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Actualmente el Código Penal uruguayo no prevé un título específico sobre los delitos ambientales, donde se tipifiquen delitos cuyo bien jurídico protegido sea el ambiente. Sin embargo, esta realidad podría cambiar en unos meses de aprobarse el Proyecto de Ley sobre delitos ambientales, que cuenta con media sanción al haber sido aprobado por la Cámara de Senadores. Fuera del Código Penal existe un único delito ambiental, previsto en el artículo 9 de la Ley Nº 17.220, de 11 de noviembre de 1999, que prevé el delito de introducción de desechos peligrosos. En el presente artículo se analizará el concepto de delitos ambientales, sus características, y un análisis sobre el referido Proyecto de Ley, aportando las experiencias del autor como corredactor de la versión original del referido Proyecto de Ley remitida por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

Este artículo aborda un análisis de la nueva regulación jurídica operada tras la reforma del delito de maltrato y abandono animal que ha sufrido el Código Penal, con estudio comparativo de la regulación anterior, así como la adecuación y encaje tanto en vía penal como civil. Así mismo, se analizan las novedades, avances y deficiencias de la nueva regulación jurídica del código penal y el impacto jurídico que tiene sobre la protección del bien jurídico protegido.

Este breve trabajo intentará introducir una conversación esgrimida en torno al texto de Valeria Berros, titulado “Cuando lo obvio deja de serlo: nuevos sujetos y otros en el derecho contemporáneo”. Partiendo de esbozar los principales argumentos que propone la autora, pasaré inmediatamente a apuntar reflexiones suscitadas por la entidad creciente que cobran algunos de los debates que colisionan en la discusión y referiré a sus repercusiones que exceden, a todas luces, el campo del derecho. Intentaré también ofrecer una narrativa que funcione a modo de paraguas argumentativo con la finalidad de esbozar el mapa de relaciones entre los elementos aportados por los comentaristas a la discusión con el texto central y, sin saberlo, entre los mismos comentaristas, Lisbôa y Drivet.

En este texto diálogo con los comentarios recibidos de parte de dos colegas que aceptaron reflexionar a partir de mis planteos en torno a nuevos sujetos y nuevos otros en el derecho contemporáneo. Por un lado, Leandro Drivet que en su artículo titulado “Desmontar el abismo entre Sujeto y Naturaleza. Sobre el extravío desnaturalizante de la subjetividad” efectúa una revisión de los presupuestos subyacentes al concepto de sujeto que informa el derecho moderno. Por el otro lado, el trabajo de Natália de Souza Lisbôa denominado “Seguir soñando, sin dejar de ver lo obvio: otros y nuevos sujetos y personas desde la perspectiva latinoamericana” que se enfoca en la necesidad de crear y ampliar futuros posibles mediante el reconocimiento de nuevos y otros sujetos y personas desde el prisma del denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano.

En este trabajo reflexionamos sobre algunos presupuestos subyacentes al concepto de sujeto que informa el derecho moderno, categoría que, siguiendo a Valeria Berros, juzgamos en crisis. Una crítica a la interpretación que Philippe Descola hace del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y la noción freudiana de la herida biológica del narcisismo humano nos conducen a señalar los rasgos antimaterialistas de la metafísica de la subjetividad moderna, que se prolongan hasta nuestros días. Luego, concentrándonos en la noción de “dignidad humana”, analizamos la desmentida de la naturaleza que acarrea la concepción del sujeto en el idealismo alemán. Por último, proponemos pensar en modos de reconocimiento de los derechos de la naturaleza más allá de la categoría de sujeto, aunque sin abandonar su potencial actual ni renunciar al proyecto de su ampliación, a partir de la idea de respeto y de una ética comunicativa ampliada.

En este texto presentamos algunos procesos que interpelan el derecho contemporáneo. En particular, nos concentramos en los nuevos sujetos de derecho y en la elasticidad del concepto otro que integra el principio general de no dañar. En un primer apartado analizamos los argumentos en torno a las innovaciones sobre subjetividades jurídicas y otros. En la segunda parte señalamos algunos desafíos que se presentan en incipientes procesos de litigación climática en Argentina en los que aparecen este tipo de conceptos. Finalmente, ilustramos el tema a partir de dos procesos judiciales en curso ante diferentes tribunales argentinos, enfatizando en las principales líneas argumentales utilizadas para el planteo de los conflictos

En un context de crisi climàtica global, integrar els principis de la sostenibilitat en el desenvolupament urbà resulta imprescindible per impulsar la transició circular. La Unió Europea ha fet passos significatius en aquest sentit establint com a objectiu per al 2050 el consum zero de sòl i promovent la rehabilitació de l’entorn construït com una política prioritària en connexió amb l’eficiència energètica. Aquest article analitza les implicacions jurídiques d’un mandat general d’optimització del sòl urbà i la seva adequació al nostre ordenament jurídic. Es conclou que, malgrat els desenvolupaments recents en la matèria, hi ha encara marge en el nostre ordenament per a la delimitació de la propietat urbana i l’impuls del reciclatge del sòl mitjançant polítiques més ambicioses i d’abast estructural.

