía del Derecho Disciplinario por diferentes aspectos como la posibilidad de entenderlo como una subespecie del Derecho Administrativo y al considerar los elementos conceptuales que lo integran, justifican el acto disciplinario como un acto administrativo, y el control de legalidad o jurisdiccional que realiza el Contencioso-Administrativo a los actos calificados como disciplinarios. En cuanto a la concreción del tema es claro que es directo destinatario de la acción de tipo disciplinario será la persona vinculada a la administración pública, y el único bien jurídico es el correcto funcionamiento administrativo por eso en el proceso disciplinario se habla de una sanción que tiene como “finalidad la prevención y corrección de esas conductas que van en contra vía de los principios constitucionales y de la administración, lo que no ocurre en materia penal pues ésta contempla una prevención (general y especial)”. Código Disciplinario). Universidad Libre - Facultad de Derecho - Maestría en Derecho Disciplinario From the faculty of the State known as Ius Puniendi there are various aspects of its exercise, such as, in this case, the Penalty Law and the Disciplinary Law focused on the effectiveness, reality and materiality of the purposes of the State, in their proper subject who is the public official. Therefore, in this review, the nature and scope of the judicial control of the administrative sanctioning acts that specify the actions and decisions of the Disciplinary Law and the supervision of the same acts, as an instance within the due process, for the complete set that refers to the control of the acts and the procedure that corresponds to it. Based on various positions, it is analyzed whether Disciplinary Law is an independent and autonomous science, since it has been building its own dogmatics, with constitutional provisions that base and support it, eventually with its own criteria that evaluate and recognize in "conduct, the type, the substantial wrongdoing and the guilt,” the disciplinary object. In the article, Disciplinary Law can be understood as a specialty of Administrative Law dotted with Penalty Law, so that some authors consider it impossible to detach it from these disciplines. Despite this, within the doctrine the debate about the independence and autonomy of Disciplinary Law remains alive due to different aspects such as the possibility of understanding it as a subspecies of Administrative Law and when considering the conceptual elements that make it up, they justify the disciplinary act as an administrative act, and the legal or jurisdictional control Administrative to acts classified as disciplinary. Regarding the concretion of the issue, it is clear that the person linked to the public administration will be the recipient of the disciplinary action, and the only legal good is the correct administrative functioning, so in the disciplinary process there is talk of a sanction that has as “purpose is the prevention and correction of those conducts that go against the constitutional principles and the administration, which does not happen in criminal matters as this includes prevention (general and special) ” (Disciplinaries Code)

This paper studies the “location” of the Administrative Penalty Law in Law. Raises that it is “located” in Administrative Law, so its principles and rules apply to it in principle, but since they have a markedly punitive character, so do the principles of Criminal Law, although with nuances. Likewise, this paper studies the “limits” of the Administrative Penalty Law with respect to Contravention Law and Disciplinary Law. Este trabajo estudia la “ubicación” del Derecho Administrativo Sancionador en el Derecho. Sostiene que éste se “ubica” en el Derecho Administrativo, por lo que en principio se le aplican sus principios y reglas, pero al tener un marcado carácter punitivo, también los principios del Derecho Penal, aunque con matices. Asimismo, este trabajo estudia los “límites” del Derecho Administrativo Sancionador respecto del Derecho Contravencional y el Derecho Disciplinario.

This paper studies the “location” of the Administrative Penalty Law in Law. Raises that it is “located” in Administrative Law, so its principles and rules apply to it in principle, but since they have a markedly punitive character, so do the principles of Criminal Law, although with nuances. Likewise, this paper studies the “limits” of the Administrative Penalty Law with respect to Contravention Law and Disciplinary Law. Este trabajo estudia la “ubicación” del Derecho Administrativo Sancionador en el Derecho. Sostiene que éste se “ubica” en el Derecho Administrativo, por lo que en principio se le aplican sus principios y reglas, pero al tener un marcado carácter punitivo, también los principios del Derecho Penal, aunque con matices. Asimismo, este trabajo estudia los “límites” del Derecho Administrativo Sancionador respecto del Derecho Contravencional y el Derecho Disciplinario.

