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Este artículo analiza el rol del Estado en relación con el Programa Hogar y el sentido que las beneficiarias le otorgan. En un inicio concebido como un esquema de asistencia para suplir los problemas de acceso a gas de consumo doméstico mediante la entrega de bombonas en los hogares, el programa devino en una transferencia monetaria directa. Este mecanismo es insuficiente, dado que, en un contexto de escasez y ausencia de empleo formal, las jefas de hogar emplean el dinero para sufragar gastos de la canasta básica. La ineficiencia del Estado, junto con capacidades comunitarias-barriales menoscabadas para visibilizar problemas y hacer demandas, hace que el programa, en realidad, no produzca beneficiarias. En conclusión, el Estado argentino lleva a cabo prestaciones parciales que no cubren las necesidades de los hogares vulnerables; asimismo, la dinámica del Programa Hogar podría cumplir objetivos relevantes si examinase y ajustase su enfoque de derechos.

Hasta 2017, solo uno de dieciocho ministerios en Perú publicó información completa en el Portal de Transparencia Estándar, conforme a lo estipulado por la Ley de Transparencia. Este artículo ofrece un diagnóstico de la evolución de ese resultado para el período 2018-2020 y registra un ligero incremento. Dos herramientas proveyeron datos: la aplicación de una tabla de indicadores de forma y contenido a la información publicada por los ministerios en sus portales y la cuantificación de esos resultados con un programa estadístico. Tres ministerios publican información completa y alcanzaron el puntaje máximo, mientras que quince de ellos no logran implementar lo estipulado en la normativa. No obstante y en conclusión, existen avances respecto al cumplimiento de la ley debido al volumen y características de datos publicados.

Recensión del libro de Luis Medina Alcoz: Historia del derecho administrativo español, con prólogo de Manuel Rebollo Puig, Marcial Pons, 2022, 535 pp.

Recensión del libro de Álvaro Soriano Hinojosa, Las Administraciones públicas ante el arbitraje, Atelier, 2023, 592 pp.

Las diversas formas de abuso del cargo por parte de servidores públicos constituyen una grave falta a los principios del Estado Social de Derecho y la función pública. La línea jurisprudencial acerca de delito de concusión permite interpretar que se trata de una conducta que se diferencia de otros tipos penales como el cohecho, pero puede concurrir con otras figuras como el lavado de activos. Precisamente, debido a su complexión jurídica, es fundamental un análisis de los presupuestos de este delito.

Para quienes son estudiosos de los asuntos públicos en México, la historia política o la administración pública, entre otras muchas materias, el libro de Rogelio Hernández es, hoy por hoy, una obra de lectura obligada. En el desarrollo de su trabajo, Hernández ofrece una panorámica de la vida pública que sirve de escenario para el proceso del estilo de vida político-gubernamental en México, además de darle al lector una explicación sólida de la construcción de las elites gubernamentales. ...

Recensión del libro dirigido por M.ª Dolores Utrilla Fernández-Bermejo, El Derecho Administrativo de CastillaLa Mancha. Diagnóstico y posibilidades de evolución en un contexto multinivel, Iustel, 2022, 442 pp.

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An administration worthy of the adjec- tive “public” must incorporate the cons- truction and guarantee of Human Rights into its organization, resources, and purpose. In fact, Human Rights serve as the glue or connecting element between citizenship, politics, and administrative organization. The perspective of radical populist right-wing ideology regarding ad- ministration and Human Rights, anchored in its winning formula (xenophobia, authorita- rian and conservative orientation in values, and neoliberalism in economic matters), allows for several conclusions: first, there is a preference for strengthening the national level of government, impacting the system of intergovernmental relations; second, a national management of major global processes and threats, fueled by distrust in international institutions; third, a reinforce- ment of policies and areas related to internal order and the restriction of illegal immigration; fourth, a negative bias towards public management of welfare policies, seen as costly and demobilizing for the citizenry; fifth, an excessive trust in the market as an instrument for generating social well-being; and, finally, a preference for the public guarantee of some individual rights with a relative disregard for the guarantee of social rights. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Recensión del libro de Gianluca Gardini: Le regole dell’informazione: verso la Gigabit Society, con la colaboración de Marina Caporale, Giappichelli Editore, 2021, (5.ª ed.), 437 pp.