El Antropoceno abre el camino a un nuevo paradigma en la historia del planeta Tierra, poniendo de relieve la crisis ecológica global, resultado de acciones antrópicas. De hecho, hace falta buscar respuestas legales a los desafíos que surgen en esta coyuntura. De ahí que, este artículo hace un análisis, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, una propuesta basada en los principios para sostener el derecho ambiental en la nueva época geológica del Antropoceno. Para ello, en primer lugar, el trabajo aborda las implicaciones jurídicas derivadas del reconocimiento del Antropoceno, entendiéndolo como un concepto que va más allá de la geología y entra en el mundo jurídico como un paradigma inédito. Posteriormente, estudia los principios del derecho ambiental que se manifiestan como respuesta a las rupturas provocadas por el Antropoceno. Por lo tanto, se llevó a cabo una investigación exploratoria y descriptiva, bibliográfica y documental, con análisis de trabajos y artículos científicos mediante el método analítico-deductivo.

En Ecuador, los principios internacionales del Derecho Ambiental se enuncian en la Constitución y se desarrollan en el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento. Esta investigación realiza un análisis cualitativo del desarrollo normativo de cada principio y de los convenios internacionales que Ecuador ha suscrito en materia ambiental, a fin de plantear una propuesta de clasificación entre principios cabalmente desarrollados, principios con desarrollo normativo insuficiente y principios sin desarrollo normativo o con normativa local regresiva. En conclusión, se encontró que el principio de acceso a información, participación y justicia no tiene desarrollo normativo en Ecuador; que el principio precautorio tiene normas regresivas; que tres convenios sobre el principio de cooperación no tienen desarrollo normativo local y que los principios de desarrollo sostenible, in dubio pro natura, mejor tecnología, solidaridad, reparación integral, tutela efectiva e imprescriptibilidad de la responsabilidad ambiental tienen suficiente desarrollo normativo para ser aplicados en Ecuador.

Este trabajo investiga las interrelaciones entre la regulación y los as-pectos económicos y ambientales en una comunidad de agricultores familiares en la región conocida como Zona da Mata Mineira, en el estado brasileño de Minas Gerais. El estudio es producto de una acti-vidad de extensión realizada entre 2016 y 2018, y tuvo como objetivo asesorar a los pequeños productores en el proceso de adecuación legal de la producción. Durante este período se realizaron cerca de cinco reuniones entre investigadores y comuneros, en las que se analizaron las dificultades encontradas por los pequeños productores en relación con el referido proceso. Las experiencias reportadas fueron confron-tadas con el régimen legal regulatorio para la actividad acuícola en Brasil, tomando como categorías de análisis los atributos de norma-tividad y facticidad del sistema legal. Se concluyó que la regulación ambiental en el área de la acuicultura en Brasil, diseñada para grandes productores, carga de manera desproporcionada a los pequeños pro-ductores, generando un desequilibrio económico injustificado. Como aporte a la teoría, se propone, en definitiva, la formulación de un con-cepto de regulación jurídica inclusiva, cuyos rasgos distintivos inclu-yen la participación social y la promoción de la alfabetización jurídica como derecho fundamental.

En Uruguay la conservación del suelo y el subsuelo aparecen reguladas históricamente bajo una fuerte mirada productivista. Esto ha llevado a que diversos autores se inclinaran por considerar que las normas de protección del suelo, por ejemplo, no constituyen típicas normas ambientales. Sin perjuicio de ello, existe una tendencia a que cada vez aparezcan más normas de protección del ambiente asociadas a la conservación del suelo y el subsuelo. En el presente estudio se analizarán dichas normas, incluyendo temas asociados con la Evaluación de Impacto Ambiental, el ordenamiento territorial, y los residuos.

Este trabajo analiza de forma crítica la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) como instrumento para lograr una efectiva economía circular. Con este fin, se estudia su conceptualización, su regulación y su evolución. Este instrumento requiere de una revisión constante para lograr la efectiva minimización de los residuos, apostando por la prevención, especialmente por la durabilidad de los productos. En primer lugar, se estudia su configuración inicial en la Directiva (UE) 2008/98, Marco de Residuos (DMR), como instrumento novedoso, y en la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados (LRSC) que la transpuso al estado español, así como en los reales decretos que la desarrollan. En segundo lugar, se estudia su nueva configuración tras la modificación de la DMR por parte de la Directiva (UE) 2018/851, fruto del Plan de Acción sobre Economía Circular de 2015, así como en la Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. En tercer lugar, se exponen las propuestas más destacadas del anteproyecto de LRSC. Por último, se presentan unas reflexiones finales a modo de conclusión y unas recomendaciones.