En el Derecho disciplinario actual se presenta la representación más clara del efecto difuminante que, con la modernidad, han ido sufriendo las fronteras que separan las ramas del poder público en la estructura del Estado Social de Derecho, cuyo poder objetivo de ejercer control social a través de la potestad punitiva, estaba encabezado inicialmente por la Jurisdicción Penal, sin embargo, la complejidad estructural y funcional del Estado actual, parece haber trasladado esa facultad sancionadora a las demás ramas, sumando en apariencia, bienes protegidos y en consecuencia, penas a imponer, tocando lo atinente a la garantía de Non bis in ídem. Se observa una tendencia a concebir la norma disciplinante como ejercicio del Ius Puniendi, mas, esto se desconecta del sistema de principios y garantías constitucionales, pese a que parece ser la mejor salida a la rampante crisis de corrupción e impunidad que sufre el País. No obstante, el Estado Social de Derecho, de corte legalista no admite la concurrencia de juicios, ni la desproporción punitiva, pues su basamento de garantías constitucionales a favor de los derechos individuales y comunes así lo impone. Si bien el Derecho disciplinario en Colombia ha sido el resultado de una legislación atada a dinámicas sociales y políticas que inciden sobre los fines del Estado, no es posible pretender que se interprete como un auténtico sistema punitivo capaz de afectar derechos, libertades y garantías fundamentales del Debido Proceso, a la par con la Jurisdicción Penal, pues en esencia, es una normativa reglamentaria de carácter administrativo. The current Disciplinary Law is the clearest representation of the blurring effect that, with modernity, have been suffering from the frontiers that separate the branches of public power in the structure of the Rule of Law, whose objective and positive power to exercise social control through the punitive power, is initially headed by the Judicial Branch with Criminal Law, however, the structural and functional complexity of the current State, seems to have transferred this sanctioning faculty to the other branches, adding in appearance, protected goods and consequently, penalties to impose. However, this scenario is not possible in a Social State of Law, whose essence does not admit the concurrence of trials, nor the punitive disproportion, because it is based on a system of constitutional guarantees in favor of individual and common rights. So that the disciplinary law in Colombia has been the result of legislative positivization social and political dynamics that affect the ends of the State, and yet, its tendency toward strictness, it is not possible to pretend that it is interpreted as an authentic punitive system capable of affecting rights, liberties and fundamental guarantees such as the Non bis in idem, since in essence, and from its origin, it is a regulatory regulation of the Administration, governed by the principle of legality. The tendency to conceive the disciplinary norm as an exercise of Ius Puniendi is disconnected with the system of principles and constitutional guarantees, although it seems to be the best way out of the crisis of rampant corruption and impunity that the country suffers.

Artículo de investigación En la doctrina y la jurisprudencia actual se presenta una perniciosa identificación entre el derecho penal y el derecho disciplinario, que como se sabe son dos instituciones esenciales para el funcionamiento del Estado Social Democrático de Derecho, en la práctica generalmente se superponen de tal manera que lo que se predica de una se predica de la otra, confundiendo así sus cometidos específicos. En ese sentido ha resultado imperioso tanto para la doctrina, como para el Consejo Superior de la Judicatura, dotar al derecho disciplinario de un perfil propio por medio de la dogmática jurídica pues la tendencia general es considerar que es una especie de apéndice del derecho penal, ubicable dentro del marco general de lo que se conoce como el derecho sancionador del Estado, dotado de la facultad o poder de sancionar que este tiene y que se representa en el conocido ius puniendi. Pregrado Abogado 37 p. RESUMEN ABSTRACT INTRODUCCIÓN 1. La Dogmática en el Derecho. 2. Naturaleza del Derecho Disciplinario desde el punto de vista de la posturas tradicionales 3. Fundamentos teóricos para la construcción de una dogmática del derecho disciplinario colombiano. CONCLUSIONES. REFERENCIAS

