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La Política Criminal se posiciona como uno de los desafíos más severos para nuestro Estado de derecho. La intensificación y expansión de la norma penal a ámbitos que no le competen suponen una utilización del Derecho penal con fines preventivos que restringe, vulnera y limita derechos y garantías básicas y fundamentales de la persona. Las últimas reformas legislativas en materia penal son justificadas por percepciones populares de riesgo distorsionadas y ponen de manifiesto un Derecho penal simbólico que sólo transmite una mera sensación de seguridad. Universidad de Sevilla. Grado en Derecho

La reforma penal de 2015 ha supuesto un endurecimiento de las penas previstas para los delitos relativos a la propiedad intelectual. Ante la falta de un necesario bagaje empírico que guíe la toma de decisiones por parte del legislativo, se hace necesario un análisis de la eficacia empírica de la disuasión a través del aumento de la severidad de las sanciones y a través de la certeza de las sanciones en el ámbito específico de los derechos de autor. El presente trabajo procede a una revisión narrativa del conocimiento empírico sobre la disuasión aplicada a la propiedad intelectual para, seguidamente, incorporar este bagaje empírico al debate político-criminal. Las conclusiones de la presente revisión apuntan a una eficacia baja de la disuasión en materia de propiedad intelectual y sugieren una alta ineficiencia de la puesta en práctica de esta política-criminal. Por tanto, se desaconseja incidir en este paradigma de prevención en favor de otras estrategias más prometedoras para lograr el respeto de los derechos de autor. The 2015’s amendment of the Spanish Penal Code has implied an increasing in punishment regarding some copyright crimes. Since the legislative branch disregards an empirical approach in the decision-making process about this matter, is needed an empirical analysis about the effectiveness of general deterrence through both an increasing in severity and an increasing in certainty of punishment, in the specific field of Intellectual Property. This narrative revision of studies aims to discuss the empirical knowledge about deterrence as applied to copyright offences and, subsequently, to bring this empirical background to the criminal justice policy debate. The conclusions of the present revision of studies show a modest effectiveness of deterrence in this area at the most, and suggest that implementing deterrence-based strategies might be highly inefficient. It is concluded that another set of more promising prevention strategies should be preferred to the classic deterrence approach.

Se propone una reflexión acerca de la necesidad de la nueva reforma del Código Penal en materia de consecuencias jurídicas del delito desarrollada por el Gobierno en el Anteproyecto de Ley Orgánica de 11 de octubre de 2012. A tal fin partiremos de un breve análisis de la profunda revisión que se hace en el sistema de penas y medidas de seguridad, para, a continuación, reflexionar sobre su necesidad. En primer lugar, examinando los posibles factores que, en abstracto, podrían justificar una modificación de dicho calado, y su viabilidad en el presente caso; y, en segundo lugar, analizando el acierto de la justificación de la reforma dada por el propio gobierno en la Exposición de Motivos del Anteproyecto. Con ello pretendemos llegar a una conclusión final que dé respuesta a las siguientes cuestiones: ¿era necesario una reforma del sistema de consecuencias jurídicas del delito? Y en caso negativo, ¿por qué se ha llevado a cabo? We propose a reflection about the need of the new Penal Code reform on the subject of legal crime consequences, recently developed by the Government in the Draft bill of Organic Law of October 11th 2012. To this end we will make a brief analysis of the deep review done in the system of penalties and security measures, to then reflect on their need. First, examining the possible factors that may justify such an important modification, and its viability in the present case, and, secondly, analyzing the justification given by the government in the Explanatory Memorandum of the draft bill. Our aim is to reach a final conclusion that answers the following questions: was it necessary to reform the system of legal consequences of crime? And if not, why was it carried out?

El trabajo se ocupa de la debatida cuestión en torno a la admisibilidad teórica de la tentativa con dolo eventual así como de la procedencia de su castigo. La postura que se sostiene ofrece una respuesta afirmativa a ambas cuestiones, si bien condicionada por la introducción de una serie de límites motivados tanto por argumentos de orden dogmático como político criminal. Con base en ellos, la principal restricción se traduce en la exigencia de la producción de un resultado típico intermedio de menor gravedad respecto al que podría evolucionar la conducta intentada.