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La creación en 1783 de la Dirección General de Temporalidades, bajo la dirección de José Antonio Archimbaud y Solano, logró cierto orden en la hasta entonces caótica gestión de los bienes que pertenecieron a la Compañía de Jesús. Fue entonces cuando afloraron malversaciones en su administración y deshonestidades en las subastas. Se analizan aquí tres casos a modo de ejemplo: la quiebra y fuga de Baltasar Miñano, tesorero de Rentas de Valladolid; las irregularidades cometidas por el contador de las Temporalidades de aquella ciudad hasta 1774, Juan Campero; y las corruptelas de José Monasterio, quien aprovechó su condición de suegro de José Payo Sanz, escribano de Cámara del Consejo Extraordinario, para adquirir haciendas que fueron de los Colegios vallisoletanos de San Ambrosio y San Ignacio muy por debajo de su valor.

La Compañía de Jesús contaba en la Ciudad de México con los colegios de San Andrés, San Gregorio, Máximo de San Pedro y San Pablo, Casa Profesa y noviciado de Tepotzotlán, en las cercanías de la capital. Su destino, tras la expulsión de los jesuitas, fue objeto de debate entre los miembros de la Junta Superior de México, reunida a fines de 1770, y ratificado posteriormente en Madrid por el Consejo Extraordinario. Arzobispo de México, procuradores de la ciudad y comisionado de temporalidades decidieron sobre instituciones docentes muy relevantes en el tejido urbano de la capital mexicana, sus iglesias anexas, y bienes muebles y bibliotecas.

El auge de las preocupaciones por la salubridad urbana en la segunda mitad del siglo XVIII estuvo acompañado de la creación de instituciones médicas que fomentaron la necesidad de intervención de las autoridades en la mejora de la salud de los vecinos. La Academia Médico-práctica de Barcelona, fundada en 1770, desarrolló una importante actividad en este aspecto. La influencia del clima en las enfermedades, la eliminación de focos infecciosos, la necesidad de redactar topografías médicas que describieran la situación sanitaria y, sobre todo, la urgencia de clausurar los cementerios urbanos y construir otros nuevos en lugares distantes de Barcelona y bien ventilados, son los aspectos que definen la actividad de la Academia barcelonesa hasta 1819, año en que fue inaugurado el nuevo cementerio de Poblenou.

Magistrados, nobles titulados, caballeros, particulares y eclesiásticos abandonaron en Reino de Valencia y marcharon al exilio a fines de 1705. Las razones de su opción favorable a Felipe V, las circunstancias de su salida de Valencia, la situación, con frecuencia desesperada, en la que se encontraron, faltos de medios para su subsistencia, en condiciones de miseria y necesidad, la ayuda que recibieron del Consejo de Aragón, los cargos y mercedes que solicitaron como premio a su fidelidad y a sus sacrificios, y las gracias que obtuvieron del monarca, suponen una posibilidad de aproximación a la realidad del felipismo valenciano en los años trágicos de la guerra y de la primera posguerra.

El poder de los militares tras la Guerra de Sucesión en los territorios de la antigua Corona de Aragón, encabezados por los Capitanes Generales respectivos, es una peculiaridad de la Nueva Planta borbónica, que la diferencia del modo de gobernarse Castilla. El trabajo analiza la resistencia de los magistrados a un poder militar dominante, simbolizado en el propósito de los Capitanes Generales a equipararse a los Virreyes forales y tener subordinadas a su autoridad a las Audiencias de Valencia, Aragón, Cataluña y Mallorca.

Con la expulsión de los jesuitas en 1767 se inició una pugna por el control de la enseñanza en la ciudad de Valencia entre dos grupos encabezados por el erudito Gregorio Mayans y el preceptor de los Infantes Francisco Pérez Bayer. Al mantenerse la enseñanza de la Latinidad en el edificio del antiguo Colegio de los Jesuitas de San Pablo, convertido en Seminario de Nobles, y separada de la Universidad hasta 1774, el tipo de docencia que se impartía en ese centro fue objeto de fuertes controversias, en las que intervino el Consejo de Castilla.