En la presente investigación se estudian los principales caracteres del medio ambiente y del derecho ambiental; su conceptualización, principios, instrumentos e institucionalidad en el Uruguay. Asimismo, se busca determinar la relación existente entre el fenómeno del medio ambiente y el derecho ambiental con dos sectores del conocimiento jurídico: los derechos humanos y el derecho procesal. En cuanto a los derechos humanos, se concluye en la existencia de un derecho humano a un medio ambiente saludable, consagrado legal y constitucionalmente, así como en distintos instrumentos internacionales de los que el Uruguay es parte. La vinculación con el derecho procesal, se hace presente cuando se torna necesaria la defensa de este derecho humano a un medio ambiente saludable, ante los estrados judiciales, desde la perspectiva de los intereses difusos o colectivos; y aún individuales. Resulta entonces útil un perfil adecuado del juez llamado a fallar en este tipo de asuntos, capacitado para adoptar, con conocimiento del tema, las medidas de tutela preventiva necesarias y fallar en consecuencia. Incluye el estudio de la jurisprudencia nacional más relevante sobre esta temática y de algunos casos importantes del derecho comparado.

Los Principios del Derecho Ambiental son la columna vertebral del Sistema Legal Ambiental en el Perú por esta razón constituyen un fundamento esencial para elaborar Políticas Públicas a nivel del gobierno local Municipal por tal motivo es de vital importancia tener esta base legal sólida, de esta forma, para toda política pública es necesario que explícitamente en su elaboración se tenga siempre presente dichos principios ya que su importancia es fomentar el Desarrollo sostenible de la sociedad.

El Antropoceno abre el camino a un nuevo paradigma en la historia del planeta Tierra, poniendo de relieve la crisis ecológica global, resultado de acciones antrópicas. De hecho, hace falta buscar respuestas legales a los desafíos que surgen en esta coyuntura. De ahí que, este artículo hace un análisis, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, una propuesta basada en los principios para sostener el derecho ambiental en la nueva época geológica del Antropoceno. Para ello, en primer lugar, el trabajo aborda las implicaciones jurídicas derivadas del reconocimiento del Antropoceno, entendiéndolo como un concepto que va más allá de la geología y entra en el mundo jurídico como un paradigma inédito. Posteriormente, estudia los principios del derecho ambiental que se manifiestan como respuesta a las rupturas provocadas por el Antropoceno. Por lo tanto, se llevó a cabo una investigación exploratoria y descriptiva, bibliográfica y documental, con análisis de trabajos y artículos científicos mediante el método analítico-deductivo.

El presente artículo refiere a la protección de la fauna y el régimen de la caza en Uruguay. En Uruguay la protección de la fauna y la regulación de la caza aparecen reguladas desde hace muchos años. La Ley N° 9481, de 4 de julio de 1935, sigue siendo el marco jurídico principal sobre el tema, reglamentada por sucesivos decretos. Si bien estas normas fueron aprobadas antes de la aparición del propio Derecho Ambiental, claramente hoy las podríamos considerar como normas de conservación de la biodiversidad. Más recientemente, la protección de la fauna aparece recogida por varios instrumentos de gestión ambiental, reconocidos por el artículo 7 de la Ley N° 17.283 de 28 de noviembre de 2000 (Ley General del Ambiente), tales como la Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 16.466, de 19 de enero de 1994), el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 17.234, de 22 de febrero de 2000), y el ordenamiento territorial (Ley N° 18.308, de 18 de junio de 2008).

Los efectos irreversibles producidos por el cambio climático y por el nivel sin precedentes de degradación ambiental no es natural es debido a la crisis del sistema de producción y consumo imperante, y del fracaso del derecho Estatal ambiental tradicional. La Naturaleza como sujeto de derechos ha comenzado a recibir atención en los últimos años, en algunas normas constitucionales, leyes ordinarias, y en sentencias judiciales. La riqueza de muchos de estos cambios legales está basada en la perspectiva integral del entendimiento de que, no es la Tierra la que pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a esta. Queda mucho por avanzar, como las reflexiones de los derechos de la naturaleza desde una relectura de la categoría ancestral de la Pachamama sujeto de derechos, propuesta que ha nacido desde las poblaciones originarias de América Latina, quienes participan poco en el nuevo diálogo del constitucionalismo andino. Este nuevo proceso requiere la inclusión de las diferentes formas de pensar, de sentir, de actuar, desde un enfoque de la ecología de saberes y la interculturalidad para mejorar la situación presente y crear colectivamente el futuro.