El contexto de las democracias contemporáneas comenzó a cambiar hace años con el desarrollo exponencial de los medios de comunicación y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). A ello se sumó la irrupción de internet y, en la actualidad, la inteligencia artificial (IA) y el internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) están propiciando cambios de gran calado en todos los órdenes sociales. Este artículo parte de la pregunta sobre las implicaciones del contexto marcado por la IA y el IoT para la democracia y, en concreto, para el ejercicio de la ciudadanía. Para tratar de responderla, se expone en un primer término lo que ha significado este nuevo contexto para los mecanismos de participación, poniendo el acento en los cambios en la relación entre la ciudadanía y la Administración Pública. A continuación, se exponen los retos que este nuevo escenario plantea para la Administración Pública. Por último, se discute la posibilidad de que este nuevo contexto esté determinando la configuración de un nuevo tipo de ciudadanía.

Durante las últimas décadas, los Estados han transitado una serie de transformaciones profundas. Han modificado la vieja idea de burocracia weberiana para mutar en Estados inteligentes a partir de la incorporación de tecnologías, la robotización, la inteligencia artificial y un sinfín de avances que han permitido digitalizar procesos, promover nuevas formas de interrelaciones sociales, políticas de apertura de datos y de participación social. En este mundo dinámico y en constante transformación, el Estado tal como lo conocemos hoy no es sino una foto que muestra el pasado. El futuro, el avance de las nuevas tecnologías y el advenimiento de los mundos inmersivos invitan (e incluso obligan) a repensar los Estados y ponen en jaque su morfología actual. Hoy el Estado debe contemplar esas nuevas realidades, atender las demandas de las generaciones nativas digitales e incorporar, en mundo inmersivo, la próxima etapa de la humanidad en materia de desarrollo e innovación.

Recensión al libro de Lucía Alarcón Sotomayor, Los derechos fundamentales de las personas jurídico-privadas frente a la Administración, Thomson-Aranzadi, 2023, 200 pp., prólogo de José María Baño León. Esta obra analiza si las personas jurídicas de naturaleza privada pueden ser titulares, y en qué medida, de los derechos fundamentales consagrados en la CE frente a las Administraciones públicas. Para ello, estudia la jurisprudencia que ha elaborado nuestro TC y, a partir de ahí, determina las consecuencias de esa atribución. Dos son las aportaciones más originales y arriesgadas. Por un lado, la exigencia de distinguir entre las diferentes clases de personas jurídicas lo que lleva a la autora a negar la titularidad de estos derechos a las sociedades anónimas abiertas, especialmente, a las cotizadas, que son entidades deshumanizadas. La otra gran aportación es el estudio y conclusión de que la triple vertiente de la concepción objetiva de los derechos fundamentales, como valores objetivos, deberes de protección y garantías institucionales, tiene una clara propensión a expandirlos como normas objetivas, también y especialmente, en favor de las personas jurídico-privadas.