Se trata de un artículo de reflexión que tiene como fundamento resaltar la importancia del Principio de Legalidad que en materia penal es expresado en el aforismo latino nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, inmerso en toda la normatividad vigente en nuestro país, en especial el Proyecto de Reforma del CUD, tema principal de este artículo donde su connotación no es solo a nivel nacional sino también internacional, así las cosas, la relevancia de este documento radica en resaltar la existencia de este Principio Constitucional en el Proyecto de Reforma del Código Único Disciplinario, recalcando las garantías sustanciales y procesales definidas en cada uno de los procedimientos investigativos disciplinarios en que se vean inmersos los servidores públicos. Así mismo, exaltar las modificaciones que en materia de derechos fundamentales y principios constitucionales se desarrolló de manera íntegra en el proyecto de reforma. It is an article of reflection that has as basis to emphasize the importance of the Principle of Legality that in criminal matters is expressed in the Latin aphorism nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, immersed in all the normative in force in our country, in Especially the CUD Reform Project, the main theme of this article where its connotation is not only at the national level but also international, so the relevance of this document lies in highlighting the existence of this Constitutional Principle in the Reform Project Single Disciplinary Code, emphasizing the substantive and procedural guarantees defined in each of the disciplinary investigative procedures in which public servants are immersed. Also, to exalt the modifications that in the matter of fundamental rights and constitutional principles was developed in an integral way in the project of reform.

En el presente artículo se exponen las principales posturas de la doctrina, la jurisprudencia y la dogmática de países como Colombia, España y Chile respecto de la determinación de la naturaleza jurídica del Derecho disciplinario de los servidores públicos, dado que su origen reciente y la importancia que ha venido adquiriendo en el contexto de la Administración Pública ha traído consigo una discusión acerca de su aproximación o especificidad respecto del derecho penal, del derecho administrativo, o por el contrario, su consideración como disciplina jurídica autónoma cercana al Derecho público y al Derecho sancionatorio como representación de la potestad punitiva del Estado. This article presents the main positions of the doctrine, jurisprudence and the dogmatic from countries such as Colombia, Spain, Chile and Argentina with regard to the determination of the legal nature of the disciplinary law of public servants, since recent origin and the importance it has been acquiring in the context of public administration has brought with it a discussion about your approach or specificity with respect to the criminal law administrative law, or on the contrary, their consideration as autonomous legal discipline, close to public law and punitive law as representation of the punitive power of the State.

El Estado goza de la facultad del Ius Puniendi para imponer penas y sanciones que le permitan mantener un orden social justo buscando prevenir y disuadir a los coasociados de cometer conductas que afecten la sana convivencia. En el caso de los servidores públicos, en atención a las relaciones especiales de sujeción, el régimen de responsabilidad se agrava al establecer que la misma se atribuye por omisión o extralimitación en el deber funcional. Sin embargo, la potestad estatal debe someterse a las garantías mínimas reconocidas universalmente para su validez y eficacia, entre ellas la presunción de inocencia, según la cual, toda persona se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario. Por lo tanto, no puede afectarse derechos subjetivos a los servidores públicos disciplinados al otorgarse efectos jurídicos a actos administrativos que el legislador no proveyó inicialmente y que no resuelven de fondo y en forma definitivamente su responsabilidad, como ocurre en el pliego de cargos. The State enjoys the faculty of the ius puniendi to impose penalties and sanctions that allow it to maintain a just social order by seeking to prevent and deter the coasociados to commit behaviors that affect healthy coexistence. In the case of public servants, in attention to the special relations of subject, the liability regime is further compounded by the establish that the same is attributed by omission or overreach in the functional duty. However, the state power must be subject to the minimum guarantees universally recognized for its validity and effectiveness, including the presumption of innocence, according to which every person is presumed innocent until proven otherwise. Therefore, it cannot be affected subjective rights to public servants disciplined to be given legal effect to administrative acts that the legislator is not provided initially and will not resolve of fund and in definitively his responsibility, as occurs in the statement of objections.