El presente artículo tiene como objetivo abordar las principales normas y jurisprudencia contenciosa y consultiva del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, relativas a la protección al derecho de un medioambiente sano, a la luz de la novedad que supone la Opinión Consultiva (OC-23/17), primera opinión emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medioambiente, con el fin de identificar las obligaciones estatales que la legislación internacional le ha impuesto a los Estados americanos en la materia. Recibido: 25.03.2021 Aceptado: 18.06.2021

El Código Orgánico Ambiental fue promulgado en 2017 y debía entrar en vigencia un año después. Este artículo reseña las principales deficiencias técnicas del cuerpo legal en las materias de conservación de la biodiversidad, temas forestales, manglares, cuencas hidrográficas, y la reparación de daños ambientales. La investigadora explica como estas deficiencias lejos de colaborar con la conservación de la biodiversidad nacional, debilitan la estructura institucional, complejizan el manejo de los recursos de la diversidad biológica y constituyen al instrumento legal en un driver contra la conservación de la biodiversidad nacional.

Para entender el presente y el futuro del derecho ambiental, no puede prescindirse de la consideración de la crisis de la teoría filosófica cartesiana donde se modeló y se sustentó el derecho positivo moderno, caracterizada por un marcado acento antropocéntrico, y del avance actual hacia una visión cada día más ecocéntrica, que plantea una nueva interpretación de la relación del Hombre con la Naturaleza, rompiendo la hegemonía de la idea del dualismo ontológico, para comprender al ser humano como parte de la naturaleza que interactúa en un modo sistémico de interrelación permanente y dinámico con los demás seres vivos, conformando una cosmogénesis que comparte no solo su origen sino también su destino.

Uruguay cuenta desde el año 2004 con una ley que tiene como objetivo la prevención, vigilancia y corrección de las situaciones de contaminación acústica. Sin embargo, pese a contar con casi dos décadas, dicha ley aún no ha sido reglamentada, por lo que existen diversos vacíos que deberían ser colmados para atender esta problemática, que afecta no sólo la salud de las personas, sino también la de otros seres vivos, y el ambiente. Pero además, si bien la contaminación acústica es uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra sociedad, existe poco desarrollo doctrinario y jurisprudencial sobre la misma. El presente estudio intenta abordar la normativa existente sobre la contaminación acústica, así como los desafíos que enfrenta dicha problemática.

El presente artículo desarrolla algunos elementos de la historiografía del derecho ambiental en Colombia, evidenciando algunas transformaciones en la conceptualización y fundamentación de la relación del ser humano con el ambiente que han sido plasmadas en la normatividad. El documento realiza una revisión a partir de cuatro grandes periodicidades, desde la época del control español en el territorio americano hasta los giros normativos ocurridos en la década de los setenta y consolidados en la década de los noventa del siglo XX, resaltando el rol que han asumido los tribunales en la juridificación de los conflictos ambientales. De esta forma, el texto evidencia cómo el reconocimiento de derechos ambientales ha servido de contrapeso a la ineficiencia estatal en la protección del ambiente, aunque con algunas limitaciones.

El presente artículo analizará el desarrollo histórico del derecho de la protección ambiental en América Latina con un enfoque particular en Colombia. Según la escuela sociocultural y transnacional de la historia del derecho, se dedica al texto y contexto, teniendo en cuenta las precondiciones y consecuencias con una fundamentación en las teorizaciones de la ciencia ambiental. El lector pasará tanto por el protoambientalismo anterior a la época ecológica como por la aceleración a partir de la revolución ecológica de los años setenta del siglo XX, para terminar con un análisis de los problemas irresueltos y recomendaciones hacia el futuro.

La transversalidad del derecho ambiental como fundamento en contra de la criminalización de las protestas sociales, significa que el derecho ambiental como derecho humano se caracteriza por su transversalidad, esto es, que sus valores y principios irradian en todo nuestro ordenamiento jurídico nacional con la finalidad de que el hombre como fin supremo de la sociedad y del Estado, logre y disfrute su derecho fundamental al desarrollo sostenible para satisfacer sus necesidades básicas, por tanto, es un derecho que le corresponde proteger a todo ciudadano -cuando se encuentra en riesgo o fue vulnerado-, a través de la protesta social, comprendida como derecho constitucional, cuando el gobierno no atiende sus reclamos. La intersección entre la transversalidad del derecho ambiental y la criminalización de las protestas sociales es un contexto complejo de abordarlo porque reposan sus orígenes no sólo en el neoliberalismo y la imposición de proyectos económicos sino también en las formas que adopta el gobierno para solucionar las protestas sociales. La protesta social no debe ser criminalizada, por cuanto, es legítima y se constituye en un mecanismo para proteger diversos derechos constitucionales, como el derecho ambiental.

Se construyó el estado del arte del marco jurídico de protección de los humedales frente al cambio climático, con base en un análisis bibliométrico y de redes, utilizando como instrumento la búsqueda de documentos científicos en la base de datos Scopus®. Las áreas temáticas más importantes proceden de las ciencias ambientales. Las tendencias investigativas más relevantes de esta revisión frente al cambio climático fueron: a) la importancia de los humedales y sus impactos; b) la protección y conservación ambiental de los humedales, y sus efectos en la biodiversidad; c) las políticas ambientales de gestión (restauración, conservación, protección de humedales) y el desarrollo sostenible. Se identificaron otros aspectos de importancia como son las tendencias regionales y planificación territorial, la gestión del carbono, la producción de metano, indicadores paisajísticos y participación efectiva como elementos para las políticas ambientales de manejo, restauración, protección y conservación de estos ecosistemas.