La literatura sobre el uso de sistemas de decisión automatizada (SDA) en el sector público ha dado cuenta de su creciente adopción en América Latina. En el caso de Colombia, no existen trabajos que mapeen y caractericen de forma sistemática el uso de SDA por parte del Estado. Este artículo contribuye a cerrar esa brecha en la literatura a partir del análisis de una nueva base de datos sobre 113 SDA de entidades del sector público colombiano, de los cuales 97 se encuentran en funcionamiento (86%), 14 en pilotaje (12%) y dos más que fueron descontinuados. La base de datos caracteriza los sistemas a partir de 40 variables y fue creada con más de 300 fuentes de información pública. Este artículo describe las principales características, usos y potenciales beneficios de estos sistemas en Colombia. Identificamos sistemas implementados por 51 entidades públicas nacionales y subnacionales del poder ejecutivo, así como por entidades de la rama judicial y de organismos de control. El grueso de los 111 sistemas que están en etapa de pilotaje o en ejecución fueron adoptados por entidades públicas del orden nacional (74%) y la gran mayoría fueron implementados por entidades del poder público ejecutivo (93%). Los SDA son usados para realizar una amplia gama de funciones y para apoyar diferentes tipos de actividades estatales, pero más de la mitad de los sistemas son usados para apoyar actividades de los sectores justicia (18%), educación (17%), y medio ambiente (13%). Además, la mayoría de los SDA pueden aportar a la implementación de políticas públicas (el 98%), pero algunos también pueden contribuir con otras fases del ciclo de las políticas públicas (12% al agendamiento, 18% a formulación y 2% a evaluación). Finalmente, el artículo identifica potenciales riesgos asociados al uso de diferentes tipos de SDA por parte entidades públicas.

Esta investigación analiza la implementación y el alcance de la edición regional del Barómetro de Datos Abiertos de América Latina y el Caribe de 2020, liderada por la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA) en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Busca identificar los hallazgos y generar recomendaciones al Barómetro respecto de la conformación del equipo regional, la metodología, el proceso de recolección de datos, el rol de las organizaciones internacionales y la necesidad de un Barómetro global. Se presenta un marco teórico que aborda la Administración pública, el gobierno, los datos abiertos e instrumentos de medición. La metodología es cualitativa y consideró entrevistas semiestructuradas a los consultores responsables del levantamiento de los datos y a la organización coordinadora. Se evidencia la necesidad de que los países continúen abriendo sus datos, que exista inversión en la materia, pertinencia de la cooperación, tanto intersectorial como internacional y oportunidades para establecer una agenda inclusiva, madura y de calidad. Finalmente, se recomienda profundizar el análisis en cada país y buscar estrategias para homologar los avances en la región.

Si bien la literatura documenta un interés creciente en las aplicaciones del Pensamiento de Diseño (pdd) en la administración pública en general, existe una brecha en la producción académica sobre su papel en el campo específico de la evaluación de políticas e intervenciones sociales. Este artículo hace un aporte conceptual y metodológico en este último debate. Parte de la reflexión propuesta es de naturaleza meta-teórica, a partir de la cual se identifican puntos en común entre fundamentos epistemológicos del pdd y una escuela de evaluación en particular: la evaluación pragmática. En un segundo momento analítico del texto se examinan algunas limitaciones epistemológicas del pragmatismo (como paradigma de investigación) al momento de fundamentar conclusiones causales en el estudio de fenómenos sociales. Este punto no es trivial, en tanto, el análisis causal es la razón de ser de la evaluación de políticas o programas (públicos). Se propone que es posible enmendar algunos de estos problemas en la evaluación basada en el diseño a partir de la adopción de principios epistemológicos del Realismo Crítico. Las implicaciones metodológicas de estos argumentos son ilustradas con la discusión de dos ejemplos de evaluaciones de programas educativos en Colombia, lideradas por los autores.

Este artículo revisa los diferentes principios constitucionales que se aplican en el derecho administrativo, con énfasis en los principios poco comunes o no convencionales (principios que no emergen del derecho internacional público). Los procedimientos estatales atienden reglas fundamentales que permiten el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, al tiempo que el Estado sigue un esquema de reglas básicas para hacerlos efectivos en el caso de que sean vulnerados. Para dilucidar la relación entre los derechos objetos de este estudio, desde una perspectiva doctrinaria, se parte de la experticia alcanzada en el campo del derecho administrativo, con enfoque en la aplicación de los principios de la Administración pública (cualidades objetivas como valores, creencias, normas). Se concluye que los principios del derecho administrativo, por su naturaleza, suelen confundirse con los derechos constitucionales, lo cual incide en la toma de decisiones en ámbitos como administrativo, judicial o electoral.

