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From the beginning of humanity until now, ideology has made psible to hide the most infamous confrontations of hate and fear, all this in defense of the principles of freedom and equality. So, as long as Constitutional Law studious continue more worried about the theoretical perfection of their statements than about the sincere service vocation that imposses its social and human rules, the XXI century will not be enough to build a more faire and equitable society.The author finds here the great challenge of constitutional teaching pedagogy.

Con la Constituci6n de 1991 Colombia mantuvo un sistema de gobierno presidencial, caracterizado por un ejecutivo fuerte, no s610por su carácter monocrático, que radica en éste lasfunciones de jefe de Estado, jefe de gobierno, máxima autoridad administrativa y comandante en jefe de las Fuerzas Militares, sino además por su capacidad de orientar los destinos del país, elaborar y ejecutar los planes de desarrollo, al igual que el presupuesto público, manejar las relaciones internacionales, mantener el orden público, etc., lo que se afianza políticamente con su escogencia mediante el voto popular directo

Han sido reiterados los esfuerzos del Estado por establecer las causas y las soluciones al problema de la justicia en Colombia, acudiendo para ello a instrumentos de eficacia y protección procesal, sin tener en cuenta que el origen del problema se encuentra en el desequilibrio social y económico que deviene de un sistema político construido sobre relaciones de injusticia social.

El artículo 113de la Constitución Política estableció queel poder público estaría integrado por tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial y por los órganos autónomos e independientes, encargados de garantizar el cumplimiento de las demás funciones del Estado. A través de una explicación esquemática y orgánica, este artículo analiza el ejercicio de la función legislativa no sólo en relación con la organización y composición del Congreso de la República, sino también de la manera como se cumple el ejercicio de la tarea legislativa, la cual no sólo se limita a la expedición de leyes sino que incluye el desempeño defunciones constituyentes, de control político, judiciales, administrativas de control público y de protocolo

Aunque la Constitución de 1886 consagró el principio de la descentra-lización administrativa, en ella se restringió la autonomía municipal,por cuanto los alcaldes eran simples agentes políticos y administrativosdel gobernador; fue sólo hasta la reforma de 1986 que se le otorgóautonomía administrativa a estos entes territoriales en materia admi-nistrativa, política y fiscal, sin que en forma alguna se abandonara laestructura unitaria del Estado colombiano. La Constitución de 1991 yel proceso normativo posterior se encargaron de desarrollar todos losaspectos municipales, aunque no es clara su dirección hacia la garantíade la autonomía municipal. Este artículo recoge las normas vigentes enmateria de estructura y funcionamiento de estos entes locales

El propósito central del artículo es el de analizar qué tipo de sentimientos morales serían los que deberían despertar los testimonios de las víctimas en los miembros de una comunidad política que pretende ser democrática, incluyente y respetuosa de los derechos humanos. De la mano de Avishai Margalit, Tzvetan Todorov, Peter Strawson, Martha Nussbaum, Elizabeth Spelman y Manuel Reyes Mate, a lo largo del texto defenderemos la tesis de que las narraciones y representaciones del sufrimiento injusto padecido por las víctimas son aquellas que son capaces de despertar una indignación y compasión informada en los ciudadanos. Para mostrar el alcance y significado de esta tesis, nos centraremos en analizar dos de los problemas más serios a los que se enfrenta una política de la memoria que privilegia a las víctimas. El primero de ellos tiene que ver con los riesgos que se presentan por las distorsiones que son usuales en los relatos de las víctimas y que en buena parte están ligadas a una especie de sacralidad que se les atribuye a quienes atestiguan acerca de la violencia que han padecido. El segundo problema que analizaremos está relacionado con la recepción e interpretación que hacen los miembros de la comunidad política acerca de ese sufrimiento. En concreto, discutiremos los distintas formas de banalización que pueden darse entre los ciudadanos al momento de interpretar las narraciones que representan el daño. En la última parte del texto, analizaremos el testimonio ejemplar de Harriet Jacobs con el fin de mostrar de que manera un testimonio puede generar en su audiencia sentimientos de indignación y compasión informadas.

A pesar de las diferencias entre las concepciones judías y cristianas, ambas expresan un problema moral fundamental. Un crimen, un pecado, y, en general, un acto de maldad en el sentido moral, tienen como efecto el interrumpir una relación interpersonal entre las muchas personas que integran una comunidad. Tanto para el judaísmo como para el catolicismo, la cuestión del perdón no consiste en si es o no posible restablecer esa relación, sino en qué condiciones es posible el perdón. En este último caso, el problema radica en si existen condiciones universales para el perdón. Aunque Habermas afirma que su teoría no pretende resolver problemas morales concretos, es posible que su concepción universalista de la moralidad pueda ofrecer atisbos con respecto al problema del perdón. En lo que resta de este trabajo, examinaré la relación entre el perdón y las normas morales, en el contexto de la ética del discurso. Para este fin, analizaré, en primer lugar, la forma en que la idea de perdón se relaciona con las intuiciones básicas descritas por la ética del discurso. Luego, mostraré la relación existente entre perdón, sentimientos morales y normas morales. Finalmente, intentaré demostrar que el acto de perdonar puede verse como un deber de virtud hacia uno mismo y hacia los otros.