Este artículo realiza una aproximación histórica al concepto con el propósito de identificar la oportunidad en que surge como categoría jurídica autónoma en el Derecho Administrativo y culminar en los artículos posteriores con la identificación de su impacto en la protección y efectividad de los derechos fundamentales de los servidores públicos de la Fuerza Pública.

A pesar de que la corrupción no sea un fenómeno exclusivo de Colombia, el país ha luchado desde distintos ángulos para combatirla. La lógica indicaría que los instrumentos deben prioritariamente propender, en primer lugar, por la prevención de actos de corrupción, en segundo lugar, por retrotraer sus efectos negativos y, en tercer lugar, por sancionar a los corruptos. Esta gradación de los instrumentos resulta de la ultima ratio propia de la sanción penal. Sin embargo, la lucha colombiana contra la corrupción ha puesto en evidencia una inversión de la lógica, en la que la sanción penal se convierte en la prima ratio y se confía ciega e ingenuamente en su poder disuasivo, en un país donde los corruptos prefieren pagar penas de prisión, a condición de asegurarse el disfrute posterior de los frutos del delito. En realidad, los instrumentos propios del derecho administrativo, a partir de su adecuada configuración y utilización, pueden disminuir considerablemente los niveles de corrupción en Colombia, al tiempo que contribuyen a la eficacia de la actividad pública.

La falta disciplinaria será aquella conducta típica, antijurídica y culpable, pues eso se desprende de los principios rectores del derecho disciplinario, los cuales tienen una consagración normativa en el ordenamiento jurídico colombiano, más específicamente en la Ley 734 de 2002, actual Código Disciplinario Único. La Ilicitud Sustancial es el elemento que delimita la antijuridicidad de la responsabilidad disciplinaria, y se debe decir que el alcance de dicho concepto no ha sido definido de manera precisa por parte de la ley, ni de manera unánime por parte de la doctrina, ni muchos menos por parte de la jurisprudencia. Luego de exponer las reflexiones hechas respecto al alcance de la ilicitud sustancial, se argumentará el por qué se debe entender el alcance de ese concepto bajo la siguiente hipótesis: La ilicitud sustancial debe entenderse en términos de antijuridicidad material, lo cual apunta a que la falta, además de ser típica y culpable, debe vulnerar realmente la Función Pública como bien jurídico a proteger por el Derecho Disciplinario, o ponerla en peligro manifiesto, pues ese tipo de derecho sancionador debe ser estrictamente limitado, ya que sus consecuencias son muy gravosas para los derechos de la personas destinatarias de la Ley Disciplinaria. The substantial wrongfulness as part of the disciplinary responsibility must be understood in terms of material unlawfulness, which suggests that the lack, besides being typical and guilty, must really infringe the public function as a legal interest to be protected by the Disciplinary law, or put manifest danger, because that kind of penal law must be strictly limited, because its consequences are very costly for the rights of persons covered by the Disciplinary Act.

En el Derecho Administrativo General a las decisiones que le reconocen a una persona un derecho subjetivo, la revocatoria directa se logra mediante el consentimiento expreso del titular o en su defecto, con la demanda de nulidad del propio acto. El objetivo que busca este trabajo es explorar a través del estudio de la doctrina, la jurisprudencia y la ley, cuál es el procedimiento que deben realizar, la Procuraduría General de la Nación, las personerías y las Oficinas de Control Disciplinario Interno de las entidades públicas, luego que notifican la decisión que revocó directamente un fallo absolutorio o de archivo. In administrative law to decisions a person will recognize an individual right, direct reversal is achieved by the express consent of the owner or, failing that, with the application for annulment of the act itself. The goal seeking this paper is to explore through the study of the doctrine, jurisprudence and law, what is the procedure to be performed, the Attorney General's Office, the ombudsmen and the Offices of Internal Disciplinary Control of public entities after notifying the decision directly it overturned an acquittal or file failure.