Durante los años ochenta del siglo XVIII el enterramiento en los templos y la construcción de cementerios en el exterior de las ciudades fue motivo de un amplio debate con implicaciones sanitarias, religiosas y sociológicas. El matemático catalán Benito Bails, titular de la Cátedra de Matemáticas de la Real Academia de San Fernando, intervino activamente en la polémica con la traducción en 1781 de la obra del portugués Antonio Ribeiro Sanches, y la edición en 1785 de textos europeos y españoles contrarios a la inhumación de cadáveres en las iglesias.

La Compañía de Jesús alentó, desde el primer cuarto del s. XVIII, la devoción a la Madre Santísima de la Luz con afán de contraponerla a aquellas otras Luces que intentaba propagar la nueva filosofía. Su representación iconográfica fue considerada una prueba de laxismo y, tras la expulsión, reprimido su culto y recogidos los escritos que la promovían, con la colaboración de los obispos más señaladamente antijesuitas.

El helenista Nicolás Rodríguez Lasso viajó a Italia entre mayo de 1788 y junio de 1789. De su periplo dejó testimonio en un diario que se conserva en el Monasterio de Cogullada de Zaragoza. Uno de los objetivos de su viaje era contactar con exjesuitas dedicados a tareas literarias: Montengón, Bernardo García, Torres Ribera, Arteaga, Eximeno, Hervás, Rodríguez Aponte, Gustá, Llampillas y otros.

El objeto del presente artículo es ofrecer la edición de cuatro pequeños diarios manuscritos relativos a las incidencias del viaje realizado por los jesuitas de la Provincia de Andalucía desde España hasta la isla de Córcega, a raíz del decreto de expulsión de la Compañía en abril de 1767. Se trata de cuatro documentos inéditos, aunque conocidos por algunos historiadores, que ofrecen al lector, con la inmediatez y urgencia propia de una redacción condicionada por los acontecimientos, la dimensión dramática de un éxodo que, a diferencia de otros sucesos similares -el extrañamiento de los judíos o el de la población morisca- cuenta con el testimonio directo de algunos de sus protagonistas.

Si bien la paternidad de la Instrucción y Fuero de Población contenida en la Real Cédula de 5 de julio de 1767 sigue siendo debatida, nadie pone en duda el carácter modélico que se quiso dar a su articulado, tenido como síntesis del poblacionismo agrarista y guía de muchas de las empresas colonizadoras impulsadas durante la segunda mitad del Setecientos. Su referencia habitual, como veremos, en los proyectos y realizaciones de empresas colonizadoras impulsadas en los territorios de la antigua Corona de Aragón en ese mismo período prueba el carácter paradigmático del Fuero de Población, si bien en Valencia, sur de Cataluña, algunos lugares de Aragón y Mallorca, su preeminencia hubo de compartirla con el denominado Fuero Alfonsino, un poderoso instrumento repoblador utilizado desde el siglo XIV, hibernado desde 1707, y recuperado en sus potencialidades en la década de 1770.

La situación del corregimiento de Borja en un antiguo territorio foral con fuerte implantación de la jurisdicción señorial, en la frontera con Castilla, y su condición de corregimiento de Letras, permite reunir los ingredientes suficientes para considerarlo como paradigmático de corregimiento al que llegan letrados poco fogueados en la carrera de varas, y que anhelan, todavía, llegar a ocupar corregimientos de pátina más lustrosa y mejor acomodo y sueldo. Borja era uno de los más modestos corregimientos aragoneses, creado como premio a su fidelidad borbónica durante la Guerra de Sucesión, y desde su origen fue corregimiento de Letras. De los 22 letrados que lo sirvieron entre 1708 y 1808, más de la mitad vivieron en Borja su primer contacto con tierras aragonesas.