El autor se plantea la hipótesis de si las normas de protección del medio ambiente configuran a la fecha una norma imperativa de derecho internacional (Ius Cogens). Para comprobar su hipótesis, contrarresta el estado actual del Derecho, con los últimos avances en los estudios sobre Ius Cogens de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de las Naciones Unidas. El objetivo primario del trabajo es contribuir desde la academia a los esfuerzos que está realizando la CDI en el estudio de Ius Cogens. El autor entiende necesario que la República Oriental del Uruguay esté formalmente presente en la discusión sobre la temática de Ius Cogens en general y particularmente en el aporte al estado actual de Derecho Internacional del Medio Ambiente. El presente trabajo es la culminación de la investigación realizada para la aprobación del XLVI Curso de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos, dictado en Rio de Janeiro, Brasil en julio – agosto 2019.

La presente investigación tuvo como objetivo, determinar la normatividad existente para evitar la contaminación sonora producida por los medios de transporte público y privado en la ciudad de Juliaca, esto a través de un análisis minucioso para determinar la norma específica y adecuada a tal situación; y conforme a ello, proponer alternativas de solución que eviten la contaminación sonora y por ende sus efectos en la sociedad en conjunto. El método a utilizar en la presente investigación será la Observación.

El derecho ambiental ha adquirido una importancia cada vez mayor desde las últimas décadas del siglo XX. El concepto de desarrollo sostenible es fundamental para el derecho ambiental. La evolución de este concepto ha madurado a través de la legislación de la Unión Europea y los pronunciamientos de la ONU. La conciencia sociocultural de la emergencia ambiental ha impuesto al derecho de desarrollar instrumentos adecuados para limitar los daños. La noción de desarrollo sostenible es un requisito previo para las políticas ambientales y las acciones reguladoras. Esta noción coloca en el centro los derechos fundamentales de la persona: la vida, la salud y el bienestar. Las estrategias derivadas del concepto de desarrollo sostenible han favorecido el surgimiento de nuevos principios en el derecho ambiental, como el principio de integración y el principio de «quien contamina paga»; otros están surgiendo: por ejemplo, el principio «quien se beneficia paga».

El presente artículo analiza la evolución experimentada por el Derecho ambiental en los últimos diez años en España. En particular, analiza la incidencia de la crisis económica en este ámbito. La fuerte crisis del Estado producida estos últimos años ha actuado como motor para la transformación del derecho público y, en el derecho ambiental, ha inspirado numerosos cambios normativos y ha servido para justificar la apertura de nuevas líneas evolutivas que son objeto de análisis en este trabajo. En primer lugar, se analizan los cambios profundos en las políticas ambientales que ha provocado la crisis: ralentización y prioridad de los objetivos de reactivación de la economía sobre los ambientales. En segundo lugar, se examina el impacto de la crisis sobre el ejercicio de las competencias en materia de protección del medio ambiente y se destaca la recentralización de competencias producida al servicio del mercado y en detrimento de la protección ambiental. En tercer lugar, se estudia la incidencia de los procesos de liberalización, desregulación y simplificación administrativa sobre el el derecho ambiental y se analizan los principales cambios producidos en la legislación ambiental. Por último, también se realizan algunas reflexiones sobre las oportunidades que la crisis ha supuesto para el derecho ambiental.

Resumen Este texto desarrolla una crítica a la inevitabilidad de la captura del Estado, según lo proponen la teoría de la elección pública, en general, y la lógica de la acción colectiva de Mancur Olson, en particular. Para eso, se explican sus deficiencias metodológicas sobre sus predicciones, la evidencia que utiliza y su explicación insatisfactoria del comportamiento estratégico de los grupos. Luego, desde la teoría procesal administrativa de S. P. Croley, se realiza una crítica jurídica a la teoría de la elección pública, para demostrar que esta trata negligentemente los procedimientos administrativos. Después se prueba la falibilidad de la lógica de la acción colectiva usando dos casos de evaluación ambiental ocurridos en Chile; a saber: “El Morro” e “HidroAysén”. Se concluye que la captura en la evaluación de impacto ambiental, en los términos expuestos por la lógica de la acción colectiva, es susceptible de fallar en sus predicciones, por no considerar evidencia suficiente sobre los procedimientos administrativos.

El presente artículo tiene como objetivo principal sentar en nuestro medio las bases iniciáticas o preliminares para el estudio interdisciplinario del Sistema Jurídico en relación con las futuras generaciones, aplicando conceptual y empíricamente al Derecho ambiental con una perspectiva intergeneracional. El autor se adentra en la doctrina actual relevante y esboza las principales líneas de investigación del tópico, proponiendo al estudioso las diversas áreas que integran el actual debate respecto a las herramientas jurídicas que coadyuvarían a la conservación de la Tierra.