El cumplimiento de los derechos sociales tiene relación con la dinámica financiera de los Estados, los cuales someten su acción gubernamental a la planificación y disponibilidad de recursos. La presente investigación tiene por objetivo analizar la importancia del presupuesto público en el cumplimiento de derechos sociales como vivienda, salud y educación. Esta investigación, de tipo documental, utiliza el esquema de contenido a partir de la conceptualización de los derechos humanos e introduce los derechos sociales como medios para garantizar condiciones dignas de vida a partir del rol de la Administración pública. Para esto se valoran las necesidades públicas, su satisfacción en el tiempo y la disponibilidad de recursos que comprende tributos, presupuesto público y planificación. Se considera el rol del poder judicial ante la exigibilidad de los derechos sociales, al tomar en consideración casos representativos en Sudáfrica y Venezuela. Se concluye que los textos constitucionales que reconocen los derechos sociales no son suficientes para su efectividad y que las disponibilidades presupuestarias ocupan un lugar importante para su cumplimiento

Durante la emergencia sanitaria del covid-19 en Ecuador, se introdujeron nuevas prácticas en la Administración pública para minimizar los problemas burocráticos y mejorar la gestión pública tradicional. El propósito de este artículo es analizar, desde una mirada posmoderna, el nuevo paradigma de la Administración pública, las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) y las innovaciones en la gestión pública de Ecuador. La base metodológica es analítica, descriptiva y cualitativa; la fuente primaria consistió en una encuesta realizada a 29 funcionarios públicos pertenecientes a cuatro de las cinco funciones del Estado. Los resultados evidencian innovaciones tecnológicas que pueden replicarse en las entidades públicas con necesidades de seguimiento y control de recursos, control de acceso y gestión documental y contable.

Este artículo presenta los resultados de un ejercicio estadístico de correlación, con datos de 77 países, entre el impacto de la pandemia del Covid-19 e indicadores que recogen la percepción ciudadana acerca del gobierno en tres ámbitos concretos: confianza en sus instituciones, nivel de corrupción de sus autoridades y características de la democracia y del régimen político. Para ello, se utilizó información de la Encuesta Mundial de Valores y de la Organización Mundial de la Salud. Los hallazgos del estudio, por fuerza provisionales, apuntan a que la gravedad de la pandemia es menor en aquellos países donde hay más confianza en el gobierno, menor corrupción y un régimen político más democrático.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 fue presentado durante la celebración de los sesenta años del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Como el PND ha sido fuertemente criticado, nos interesa responder las siguientes preguntas: ¿cuáles son los temas más importantes del PND qué relación guardan con el discurso presidencial? La metodología utilizada se basa en algoritmos de analítica de datos, particularmente los que pertenecen al área de minería de texto. La analítica de datos aplicada a los documentos de políticas públicas ofrece una poderosa herramienta a la sociedad, la cual puede ser utilizada para comprender dichas políticas sin sesgos ideológicos. Este análisis encuentra que el tema más mencionado, entre los estudiados, es territorio, el menos mencionado es paz; los temas equidad, legalidad y emprendimiento no son tan relevantes en el texto como en el discurso presidencial, y la correlación entre estos términos no es relevante en el texto del PND. También se evidencia que los temas salud, pobreza, infraestructura y seguridad tienen poca trascendencia, así como las palabras agro, cultura, infancia y energía.

El texto pretende mostrar a la comunidad académica algunas posturas doctrinarias frente al origen del derecho administrativo. Este artículo se basa en el proceso de recolección y estudio de información cualitativa, consistente en la revisión de libros, artículos de investigación y de reflexión que se han ocupado del tema.