La aplicación de culpabilidad penal en los fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación durante los últimos 5 años se somete, en el presente escrito, a un examen acerca de la validez de su justificación, frente a la efectividad del debido proceso administrativo en las actuaciones. Tal examen ha revelado las dinámicas y tensiones entre las responsabilidades éticas y patrimoniales que confluyen en la culpabilidad disciplinaria, propia de un sistema de control de la Administración con caracteres extraídos de varios ordenamientos jurídicos diferentes, que lucha por su propia autonomía. Sin embargo, se ha constatado que el carácter inquisitorial del procedimiento disciplinario y la exacerbación de su carácter represivo por los operadores han fundamentado interpretaciones jurídicas y valoraciones probatorias de la culpabilidad disciplinaria que restringen irrazonablemente las mencionadas garantías. Un correctivo puede ser posible: reivindicar la situación particular de los disciplinados como profesionales de la función pública. (texto tomado de la fuente) The application of penal liability principles in the disciplinary sanctions imposed by the Public ministry to public servants over the last 5 years is subject, in this paper, to an examination of its juridical justification, regarding the effectiveness of the administrative due process during the procedures. This examination reveals the ongoing dynamics and tensions between ethical and patrimonial responsibilities that converge in disciplinary liability, which is part of a control system for the public administration with particularities extracted from criminal, civil and administrative law, that struggles for its own autonomy. Nevertheless, case studies showed that the inquisitorial nature of the disciplinary proceedings and the overestimation of its repressive nature by law enforcers have been backing law interpretations and proof appreciations that unreasonably limit administrative due process. Vindication of public servants’ status as professionals is, in that sense, proposed as a corrective for unlawful application of disciplinary liability. Maestría Derecho Adminstrativo

A lo largo de la creación y desarrollo de la dogmática del derecho disciplinario, se ha venido presentado de manera continua una aporética frente al tema de la existencia del bien jurídico, lo que nos instó a develar si en nuestro ordenamiento jurídico se permite o se encuentra tal categoría dogmática como admisible, o si por el contrario solo se puede hablar de deber funcional sin el uso de referentes materiales o sustanciales, que se sustraen solamente a la realización objetiva de una descripción típica como elemento determinador de las faltas disciplinarias. .

La responsabilidad disciplinaria no se puede ser entendida como la existencia de dolo o culpa en la actuación del funcionario público sino como el juicio de exigibilidad en el cual el juez disciplinario debe establecer si el deber funcional era exigible en las específicas circunstancias del caso, dependiendo de los requisitos necesarios para el ejercicio del cargo de representante legal de una Entidad estatal y dados los conocimientos requeridos para la ejecución del deber funcional. The disciplinary guilt can't be understand like the presence of negligence in the behaviour of the civil servant. It is a judgement in which the judge must establish if the duty or function was demanded in the specific circumstances of the case depending on the requirements necessaries to hold the post of legal representative of a public body and the knowledge required for the carrying out the duty. Universidad del Rosario

This time a historical approach aims at the concept to identify the opportunity that arises as a legal category in the Autonomous Administrative Law Articles and lead to subsequent identification of their impact and effectiveness in the protection of fundamental rights of public servants of the security forces. Este artículo realiza una aproximación histórica al concepto con el propósito de identificar la oportunidad en que surge como categoría jurídica autónoma en el Derecho Administrativo y culminar en los artículos posteriores con la identificación de su impacto en la protección y efectividad de los derechos fundamentales de los servidores públicos de la Fuerza Pública.