El artículo introduce al lector en una reflexión sobre la interdisciplinariedad del derecho ambiental a partir de un caso específico de deterioro de servicios ambientales de las áreas verdes por el crecimiento de la ciudad de Lima. Los autores muestran la utilidad de apelar a la historia, el ordenamiento urbano, la política ambiental, los instrumentos de la gestión ambiental, la investigación criminal, entre otras disciplinas, para poder aplicar la legislación de manera coherente y orientada a contribuir al bienestar común. La integración de estos múltiples enfoques en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030, permite financiar proyectos que ayuden a superar los desafíos de conciliar el crecimiento urbano con la conservación de las áreas verdes de las ciudades.

Este trabajo aborda los problemas relacionados con el derecho ambiental, los derechos humanos, el impacto de ambos en los procesos de las Compañías Multinacionales y el derecho a la Salud desde el punto de vista del derecho comparado. Al mismo tiempo, se trata esta cuestión desde una perspectiva acorde al derecho de casos. Se parte de la idea de que uno de los sectores financieros de mayor actualidad en el momento presente a nivel mundial es el relativo a los alimentos transgénicos.

La presente obra aborda la protección del jaguar (Panthera onca) en el contexto normativo mexicano y se presentan dos estudios de caso sobre la defensa jurídica de esta especie afectada por la cacería antropogénica, en ambos casos se obtuvo una resolución sancionadora de la autoridad gubernamental ambiental. Concluimos que estas acciones sientan un precedente en la conservación del jaguar a través del derecho.

El autor, utilizado ciertas premisas básicas relacionales (como las que existen entre el tiempo, la Naturaleza, la Humanidad, y el Derecho), explora el desarrollo del Derecho ambiental como una disciplina autónoma, bajo una perspectiva histórica. Este artículo, de igual manera, considera las diferentes teorías y aproximaciones que se han tejido, ofreciendo un panorámica fundamental para el que desea emprender investigaciones en el campo.

El objetivo general del presente trabajo es indagar sobre el nivel de desarrollo de la normativa sobre la protección de los bosques nativos, en una selección de provincias argentinas cuyos recursos forestales poseen un alto valor ecosistémico, como es el caso de los andino - patagónicos. Los objetivos específicos son: Determinar si la normativa provincial ha cumplido con los objetivos establecidos por la ley nacional de presupuestos mínimos ambientales para la protección de los bosques nativos 26.331 (y si contemplan al agua), y realizar un análisis comparativo con el caso de Uruguay. Se trata de una investigación de carácter exploratorio, donde se aplicó el método analítico comparativo y el de la hermenéutica jurídica. Se ha podido concluir que la ley 26.331 supera en ciertos lineamientos a las normas provinciales argentinas seleccionadas, y que el caso de Uruguay no posee suficiente desarrollo normativo como para poder realizar un análisis comparativo integral.

El derecho ambiental ha cimentado sus bases epistémicas, a partir de la lucha por el establecimiento de las ciencias ambientales en Latinoamérica, por lo que ha debido sortear obstáculos epistemológicos y disciplinares que han permitido precisar su objeto de estudio en las universidades. En el transcurso de la formalización de las ciencias ambientales, estas han definido su quehacer disciplinario hacia la solución de las problemáticas ambientales; mientras que el paradigma de la sustentabilidad, a través de la axiología jurídica, ha revisado su carácter de sujeto autónomo frente a lo regulado: el ambiente. Sin embargo, en la organización universitaria chilena y colombiana, no se observa una unidad conceptual del campo de especialidad del derecho ambiental. Las fronteras cognitivas entre lo disciplinar e interdisciplinar, y la organización desde y para el campo de lo ambiental, parecen no estar zanjadas en la región. A pesar de las luchas por obtener su carácter de cientificidad y de tener un reconocimiento constitucional, donde los derechos ambientales son concebidos como derechos humanos, en las universidades no se prepara para desarrollarla; por tanto, existe una baja incorporación del derecho ambiental en las mallas curriculares de pregrado en las escuelas de derecho.