El presente artículo sostiene que el quinto poder del Estado ecuatoriano, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se encuentra politizado. Esta situación genera, por un lado, problemas de índole organizacional al interior de dicho poder; por otro lado, afecta el legítimo ejercicio de cada ciudadano de participar en la toma de decisiones públicas. Este trabajo, que también revisa el derecho a la participación ciudadana y la consolidación de dicho Consejo como aparato burocrático y organizacional en Ecuador, referencia algunas experiencias en la región latinoamericana, se complementa con un análisis histórico sobre la participación ciudadana e identifica los principales efectos de la politización en Ecuador. La metodología utilizada es histórica comparada y emplea datos cualitativos durante tres períodos de burocratización de la participación ciudadana: 1997-2008, 2009-2017 y 2018-actualidad.

Al explorar la relación entre organizaciones públicas y entorno, la literatura en administración pública favorece la noción de que el entorno de dichas organizaciones es estático y, por lo tanto, la gestión efectiva se fundamenta en rutinas e instituciones que dotan de capacidad de respuesta ante eventos. En este artículo se argumenta que la capacidad de respuesta puede ser inefectiva ante cambios del entorno. El estudio de la relación entre organizaciones públicas y su entorno puede enriquecerse al considerar entornos dinámicos, especialmente para distinguir entre capacidades de respuesta y de adaptación.

Recensión del libro de González Bustos, María Ángeles: Mujer y desarrollo sostenible en el medio rural, Atelier, 1.ª edición, 2020, 166 págs.

El estudio al que se refiere este artículo pretende identificar factores internos y externos que son constitutivos de la brecha salarial de género en una institución científica, concretamente en la Universidad de Valencia, que se analizan a partir de los datos del registro de nóminas de 2015. Se ha examinado la brecha salarial ajustada por hora trabajada, la brecha doblemente ajustada (por hora y categoría) y triplemente ajustada (por hora, categoría y complemento retributivo). La brecha salarial de género se ha manifestado en todas las categorías del profesorado investigador y es más intensa cuando se tienen hijos e hijas. La magnitud de la brecha y el peso de los componentes varían entre categorías profesionales y entre áreas de conocimiento. Se concluye que esta brecha no es el resultado de una diferencia de méritos entre académicas y académicos, sino de la estructura de funcionamiento de las universidades y de la estructura social general.

La mayor parte de los estudios sobre trayectorias políticas centran su atención en la entrada o el desarrollo de estas. Los trabajos sobre la salida de la política, en general, y en el caso de los presidentes, en particular, son prácticamente inexistentes. Este trabajo tiene como propósito analizar las trayectorias de los expresidentes latinoamericanos a partir de dos estrategias metodológicas: el análisis estadístico y la revisión documental. Para ello, se elabora una clasificación tipológica, reconstruyendo las trayectorias de los expresidentes de dieciocho países latinoamericanos desde las transiciones a la democracia hasta el presente (1978-2018), partiendo de la premisa de que los expresidentes latinoamericanos tienden a seguir su carrera política al dejar el cargo. Si bien hay determinados rasgos objetivables que diferencian a los expresidentes que se desempeñan en el sector público o abandonan la vida pública de aquellos que lo hacen en la esfera privada, esta última no representa un impedimento para seguir teniendo presencia política.

El objetivo de este artículo es describir de manera exploratoria el tipo de patronazgo que existe en Chile e identificar los mecanismos que lo determinan. Se aplica una taxonomía a partir de un trabajo conjunto en desarrollo y coordinado por Conrado Ramos, Francisco Panizza y Guy Peters, el cual reúne una cantidad significativa de investigadores latinoamericanos. Se entiende por patronazgo partidario aquella actividad donde las asignaciones políticas en la administración pública las realizan los partidos políticos de manera discrecional. Con respecto a la metodología, se utilizó un diseño descriptivo de carácter mixto, es decir, combinó elementos cualitativos y cuantitativos. Los resultados muestran que no existe un tipo de patronazgo homogéneo en la administración pública chilena; de hecho, varía de acuerdo con el nivel jerárquico que se analice. Con respecto a los partidos políticos, su papel sigue siendo importante en las designaciones, pero a partir de la perspectiva de los informantes clave estos han perdido relevancia desde la vuelta de la democracia con relación al presidente y a otros actores políticos.