Una administración territorial como la valenciana, concebida sobre bases de predominio militar, otorgaba a los civiles papeles de segundo rango y, por lo general, subordinados a la autoridad castrense. Las tesis de quienes desaconsejaban la militarización del cargo, señalando sus muchos inconvenientes, como la inadecuación del militar a las funciones corregimentales, o el carácter intemporal de la duración del cargo, y su inmunidad a los controles que otros funcionarios similares soportaban, se fueron abriendo paso dificultosa y lentamente en la segunda mitad de siglo, para retroceder nuevamente en los años noventa, cuando los temores que suscitaron los acontecimientos de Francia y la desaparición de toda una generación reformista, hicieron posible la regresión de las tesis civilistas y el avance de los criterios militaristas hasta posiciones similares a las existentes a fines del reinado de Felipe V.

Han sido escasos los trabajos destinados a valorar el volumen de las temporalidades de la Compañía de Jesús en el momento de su expulsión en 1767. Tan sólo se han acometido aproximaciones parciales al problema, en especial destinadas a documentar el destino de los Colegios y casas de residencia que, en buena parte, fueron convertidos en seminarios diocesanos o destinados a centros de educación seglar. Sin embargo, el conjunto del patrimonio de la Compañía resulta desconocido, y aún más el proceso de su formación y el volumen de propiedad rústica y urbana que fue sacado al mercado para su venta tras la expulsión. Nuestro propósito es, precisamente, ocuparnos de esta parcela descuidada e importantísima del extrañamiento de los jesuitas en el ámbito de la ciudad de Alicante, localidad que contaba con uno de los 142 colegios y casas de residencia que se repartían por toda España.

Los estudios sobre el comercio marítimo valenciano han conocido en las dos últimas décadas un considerable auge. El desarrollo de la historiografía valenciana, surgido del magisterio de los profesores Jover, Reglà y Giralt, la ha situado entre las más dinámicas del conjunto español, y ello ha beneficiado, indudablemente, los estudios sobre el tráfico mercantil en la Edad Moderna. Intentaré dar cuenta del camino recorrido y qué aspectos se mantienen todavía oscurecidos parcial o totalmente cuando estamos próximos a cumplir el vigésimo aniversario de la publicación del libro del, desgraciadamente desaparecido, profesor Álvaro Castillo «Tráfico marítimo y comercio de importación en Valencia».

Entre las tareas efectuadas para poner en marcha la reedificación del pantano de Tibi tras la rotura sufrida en 1697 destacan: la redacción de un memorial al rey sobre la urgencia de la obra; la ejecución de planos y presupuestos, y la recopilación de testimonios de personas destacadas en la vida ciudadana y de labradores huertanos sobre los graves perjuicios que la falta de riego ocasionaba en los cultivos. Los testimonios recopilados a lo largo de 1731 tienen un doble interés. En primer lugar, se enumeran detalladamente los perjuicios ocasionados en la Huerta desde la rotura, lo que equivale a situar el problema de la reconstrucción de la pared en el nivel de los intereses que la comunidad urbana tenía en las tierras susceptibles de riego con las aguas del embalse; en segundo lugar, la presencia entre los testimonios del de Manuel, Martí, deán de la Colegial de San Nicolás, y uno de los humanistas españoles con mayor crédito e influencia.

La concepción uniformista que impregnó el centralismo borbónico hizo del corregidor el instrumento idóneo para aplicar en los territorios de la antigua Corona aragonesa la legislación castellana y someter a los reinos declarados rebeldes al nuevo orden nacido de la victoria de 1714. La propia estructura corregimental demandaba el control autoritario de todos los aspectos de la vida local, pero también la utilización de una red de alianzas y contactos con las élites municipales que sólo se podían desarrollar mostrando una cierta sensibilidad respecto a los intereses locales. Sin embargo, a la vista de los datos que poseemos relativos al perfil profesional de quienes desempeñaron el cargo de corregidor de Alicante, podemos afirmar que la naturaleza intimidatoria del cargo primó sobre la colaboración con los agentes del poder local, a lo que contribuyó el carácter de una magistratura prácticamente vitalicia y no sometida a responsabilidad civil.