Principios, elementos salientes, caracteres, proyección en el Derecho Contemporáneo.Cuando abordamos la elaboración del presente:trabajo científico, nos pareció oportuno considerar cuáles habían sido los pormenores, las etapas previas, los nexos y los desencuentros que previamente se dieron en el tiempo. Es indiscutible que en el Derecho en general y en el Derecho Ambiental en particular, los antecedentes pesan y hasta justifican o confirman lo que la lógica, el olfato o el sentido común anticipan: De lo contrario nunca arribaríamos a lacentralidad del objeto.Contenido: Antecedentes. Fundamento. La declaración de Johannesburgo. El plan de implementación. Evaluación institucional nacional del evento

Actualmente nuestro país ha seguido una clara tendencia hacia la consagración de diversos mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información pública en lo que concierne a las cuestiones ambientales.Hace algunos años, si una persona o grupo de personas preocupadas por los posibles im- pactos ambientales derivados de la instalación de una industria en su vecindario, por ejemplo, hubieran solicitado información a la Administración, probablemente hubiera obtenido un rechazo por parte de la misma (...)Ambos conceptos, información y participación, deben ir de la mano, ya que la primera opera como condición para ejercer la segunda. De ningún modo sería posible la participación de la so- ciedad en una cuestión ambiental por ejemplo, si el Estado oculta información que tenga en su poder.Todas estas instituciones además de tutelar derechos humanos fundamentales, consagran una democracia participativa. Por otro lado, son una forma de involucrar a la sociedad en cuestio- nes de contaminación ambiental.En el presente estudio se pretende se busca lograr un estudio detallado de los diversos me- dios que consagran tanto la participación ciudadana y el acceso a la información pública en cuestiones ambientales.

Los delitos ambientales propiamente dichos, son ante todo, una novedad del Derecho Ambiental contemporáneo. Quizás sea un tema ancestral, pero lo que sí constituye un sabor diferente es, indudablemente, su análisis, su disección, su entender y su regulación. En el derecho comparado existe una prolija y desusada bibliografía sobre dicha temática vinculada al Riesgo, pero a nivel nacional, es harto diferente. No tenemos aún la conciencia de su trascendencia. Es por ello que el legislador se ha preocupado en el último lustro de acentuar el perfil de dichos delitos, incluyéndolos por ende en el marco regulatorio oficial. Cada vez que surge una figura delictiva, o toda vez que se dibuja un anticipo de la misma, el investigador debe resolver prima facie qué hacer, en suma dónde ubicar a estos elementos de una alquimia propia. La legislación incurre siempre en el mismo error: insertar al delito ambiental en el capítulo de Delitos contra la Salud Pública previstos en el Código Penal, en lugar de crear un capítulo autónomo, propio, independiente, tal como lo ha recomendado la moderna doctrina española.

De nada servirá analizar la Biodiversidad como un todo si desconocemos la preponderancia,la proyección y la preocupación que impone el régimen de suelos en el Uruguay.Es responsabilidad del colectivo aplicar técnicas reconocidas a uno de los recursos naturales más viejo, más afectado y a la vez decisivo para la producción.Las recientes herramientas promovidas en el último bienio (Ley de Ordenamiento Territorial, Política de Aguas, Descentralización Municipal y Local, adecuaciones a la Leyes Madres de Suelos y Colonización, normas forestales, reasignación de competencias, entre otras) apuntan al desarrollo sostenible en todas sus facetas, a la dimensión ambiental y al intento formal del Estado de alcanzar la recuperación de nuestro castigado suelo.

Las medidas preventivas previstas en el régimen sancionatorio ambiental sonuna especie de las medidas cautelares consagradas en el ordenamiento jurídicocolombiano, aunque con algunas particularidades propias de su ámbito deaplicación, que es el derecho ambiental. El artículo realiza una aproximaciónrespecto al contenido, alcance, antecedentes y justificación de las medidaspreventivas ambientales desde la óptica del derecho administrativo y comomanifestación de una de las funciones del ejecutivo, cual es el mantenimientodel orden público.

La acción popular ha sido establecida como la herramienta procesal idónea para la salvaguarda del derecho al medio ambiente, y dentro de su estructura, las medidas cautelares juegan un papel fundamental para garantizar la efectividad de este derecho colectivo toda vez que el legislador las ha dotada de características especiales que se encuentran en armonía con la finalidad preventiva de la acción popular y con el principio de precaución.

El Derecho Penal ambiental, es una rama del derecho relativamente nueva que, en su generalidad, presenta constantes avances, además de poseer características particulares teniendo en cuenta la especialidad de la materia.Entre las características de las normas penales ambientales, podemos destacar, que son normas penales de peligro, de intervención mínima, entre otras. En el presente trabajo se abordará solo una de las características de las normas penales ambientales, que si bien no es exclusiva del derecho penal ambiental, constituye una de las notas más resaltantes de este. Esto es, que en su construcción, las normas ambientales se presentan, en su mayoría, como LEYES PENALES EN BLANCO

El presente trabajo aborda el tema del derecho a la salud, así como el derecho a vivir en un ambiente sano. En dicho sentido, se exponen las principales normas nacionales e internacionales que recogen los mismos, así como el vínculo que los une. Sobre este último punto, se intentará explicar cómo la calidad de vida aparece como común denominador entre ambos derechos.