En 1984 el entonces presidente argentino Raúl Alfonsín se propuso la formación de un cuerpo de funcionarios de “elite”, y bajo esta consigna surgió el Programa de Formación de Administradores Gubernamentales. El país había recuperado su democracia recientemente y se necesitaban medidas que generaran transparencia institucional, el espíritu de la iniciativa era romper la escisión entre roles políticos y administrativos, inspirándose en el modelo de la École nationale d’administration (ENA), Francia. Este trabajo se propone explicar el proceso que dio origen a este programa, su puesta en marcha y situación actual a partir de un abordaje metodológico principalmente cualitativo. Se reconstruyeron las trayectorias de diferentes agentes clave, sus vínculos políticos y personales. Actualmente, las convocatorias para integrar este cuerpo están suspendidas, pero los administradores gubernamentales continúan cumpliendo funciones, camino a su extinción.

Abstract not available.

Abstract not available.

El propósito de este trabajo ha sido identificar las principales barreras que dificultan el acceso equitativo de las mujeres a los niveles directivos superiores en las universidades españolas, favoreciendo una realidad generalmente conocida y asumida de desigualdad de género en estos órganos de gobierno. Para ello se ha empleado la técnica científica de elaboración de mapas conceptuales (Trochim, 1989). El empleo de esta metodología, innovadora en su aplicación en esta área, nos ha permitido conocer tanto las causas como una serie de posibles soluciones a la problemática tratada. Así pues, los resultados del trabajo ponen de relieve la necesidad de acometer las líneas estratégicas en las distintas políticas de igualdad, en las que se haga especial énfasis en la subsanación de determinadas debilidades y amenazas, detectadas a partir del empleo de la metodología utilizada, en aras del logro de la igualdad efectiva de género. Unos resultados que, a su vez, pueden ser considerados como punto de partida para el diseño de políticas de igualdad real y efectiva en el ámbito del gobierno de universidades públicas y privadas de muchos países.

Resulta indispensable y prioritario para cualquier sistema de adquisiciones públicas, la transparencia y la efectividad de sus sistemas de contratación y, posteriormente, la auditoría y control. Se deberá tener presente en cada acto de la Administración Pública que toda actividad que desarrolle para servir a los vecinos. La Administración Pública es, sin dudas, una organización, por tal razón, el desarrollo de un plan de contrataciones es un instrumento de gestión para la Administración Pública y una fuente de información para los demás protagonistas del proceso. Al referir a un plan de contrataciones se intenta definir un programa anticipado de las adquisiciones necesarias para cumplir con sus objetivos institucionales de cada unidad de organización de la Administración Pública provincial. El fin último resulta evitar todo tipo de improvisación en materia de gestión de recursos económicos públicos. Asimismo, tal plan de contrataciones deberá estar acompañado de una eficaz difusión y publicación de manera que los proveedores conozcan, con antelación suficiente, las necesidades en cuanto a tales bienes y servicios.

Este trabajo se propone indagar sobre los programas de Administración y Políticas Públicas en licenciatura, maestría y doctorado en Argentina, desde el proceso democratizador hasta la actualidad, partiendo de un enfoque “metateórico” integrando aportes de la Epistemología, la Sociología del conocimiento y de la Educación, y de la Historia de la ciencia. Se presenta una orientación general de la distribución geográfica de los mismos, sus diseños curriculares y perfil del egresado. En el caso de los programas de posgrado, se tiene en cuenta el resultado de la evaluación emitida por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). En el caso de los ciclos de licenciatura se tendrá en cuenta los perfiles propuestos y su articulación con la propuesta institucional y su inserción en el área de influencia. Esto permite sostener que se ha registrado un incremento significativo en el desarrollo del campo, centrado principalmente en los posgrados, destacándose una marcada desarticulación entre los aspectos académico formativos y la gestión pública que plantea algunos dilemas en las estrategias de estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta área del conocimiento.