El artículo recupera reflexiones de dos investigaciones que siguieron una metodología cualitativa. Contribuye al conocimiento sobre los instrumentos de gestión ambiental en una jurisdicción particular de Argentina: la provincia de Buenos Aires (PBA). Tiene como punto de partida el reconocimiento de la importancia del trabajo interdisciplinar en la reflexión sobre la problemática ambiental y centra la atención por un lado, en las herramientas de gestión ambiental propuestas en dos campos de las Ciencias Sociales: la Economía Ambiental y el Derecho Ambiental y, por otro, presenta una caracterización y un análisis de los principales instrumentos de gestión ambiental en la jurisdicción señalada. El análisis permite señalar que los instrumentos tienen escasa implementación, porque las agencias que desarrollan las funciones ambientales no tienen capacidad técnica y son poco conocidas por la sociedad civil.

Este artículo presenta un breve estudio sobre la recepción del concepto de Gobernanza en Colombia, su uso en la política ambiental y la investigación interna que existe en esta materia. En especial, el artículo llama la atención sobre la necesidad de estudiar la influencia del término en el ámbito del derecho administrativo ambiental, a partir de la importancia que otros ordenamientos jurídicos le han otorgado. En el caso europeo, la gobernanza se entiende como el modelo ideal de gobernación para gestionar los asuntos ambientales

Las normas sobre protección de ecosistemas estratégicos que fueron identificadas y analizadas en el proyecto de investigación se encuentran en diversas reglamentaciones en materia ambiental. En el análisis de esta legislación se encuentra que los ecosistemas estratégicos en Colombia, no son per se bienes de uso público, ni constituyen una categoría de área protegida, y a pesar de que pueden ser protegidos por medio de la declaración de una de ellas, su protección se concibió por medio de otros instrumentos de ordenamiento ambiental del territorio. El marco jurídico sobre protección de páramos y humedales, evidencia que el derecho ambiental colombiano tiene un enfoque tradicional que debe complementarse por normas que tengan el enfoque de instrumentos económicos. Es un reto para el derecho que implica tener en cuenta consideraciones sobre derechos adquiridos, limitaciones del derecho a la propiedad, áreas protegidas, tradiciones de comunidades indígenas y campesinas y mecanismos de desarrollo con el fin de que se logre el desarrollo sostenible.

Si bien es cierto que la incidencia de la ciudad sobre su entorno y las condiciones de vida de sus habitantes ha sido fenómeno consustancial al surgimiento de la ciudad misma, los actuales problemas de bienestar y calidad de vida que se cuentan en su interior no tienen precedente. Los problemas ambientales de nuestra sociedad predominantemente urbana parecen llamar la atención sobre la necesidad de discriminar lo relacionado con el tratamiento que desde la política y el derecho debe darse a la protección del medio ambiente. En algunas zonas del planeta se ha entendido esta situación, y en consecuencia han elaborado y accionado diferentes instrumentos con la intención de encauzar las relaciones humanas que se generan al interior de estos complejos sistemas; en particular, el esfuerzo desarrollado desde el espacio Comunitario Europeo es importante, y por tanto merecedor de estudio.

El presente artículo corresponde al Informe Final del Proyecto FONDECYT 1010206­2001, sobre tratamiento penal de los delitos contra el medio ambiente en Chile. Sus conclusiones se exponen en siete partes: la primera aborda la cuestión de la necesidad de un derecho penal protector del medio ambiente, ante los riesgos a que se encuentra sometido en las sociedades contemporáneas; la segunda, la necesidad de su regulación desde el punto de vista del Derecho Internacional y las obligaciones contraídas en la materia; la tercera, una descripción sucinta de los modelos de regulación de la protección penal del medio ambiente en el derecho comparado; la cuarta, una explicación acerca de las normas de derecho penal ambiental vigentes en Chile; la quinta, el por qué de la insuficiencia legislativa penal para la protección del medio ambiente, a la luz de las obligaciones internacionales contraídas en la materia, el estado del derecho comparado y la necesidad de evitar la burla del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; la sexta, una reseña y crítica científica de los proyectos de ley en materia penal ambiental presentados al Congreso Nacional; y la séptima, las ideas matrices de las soluciones de lege ferenda que se ofrecen a los problemas de las insuficiencias del Derecho nacional en la materia y el texto de la propuesta de Proyecto de Ley elaborado, producto final de nuestras investigaciones.This article argues in favor of an environmental criminal law to respond both to the risks pervasive in contemporary societies and to the requirements of international law and Chile's international obligations in this area. A succint description of environmental crime in comparative law is provided, together with an elaboration of the sparse environmental crimes currently in the books in Chile. Reasons for this legislative deficit are explored in light of international obligations, comparative law, and the need to close loopholes in the Environmental Impact Assessment System. The article closes with an overview and critique of bills on environmental crime currently in Congress, ideas for lege ferenda solutions to problems associated with outstanding gaps in national laws on the subject, and a proposal for a specific environmental crime bill. (The present article corresponds to the Final Report of FONDECYT Project 1010206-2001, on environmental crime in Chile.)