El horizonte en el que se inscribe este texto se basa en la relación entre el proceso de democratización y el proceso de racionalización que está en la base de la construcción del estado moderno. Entendemos que parte de esta dilucidación depende de llenar un espacio que la historiografía, para el caso argentino, hace sólo algunas décadas está empezando a ocupar: la construcción del aparato estatal, los derroteros seguidos por sus funcionarios y agencias, los vínculos siempre tensionados entre administración y política. El lugar y tiempo en el que se instalan estas notas es la administración pública en una coyuntura de crisis, los años ’30.La intención no es reconstruir el universo de empleados y funcionarios, cuántos y quiénes, sino recuperar las percepciones y los diagnósticos que a los legisladores y a la prensa, fundamentalmente, aunque también a la universidad y a los centros y ateneos, les sugería la composición y el funcionamiento de la administración pública, producto tanto de imaginarios enquistados como de comportamientos concretos y de las respuestas que ensayaron, propusieron y, en mucha menor medida, se implementaron para lograr lo que en el planteo de los actores involucrados suponía la institucionalización de una burocracia racional. Por otra parte, este recorrido también dará cuenta del modo en que buena parte de las iniciativas surgió de la creación de comisiones ad hoc formadas por políticos, funcionarios y técnicos, modalidad administrativa que, en los años ´30, se difundió no sólo para encontrar soluciones a los que se evaluaban como problemas de la administración sino que se extendió al sistema tributario, el sistema bancario, al control de los gastos y a la producción.

The legislative history of the sport have put us clear its manifestations and its importance in contemporary society in both educational system and in maintenance of health, as well as an ingredient of quality of life and citizen participation that leads to build a culture of peace. The methodology employed was a bibliographic review of sources and court decisions examining the liability of the Public Administration. In the Spanish State the Administration is responsible for all damage caused by normal or abnormal functioning of public services. The research concludes that the objective character of the system of liability of Public Administration entails that not required for appropriate compensation to the victim to prove fault, negligence or willful misconduct of the agent causing the damage, enough to prove the existence of a causal link between injury and normal or abnormal functioning of public services, with the exception of overwhelming force.

El objeto de este ensayo es reflexionar y analizar cómo puede y cómo debería ser la Administración pública a largo plazo, por ejemplo a 35 años vista, y llegar al año arbitrario pero "redondo" de 2050 (de ahí el juego del título con 2.050). El objetivo es es triple: por una parte no deja de ser un mero divertimento de carácter exploratorio sobre los cambios contextuales que se avecinan y las tendencias de cambio que pueden o deben experimentar las instituciones y los aparatos públicos. Se trata de un ejercicio de esgrima de salón que sin poseer un sólido bagaje académico no deja de ser, paradójicamente, un ejercicio académico por su aroma conceptual, especulativo y teórico. Por otra parte, el segundo objetivo es mucho más palpable, y con una orientación mucho más útil dirigida a los políticos y a los gestores profesionales, para que les aporte una cierta visión y preocupación estratégica que les permita tomar con más enjundia las decisiones más urgentes del presente. Intentar contribuir, con modestia, a que estas decisiones actuales o de futuro inmediato estén orientadas en el sentido de la evolución de los acontecimientos y de la historia y no a contracorriente de todos ellos. Finalmente, el tercer objetivo es animar a académicos y a prácticos a debatir sobre el futuro institucional público a largo plazo como un ejercicio que no se puede demorar mucho más tiempo si deseamos que la gestión pública no quede rezagada de los sincopados cambios que experimenta nuestra sociedad, economía, tecnología e incluso la política.

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